Los diputados sancionaron, con el apoyo de todos los bloques, al proyecto de modificación del Código Penal en referencia a los delitos contra la salud pública relacionados con la adulteración de medicamentos, que implica penas de hasta 25 años de prisión y multas que llegan a los 200 mil pesos.
La iniciativa obtuvo el voto afirmativo de 140 diputados presentes y sólo tres abstenciones.
El presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública, Juan Sylvestre Begni, respaldó el proyecto al recordar que "en los últimos diez años el ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) hizo 533 denuncias penales, por las cuales hubo 450 allanamientos pero, como consecuencia del déficit penal y la falta de especificidad, solamente se registraron 110 ó 120 detenidos y de ellos sólo 9 fueron sentenciados".
A su turno, la titular de la comisión de Legislación Penal, Rosario Romero, apuntó que la norma, que fue girada al Senado, incluye penas para los responsables de adulterar medicamentos "incluso con substancias inocuas", es decir a los que provocan perjuicios a los pacientes como a los que no cumplen con la función para la que el medicamento fue creado.
La legisladora destacó que la iniciativa plantea "además de las penas de prisión, multas que van desde los 10 mil a los 200 mil pesos" y con ello se afecta "los grandes intereses que se mueven detrás de la adulteración de medicamentos".
"Incorpora al Código Penal delitos que hoy resultan atípicos", aclaró la diputada justicialista entrerriana, y sostuvo que con las modificaciones incorporadas "atrapamos la figura de peligro abstracto y la figura de peligro concreto", con las cuales se pena tanto a los casos de daño real como los posibles que pudieran afectar a la población.
El proyecto establece, entre otras, penas para la distribución, venta, traslado, tenencia, falsificación de medicamentos adulterados, como también para la fabricación de los mismos en establecimientos no autorizados y la modificación del número de lote, fecha de elaboración o de vencimiento.
La pena máxima es de 10 a 25 años de prisión para los casos en que derive en la muerte de una persona por el consumo de ese tipo de substancias; de 5 a 15 años para cuando se ocasione lesiones gravísimas, es decir que produzca la "inhabilitación permanente" de un órgano o de su función; y de 3 a 10 para las lesiones graves que deriven en "inhabilitación para trabajar por 30 o más días a una persona".
El diputado radical santacruceño Juan Acuña Kunz expresó el voto favorable de su bancada y señaló que con la norma se castiga "los actos criminales para la salud pública" y se combate "el mercado negro" de medicamentos.
