La iniciativa busca “garantizar el ejercicio del derecho a la circulación en condiciones que aseguren la integridad y seguridad de las personas que transitan por la vía pública”, según se señala en los considerandos de la iniciativa.
El trágico accidente en Santa Fe, que cobró la vida a estudiantes y una docente del colegio Ecos al chocar el micro en el que se transportaban con un camión conducido por un chofer ebrio, hace dos meses, constituye el más reciente y doloroso antecedente.
La presentación del proyecto tendrá lugar a partir de las 16 en el Salón de Lectura del Palacio Legislativo.
Entre los fundamentos del proyecto, los legisladores aseguran que “Argentina sufre una “endemia” de siniestros viales: miles de muertes, lesiones, discapacidades y otros costos en salud, imponen la necesidad de tratar esta cuestión bajo la perspectiva de la salud pública”.
En esa línea, mencionaron que “Argentina ostenta uno de los índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito: 21 personas mueren por día, 7.579 muertos en un año (1998), 125.000 heridos de distinta gravedad, y pérdidas materiales estimadas en una cifra superior a los 5.000 millones de dólares anuales”.
Atento a ello, proponen la puesta en marcha de un plan estratégico con continuidad temporal y sistemas de evaluación de resultados, contemple la sistematización de la legislación vigente y la uniformización de las normas relacionadas con el control de infracciones, la verificación técnica vehicular y el otorgamiento de licencias de conducción sobre la base de sus antecedentes por infracciones cometidas.
En ese contexto, se crea en el ámbito del Poder Ejecutivo una autoridad nacional de Seguridad Vial que, entre otros objetivos, deberá impulsar un Registro de Antecedentes del Tránsito para poner fin la dispersión normativa, jurisdiccional y orgánica que existe en esta materia.
Además, la propuesta contempla la creación de un Sistema Nacional de Asistencia Legal a la Víctima de Siniestros de Tránsito, enfocado al acceso a la justicia en igualdad de condiciones, debido a que los estudios muestran que la violencia en el tránsito perjudica en forma desproporcionada a los más sectores vulnerables de la población.
Por último, se mencionan como otras medidas preventivas para combatir la inseguridad vial: la ampliación de la educación vial a los ciudadanos no incluidos en la comunidad educativa y la intensificación de los controles, en especial para detectar los incumplimientos en materia de infraestructura vial.