La Cámara de Senadores de la Nación aprobó por una contundente mayoría y sólo dos abstenciones, el proyecto que reduce el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la actual conformación de nueve integrantes a la histórica de cinco; y ahora serán los diputados los que deberán convertir la iniciativa en ley.

La iniciativa fue sancionada por 57 votos a favor y las abstenciones de los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso.

Antes de que hiciera uso de la palabra la senadora Cristina Fernández de Kirchner, en su carácter de titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el ex presidente Carlos Menem se retiró del recinto y volvió luego de que la primera dama concluyera su intervención.

Menem quien en 1990 impulsó la ampliación de la Corte que ahora se está derogando pidió la palabra solamente para anunciar que insertará su discurso en el diario de sesiones, y anticipó que votaría por la negativa, pero su posición no fue tomada en cuenta por no estar presente en el momento de la votación.

En su discurso, Cristina Kirchner destacó la “autolimitación” que se impuso el Gobierno al no utilizar la posibilidad de cubrir las dos vacantes que había en la Corte, y en cambio promover la reducción a cinco de la cantidad de sus miembros.

Luego hizo una reseña de los cambios que experimentó el Alto Tribunal a lo largo del siglo pasado, y de algunos proyectos destinados a modificarlo, y criticó el Pacto de Olivos, por el cual se acordó la ampliación a nueve.

La primera voz crítica fue la de Negre de Alonso, quien en una réplica a Cristina Kirchner sostuvo que no hubo una verdadera “autolimitación” del Gobierno en este tema. Dijo que el presidente Néstor Kirchner ya tuvo la posibilidad de designar a la cantidad de miembros necesarios para tener una mayoría propia en ese cuerpo, al nombrar cuatro de los actuales siete jueces y al procurador general.

La legisladora propuso luego cambiar la forma en que se computa la mayoría a la hora de votación, para que se tome en cuenta únicamente la cantidad de jueces presentes y no la totalidad de integrantes de la Corte.

Por su parte, el salteño renovador Ricardo Gómez Diez, si bien apoyó la reducción de la Corte, consideró que hubiera sido mejor fijar el número en siete, para evitar la situación que se producirá cuando el cuerpo se reduzca a seis ministros, ya que en ese momento se necesitará una mayoría de cuatro.

El socialista Rubén Giustiniani, a su vez, destacó que esta reducción constituye “una señal positiva hacia la comunidad”, y destacó que ahora “tenemos una buena Corte”. El legislador santafesino destacó la importancia de los juicios políticos para lograr el alejamiento de los jueces que conformaban la llamada “mayoría automática”, y sostuvo que de este modo “se avanza en una mejor calidad institucional, al mejorar la cabeza del Poder Judicial de la Nación”.

También apoyaron la reducción el tucumano Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), el cordobés Carlos Rossi (Partido Nuevo), la catamarqueña María Colombo de Acevedo (Frente Cívico y Social), y los jefes de bancadas del FpV, Miguel Angel Pichetto, y de la UCR, Ernesto Sanz.

Otro legislador que se retiró sin votar fue el radical disidente Rodolfo Terragno al interpretar que la ley “no va a modificar la calidad institucional”, que “no es una cuestión de número” y que está “en contra de las leyes express que entran al Senado y a la semana hay que votarlas”.

Por su parte, el salteño Ricardo Gómez Diez reclamó que comience a debatirse la cantidad de causas que llegan a la Corte Suprema en pos de establecer algún tipo de control para disminuir su número. “A la Corte de Estados Unidos llegan por año entre 80 y 160 fallos. Acá, en 2005, se fallaron 9000 causas. Evidentemente esto hace a garantizar la prestación de un efectivo servicio de justicia y es un debate que nos debemos todos en el Congreso”, reclamó el renovador salteño.

Este último destacó la decisión del Gobierno de cambiar el sistema de designación de los miembros de la Corte, que antes se hacían con “un procedimiento arbitrario y sospechado de manejos”, y lo definió como “una bisagra” en el plano institucional. Además, sostuvo: “no nos hubiéramos sonrojado si el Gobierno hubiera designado a los dos miembros que faltaban, aseguró Sanz, porque los nombramientos que se hicieron hasta ahora fueron de “jueces independientes”.

El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, también rescató la “autolimitación del gobierno nacional” de no proponer dos nuevos jueces y destacó que “la Corte tiene que estar ligada a la realidad y atender cada cuestión: las garantías individuales, las cuestiones sociales y previsionales”.

Con el funcionamiento actual, la mayoría será con cuatro votos, que se mantendrá cuando el número de integrantes del Tribunal se reduzca a seis.

“Producida una nueva vacante definitiva, se reducirá a cinco el número de jueces que la componen (a la Corte). Las decisiones se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros”, esto es, de tres de sus integrantes, según refiere el proyecto.