Ya no quedan dudas de que la Cámara alta sancionará antes de fin de año la iniciativa que reglamenta el juicio por jurados en todo el país.
De hecho, pese al tiempo que ha pasado desde que se discute la cuestión, esta herramienta está prevista en la Constitución Nacional desde 1853 pero que nunca fue utilizada, salvo en algunas provincias.
El tratamiento de la norma tiene fecha: será el miércoles 20 de diciembre, luego de que la iniciativa impulsada por la senadora Cristina Fernández de Kirchner obtuviera dictamen en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales que se realizó el martes pasado.
De acuerdo al proyecto, el juicio por jurados se podrá aplicar para delitos que tengan prevista una pena con ocho años o más de prisión o reclusión.
En el proyecto original, el imputado podía renunciar, previa vista a la contraparte, al procedimiento y ser juzgado de manera ordinaria. Empero, durante las últimas semanas se le quitó el carácter opcional a ese artículo.
Según ha podido saberse, el jurado se integrará con doce miembros titulares y seis suplentes que serán elegidos de acuerdo con un registro de ciudadanos que la Cámara Nacional Electoral elaborará cada año entre la población apta para ese servicio.
El requisito para ser jurado es saber leer y escribir, tener entre 21 y 60 años, contar con el pleno ejercicio de los derechos políticos, domicilio conocido y residencia no menor a dos años en el territorio de la jurisdicción del tribunal competente.
No podrán ser jurados quienes detenten cargos públicos, sean funcionarios del Poder Judicial, miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad en actividad, ministros de un culto religioso y vocales de la Auditoría General de la Nación, el defensor del Pueblo de la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires.
Se encuentran inhabilitados los fallidos por el tiempo que dure su inhabilitación, los imputados en causa penal y los condenados a una pena privativa de la libertad y los condenados a penas de inhabilitación.
El cargo de jurado deberá ser remunerado por el Poder Ejecutivo Nacional “si los integrantes del jurado así lo consideran conveniente, de manera individual”.
El proyecto también establece que una vez terminado el juicio, el jurado tendrá la obligación de expedirse.
En cuanto al veredicto, la culpabilidad requerirá al menos nueve votos, mientras que el de inocencia, siete. En caso de que no se alcance ninguna de las mayorías mencionadas, se debatirá y votará nuevamente la cuestión hasta tres veces y, de mantenerse la situación, se absolverá al acusado.
En la actualidad, sólo dos provincias poseen este sistema, Córdoba y Chubut, y una más lo implementará dentro de poco tiempo, Neuquén.
En el caso de Chubut, los juicios por jurados se sustancian para delitos menores.
En la provincia mediterránea el procedimiento se utiliza desde agosto del año pasado.