La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de Presupuesto 2007, que prevé un modesto crecimiento del 4 por ciento y un aumento de jubilaciones del 13 por ciento, al tiempo que permite al Gobierno utilizar el fondo anticíclico si se produce una baja en la recaudación, por ejemplo, con la modificación de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias o de Bienes Personales.

Los diputados retomaron por la mañana el cuarto intermedio al que pasaron la noche anterior y, cerca de las 14.15 aprobaron en general las pautas presupuestarias para el año próximo por 143 votos a favor, 77 en contra y 6 abstenciones.

La norma será tratada ahora en el Senado la semana próxima, donde se le dará sanción definitiva al texto enviado por el Poder Ejecutivo el 15 de septiembre pasado, aunque la mayoría considera que recién será considerada dentro de dos semanas.

Al inicio del debate, el proyecto fue defendido el miércoles por el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el jujeño Carlos Snopek, quien ponderó las pautas presupuestarias contempladas en el texto.

El proyecto autoriza al gobierno a poder subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que es una medida que beneficiará a los trabajadores en relación de dependencia, y a financiar la baja de esa recaudación con los recursos del Fondo Anticíclico. Con ese artículo, el Gobierno quedará habilitado a aplicar una nueva rebaja en el impuesto a las ganancias el año próximo para evitar que las subas salariales queden anuladas por una mayor presión tributaria.

El proyecto fue aprobado, tal como ocurrió el año pasado, con cambios menores aceptados por el Gobierno y sin las modificaciones propuestas por los distintos bloques opositores que presentaron sus propios dictámenes.

El oficialismo contó con el respaldo de los aliados del Peronismo Federal y algunos transversales, que le permitieron desarticular la movida realizada por la oposición que firmó un dictamen conjunto para rechazar el proyecto.

Las previsiones presupuestarias para 2007 contemplarán prioritariamente los gastos destinados a la seguridad social y a la educación, ciencia y tecnología.

Antes de cerrar los discursos, el presidente del bloque kirchnerista, el santafesino Agustín Rossi, expuso una serie de cifras que exhiben no sólo un crecimiento del PBI y la inversión pública, sino también el mejoramiento de la crítica situación social que recibió el gobierno de Néstor Kirchner. Entre los aspectos más relevantes, el proyecto de ley prevé un incremento de haberes jubilatorios del 13 por ciento a partir del 1 de enero de 2007, así como la fijación del haber mínimo del sistema público en la suma de 530 pesos. Esos aumentos constituyen la movilidad mínima garantizada por el régimen público del sistema integrado de jubilaciones y pensiones.

El jefe del bloque radical, Fernando Chironi, reivindicó el dictamen común acordado entre la UCR, PRO y el Justicialismo nacional en el cual esas bancadas coinciden en cuestionar centralmente las facultades del Jefe de Gabinete para modificar partidas.

Al atacar la delegación de facultades al jefe de Gabinete, contenidas en la modificación al artículo 37 de la ley de Administración Financiera, Chironi afirmó: “se dio un golpe institucional y se han transformado en poderes permanentes lo que antes era un poder que este Congreso cedía al Ejecutivo”.

Por su parte, el presidente del bloque Justicialismo Nacional, Jorge Sarghini, cuestionó las “inconsistencias” del proyecto oficial, los “superpoderes” que “distorsionan el funcionamiento institucional” y la subestimación de los recursos como técnica presupuestaria.

El titular de la bancada de PRO, Federico Pinedo, reconoció que Kirchner “es un buen administrador de los grandes números pero advirtió que para la marcha de la economía “no sólo es importante lo cuantitativo sino lo cualitativo”.

Otro punto caliente fue el incremento de las jubilaciones, que el Gobierno ancló en el 13 por ciento y en el recinto, los oficialistas, se negaron a introducir los cambios propuestos por la arista María América González, quien pidió que se atienda el proyecto presentado junto a Claudio Lozano, socialistas y radicales sobre la implementación de un coeficiente de actualización. “Establecer un haber mínimo de 530 pesos es continuar con la política de aumentos en los mínimos, y por lo tanto achatar la pirámide de ingresos de los trabajadores pasivos, acorde a la ley 24.463 de Solidaridad Previsional de Domingo Cavallo”, enfatizó González.

A su vez, el presidente del bloque del ARI, Eduardo Macaluse, criticó el proyecto oficialista porque a su juicio refleja un “modelo conservador” en el cual los superávits de las cuentas públicas se utilizan para sostener un tipo de cambio alto y no para promover la distribución del ingreso.

Al cierre del debate en general, que se extendió durante dos días, completando unas 12 horas de cuestionamientos y defensas, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, hizo un alegato blindado que basó en las cifras sobre la recuperación económica que ventila el Gobierno. “Venimos a tratar este Presupuesto sabiendo que es el último de la gestión del presidente Kirchner y venimos a decirles, con humildad y con orgullo, a los diputados pero sobre todo a todos los argentinos que cumplimos”, enfatizó Rossi.

El texto votado calculó el aumento del consumo en 3,3 por ciento, de las exportaciones 7,8 por ciento, de las importaciones 10,7 por ciento y las inversiones 7,2 por ciento.

Las estimaciones oficiales señalan que el cambio estaría entre 3,13 y 3,15 pesos por dólar y una variación de precios que oscilará entre el 7 y el 11 por ciento.

En la iniciativa se proyectaron ingresos para todo el sector público por 140.300 millones de pesos que corresponde a un 20,21 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), proyectado en 697.195 millones de pesos a precios corrientes.

Los gastos totales ascenderán a 133.181,9 millones de pesos a precios corrientes que corresponde a un 19,9 por ciento del PIB y un aumento del gasto total del 14,7 por ciento.