Sesión ordinaria – 16 y 17 de julio de 2008

Sr. Presidente. — La sesión está abierta.

Izamiento de la bandera nacional

Sr. Presidente. — Invito al señor senador Roberto Fabián Ríos a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

— Puestos de pie los presentes, el señor senador nacional Ríos procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

Sr. Presidente. — Corresponde considerar el plan de labor parlamentaria celebrado en el día de ayer.

— El texto es el siguiente:
Plan de labor parlamentaria para la sesión del día 16.07.2008
Consideración del Orden del Día 445, dictamen en el proyecto de ley en revisión ratificando la resolución del Ministerio de Economía y Producción 125/08 y sus modificatorias y creando un régimen destinado a otorgar compensaciones a pequeños productores.
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— Se practica la votación.

Sr. Presidente. — Aprobado.

Sr. Presidente. — Corresponde considerar los dictámenes en mayoría y en minoría de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca, en el proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados por el que se crea un régimen de compensaciones a pequeños productores. 1
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: a los fines del ordenamiento de esta sesión —que será muy larga y en la que habrá muchos senadores anotados—, hemos acordado con los presidentes de bloque antes de ingresar en el recinto, comenzar con los respectivos miembros informantes de cada uno de los bloques, y a posteriori definir la lista de senadores que expondrán acerca de este importante tema.
Una vez elaborada la lista con el orden de los senadores, solicitaremos su lectura por Secretaría y procederemos a su cierre. Asimismo, estableceremos una hora estimativa —que seguramente será por la noche— de votación.
Por lo tanto, si estamos de acuerdo con este procedimiento, empezaríamos el debate con los miembros informantes del bloque del oficialismo, y sucesivamente harían uso de la palabra los demás senadores.

Sr. Presidente. — Senador Pichetto, ¿cuál sería el tiempo aconsejado de exposición?

Sr. Pichetto. — Habíamos acordado en labor parlamentaria que los miembros informantes dispusieran de 30 minutos, al igual que las autoridades de los bloques, y que cada senador pueda hacer uso de la palabra durante 10 minutos. Eso fue lo acordado, y si hay conformidad lo dejaríamos cerrado. Lógicamente, habrá flexibilidad si algún senador necesita complementar con unos minutos más.
Ese sería el criterio para avanzar, es decir, hacer que todos los que quieran hablar puedan hacerlo, pero dentro de un marco razonable de tiempo.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.

Sr. Rossi. — Señor presidente: comparto lo expresado por el senador Pichetto, con la sola salvedad —y lo dijimos también ayer en labor parlamentaria— de que los presidentes de bloque puedan disponer de 30 minutos.
Particularmente pido esto en nombre de la provincia que represento, Córdoba, porque, obviamente, quiero fundamentar en profundidad y no me alcanzará con 10 minutos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: le comento al presidente del bloque de la mayoría que habíamos acordado 15 minutos. Pero si bajamos a 10 minutos con flexibilidad, no habrá ningún problema. Pero habíamos decidido en la reunión de labor que fueran 15 minutos.

Sr. Presidente. — Yo recuerdo que se habían acordado 10 minutos, pero no habría inconvenientes.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: yo también recuerdo que habíamos establecido 10 minutos.
De todas maneras, la Presidencia tiene autoridad sobre la Cámara y podrá darle más tiempo al senador que así lo requiera.

Sr. Presidente. — Iremos avisando cuando se vayan cumpliendo los 10 minutos para los senadores y los 30 para los presidentes de bloque.
Comenzamos entonces con la senadora Giusti.

Sra. Giusti. — Señor presidente, senadores y senadoras: venimos hoy a considerar el proyecto de ley CD. 42/08 que ha ingresado a este Senado en revisión de la Cámara de Diputados.
En primer lugar, quiero recuperar el proceso de análisis de la ley como un espacio de construcción democrático, la consolidación de esta institución parlamentaria y la pluralidad ideológica que nos albergó y permitió expresarnos.
Además, a través de este racconto de lo vivido días pasados, rescato básicamente el trabajo en el pleno de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda. Destaco la transparencia del trabajo y la consecución del objetivo prefijado, cual fue la obtención de los dictámenes que hoy sometemos a tratamiento.
Evitamos, en todo caso y en todo momento, transitar por posturas fundamentalistas ya que este Senado va a decidir por mayoría y democráticamente cuál será la resolución final que se adopte respecto de este tema. Estamos a pocas horas de dilucidarlo. Abogamos, además, para que se acepte y acate la decisión de la mayoría, la decisión soberana de este Senado de la Nación Quiero también rescatar la labor de la Cámara de origen, la de Diputados, a la que me referiré posteriormente dedicándole un breve párrafo.
En cuanto a este proceso descriptivo de la labor desarrollada, el viernes pasado concluimos cuatro días de trabajo intenso; un trabajo comprometido de todos los actores institucionales. Las tres primeras jornadas les permitieron un abordaje ideológico y político a los bloques que conforman la Cámara a través de nuestros invitados: intelectuales, economistas y entidades del campo. Eso, de alguna manera nos permitió desbrozar el camino. Se realizó en un marco de respeto mutuo, en la diversidad de los enfoques.
El cuarto día, esto es, el viernes pasado, lo dedicamos a la elaboración de los dictámenes en mayoría y minoría, con lo cual, creo yo, hemos concluido esta etapa del trámite parlamentario con absoluta transparencia y con total calidad institucional.
Ahora bien, reclamamos hoy un voto a conciencia para cada uno de nosotros. Un voto que no es, de ninguna manera, compatible con la idea de pérdida de la gobernabilidad. Al contrario, debemos reforzar en esta ocasión la vigencia de las instituciones. Si la modernidad nos permitió la constitución del Estado moderno, la constitución de los estados nacionales, este es el sentido que hoy quiero rescatar: que las instituciones republicanas seamos garantes de la gobernabilidad, y que aseguremos un marco de contención adecuado, flexible y moderno para la expresión del ciudadano, no del individuo, logrando de esta manera superar subjetividades.
En este razonamiento, reitero, somos las instituciones las que otorgamos sentido a la vida en sociedad. La excluyente disyuntiva entre ganar o perder le resta valor a la democracia que todos queremos cultivar y enriquecer.
Quiero dedicar un párrafo, también, a la labor de los asesores y del personal de las dos comisiones que tuvieron a su cargo esta tarea por el empeño, la responsabilidad, la contracción al trabajo y el orden que demostraron permanentemente.
Por otra parte, como mencioné anteriormente quiero dedicar un párrafo a la labor de la Cámara de Diputados, por cuanto el contenido de la sanción que hoy vamos a tratar en el dictamen en mayoría incluyó modificaciones en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Es decir, no es cierto que se trató “a libro cerrado”. Se introdujeron modificaciones en el proyecto originario, que se van a explicitar en este recinto y que son las que han permitido una mejora sustantiva del proyecto en cuestión. Por ejemplo, en materia de tonelaje, en las economías regionales o familiares, en el subsidio al flete y, fundamentalmente, en cuanto al fondo de redistribución social, al cual también voy a dedicar un párrafo.
En esta oportunidad, como en tantas otras, no puedo desprenderme de mi formación humanística y quisiera ilustrar, de alguna manera, y muy brevemente, porque sé que son muchos los oradores que van a querer expresarse en este recinto, acerca del carácter histórico que se enraíza de manera fundacional en nuestro país con el reparto de la tierra y con la imposición de impuestos por parte del Estado.

—Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. — Ruego silencio en la sala. Está hablando la senadora y solicito al periodismo que también guarde el mayor de los silencios para no perturbar la exposición de la oradora.
Continúe señora senadora.

Sra. Giusti. — Gracias, señor presidente.
Quiero referirme, de alguna manera, al pensamiento preclaro de algunos de los padres fundadores de la Patria. Fue señero en este sentido el pensamiento de Manuel Belgrano que, luego de formarse durante dieciséis años en Salamanca, desarrolló una hipótesis económica muy clara y muy práctica que trató de instrumentar en nuestro país.
Su pensamiento estuvo dirigido a señalar las trabas que se oponían al desarrollo económico, político, institucional y social de esta región del mundo. Señaló que uno de los principales obstáculos de su tiempo era la concentración de la propiedad agraria y propuso, además, formas para dar lugar a una realización total y moderna del país.
Consideró que el progreso dependía de la articulación entre la agricultura, la industria y el comercio.
Este hombre de Mayo era, sin duda, un librecambista. Pero admitió el proteccionismo y sostuvo la necesidad de fraccionar la tierra para contribuir a su aprovechamiento y, además, para que el Estado percibiera impuestos.
En esa época, el avance de la agricultura y de las demás actividades chocaba con un obstáculo formidable. La colonia vivía básicamente de la actividad ovina y bovina en grandes extensiones, sin ninguna tecnología y que se reproducía per se. Esta explotación tan primitiva era un obstáculo para nuestro desarrollo. Su falta era fuente de pobreza para nuestra gente, porque reducía notablemente la disponibilidad de fuentes de trabajo. Es en ese momento cuando Belgrano introduce la noción de cobro de impuestos para inducir una mejor distribución de la tierra.
Estos aportes públicos que sostenían nuestros hombres de Mayo debían concentrarse básicamente en la construcción de obras de infraestructura que permitieran conectar al país: obras de riego y de comunicación.
Quiero decir que el ideario de estos hombres de Mayo aún no se ha cumplido. Por lo tanto, quedaron postergadas por décadas y décadas merced a la civilización que impusieron los terratenientes.
Pero hoy —y es oportuno recordarlo de cara al bicentenario— ese llamado, esa preocupación para no someterse pasivamente a los dictados del mercado no tienen, en mi concepto, sólo un interés historiográfico, sino una candente vigencia, y de eso se trata también este debate.
Hay otra cuestión importante a tener en cuenta: la política de desarrollo y de inclusión de una amplia estructura social de nuestro país, que es muy heterogénea, que tiene un perfil muy diferentes entre un productor de 3000 hectáreas de la Pampa Húmeda y otro ubicado en zonas geopolíticas desfavorables del país.
Estamos hablando, entonces, de un proceso productivo signado por la presencia de dos terceras partes del país de pequeños productores, de los cuales prácticamente el 50 por ciento no tiene ingresos o sólo los tiene para subsistir, o incluso menos que eso: un 40 por ciento de ellos son pobres.
Por eso es que creo que esta discusión no hay que hacerla sólo por el porcentaje sino que es dable reconocer el proceso que se atraviesa a lo largo y ancho del país. El área rural exige una política concertada, que tenga como principal objetivo el salvataje de este 50 por ciento de pequeños productores para que vuelvan a sus tierras, para que no abandonen sus territorios, para que ocupen sus finca, no como el gran o mediano productor de la Pampa Húmeda que vive en la ciudad, sino el que vive en la fincas con sus familias, que cuida la tierra, que trata de sobrevivir trabajando con el mercado interno, produciendo para su propio consumo, incluso vendiendo su fuerza de trabajo muchas veces como peón para tener los ingresos necesarios.
Hoy podemos decir también que más de la mitad de lo que se consume en nuestros hogares proviene de esos pequeños productores agropecuarios que estaban cada vez más presionados para abandonar sus predios y destinarlos a la producción de oleaginosas de exportación. Con las alícuotas móviles se preservan los precios internos y se desalienta el cultivo y la proliferación de ciertas producciones.
Esto es así porque nos encontramos, además, en un contexto internacional en el que existe una demanda creciente de alimentos. Esto todo lo conocemos. Lo muestran así las distintas reuniones a nivel regional y mundial. Los países que participamos de estas reuniones lo tenemos en nuestras agendas.
Existe, a su vez, una realidad relacionada con la oferta de materias primas para la producción de alimentos. Otro debate que se abre en el mundo de hoy es la relación entre granos, siembra y biocombustibles.
Este escenario internacional nos tiene que marcar en qué contexto se debe trabajar a nivel nacional para atender a esta situación. A este contexto internacional podemos agregar o mencionar otros factores de carácter transitorio, que todos conocemos, y que también afectan a esta realidad, aunque sean transitorios. Me refiero a los fondos y recursos financieros que tienen las posibilidades de trasladarse a distintas actividades y que interfieren, por lo tanto, en el crecimiento de algunos commodities, que tienen que ver, además, y particularmente, con la oferta alimentaria.
En este sentido, es muy conocido el caso ocurrido con fondos financieros que luego de salir de una actividad como la inmobiliaria pasan a componer los commodities internacionales, específicamente los que tienen una fuerte atracción internacional en los mercados de crecimiento.
El resultado, como dijimos, es el aumento del precio internacional de las materias primas agrícolas. En relación con nuestro país y con el contexto nacional, debemos enfocar esta realidad en una situación en la que afortunadamente hay una demanda creciente de alimentos. Esto, como ocurre con todas las economías del mundo, tiene una fuerte incidencia en la economía nacional; de hecho, nos está sucediendo.
Además, hoy más argentinos tienen la posibilidad de acceder a una mejor alimentación, merced a la mejoría de sus ingresos. Quiero decir también que todos sabemos las situaciones difíciles que tuvimos en nuestro querido país y esa realidad nos indica la fuerte importancia que tiene la mayor demanda sobre los alimentos. En este aspecto inciden, como ya mencioné antes, el nivel de ingreso de los argentinos que, sin lugar a dudas, genera un impacto sobre los ingresos.
Entonces, las políticas de nuestro gobierno se han definido para encontrar mecanismos que permitan desacoplar los precios internos de los precios internacionales. Para ello, contamos con dos medidas que son las que sustentan este modelo y son la aplicación de retenciones a las exportaciones y el modelo de compensaciones y reintegros.
Por otro lado, quiero dedicar un párrafo al Capítulo V del proyecto, que crea el Fondo de Redistribución Social modificando la redacción original del proyecto que envió el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Este fondo está destinado a hacer realidad una aspiración y un principio político fundamental de nuestra ideología cual es favorecer a los más postergados.
En cuatro artículos de dicho capítulo se definen el objetivo del fondo, que es el que acabo de enunciar y los destinatarios de ese fondo que se compone básicamente de poblaciones urbanomarginales o rurales desfavorecidas. A dicha población se les permite el acceso a medios de salud, de educación, viviendas y caminos. A su vez, se introdujo una modificación por cuanto el diez por ciento se asigna al fortalecimiento de las economías familiares. Se establece luego el mecanismo de administración de los fondos, quiénes serán los responsables, el porcentaje, el objetivo y los destinatarios en esos cuatro artículos que componen el capítulo V.
Sin lugar a dudas, y para dar lugar al miembro informante, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, voy a hacer una reflexión que fue compartida por todos a lo largo de estos días. Indudablemente, nos quedan muchos temas por tratar como es el caso del tema de los fertilizantes, de los arrendamientos, de los agroquímicos, de la lechería y de otros productos agrícolas; en suma, todas las economías regionales.
Está en nuestra vocación abarcar y dar tratamiento a la gama de producciones que en toda su riqueza ofrece nuestro país.
Por lo expuesto y por todo lo que hemos trabajado y elaborado, y en la convicción de que le vamos a dar a nuestro país la mejor ley posible, desde ya, solicito a mis pares el acompañamiento de este dictamen.

Sr. Presidente. –– Tiene la palabra el senador Ríos.

Sr. Ríos. –– Señor presidente: en primer lugar y en el mismo sentido que lo expresó la senadora Giusti, quiero agradecer a los senadores, a los colaboradores y al personal de las comisiones y del Honorable Senado que han trabajado con relación a este expediente, por la posibilidad que tuvimos de llevar adelante un debate en orden, en el que hubo exposiciones muy ricas.
Afortunadamente, pudimos mostrar este debate a la ciudadanía argentina con la mucha claridad y transparencia. Por lo tanto, agradezco tanto a los senadores, por la forma en que pudimos llevar a cabo el tratamiento de este proyecto, como al personal que colaboró para que esto fuera posible.
Más allá de actuar como miembro informante, en primer lugar y por todas las cosas que se han dicho, algunas de ellas fuertes en el sentido de que el voto indicaba si uno era traidor a su provincia o no, quiero expresarme como representante de mi provincia.
Primero, quiero hacer una introducción porque, en realidad, mantuve reuniones abiertas con los sectores del agro, con las diferentes entidades que tienen representación en mi provincia, Corrientes. Mantuve varias reuniones en diferentes lugares de la provincia. Fueron discusiones duras, pero que siempre traté de exponer mis motivos para sostener lo que hoy, como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sostengo como dictamen en mayoría.
El origen del debate tenía que ser —esto es razonable cuando uno discute en su provincia— la utilidad de las retenciones: ¿para qué servían las retenciones?, ¿por qué el Estado fijaba retenciones o contribuciones al comercio exterior, como técnicamente se las llama?
El primer punto en las discusiones en mi provincia fue tratar de explicar a los empresarios y a los sectores del agro uno de los criterios, en lo social, más trascendentes en cuanto a para qué servían las retenciones: el desacople de precios.
Podríamos entrar en comparaciones —de hecho, las hay, se transmitieron por diferentes vías de comunicación las diferencias de precios a que se puede llegar en productos de góndola, en Montevideo: del 124 al 130 por ciento en algunos productos que tienen retenciones en la Argentina, y hasta el 25 por ciento en productos que no tienen retenciones en nuestro país; esto como modelo comparativo de la diferencia de precios—, para no entrar en el debate que, sin duda, es un capítulo distinto —pero no era cuestión a debatir en ese momento— de esto que está dando vueltas, que es el problema del INDEC, la inflación y demás. Apartamos ese debate y podíamos hablar en términos de precios.
Traté de ser, con la gente de mi provincia, un poco más gráfico. Si ustedes saben que los salarios legales, en el quintil más bajo de la sociedad del Brasil, tienen aproximadamente el mismo poder adquisitivo, en términos de comparación y tipo de cambio, que en la Argentina y que los salarios en blanco, en el Paraguay, en el quintil más bajo de la sociedad, son indudablemente menores que en nuestro país, ¿por qué creen que la gente del Brasil y de Paraguay, en Clorinda, en Formosa, en Posadas, en Paso de los Libres, así como en los lugares de paso hacia el Uruguay en la provincia de Entre Ríos, que todavía no están bloqueados, cruza a la Argentina a comprar los productos de la canasta básica? ¿Por qué creen que ocurre esto si no hay un mecanismo que desacopla los precios y la gente de la Argentina tiene acceso a productos de la canasta familiar a precios más bajos que en los países vecinos? Ocurre por las retenciones, que marcan un mecanismo claro de beneficio social y establecen una diferenciación de precios. Y esta circulación de comercio que beneficia a los comerciantes en la Argentina, indudablemente se produce por la aplicación de esta política en el modelo económico que lleva adelante el gobierno de la Nación. Pero estas retenciones, a su vez, le dan al Estado una recaudación.
Si me permiten, quisiera comentarles una anécdota del Senado que les conté a los empresarios. Les conté cuando el senador Mayans se enojó. Él se molestó por una resolución de la Aduana que limitaba las compras de harina de la gente humilde de Paraguay. En el tráfico fronterizo de cereales, se ponía límite a la compra de haria de trigo. La AFIP sostenía, con un criterio fiscalista, que esa harina estaba subsidiada, tanto por retenciones como por subsidios directos a la industria y a la producción. El senador Mayans decía, con toda razón: “Nos estamos queriendo integrar y le estamos negando el alimento a la gente pobre del país vecino, con el que nos estamos queriendo integrar”. Eso era una barbaridad. Y este Senado, por unanimidad, en aquel momento no habló del problema de las retenciones, ni del tipo de cambio, sino que por unanimidad aprobó una resolución en protesta contra esa norma dictada por la AFIP. Y se terminó derogando la resolución porque, en realidad, todos entendieron que si bien nosotros teníamos una política económica diferenciada de Brasil y Paraguay, era una política que de una u otra manera tenía que permitir el acceso a los alimentos para aquellos hermanos con los cuales nos queremos integrar.
Pasemos al tema de las retenciones. En efecto, ellas constituyen un instrumento que son parte del presupuesto de ingresos del país. Componen el presupuesto y a veces es difícil explicar esta situación. En mi provincia resultó dos veces difícil porque yo decía que en Corrientes se está construyendo la estación transformadora más grande para bajada de energía asociada a un tercer paquete de líneas de Yacyretá que se está construyendo en el país, con una extensión de, más o menos, seis manzanas. Se trata de una inversión que está por encima de los 200 millones de pesos, que salen de los ingresos del Estado nacional.
Pero por el otro lado, el gobernador, cuando hacía referencia al plan energético de la provincia de Corrientes, mencionaba entre las obras de gobierno a la estación transformadora. Entonces, era doblemente difícil explicarlo. Yo decía que la autovía ruta 14 que va desde Ceibas hasta Paso de los Libres está financiada por el gobierno nacional con una inversión que está encima de los 200 millones de dólares; y el gobernador de la provincia decía: plan vial de la provincia de Corrientes, primera autovía de Corrientes entre Mocoretá y Paso de los Libres. Y claro, la gente a lo mejor no sabía diferenciar que estábamos hablando de lo mismo; estábamos diciendo que el Estado nacional —a través de las retenciones que integran los ingresos— estaba financiando las rutas 123 y 119, las defensas costeras de Empedrado, la canalización del arroyo Barrancas en Sauce para que alrededor de 30.000 hectáreas sean cultivables, el acceso a Paso de la Patria, el acceso a Itatí. Todas esas obras que el gobierno provincial decía que eran obras del gobierno de la provincia, resulta que eran efectuadas con recursos del Estado nacional. Entonces, había que explicar dos veces, porque la gente no entendía cuál era la utilidad de las retenciones.
Resulta que estábamos hablando de un paquete —desde el año pasado cuando arrancó este volumen de inversiones para este año y el año que viene— de más de 1500 millones de pesos fraccionados en dos años y medio, más o menos, que se refiere a la ejecución de las obras. Y no era fácil explicar que, en realidad, ese también era destino de las retenciones, que esa inversión es la mejora para una zona geográfica del país que estuvo olvidada al menos durante todo el siglo pasado, y esto era una reivindicación.
Por eso, en la tarea de comunicación, resulta complicado llegar a conclusiones válidas porque parece que tiene la razón quien expresa que hay que defender los derechos de la provincia, y los que creemos que defendemos también los derechos de nuestra provincia, parece que perdemos la razón y que respondemos a otros intereses que ni siquiera nos saben definir cuáles son. Pero el volumen de obra de mi provincia me decía que tenía que lograr justificar que el mecanismo de retenciones era válido y que establecía una redistribución de la riqueza, tal vez no en los términos en que habla el señor De Angeli, del chico pobrecito que tiene hambre. No era en esa visión de la distribución, sino en una distribución geográfica de la riqueza que también es una distribución, sobre todo para aquellas zonas o regiones del país que han estado bastante olvidadas durante la última etapa y también durante las anteriores, cuando el país tuvo oportunidad de desarrollo.
Esta respuesta que hoy obtiene mi provincia y mi región, no sólo le da mejor calidad de vida a su gente, no sólo genera mano de obra, sino que también le provee mejor competitividad a los productores agropecuarios Este también debería ser un concepto a valorar.
Cuando hablé con productores y empresarios de mi provincia también les hice una manifestación: no se vayan a olvidar que al presupuesto de la Nación, que en su columna de ingresos tiene las retenciones, también se incorporaron más de un millón de jubilaciones, las cuales benefician a gente que se quedó sin jubilarse por no tener los aportes, al haber trabajado gran parte de su vida en negro o al haberse quedado desocupado en algún momento de recesión.
Decenas de miles de esas jubilaciones, que el senador Morales me comentó en algún momento que eran una excelente herramienta para la gente, se otorgaron en Corrientes. Esto también se lo decía a los productores agropecuarios de mi provincia. Cerca del 80 por ciento de las mismas tuvieron lugar en los pequeños pueblos y en las zonas rurales. Establecí este paralelismo porque también debería ser parte de la política agropecuaria discutir que la gente que trabaja en el agro lo hace en negro: lo ha hecho históricamente en negro y hoy, en mi región, lo sigue haciendo de esa manera. Esto también era parte del presupuesto nacional y también, de alguna manera, venía alimentado por las retenciones.
En el contexto de explicar esta situación en mi provincia, en mi región, me encontré con un discurso distinto. Después, en el análisis en la Comisión con el resto de los senadores y con los productores agropecuarios, me encontré con una versión distinta de los acontecimientos. Lo que parecía que era solidaridad, ayuda o redistribución de la riqueza, en términos geográficos, empezó a tener otra visión. Aparecieron intendentes asegurando que sus pueblos aportan 9 millones de dólares por lo que producen y que se les devuelve la mitad o nada. Apareció el señor Llambías diciendo que participó de una reunión en Necochea con productores, en la cual le aseguraron que de cada dos pesos que aportaban se les devolvía solamente uno. Claro, ¡qué problema! Nosotros de cada peso que aportábamos por retenciones, desde la provincia de Corrientes, recibíamos tres. Necochea, naturalmente, de cada dos iba a recibir uno, porque había una diferencia sustancial en términos de desarrollo y de calidad de vida.
Me encontré con que la palabra redistribución podría estar presente, pero muy levemente.
En realidad, lo que estaban reclamando eran devoluciones. Son dos criterios distintos: redistribuir
es una cosa y devolver es otra. No por esto los criterios de coparticipación pueden ser redistributivos o devolutivos. Estaban reclamando una devolución. Entonces, tampoco podíamos hablar del país federal en los términos en que lo concebimos, así como tampoco podíamos hablar de una Nación. Teníamos que hablar de una confederación, donde cada uno quiere tener lo propio y nadie quiere repartir con vectores a las zonas que están retrasadas para poder establecer un crecimiento equilibrado de todos. No era así. Esto va desde los intendentes a algunos senadores, que también proclamaban que a sus provincias tenía que volver todo lo que ella aportaba, con errores. Algunas cifras que mencionó AACREA, en algún momento, de 9 mil millones de dólares, al senador Rossi le asustaron. Dijo que su provincia aportaba 9 mil… Mentira. No aportaba eso. La provincia de él producía, sí, 9 mil millones de dólares extraordinarios a la producción, pero había que descontar el arrendamiento del campo, los servicios que se pagan, la mano de obra; y de todas maneras el aporte vía retenciones a esa producción es muy importante.
Pero si el criterio es que ese aporte de la provincia de Córdoba tiene que volver sólo a esa provincia, entonces esto tiene que replantearse y redimensionarse desde otra óptica. Porque entonces estaríamos diciendo definitivamente que cada uno se arregla con lo que tiene.
Obviamente, el esfuerzo mayor va a caer con nosotros. En esto vale otra anécdota. Algunos senadores, en algún momento, plantearon discutir en este Senado la Ley de Bosques, concedida en su origen por un representante de la Capital Federal. Se constituyeron en abanderados de esa ley. Proponían en todas las sesiones que se fije la preferencia para el tratamiento de la iniciativa; y nosotros le decíamos a algún grupo de senadores —ya no diferenciados por bloques—: “En realidad creemos que esta Ley de Bosques está más impulsada por aquellas provincias que tienen una riqueza económica productiva enorme pero que también han hecho bastante daño, con sus propios recursos naturales, para expandir su frontera agropecuaria”. Por otra parte, a las provincias que, por el motivo que fuere, hemos preservado nuestros recursos naturales, nos están cargando sobre la espalda este peso de tener que limitarnos en la expansión de nuestra frontera y hasta congelarnos los stock que teníamos de madera lista para talar. Porque la ley no era solamente sobre bosques nativos sino que terminó estirándose a bosques cultivados.
Ahora resulta que, a la hora de redefinir esta cuestión de la redistribución de la riqueza, el criterio sigue siendo el mismo. Los que hemos tirado por abajo todos nuestros recursos naturales tenemos que recibir lo que producimos, y los que han conservado sus recursos naturales, que se arreglen. Es decir, ¿cuál sería el criterio que tendríamos que tomar? La producción arrocera llegó a un acuerdo de estabilidad con el gobierno nacional. En realidad tendríamos que entregarle la producción arrocera a los esteros del Iberá para que planten arroz en todos los esteros, porque entonces, sí, nosotros vamos a estar en condiciones de quedarnos con lo que producimos. En ese caso, está bien: Córdoba se quedará con lo que produce y Santa Fe se quedará con lo que produce. Pero, si no, esta balanza no está bien equilibrada. En esta balanza, el cargo va para algunos, y la riqueza, a la hora de redistribuir, se reparte de otra manera y cada uno se quiere quedar con lo propio. Entonces, esto no es equilibrado.
Esta es la discusión de fondo que también cruza este análisis que estamos haciendo de cómo se gesta el gasto en la República Argentina, y quiénes gritan más, quiénes reclaman más y quiénes tienen más poder de reclamo.
El único que en realidad propuso establecer una ecuación distinta para esto fue aquel que hace poco tiempo propuso rediscutir una Ley de Coparticipación Federal que, como todos saben, no es una ley que se discuta fácilmente, porque tiene que ser una ley convenio que lleve el acuerdo de los gobernadores de las veinticuatro provincias y del presidente de la Nación. Pero el único que habló de establecer un sistema de coparticipación con un fondo de redistribución fue el ex presidente Néstor Kirchner. Él, en algún momento puso a consideración de los gobernadores —usted era gobernador, señor presidente— un proyecto donde decía:
“Distribuyamos este pedazo como lo estamos distribuyendo y creemos un fondo para distribuir entre las zonas más afectadas NOA, NEA y Conurbano Bonaerense, como un fondo que equilibre y permita que la brecha de desarrollo relativo se achique.”
Lo hizo hace unos años. Fracasó. No entiendo por qué. Uno que se opuso —no comparto sus razones, pero entiendo por qué lo hizo— fue el ex gobernador Felipe Solá. Él se opuso; no quiso que ese proyecto avanzara como estaba.
El otro que se opuso, al que nunca entendí, fue el gobernador de la provincia de Corrientes, Colombi —no éste; el anterior, el primo—. En ese momento, el actual era ministro del…

Sr. Morales. — ¿El actual?

Sr. Ríos. — No, el anterior.

Sr. Presidente. — No dialogue, por favor, senador Morales.

Sr. Ríos. — Se opuso también. Nunca le entendí las razones porque, en realidad, con algún aporte de fondos extraordinarios del comercio exterior a ese fondo por parte de Nación, hubiéramos roto con el criterio de que “parece que el gobierno nacional hace lo que quiere”, cuando, realmente, en algún momento, el gobierno nacional propuso hacer una Ley de Coparticipación donde contemplemos cómo se redistribuían los ingresos de la Nación, para que las regiones más postergadas avancen. Pero esto no fue atendido por diferentes razones o por diferentes intereses.
Traje anotadas algunas otras anécdotas, aparte de ese incipiente proyecto de coparticipación federal, que quedó muerto por voluntad de algunos gobernadores. Porque también se utiliza el criterio de redistribuir entre las regiones más afectadas. Parece que nosotros queremos matar a los productores cuando tenemos esta posición. Sin embargo, cuando este Senado votó por mayoría una ley de distribución de cuota Hilton que estableciera una cuota permanente para aquellas provincias, proporcional a su stock ganadero, algunos factores o sectores de poder que hoy, supuestamente, están a favor del campo, algunos sectores como, por ejemplo, los sectores gremiales representativos del agro de las provincias más grandes —de aquellas que hemos dicho que reclaman el criterio devolutivo de su producción— fueron, junto con los grandes frigoríficos y algunos sectores legislativos, como los que hoy parecen defender la pampa y tomaron un nombre político afín, la pampa productiva, los que lograron frenar la sanción del Senado en la Cámara de Diputados para que ninguna provincia que tuviese stock ganadero suficiente pudiese desarrollar toda su cadena económica. La “pisaron” en la Cámara de Diputados, porque hacía a un interés económico fuerte y porque esa norma significa “ir hasta el hueso” en la redistribución de la riqueza; sin embargo, quedó como un vano intento.
Por ahí se habla muy livianamente de la redistribución de la riqueza, pero estos factores no estuvieron presentes de la manera en que deberían haberlo estado, salvo por datos muy puntuales, en el debate que hicimos en el plenario de comisiones. No obstante, voy a rescatar algunos datos de ese plenario.
En la práctica hemos establecido la participación transversal de todos los sectores políticos a través de los distintos invitados que asistieron a las comisiones; hemos tratado que todo el mundo propusiera invitados y hemos avanzado un poco más aún: acordamos que ninguna de las dos presidencias haría expresión de motivos ni trataría de defender su posición cuando aparecieran invitados que hablaran en contra, porque lo pensábamos hacer en este debate, que era el eje central del tratamiento del tema. Dejamos que todos hablen con absoluta libertad y que digan su verdad.
Al respecto, voy a señalar un hecho que tiene que ver con los factores políticos que hoy están dando vueltas alrededor de este tema. En una de las reuniones que se realizaron aparecieron dos economistas que plantearon claramente cómo creían o cómo concebían que debía transformarse el modelo económico del país en función de las grandes oportunidades que tiene actualmente y, en tal sentido, dijeron “hay que propender a la desaparición de las retenciones”.
Eso es, en términos concretos, una paridad cambiaria. También sostuvieron que el gasto público está disparado e, inclusive, a través de algunas aseveraciones llegaron a decir, en una actitud casi temeraria, que la Argentina corre el riesgo de no poder cumplir con sus compromisos externos, cosa que es mentira. Pero lo dijeron porque, en realidad, servía para alimentar su discurso.
Reitero: señalaban que estaba disparado el gasto público, que había que eliminar las retenciones y que en lo que se refiere a la redistribución de la riqueza y ayudar a los sectores más marginados había que propender a la ayuda focalizada. El señor senador Pichetto mantuvo algún intercambio de opiniones respecto del tema de la ayuda focalizada.
O sea, que a través de una explicación muy larga estaban diciendo tres cosas: paridad cambiaria, ajuste del gasto público y programas sociales provistos por organismos sociales de crédito. Pues bien, estos tres elementos conforman la receta del FMI. Realmente, yo creí que ya habíamos pagado las consecuencias de aceptar esa receta.
No me sorprendió que algunos economistas, que tienen estrecha o directa vinculación con algunos intereses, vengan y planteen eso, pero lo que sí me sorprendió es que se los aplauda. Eso sí que me sorprendió. Porque pienso que no podemos volver a repetir exactamente el mismo escenario que componen esos tres ejes básicos que conformaron la vieja receta que abandonamos como proyecto político de este país, después del severo castigo que recibimos en el año 2001.
Por otro lado, estuvieron presentes los representantes de la Secretaría de Agricultura y del INTA. Justamente, me quiero detener en la presencia del INTA, porque el señor Buzzi reclamó su presencia.
En algunos canales de televisión, el señor De Angeli preguntaba por qué no llevaban al INTA, o por qué el INTA no estuvo en Diputados. Y la senadora Estenssoro dijo en un programa de televisión: “no hacen aparecer al INTA”. Pero el INTA vino al Senado. Después, aparecieron los otros argumentos, sosteniendo que, en realidad, no vino el Consejo Directivo, no vino el Consejo asesor. Pero nos solicitaron la presencia del INTA, y vino la máxima autoridad política responsable del organismo, que dijo exactamente lo mismo que expresaron todos: que ellos tenían el análisis de rentabilidad por región y que, si bien la resolución en su modelo original había atacado la rentabilidad, con las modificaciones introducidas por Diputados se corrigieron las posibles distorsiones que podían plantearse en regiones geográficas con diversos rendimientos. Pero, entonces, el INTA dejó de ser un actor principal, y había que sacarlo a un costado. ¿Por qué? Porque decía lo mismo. Pero el INTA, como organismo del Estado —considerado en primer lugar por todos, desde los productores hasta los senadores y los sectores políticos como una opinión autorizada en el tema— ya no era una opinión confiable y había que descartarlo. La única que tenía que quedar en el escenario era AACREA, que establecía las rentabilidades por región.
Pero ¿puedo creerle a AACREA, cuando, en realidad, es una ONG formada por capitales directamente vinculados con los pools de siembra? ¿Esa es la información que nosotros debemos tomar como certera? ¿Vamos a dilapidar la información del Estado, en función de tomar como verdaderos datos provenientes del sector privado con directa relación con Monsanto y con todos los que actualmente están en el centro del escenario, pero detrás de una cortina? Eso no me pareció adecuado; por lo tanto, tomé como criterio, para formarme una idea acerca de cómo estaba distribuida la rentabilidad en el país, la información del INTA. Esa fue mi naturaleza.
La idea política era que el Estado tenía que estar presente a la hora de definir políticas.
Pero se la abandonó, y se entró en una etapa en la que pareció que el dueño de la producción, la distribución y utilización de los recursos tenía que ser el sector privado; y AACREA era uno de los que consideraban eso.
Hablaron bien del INTA porque había crecido en su presupuesto —tal como dijo Buzzi— y estaba brindando mucha asistencia a los productores. Es más, el propio Buzzi lo consideraba un buen dato con relación al gobierno. Se habló bien del INTA porque su base estadística es inmejorable, y porque todos los datos de rentabilidad distribuidos por región habían sido provistos por dicho organismo. Pero también, el INTA y el Programa Social Agropecuario nos llevaron a otra dimensión.
El INTA nos hizo conscientes de que estábamos tratando un problema que involucraba a los 80 mil productores de soja de la Argentina, cuando, en realidad, los mayores aportes del INTA en asistencia técnica, financiamiento y subsidios para equipamientos eran destinados a otros sectores de la producción que no tenían nada que ver con esta cuestión. Es más, el 80 por ciento —de acuerdo con lo que dice la Secretaría de Agricultura— ni siquiera pertenecía a las cuatro entidades; y se trataba de 220 mil productores. Esos son los 220 mil productores que ponen en la mesa de los argentinos la lechuga, el tomate, las hortalizas y las frutas. Esos 220 mil productores no tenían nada que ver con los 80 mil con que estábamos discutiendo; en realidad, eran los afectados por la política que estábamos discutiendo.
Habló el ingeniero Cheppi respecto de la sojización del país. Y dijo claramente que no se trataba de un odio contra un cultivo, sino del odio a la sojización en términos económicos. Una persona que actualmente hace horticultura en las provincias de Santa Fe o Corrientes tiene valorados sus terrenos, insumos, etcétera, por quintales de soja y no en función del kilo de morrones, tomates o de lo que produce. Obviamente, establecer la rentabilidad del tomate y del morrón en función del quintal de soja es una ecuación inalcanzable, que no cierra y que, por más que todo el mundo quiera discutir, terminará expulsando a ese productor de la actividad, porque nadie aguanta el precio que está alcanzando la soja.
Ahora bien, en este aspecto, quiero efectuar una aclaración, porque coincido plenamente con el señor senador Reutemann en el siguiente concepto: aquellos que sostienen que el aumento del precio de la soja se debe a la apertura de los mercados de China e India, a la gran demanda; que el precio va a seguir subiendo por diez años y que es una excelente oportunidad por una década, se equivocan. ¡Se equivocan! Estamos sometidos a un movimiento especulativo. Por esa razón —como dijo el senador Reutemann— el precio sube el 30, o luego baja el 30, y aunque lo hace con una pendiente creciente, sube y baja.
Esto es lo mismo que ocurrió con las propiedades inmobiliarias en los Estados Unidos, en España y en otros países. Cuando el capital especulativo decidió retirarse, puso en crack al sistema. Nos va a pasar eso. Vamos a creer que tenemos prosperidad cerealera durante los próximos diez años, pero, en el medio, nos vamos a quedar con una crisis económica sustentada en este pilar que se va a caer, porque se habrá retirado el capital especulativo para ir a buscar mejor rentabilidad en algún otro sector de la economía. Y, quizás, nos vamos a ir a pelear por ese otro sector.
Señor presidente: no estamos discutiendo la Resolución 125, por dos motivos. Porque lo que se originó como una discusión de rentabilidad por esa Resolución derivó en una discusión política acerca de absolutamente todo —esta es la razón política—, pero, además, porque la Cámara de Diputados le impuso a dicha Resolución importantes reformas en su aplicación, como para que tengamos claro que ya no estamos discutiendo esa Resolución.
¿Qué había pedido, en aquel momento, la Federación Agraria Argentina? Que no tratemos como iguales a los que no son iguales. Esta fue la primera definición que hicieron: que estábamos tratando como iguales a los que no lo eran. ¡Perfecto! Entonces, la Cámara de Diputados resolvió establecer bandas de productores: hasta 500 toneladas no alcanzaba; hasta 1000, tampoco. Entonces, se habló de hasta 1500. Por eso, el proyecto que estamos considerando establece que, hasta 500 toneladas, se va a reintegrar al productor para que obtenga una retención del 30 por ciento sobre el valor FOB. Y no quiero dar ventajas ni lugar a operativos de prensa:
en todo momento, hablamos del valor FOB. El texto del proyecto así lo sostiene. Se refiere al valor FOB, al valor del precio internacional. Luego, el proyecto dispone que hasta las 750 toneladas se le va a reintegrar al productor para llegar a una retención del 35 por ciento; y, hasta las 1500 toneladas, exactamente lo mismo: hasta las 750 primeras toneladas, siempre según valor FOB.
Entonces, aquí dejamos de tratar como iguales a los que no lo son, de acuerdo con el criterio de la Federación Agraria Argentina. Es decir, la Cámara de Diputados impuso un criterio y dejó de tratar como iguales a quienes no lo son, y rescató y puso por debajo de esa línea al 82 o al 83 por ciento de los productores, de los 80.000 de los que estamos hablando; no de los 220.000 que están protegidos por el INTA, o por el Programa Social Agropecuario. Así, el proyecto puso por debajo de esa línea a todos los productores que cosechan hasta 1500 toneladas.
De tal modo que, este primer concepto ya está planteado en este texto en los términos de la Federación Agraria, y —estimo— en los que la Federación Agraria deseaba. Además, esta situación deja afuera, solamente, al 18 por ciento de los productores.
Pero, además, también el texto del proyecto contempla lo siguiente: en principio, la actividad principal tenía que ser el cultivo de la soja. Ahora, ya no tiene que serlo: con el solo hecho de plantar soja, se está dentro del sistema. Y en él entran, también, los monotributistas, —otro reclamo que también se realizó desde los sectores del agro—, quienes fueron incluidos para que recibieran los reintegros.
Ahora bien, los reintegros no sólo no se pueden eliminar porque lo haya dicho la AFIP.
Tuve acceso a dos documentos emitidos por el Colegio Público de Abogados de la Capital y a los de los colegios públicos de abogados de otras provincias y, si bien difieren en el criterio de cómo se aplican las retenciones y en criterios constitucionales, en lo que no difieren es en el hecho de que el sujeto imponible a la hora de aplicar las retenciones es el exportador y no el productor. Con lo cual no existe otro mecanismo que no sea la devolución, el reintegro al productor, de su rentabilidad afectada cuando el exportador traslada a éste la retención que aplica el Estado. Sucede que el Estado debe aplicar el derecho de exportación a “aquel que va a cruzar la Aduana”, como decía uno de los constitucionalistas que expuso en el Senado. En virtud de la sanción de la Cámara de Diputados, ante los reintegros al transporte para quienes producen hasta 1500 toneladas, en una combinación de lugar geográfico y puerto más cercano, los productores consiguieron adicionar una nueva rentabilidad.
Estas son las incorporaciones que hacen que la Resolución 125 ya no sea lo que fue y se transforme en una sanción de la Cámara de Diputados. Lamento que se siga esgrimiendo como bandera la Resolución 125, cuando, en verdad, ha sido profundamente modificada. Es cierto que el plazo del 31 de octubre es muy cuestionado. Pero también debe quedar en claro que el gobierno nacional está abriendo una instancia: el gobierno les ha dicho a los productores que se abra una mesa de diálogo para trazar políticas de mediano y largo plazo.
Los sectores agropecuarios dicen, justamente, que hay que trazar políticas de mediano y largo plazo. Perfecto. La mesa está tendida, faltan los comensales. Y el plazo del 31 de octubre deberá encontrarnos, seguramente, con una negociación terminada para trazar políticas de mediano y largo plazo que pueden ser distintas a todo esto. Y si así no fuera, lo que continuará será la actual política. Esto es lo que se establece como horizonte hacia el futuro. Es la decisión política que tiene el gobierno nacional. Se quiere llegar a un acuerdo y, si no, por lo menos, esto es el piso; el piso que en origen fue planteado por la Mesa de Enlace.
Cuando tuvimos la reunión con las entidades del agro, el presidente de Federación Agraria Argentina me transmitió un concepto. Me solicitó la sanción de la Cámara de Diputados y se puso a leerla. En algún momento me señaló el artículo vinculado a los montos de reintegros —los reintegros por flete— y la expresión que me transmitió fue “esto es muy buena plata si llega al bolsillo del productor”. No fue algo público sino personal, pero la respeto y la tomé muy en cuenta. Es por esa razón que solicitamos a la AFIP que garantizara que su sistema informático iba a estar al servicio de la ONCCA, para de garantizar la agilidad de los trámites. Y es por ello que también en la Cámara de Diputados se introdujeron reformas para bajar los requisitos burocráticos y garantizar la mayor transparencia y facilidad en el cobro de los reintegros por parte de los productores. De eso se trata. De que los reintegros se transformen en plata en el bolsillo de los pequeños y medianos productores ya que, como dice Buzzi, es buena plata en el bolsillo de los productores. Hicimos eso y, por esa razón, es que nuevamente la Resolución 125 ha quedado desnaturalizada en lo que era su aplicación original.
No me voy a detener en aspectos constitucionales, porque hay profesionales que lo harán más puntualmente; ni tampoco en la magnitud del impacto de los derechos de exportación a nivel productivo al considerarlos como un impuesto que distorsiona o no el ingreso. En realidad, lo hago solamente desde un concepto político. Es decir, habría que analizar perfectamente bien cómo se estudia esta cuestión, porque, por el tipo de cambio, se cuestiona la lesión que ocasiona.
En ese sentido, considero a las retenciones como un tipo de cambio diferencial para sostener mecanismos de precios y rentabilidad equilibrados entre los diferentes tipos de exportaciones, no sólo de productos agropecuarios, sino también de petróleo y productos industrializados.
El problema es que cuando se alteró el tipo de cambio en la Argentina y se lesionó con tipo de cambio diferencial en un 66 por ciento o más el salario los trabajadores, éstos no tenían a quién recurrir. La disminución de los salarios de los trabajadores no era recurrible ante la Justicia ni era inconstitucional haberlos reducido de semejante manera. De la misma manera, como decía un diputado nacional, no se cuestionó la naturaleza de la medida de haber aplicado retenciones a los sueldos de los empleados públicos y de los jubilados en un momento de la democracia argentina. Reitero: tampoco se cuestionó eso.
Una ventaja adicional: si hay más ámbitos para protestar, bienvenidos sean, porque se puede recurrir a la Justicia. Porque ahora, en este país, se puede recurrir a la Justicia. Hace unos pocos años atrás, todos sabían que, frente a una decisión tomada por el Poder Ejecutivo, no se podía recurrir a la Justicia, porque existía una ligazón integral y total entre ambos poderes. Hoy van a encontrar una Corte Suprema de Justicia independiente, que tiene criterio propio. Es decir, tienen buena suerte, también, por el grado de calidad institucional que este gobierno y el anterior le dieron a la democracia argentina para que este tipo de protesta se suceda. Por eso es que se tiene que proceder en orden a la Constitución Nacional y a las normas. La negociación no les resultó satisfactoria; entonces, pidieron —y el Poder Ejecutivo así lo decidió— que lo discuta el Congreso. Si no les resulta satisfactoria la decisión del Congreso, tienen una nueva instancia en el Poder Judicial, porque la calidad institucional en el desarrollo de esta democracia así lo permite. Es decir, también tienen una jugada a favor.
¿Por qué lo digo? Porque es necesario respetar las resoluciones que se toman en los ámbitos democráticos cuando se debate con profundidad y seriedad, y cuando las instituciones funcionan. Porque si el mecanismo es que las instituciones tienen que resolver de acuerdo al traje que quiero ponerme, el sistema no funciona. Estamos discutiendo rentabilidad con un sector económico argentino y la función del gobierno es gobernar para el equilibrio entre todos los sectores económicos y sociales de la República Argentina. No es todos para uno, sino que, en definitiva, son todos por todos.
La sanción de la Cámara de Diputados que sostenemos —que ya no es la Resolución 125— le da al Estado mayores recursos por alrededor de 400 millones de dólares, entre recaudación menos compensaciones. Por lo tanto, no se puede hablar aquí de voracidad fiscalista del Estado. Esto es una política basada en el modelo económico; no se trata de voracidad fiscalista del Estado. Si es por recaudar 400 millones de dólares, tienen razón aquellos que se preguntan por qué tuvimos toda esta discusión. Estamos discutiendo otra cosa. No estamos discutiendo los 400 millones de dólares, estamos discutiendo el modelo económico.
El presidente de mi partido dijo en una oportunidad que las retenciones son para garantizar el precio de los alimentos en la mesa de los argentinos. En otra oportunidad, dijo que sirven para redistribuir la riqueza y, en otra ocasión, dijo que sirven para pagar los compromisos externos. Por cada definición que daba el presidente de mi partido, salían las voces a decirle que se decida para qué sirven. En realidad, nadie quiere interpretar que las retenciones son el eje sustancial del modelo económico que fue votado por la gente el 23 de octubre del año pasado.
Esta es la idea sustancial que estamos discutiendo. Esto es parte del proyecto político y del modelo económico. Estamos discutiendo, en ese proyecto político, en ese modelo económico, solamente la cuestión de la rentabilidad del sector cerealero. Eso es lo que estamos discutiendo.
Más allá de que estoy convencido de que el señor Buzzi nos corre el arco cada vez que cerramos una etapa —con frases que por ahí él acuña, como “no tratar igual a los que no son iguales”, “garantizar que la plata llegue al bolsillo del productor porque es buena plata”, todo lo cual se cumplió, pero resulta que nunca llegamos—, también hace falta aclararle a esta altura de los acontecimientos que nosotros somos defensores del proyecto político y del modelo económico que votó la gente el año pasado, hace pocos meses, y que garantizó que la presidenta de los argentinos sea Cristina Fernández. Si él quiere discutir el modelo económico, no se discute en actos públicos sino en elecciones, en el momento en que este pueblo vota. Nosotros no vamos a discutir el modelo económico, vamos a discutir el proyecto de ley en revisión enviado por la Cámara de Diputados exclusivamente atado a la cuestión de rentabilidad del sector sojero.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: coincido con los dos presidentes de las comisiones que acaban de hacer uso de la palabra, en cuanto al rescate del debate en el Senado de la Nación, porque creo que revaloriza a esta Cámara. El tratamiento de esta ley fundamental para la Argentina, en el lugar donde se debe tratar —que es el Parlamento argentino y, hoy, aquí, en el Senado de la Nación—, reivindica el valor de cada uno de los que hoy están sentados en estas bancas.
También quiero agradecer a todos los invitados que concurrieron a las reuniones de comisión, de uno y otro lado, tanto a los que aportó el bloque oficialista como a los que aportamos desde la oposición. Destaco la madurez con que se llevó adelante el debate, que creo que es mérito de todos los senadores que estamos aquí sentados. Nos pusimos a la altura de las circunstancias. Considero que es un debate que lo siguió la sociedad. Hoy toda la sociedad argentina está mirando a este Senado de la Nación. Hoy debe haber muy pocos argentinos que no estén frente a un televisor o escuchando una radio para seguir las alternativas de este debate o leyendo en un periódico algo relativo al tema. Bienvenido que esto ocurra, bienvenido que empecemos a trabajar en las leyes importantes de la República donde vivimos.
Es mentira, es absolutamente inexacto cuando se dice que la oposición no tiene propuestas. Siempre hemos tenido propuestas. Nunca nos hemos montado en este conflicto del campo para tener protagonismo. Quienes pertenecemos al bloque de la Unión Cívica Radical venimos trabajando desde hace mucho en este tema, incluso cuando muchos creían que era una utopía, que no iba a llegar nunca. Y llegó, como todo en la vida. Allá por 2004, todos los senadores de la Unión Cívica Radical; los senadores del Partido Justicialista, del socialismo, de partidos provinciales hablábamos de una disminución gradual de las retenciones agropecuarias, y con convicción y apostando a la producción, porque así lo entendíamos hace cuatro años. O sea, descartemos eso que se dice: que hay muchos que se subieron al conflicto del campo para cosechar votos. Coincido con mi amigo Ríos en que los votos se miden en las elecciones; eso está absolutamente claro. Nuestra obligación es trabajar, representar justamente a las provincias argentinas y no especular en este momento.
Es cierto que hace cuatro años pretendíamos tratar las retenciones porque estábamos convencidos, y lo seguimos estando, de que es un impuesto absolutamente injusto. No estamos hablando de que aquí hay una renta extraordinaria. No hay que confundir renta extraordinaria con precios extraordinarios, porque son dos cosas absolutamente distintas.
Se habla del fenómeno de la sojización, se habla de los commodities, de los valores que hoy tienen nuestros productos, especialmente la soja, que son espectaculares, y bienvenido sea, gracias a Dios y gracias al mundo que está reclamando lo que producimos. Décadas atrás no se los podíamos vender a nadie. No nos compraban absolutamente nada. Esa es la realidad, y creo que este cambio en el mundo ha llevado a que la Argentina esté en el mejor momento de su historia económica; de esto no me cabe absolutamente ninguna duda.
Otro tema del que se ha estado hablando desde hace tiempo es el relativo a los fideicomisos financieros, a los pools de siembra, es decir, los fideicomisos afectados a la producción. Esto es cierto, claro que es cierto. Entonces, habría que empezar a gravar o a cobrar impuestos a otras actividades, como es la de la renta financiera.
En efecto, habría que empezar a gravar algún tipo de renta financiera, porque es cierto, también, que algunos pools de siembra en la Argentina, no todos, son fideicomisos financieros, que ya tienen una prebenda impositiva que es muy importante: están exentos del impuesto a las ganancias. Por lo tanto, se genera una competencia absolutamente desleal con un productor, con un grupo de productores o con otros pools de siembra que se han formado como una especie de “asociativismo” o de cooperativismo, como lo quieran denominar. Los productores han visto que produciendo en pequeña escala tienen dos caminos: o alquilan sus campos o se funden, porque no pueden competir. Entonces, es allí donde tiene que intervenir el Estado. Esa es la obligación de los que estamos aquí y de quienes son parte del Poder Ejecutivo.
En la Argentina, tenemos que aprender que esto no es un problema de oficialismo u oposición, sino que es un problema de argentinos y, como tal, lo tenemos que resolver entre todos, inclusive con nuestro bloque, y con responsabilidad. No estamos acá parados o sentados en la vereda de enfrente criticando sin proponer; ante cada crítica vamos a ofrecer una propuesta de nuestro lado.
En 2006, decíamos que había que ponerle un límite a esto: gravar la renta financiera, así como también hay que gravar el juego en la Argentina. Nadie habla del juego en este país.
Parece que es un tabú; hablar del juego es un pecado, pero sí se puede gravar a la producción.
Al sector productivo se lo ve como el enemigo del gobierno y esto no es así. Al contrario, creo que el sector productivo es el mejor socio que puede tener el gobierno.
Dentro de la propuesta, creo que tomamos otro camino, porque existen dos opciones:
o nos encerramos en lo que creemos que es lo lógico, justo y necesario, o nos abrimos. Es decir, creo que debemos buscar entre todos el mejor aporte que le podemos hacer al gobierno argentino. Y eso fue lo que hicimos. Esto que estamos explicando no es el proyecto de la Unión Cívica Radical, sino que es una idea de dos técnicos que pertenecen a nuestro partido pero que se pusieron a disposición de todos los senadores y de todos lo que quisieron aportar a un proyecto que fuera superador, que resolviera el conflicto y que volviera a poner el país en marcha, en producción.
Somos muchos los coautores de este que llamaría “segundo dictamen de minoría”. Y nosotros evaluamos algunas cosas aquí. Evaluamos cuáles son los actores que están involucrados y cuáles son los costos. Tenemos dos columnas, como lo explicábamos oportunamente en la Comisión: los pequeños, los muy chicos y los medianos productores, que tienen mayores costos porque tienen menor soporte agronómico. Seguramente, tienen un ingeniero que lo comparten con muchos productores, les es difícil el acceso al crédito o tienen tasas más elevadas que los demás. Además, la maquinaria que utilizan para sembrar seguramente no es de última generación, porque es maquinaria propia. A la hora de vender sus productos, no lo hacen por medio de una comercialización directa, sino indirecta, donde entran a jugar otros esquemas y eslabones de la cadena de producción que creo que vale la pena que los empecemos a analizar.
Por el otro lado, tenemos a los muy grandes productores, a los pools de siembra, a los fideicomisos, como los quieran llamar, que tienen algunas ventajas comparativas. La primera, es el beneficio impositivo, que no es menor a la hora de producir. Además, cuentan con maquinaria agrícola de última generación porque contratan maquinarias, y al contratar maquinaria, si no es de última generación, tienen la posibilidad de contratar a otro, cosa que no puede hacer el productor pequeño y mediano. Al mismo tiempo, tienen acceso a otro sistema financiero y a otro nivel de crédito, como así también a un sistema de comercialización directa. Normalmente, la comercialización la hacen ellos mismos sin pasar por los segmentos por los que deben pasar otro tipo de productores.
Con respecto al soporte agronómico, los pools de siembra no cuentan sólo con un ingeniero, sino que tienen un equipo de ingenieros. Eso hace, lógicamente, que los niveles de riesgo sean menores.
El factor climático es fundamental para la producción en la Argentina. El riesgo climático influye notablemente, porque el pequeño y mediano productor siembra en su campo, tiene concentrada la siembra. Y, ante un fenómeno como puede ser una inundación, una sequía, una pedrada, puede perder el 100 por ciento del cultivo. El resto no afronta ese riesgo, porque se diversifica, siembra en diferentes regiones o en diferentes provincias.
Quiero hacer una salvedad. Nosotros no estamos en contra de los pools de siembra. En la cadena productiva argentina, todos son necesarios, desde el más chico hasta el más grande.
Eso sí, creo que tiene que haber algunas diferencias, y nosotros tenemos que establecerlas.
Me parece que esa es la obligación y la necesidad para que todos puedan producir por lo que dije al comienzo: porque el mundo está buscando lo que producimos.
Empecemos a copiar algunos ejemplos muy válidos. Nuestros socios del Mercosur, muy inteligentes, a partir del conflicto del gobierno argentino con la producción, apostaron a producir el doble. Me duele mucho, señor presidente, que los diarios del país vecino publiquen “Brasil, el nuevo granero del mundo”. También me duele mucho ver que un país como Uruguay, al que respetamos profundamente pero que no tiene nuestro poder productivo, hoy esté exportando mucha más carne que la República Argentina.
En ese esquema, hemos hecho algunas diferenciaciones que creo que son válidas.
Tanto el gobierno como nosotros hemos dicho hasta el cansancio que el 80 por ciento de los productores argentinos produce el 20 por ciento de la soja, y el 20 por ciento restante, produce el 80 por ciento de la soja. Ese 80 por ciento comprende a 70 mil productores, contra 7 mil del otro lado.
Entonces, apostando fuertemente, de acuerdo con nuestra propuesta, partimos de una retención base absolutamente igual para todos, desde el más pequeño al más grande, desde el que produce 600 toneladas hasta el que produce 50, 60, 70 ó 100 mil toneladas. El primer esquema es del 20 por ciento fijo como retención, en el caso de la soja, para todos. A partir de allí, de acuerdo con el segmento, vamos sumándole alícuotas que hacen a la justicia del sistema: quien más gana más paga, quien menos gana menos paga. Creo que esto hay que entenderlo.
En el caso de la soja, la retención básica es del 20 por ciento hasta las 600 toneladas.
Desde las 600 toneladas y hasta las 1.500, se fija una alícuota del 2 por ciento. Desde la
tonelada 1.501 hasta la 3.000, un 6 por ciento. Desde la 3.001 hasta la 4.500, un 10 por ciento de alícuota. Y de la 4.501 en adelante, un 15 por ciento de alícuota. Esto tiene un tope: 35 por ciento como retención; 20, según el esquema original, que llega al 35 por ciento para el que más produce. Por eso dije recién que no estamos en contra de los grandes productores por el hecho de defender al más chico o al mediano. Sí les vamos a cobrar más, porque creo que es lo justo y lo debemos convertir en ley.
En Diputados, cometieron algunos errores que no solucionan el conflicto. Se han olvidado de dos cuestiones fundamentales: el trigo y el maíz. Estos son, junto con la soja y el girasol, los cuatro cultivos sobre los que tenemos que entablar el debate. En esa
segmentación, en el caso del trigo, hablamos de una alícuota básica del 15 por ciento y, a partir de allí, también habría adicionales. Por las primeras 900 toneladas, cero por ciento de alícuota; en realidad queda en el 15 por ciento, que es lo básico. A partir de las 900 y hasta las 1.800, 3 por ciento de alícuota. Desde la 1.801 hasta 3.600, 6 por ciento de alícuota. Y de 3.600 en adelante, 10 por ciento de alícuota. Esto equivale al 25 por ciento, en definitiva, para los que más ganan.
En el caso del maíz —y atención, porque después voy a explicar porqué la sanción de Diputados favorece aún más la sojización—, la alícuota básica es de 15 por cinto. Con las primeras 1200 toneladas, nos plantamos en el 15 por ciento, para que realmente el productor de la zona marginal pueda tener un escaso margen de rentabilidad, porque si no, directamente, trabaja a pérdida. Desde las 1.201a las 2.000 toneladas, 3 por ciento de alícuota. Desde las 2.001 hasta las 4.000 toneladas, 6 por ciento de alícuota, y desde las 4.001 en adelante, 10 por ciento.
Respecto del girasol, la alícuota básica es del 20 por ciento. A las primeras 800 toneladas no le aplicamos alícuota adicional. Desde las 801 a las 1.500, 3 por ciento. De las 1.501 a las 3.000 toneladas, 6 por ciento; y desde las 3.001 en adelante, 10 por ciento.
Señor presidente: quiero decirles que esta segmentación que nosotros estamos proponiendo no es caprichosa, no es que nosotros la inventamos; la consensuamos. Hay que aprender a consensuar en la Argentina. Lo hablamos con las entidades del campo, con los productores autoconvocados, con intendentes, con amigos, con técnicos, y todos están absolutamente de acuerdo en que esta es la solución para la salida del conflicto y para volver a poner en marcha y en producción a la República Argentina.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, senador José J. B. Pampuro.

Sr. Marino. — Si el productor no tiene rentabilidad en la Argentina, va a hacer una sola cosa que es básica: achicar el paquete tecnológico. ¿Qué significa esto? Menos fertilizante, menos herbicidas; por supuesto, no tener la sembradora de última generación, el último tractor, los equipos correspondientes. ¿Y qué significa que achiquemos el paquete tecnológico? Dos cosas: en principio, pérdida de puestos de trabajo. Aquellos que —desde el desconocimiento— viven diciendo que, en la Argentina, el campo no es un generador o disparador de mano de obra, creo que van a tener que analizar un poco su posición. Porque si se aprueba el proyecto que se sancionó en Diputados, al poco tiempo, se nos van a cerrar las empresas, y se va a ver muy afectada la agroindustria. ¿Quién va a cambiar un tractor en la Argentina? ¿Quién va a tratar de superar lo que verdaderamente tiene, si no le alcanza? Al contrario; y esto, dicho no por el senador Marino, sino por las empresas constructoras y fabricantes de maquinaria agrícola en la Argentina: ha caído del 90 al 95 por ciento la venta de tractores en el país; quien pensaba cambiar un tractor, lo repara; y quien lo pensaba reparar, no lo repara.
Tanto directa como indirectamente, es impresionante el disparador y generador de mano de obra que es el campo argentino. Y lo digo porque lo siento, porque lo vivo y lo palpo. Cuando al campo le va medianamente bien, en el interior nos va bárbaro. Vayan a cualquier pueblo de la provincia que elijan que esté en producción. Difícilmente van a encontrar un desocupado, y seguramente van a encontrar muchos que, en su momento, fueron beneficiarios y accedieron a los planes del gobierno, que eran necesarios. Nadie discute esto; en plena crisis de la Argentina, creo que se hicieron las cosas como se debían hacer: ayudar a los que menos tienen. Pero cuando vino el proceso en que nuestros productos comenzaron a valer y se puso en marcha nuevamente el engranaje de la producción en la Argentina, muchos fueron los que dejaron ese asistencialismo merecido por parte del Estado para pasar a dignificarse, a tener un sueldo, a ganarlo con el sudor de su frente. Esto es lo que significa el campo en la Argentina.
Si achicamos el paquete tecnológico —como decía—, se usa menos fertilizante; si se usa menos fertilizante, hay menos volumen, menos producción y, si hay menos producción, hay menos venta. Si hay menos venta, hay menos ingresos; menos ingresos para los productores y para el Estado, para los dos. Acá perdemos todos.
¿Qué estamos proponiendo? En el caso de los fertilizantes, los productores podrán computar como gasto deducible en el impuesto a las ganancias, en forma adicional, un 70 por ciento del gasto realizado en fertilizante en el ejercicio en el cual se comercialice la producción. Lógicamente, le vamos a pedir a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación que nos indique cuáles son los fertilizantes sobre los cuales se puede llegar a aplicar la deducción.
Acarreos y fletes: es un tema fundamental. Sin compensaciones, porque no sirven. Las compensaciones no sirven. Está absolutamente demostrado en la Argentina. Lo que nosotros estamos proponiendo es que los productores cuya producción alcanza hasta las 1.500 toneladas cultivadas a más de 400 kilómetros de los puertos puedan computar como gasto deducible, también en el impuesto a las ganancias y de forma adicional, como el anterior, un 200 por ciento del gasto realizado.
Este esquema que planteamos tiene una columna vertebral: el Formulario C-1116 “A” o “B”. Esto es medular. Es absolutamente igual a lo que están haciendo hoy los productores en la Argentina. No les cambia nada, en absoluto. Hay que simplificarles la producción a quienes trabajan en La Pampa, así como a los que producen en todo el país. Entonces, en este formulario, que va a ser la columna vertebral, van a estar todos los datos. Incluso, cuando hablamos de la segmentación, en cada uno de esos formularios, va a estar presente el grado de tonelaje.
Si hay productores que producen 1.500 toneladas, las primeras 600 ya van a estar informadas, porque va a ser la propia AFIP la que va a tener que informar; y va a tener que ser el propio acopiador el que tenga que pedir los datos. Por lo tanto, sabemos que las otras 900 ya pasan al otro esquema, al otro segmento, porque es el productor que tiene un poco más de rentabilidad.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.

Sr. Marino. — Señor Presidente: también queremos crear una comisión bicameral para analizar esta cuestión, y para que siga y controle la rentabilidad de los distintos segmentos,
según producto, región y escala, con la participación de la ONCCA, el INTA y la AFIP.
¿Por qué nombro al INTA? Porque este organismo es fundamental. Pero no me refiero a lo que dice el presidente del mismo —presidente político— sino a lo que dice su directorio; lo que dicen los responsables de cada una de las delegaciones del interior del país. Yo les puedo asegurar que piensan absolutamente distinto.
Señor presidente: a continuación, le enumeraré algunas ventajas de nuestro proyecto.
Se benefician los productores chicos; es de sencilla aplicación; todos los destinatarios de los beneficios quedan automáticamente incluidos, no deben hacer ningún trámite adicional y se normalizan los mercados a futuro.
Hay dos cosas que el productor no puede manejar: el tiempo y el precio. Si nosotros votamos a favor de la sanción que viene de Diputados, convirtiéndola en ley, pierden los mercados a futuro. No tienen la posibilidad de comprar insumos ni de fijar precios, sobre todo, los más chicos, no los más grandes. Vamos a pasar a controlar a 7.500 productores y les vamos a dar un beneficio sin compensaciones a más de 70.000.
Señor presidente: está demostrado que las compensaciones no sirven. En mi provincia, La Pampa, hay productores tamberos, lecheros y de terneros que hace más de un año que no las cobran. Es más, el responsable del ONCCA —que estuvo en el Senado— nos término de clarificar la situación cuando dijo que se tarda demasiado en esto, por ser muchos los controles que se deben ejercer y porque, a veces, los productores no llevan toda la documentación que se les exige. Claro; tienen que estar con un contador a las espaldas.
Entonces, ¿para qué sacarle, si le vamos a devolver? Hablen con cualquier productor. ¿Qué
les va a decir? Que si lo quieren compensar —la misma palabra lo dice— es porque le están sacando más de lo que corresponde. Cóbrenle menos. Esa es la realidad. Es un sistema mucho más justo.
Tenía razón Fabián Ríos cuando decía que estábamos hablando de 400 millones de dólares. Sí, si es que a los otros 800 las compensaciones les llegan en algún momento. Porque acá hay que hablar de otra cosa. Si siguen tomándose los tiempos que se toman para devolver lo retenido, hay un elemento que licua ese dinero, que es la inflación. Pero no la de las mediciones del señor Moreno, sino la real, la que hay que tener en cuenta, la que está asfixiando al productor y, fundamentalmente, al que menos tiene.
Señor presidente: no se trata de que tengamos cerrado este proyecto o que esto no se pueda discutir. Venimos a ofrecer nuestra colaboración, a decir “aquí estamos muchos de los que pertenecemos a la oposición”. Venimos a colaborar. Espero que nos dejen, porque para colaborar tenemos que encontrar la puerta abierta. Si está cerrada, seguramente, vamos a chocar con ella. Por eso, les pido que tengan un acto de grandeza, que realmente abran este debate, que podamos colaborar con propuestas que son absolutamente superadoras.
Cuando fui electo senador de la Nación, recuerdo que mi partido, la Unión Cívica Radical, me exigió algunas cosas que no era necesario, porque las comparto: representar a mi provincia, defender a los que viven en mi provincia. Dejé de ser senador de la Unión Cívica Radical para pasar a ser senador de la provincia de La Pampa. De todos: de los que me votaron y de los que no me votaron, que fueron más. Pretendo entonces, dentro de mis limitaciones, representar a todos.
La Pampa es una zona marginal, y los costos de producción son para todos iguales:
para el que cosecha 60 ó 70 quintales de soja o entre 8 y 20. Con una diferencia que señalé al comienzo: una cosa es renta extraordinaria y otra cosa son valores extraordinarios. Ahí, la cuestión se achica en forma considerable.
La Pampa es una provincia productora. El 90 por ciento de la actividad económica de mi provincia pasa por el campo, pero no sólo por la soja, sino también por la ganadería y la lechería. Nos destruyeron la ganadería. De la ruta 35 hacia el oeste, crían terneros; terneros; no hay otra posibilidad. Nos prohibieron los termoprocesados. Cuando se prohibió la exportación de termoprocesados, arruinamos al criador en La Pampa. Lo matamos. Y fue un gran negocio el que hicieron dos o tres vivos en la Argentina. Porque el productor no puede aguantar la vaca que no sirve para cría, que ya cumplió su ciclo; se engorda, se mata, se termoprocesa y se exporta. Porque no la comemos acá, y algunos vivos las compraron, ya que el productor no tiene capital a su espalda para poder aguantarla. Pregunto cuál fue el beneficio de esa medida. Cómo, entonces, no se va a profundizar la sojización.
En lo que hace a la lechería, hay tamberos que no quieren desprenderse de sus rodeos, porque hay genética, personal especializado y años de sacrificio. ¿Qué terminan haciendo?
Alquilando la mitad de su campo para soja para, con ese nivel de rentabilidad, poder hacer frente a los costos de la lechería. Esto es una locura.
Tengo mucho para decir, pero me están haciendo señas para que redondee. Permítame algunas cosas más.
Gracias, senador Ríos, por hablar del valor FOB, porque no fue de lo que habló el responsable de la ONCCA. Le agradezco. Porque creo que todos estamos colaborando con más de mil millones que van a volver a los productores.
En relación a la llamada “mesa de los argentinos”, me pregunto de dónde sacaron que la soja la encarece. Exportamos el 95 por ciento de la soja. ¿De dónde sacaron que el trigo encarece la mesa de los argentinos? En la Argentina, va a molienda un tercio de lo que producimos; el resto se exporta.
Y lo que se podría hacer, tranquilamente, es hasta dar la molienda gratis a los molinos.
¿Saben de cuánto es la incidencia del componente trigo en el precio del pan? Del 15 por ciento. Reitero: del 15 por ciento. Entonces, creo que nos estamos equivocando.
Acá se habló mucho del fenómeno de la sojización a pesar de lo cual hoy se lo está promoviendo porque, con los porcentajes que se aplicarían según la sanción de la Cámara de Diputados, el maíz tendría una retención del 33 por ciento mientras que para la soja —según el esquema más bajo de la propuesta del gobierno— sería del 30 por ciento. Pues bien, adivinemos: ¿qué hará el productor? ¿Sembrará soja o maíz? Se terminaron los tontos:
sembrará soja. ¿Por qué? Porque tiene mucho menos gasto, porque requiere menos insumos y porque, además, va a ganar algo.
Voy a obviar algunas cosas, pero no quiero dejar de decir lo siguiente: en la Argentina
tenemos otro problema, que es el de la coparticipación. En ese sentido, y tratando de ser muy breve, voy a rescatar lo hecho por dos ex presidentes, estadistas ambos: Juan Domingo Perón y Raúl Alfonsín. En la época de Perón y durante el gobierno de Alfonsín más del 50 por ciento de lo recaudado en materia de impuestos iba a las provincias: eso es federalismo. Y recalco que estoy hablando de dos ex presidentes que no son menores: Perón y Alfonsín.
Entonces, me parece que tenemos que volver a practicar el federalismo para que lo destinado a las provincias no sea del 27 por ciento, como ocurre en la actualidad: si no va a ser cierto aquello de que “billetera mata gobernador”. Yo pretendo que la billetera de mi gobernador, así como las de los demás provincias, tengan adentro lo que debe tener y no lo que le quieran dar. Es fundamental que recuperemos eso.
Algo más: nadie, ni desde la oposición ni desde el campo, quiere desestabilizar este gobierno. De hecho, si nos enteramos de que hay intentos de desestabilización, quédense muy tranquilos porque estos senadores de la Unión Cívica Radical van a defender al gobierno hasta el último momento.
No somos desestabilizadores: para nada. Este gobierno es legítimo. Tiene legitimidad porque lo votó más del 45 por ciento de los argentinos, fundamentalmente el campo argentino. Pero ayer hubo dos manifestaciones bien claras: una aquí enfrente, a espaldas del Congreso, dándole la espalda a este Parlamento, como haciendo ver que no existimos los que estamos aquí. En ella hubo 50, 60, 70, 80 o 100 mil personas: no sé cuantas. Lo que sí sé es que con el acto del campo el gobierno perdió 4 a 1 porque en Palermo se cuadruplicó la cantidad de gente: y eso también es legitimidad. El reclamo del campo es legítimo.
Por lo tanto, si quieren podemos hablar de legitimidad. ¿Tienen los votos suficientes?
Sí, los tienen. La presidenta ha sido ungida por la democracia: entonces, la vamos a acompañar y jamás la vamos a abandonar. Pero entiendan que ante un reclamo justo como el del campo también hay que respetar a las más de 300 mil personas que ayer estuvieron en el acto Palermo: de lo contrario no vamos a hacer justos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Cabanchik, a quien le vamos a avisar cuando se estén por cumplir los diez minutos de los que dispone para hacer su exposición.

Sr. Cabanchik. — Señor presidente: me hago eco de lo que dijeron los señores senadores preopinantes acerca del buen trámite que ha tenido el debate en las comisiones. Creo que la Cámara está tratando con la seriedad que merece la problemática en la que nos encontramos.
Como parte del bloque de Coalición Cívica, representación mayoritaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este Senado, no vengo a defender los intereses específicos de los ciudadanos de la ciudad que naturalmente no plantan soja en sus macetas ni nada por el estilo. Pero si realmente algo me ha dejado de positivo, entre otras cosas, el desarrollo de esta problemática , es la comunicación que me ha permitido tener a lo largo y ancho del país con tantas mujeres y hombres . Entonces, hoy me permito representarlos a todos.
Se ha dicho muchas veces que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Nunca lo he creído ni vivido siendo un porteño…

Sr. Pichetto. — Entonces, está cerca de Dios… (Risas)

Sr. Presidente. — No dialoguen señores senadores.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Cabanchik.

Sr. Cabanchik.— No he sido yo quien dialogó. Pero es una nota simpática, señor presidente.
Relajémonos, ya que hoy será un día largo. En cambio, he visto que la voz de Dios es la voz del pueblo, que estos días he escuchado estos días en cada rincón de la Patria a través de sus hombres y mujeres. En los productores con quienes he podido dialogar pude escuchar esa voz; y, en este caso, no provino de mi ciudad sino de toda la Nación. Por ello, hoy hablo asumiendo esa representación.
Sé que estoy hablando no sólo a los porteños sino también a todos los habitantes de la Nación. Estoy refiriéndome al marco político en el que se presenta este debate que estamos dando. Entonces, antes de referirme al proyecto sancionado por Diputados —que es el motivo preciso de la decisión que tenemos que tomar—, no puedo dejar de mencionar mi pensamiento acerca de la situación política que estamos viviendo.
Hay nombres que se imponen para denominar ciertos hechos políticos, y aquí se ha impuesto uno que, sin decir que sea falso, al menos considero parcial: el de “el conflicto entre el gobierno y el campo”. Al respecto, no puedo admitir que se nombre de esa forma la problemática en que nos encontramos. En cambio, creo que se ha producido en estos días cierto grado de fractura entre la representación política y los representados. Efectivamente, como dijo el senador preopinante, muchos de los votantes de la presidenta Fernández de Kirchner son los mismos que ahora desarrollan esta justa y legítima petición a las autoridades.
Observo la existencia de una fractura y pienso que, a seis meses de asumido el gobierno por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sería irresponsable continuar profundizándola. Es por ello que estimo enorme nuestra responsabilidad hoy aquí.
Considero que ayudar al fortalecimiento del ejercicio de la Primera Magistratura del país es apoyar a la presidenta a disminuir esa fractura: si es posible, a cerrarla y curarla. Recordemos que restan tres años y medio de gobierno constitucional, y de seguro todo argentino bien intencionado desea el mejor trámite para esos años por venir.
Además creo que la acción del presidente del Partido Justicialista, a quien por varios equívocos públicos podría incluírselo bajo la denominación “matrimonio presidencial”—lamento tener que hacerlo, pero soy justo con los hechos y mi compromiso está primero con esos hechos y con nadie más—, ha generado un enfrentamiento entre los argentinos.
Lamentablemente ayer, en el acto a espaldas del Congreso, yo también lo he visto y percibido.
Entonces, creo que es algo que nos puede hacer mucho daño.
Pero encontramos una magnífica respuesta en el pueblo: como consecuencia de ese intento de fracturar y de enfrentar a los argentinos entre sí —quizás no por mala intención sino simplemente por una mala consecuencia de otras intenciones—, el pueblo respondió uniéndose. Entonces, si el pueblo se ha unido en un lado el gobierno puede quedar aislado en
el otro, situación sin dudas indeseable.
Se dijo también que con el desarrollo de esta problemática se recuperó la política.
Quiero explicitar aquí mi desacuerdo con eso. La política, sin ninguna duda, se instaura en ese lugar de la sociedad donde hay que construir la igualdad para todos aquellos que pertenecemos a una misma comunidad, que debiéramos querer ser, que legítimamente queremos convertirnos —la política debe darnos esa posibilidad— en una comunidad de iguales y de libres: sobre todo, de hombres libres a través de la igualdad. Por eso, cuando se habla de la necesidad de la redistribución de la riqueza soy el primero en sumarme a ese objetivo superior.
Creo que el Poder Ejecutivo tiene que honrar su obligación de redistribuir la riqueza y de componer las pasiones en conflicto: es decir, de arribar a la igualdad, por sobre los intereses particulares. Sin embargo, la acción del partido de gobierno ha constituido más bien la negación de la política porque al mismo tiempo se ha alojado en una naturalización de la dominación como si se tratara de un principado con relación a súbditos y, por otro lado, se ha colocado en el lugar de la revuelta; pero la política es justamente lo que está en el medio y trasciende tanto a la dominación natural como a la revuelta. No se puede pretender estar en esos dos extremos y al mismo tiempo honrar a la política. Creo que, por el contrario, lo que hemos estado viviendo en estos meses es una especie de negación de la política, que tiene expresiones varias: institucionales, económicas, sociales y propiamente políticas.
En cuanto a las institucionales, me parece que hay que destacar en este ámbito, justamente, la anulación del Congreso. El Poder Ejecutivo insiste en amordazar al Congreso o en debilitarlo en sus funciones, en el ejercicio de sus potestades constitucionales. Debemos señalar que es urgente que este Congreso recupere plenamente esas facultades. Es la expresión institucional de la igualación de la comunidad por la política en el sistema que consagra nuestra Constitución: al menos en su artículo 1°, en cuanto establece un régimen representativo, republicano y federal.
En la dimensión económica, como he expuesto, esta política —la que está expresada en la sanción de la Cámara de Diputados, y que también estuvo en la Resolución 125 y sus modificatorias— no es realmente redistributiva, siendo en años anteriores funcional a la acumulación de la riqueza y a la concentración en un “capitalismo de amigos”.
También hay una dimensión social que tenemos que evitar seguir profundizando en esta negación de la política a la que me estoy refiriendo. Ese desprecio por buena parte de la
sociedad de muchos actores políticos trascendentes en esta hora es algo que le hace muy mal a la vida del país. De hecho, es un desprecio que se expresa de distintas formas y que se dirige hacia diferentes actores…

Sr. Presidente. — Se agota su tiempo, señor senador.

Sr. Cabanchik. — Necesito algo más de tiempo, señor presidente; discúlpeme. Espero que sea flexible, como lo ha sido con los senadores que me precedieron en el uso de la palabra.

Sr. Mayans. — Pero eran miembros informantes y presidentes de bloque.

Sr. Cabanchik. — ¡No me interrumpa!

Sr. Mayans. — Le recuerdo el acuerdo al que habíamos llegado; nada más.

Sr. Presidente. — Esta bien, señor senador, continúe. Sólo le he avisado.

Sr. Cabanchik. — Gracias, señor presidente.
Ha expresado el senador Fabián Ríos que hoy no estamos discutiendo la Resolución 125. Yo quisiera no discutirla, pero lamentablemente la norma que hoy estamos debatiendo —o sea, la sanción de la Cámara de Diputados— en su artículo 1° ratifica la Resolución 125 y sus modificatorias. Entonces, lamentablemente sí estamos discutiendo dichas normativas ministeriales.
Por otra parte, el artículo 2° —que completa el Capítulo I que estamos discutiendo—provoca la mayor dificultad en esta degradación del Congreso Nacional. Aunque todos lo tenemos ante nosotros y el público ya lo conoce suficientemente, puntualizado que dicho artículo 2° establece que “Lo dispuesto en el artículo precedente lo es sin perjuicio de la vigencia de las medidas dictadas y sin desmedro de las facultades ejercidas para ello en el marco de los dispositivos en ellas citados y especialmente de la ley 22.415 (Código Aduanero) y modificatorias, en particular su artículo 755, correlativos y concordantes.”
Aquí, aunque lo más brevemente posible, debo abrir un capítulo constitucional de mi intervención. Eso es sencillamente poner al artículo 2° por encima del cuerpo global de la Constitución Nacional, Ley Fundamental de la Nación —espero que en el Congreso no se discuta la posición fundamental que posee la norma básica—, nuestro fundamento, nuestro sistema básico y fuente de toda nuestra legitimación política en el dominio público.
Es decir, ratificar el artículo 2° sería poner por sobre el conjunto sistémico y coherente de la Constitución una manera de operar con la Cláusula Transitoria Octava del texto constitucional reformado en 1994. Es una cláusula transitoria que, si bien forma parte del cuerpo global del texto reformado, no forma parte del cuerpo central de la Constitución. Esa norma fijaba un plazo de cinco años de vigencia para toda la legislación delegada preexistente, plazo que caducó en 1999. Es cierto que las prórrogas sucesivas han ampliado ese plazo y hay una última que vence en agosto de 2009. Sin embargo, ellas limitan la extensión de la vigencia de la mencionada cláusula a necesidades administrativas y de emergencia no invocadas ni en la Resolución 125 ni en los fundamentos de la sanción de la Cámara de Diputados.
Por eso, pienso que se debe rechazar la sanción de la Cámara de Diputados si no se desea incurrir en inconstitucionalidad. Y digo esto más allá de que los artículos 4, 16, 17, 76 y 99 inciso 3. deben ser correlacionados como partes de un sistema que indica la
inconstitucionalidad de la sanción de la Cámara de Diputados.
Quiero agregar la presunción de confiscatoriedad que posee el monto del tributo que se impone. Y digo “presunción” ya que no necesito como legislador probar que es confiscatorio; eso quizá le quepa a la Justicia y, en última instancia, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si es que a esa instancia llegaran las presentaciones. Me alcanza con presumir que lo es, como la jurisprudencia lo indica masivamente, para tomar la precaución como legislador de no sancionar una ley que en estos momentos permite que el Estado se quede con prácticamente el 50 por ciento de la venta del precio bruto de la producción agropecuaria.
Por otra parte, ya se mencionaron muchas de las consideraciones por las cuales, desde el punto de vista económico, aprobar sin modificaciones la sanción de la Cámara de Diputados sería nefasto.
Tengo muchas más consideraciones para hacer —sé que estoy tomando un tiempo que no me estaba asignado…

Sr. Presidente. — Lleva quince minutos.

Sr. Cabanchik. — Llevo quince minutos. Entonces, debo cerrar mi exposición. Espero que haya muchas oportunidades de volver a dialogar sobre todas estas cosas, aunque espero que sea en un clima de mejor tensión.
Mi voluntad como senador de la Nación y como parte del bloque de la Coalición Cívica es ayudar a que la presidenta y el Congreso de la Nación puedan desarrollar la mejor gestión para el mejor país.
Debemos transitar por el Siglo XXI y ocupar entre las naciones el lugar que nos merecemos.
Cierro mi participación en estos momentos citando a un prohombre de la Patria, a alguien que debiera servirnos como guía, como tantos otros, que es Juan Bautista Alberdi, y que parece haber escrito lo que ahora voy a leer precisamente para este momento de la Nación y para esta sesión.
Escribió Juan Bautista Alberdi que la Constitución argentina es la primera que distingue la riqueza de la Nación de la riqueza del gobierno, y que mirando la última como accesoria de la primera —la riqueza del gobierno como accesoria de la riqueza de la Nación—, la Constitución halla que el verdadero medio de tener contribuciones abundantes es hacer rica y opulenta a la Nación. En efecto, ¿puede haber fisco rico de un país desierto y pobre? Enriquecer al país, poblarlo, llenarlo de capitales, ¿es otra cosa que agrandar al Tesoro fiscal? ¿Hay otros medios de nutrir el brazo, de engordar el cuerpo de que es miembro?
O sea: la Nación es hecha para el fisco y no el fisco para la Nación.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Romero.

Sr. Romero. — Señor presidente: la crisis del campo se ha corporizado en todos los sectores de la sociedad. Nadie puede negar a esta altura de los acontecimientos que este conflicto, sus alcances, los resultados y sus incidencias, van a influir en el devenir político, social y económico de los próximos años.
Nunca antes pudimos observar desde una visión central la problemática del interior: este conflicto lo ha permitido.
Estamos viviendo un momento histórico en la Argentina. Estamos viviendo un conflicto que a todas luces resulta abarcador de la problemática argentina.
Esta situación de puja de intereses entre el gobierno nacional y sectores de la producción primaria no significa que esté en discusión la legitimidad del Poder Ejecutivo nacional ni del gobierno democrático. Es natural, positivo y sano que en democracia haya disenso, pero debemos trabajar y procurar los acuerdos entres los argentinos más allá de los disensos.
Si me permiten, voy a leer algunas palabras que Juan Domingo Perón manifestó en su conferencia conocida como “Modelo Argentino para el proyecto Nacional”. En ella dijo que la sociedad argentina está integrada por el hombre de la ciudad y por el hombre del campo; el de las grandes urbes y el de los pequeños conglomerados, aún de aquellos ubicados en la lejana frontera. Todos deben participar en el esfuerzo, pero todos también deben gozar de los beneficios. La distribución regional de los ingresos debe ser también motivo de especial preocupación no sólo del Estado sino de toda la comunidad. Los gobiernos provinciales, en pleno uso de sus facultades que otorga un sistema federal, deben poner todo de sí y crear las condiciones para la solidaridad en las áreas más sumergidas.
Esa visión federal abarcativa es la que no encontramos en esta realidad.
Vengo aquí a hablar de los grandes productores, que por cierto no me molestan.
Vengo a decir que la problemática no sólo abarca al campo sino que afecta toda la cadena productiva argentina: afecta la industria, el comercio y languidece a nuestro interior.
Las distintas políticas aplicadas en los últimos años de control de precios de forma compulsiva han afectado la cadena de la carne y, en definitiva, perjudicado al país en su perfil exportador. Podemos decir —esto es algo que cada vecina lo verifica en las góndolas o en el almacén— que también fracasó el control de precios porque estos han seguido subiendo.
Aquí hablamos de producción primaria, pero quiero hablarles de dos tipos más de retenciones, que también son cuantiosas. Las provincias petroleras y gasíferas tienen retenciones. Cuando el precio del petróleo en el mundo está cerca de los 150 dólares el barril en la Argentina, por la magia de la decisión oficial, se dice que es de 40 dólares. Ese no resulta tanto el problema: lo más grave es que las regalías de las provincias se liquidan a esos 40 dólares. Entonces, las provincias no sólo pierden en el impuesto a las ganancias —del que vamos a hablar luego— sino que también está perdiendo las regalías.
Lo mismo sucede con el gas, que en boca de pozo se paga un dólar el millón de BTU pero se está tratando de importar a 5 o 6 dólares el millón de BTU. Allí también hay un subsidio de las provincias petroleras a los grandes consumidores que no se tiene en cuenta.
Hay una retención más: me refiero a la inflación, que es la retención de los pobres, de los asalariados. Más allá de los índices oficiales, la inflación quitará a fin de año por lo menos el 20 por ciento de los ingresos de las personas que tienen sueldos o ingresos fijos.
No debemos olvidarnos de los pequeños productores. Hay cerca de 180.000 familias de pequeños productores, criollos, aborígenes, que están haciendo supervivencia en las zonas más alejadas, para quienes no alcanza con la acción de las políticas sociales del INTA.
Queremos incorporarlos a la cadena productiva; que haya política para los pequeños; que haya un plan federal agropecuario para los pequeños. Debo mencionar que estima que más de 100.000 familias, entre ellas aborígenes, han migrado a las grandes ciudades para huir de la pobreza y de las dificultades.
Yo me he expresado hace más de dos meses respecto de este tema. He presentado un proyecto por el que se prevé la reducción de las retenciones en una primera etapa al 35 por ciento, para luego bajar al 20 por ciento. No quiero discriminar entre cultivos porque acá estamos hablando de la producción. No debemos caer en el detallismo intervencionista de aplicar a cada cultivo un precio. Debemos legislar a efectos de aumentar la producción en general para que vuelvan a funcionar los sistemas de carnes y lácteos, que tanto se afectaron.
No nos podemos quejar del monocultivo de la soja si nosotros mismos con políticas oficiales, con mensajes antiproductivos, con mensajes regulatorios, hemos afectado la cuenca lechera del país. Por supuesto que si para un producto más complicado, como la leche o la carne, se encuentran dificultades en el mercado, en la comercialización, en los precios, etcétera, lo más fácil será volcarse a la soja que, además de ser simple de producir, tiene precios en alza.
Este proyecto que he presentado, que pido que se inserte en el Diario de Sesiones, prevé la distribución de la coparticipación de las retenciones. Se podrá decir que originariamente eran recursos nacionales, pero después de la reforma constitucional de 1994 — como lo establece la Cláusula Sexta— todos los fondos forman la masa a distribuir, tal cual consta en el debate de la Convención Constituyente.
Por años hemos delegado facultades y funciones desde este Congreso. Debemos recuperar el prestigio debatiendo. ¡En buena hora que debatamos este tema! Pero la misión de este debate no debe ser la de ratificar una resolución sino la de encontrar una solución al conflicto; una solución que no desfinancie al gobierno —porque nadie lo quiere— pero sí que dé previsibilidad a los productores, a la inversión, y que fundamentalmente brinde atención a los pequeños productores.
¡Lo más triste es que —por más que se diga que no— estamos ratificando esa resolución, que es una decisión de menor categoría que las leyes! Estamos poniendo las cosas al revés. Las leyes deben basarse en la Constitución y la resolución en las leyes. Aquí estamos basando las leyes en las resoluciones: es el mundo al revés. ¡Y lo más triste todavía es que esa Resolución se funda en los fundamentos de la ley de facto 22.415! No me voy a extender respecto de esa norma: sólo diré que esa modificación del Código Aduanero tiene la firma de Videla y Martínez de Hoz. Entonces esas leyes, que deberían estar caducas, cuando nos conviene las utilizamos. Como contraparte, todos de acuerdo con denostar otras cosas del Proceso.
Señor presidente: el Poder Ejecutivo estaba facultado para enviar un proyecto. De hacerlo, aquí habríamos resuelto el tema. No queremos que la solución sea solamente una ratificación de la decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo.
A su vez, tengo otros textos que fundamentan la inconstitucionalidad de esta norma.
De hecho, así lo hizo saber la Academia Nacional de Derecho. Voy ahorrar tiempo a los señores senadores al no leer nada, pero a todos les consta que así se pidió: en el Senado de la Nación nos debemos la discusión de la Ley de Coparticipación que la Constitución prevé.
Lamento decir al miembro informante que durante todo el período en que fui gobernador de mi provincia nunca pude avanzar —ni pudieron hacerlo los demás gobernadores— en ningún proyecto de coparticipación. Nunca recibí alguna propuesta del anterior gobierno. No sólo no recibí propuestas sino que además, ante la ausencia de iniciativas, como ciudadano quise cumplir: por ello, mostré a la opinión pública la intención de cumplir cuando en 2000 presenté un proyecto de coparticipación para que cumplamos con la Constitución.
No creemos que los fondos se vayan a distribuir mal. Valoramos que se quieran hacer obras en el interior, pero si ese dinero fuera de las provincias, cada una sabría cómo organizar su presupuesto. Las provincias no pueden vivir de prestado; no pueden vivir a sueldo de la Nación con los programas de financiamiento. Las retenciones han ido subiendo más allá de lo racional: y ese es el conflicto: en el 2005 eran de 12 mil millones, pasamos a 14.700 en 2006, se llegó a los 20.000 millones en 2007, y hay proyecciones que indican que este año serían de 40.000 millones. Esa es una suma que debería estar acotada; una suma que, siendo razonable, debería estar a disposición de las provincias. Allí debe estar el gasto. ¡Qué mejor que las provincias para programar sus necesidades! Por supuesto que hay obras interprovinciales. De hecho, se pueden hacer acuerdos y la Nación debería liderarlos para que hayan obras interprovinciales.
Quiero recordar una cita vinculada con la coparticipación pronunciada en la Asamblea Constituyente. Allí se manifestó que nadie nos va a regalar lo que no seamos capaces de defender para las provincias y que vamos a ser responsables ante la historia por haber estado en un momento único para discutir y debatir madura y seriamente esta cuestión del federalismo. Esto lo dijo la doctora Fernández de Kirchner el 4 de agosto de 1994 en la Convención de Santa Fe.
En materia de cómo vemos este problema, creo que debemos anteponer la tolerancia; que debemos anteponer el diálogo al agravio. La descalificación, personal o sectorial, no es buena compañera. El gobierno no necesita alentar otra cosa que no sea el diálogo.
Creo que la mayoría de los argentinos queremos vivir en paz social, en orden, condenando toda forma de violencia. Y a los que creen que esto es una contienda de vida o muerte, le decimos que no lo es. Con el consenso, el diálogo y el disenso se resuelven los problemas. Creo que con diálogo podemos generar entre todos el progreso en este país.
Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente. –– Tiene la palabra el senador Pérez Alsina.

Sr. Pérez Alsina. – En primer lugar, debo decir que lamento que en el Senado de la Nación no estemos discutiendo un programa agropecuario —un programa federal que abarque todo nuestro país— con consenso, con diálogo; sin posiciones en el sentido de “sí o no”, de “aprobar o rechazar”. Ese punto de vista es muy negativo porque cualquier programa económico —ya sea industrial, laboral o agropecuario— no puede ser discutido a todo o nada. De todas maneras, distintas circunstancias nos han llevado a que hoy, nos guste o no, estemos discutiendo un proyecto que viene de la Cámara de Diputados y a que tengamos que fijar nuestra posición. Esto no quita que independientemente del resultado —y espero que sea así— al día siguiente —por decir una fecha— los legisladores, el gobierno y los sectores agropecuarios de toda índole, nos encontremos para hablar sobre cómo sigue esta historia de política rural.
Con todo respeto, debo decir que discrepo con el señor miembro informante en que acá estemos discutiendo o diciendo que quienes están en contra de esto discuten el modelo económico. Cada senador expresó su opinión o la va a expresar. En lo personal, y como
senador nacional por Salta, yo no discuto política económica porque eso es del ámbito del gobierno que legítimamente ha sido elegido por el pueblo de la Nación. Acá, nos guste o no, estamos discutiendo si ratificamos o rectificamos —y perdón por la palabra— esta desastrosa Resolución 125 que nos que ha dejado como legado un ex ministro —¡gracias a Dios que ya no está!— y que ha puesto en serios problemas al Poder Ejecutivo.
Lo que digo ahora lo dije hace más de 90 días. Acuérdense, señores senadores: dije que estábamos ante un monumental error técnico que nos iba a causar enormes problemas políticos y que iba a poner en dificultades, lamentablemente, al Poder Ejecutivo. ¡Menos mal que esos señores técnicos que nos dejaron este regalo ya no están! En ese sentido, creo que ha hecho bien el Poder Ejecutivo al despedirlos…
Acá estamos discutiendo si esta Resolución 125 es buena o si es mala. Creo que nos tenemos que limitar a eso. De lo contrario, entramos a un campo al que no tenemos que entrar. Me refiero a la politización del conflicto, que debe ser llevada por otros carriles; a las intencionalidades, etcétera.
Creo que tenemos que ver esto en toda su dimensión. Se dijo aquí que no se había
discutido a libro cerrado en la Cámara de Diputados. No voy a hablar de esa Cámara. Espero que en la Cámara de Senadores de la Nación, cuando tengamos que tratar modificaciones — o si tenemos que tratar modificaciones en algún momento— no caigamos en eso de que “ni una coma se cambia”. ¡Sería triste que el Senado de la Nación, en caso de que el proyecto no sea rechazado, no pueda modificar ni una coma! Sería como certificar que no tenemos la capacidad necesaria para corregir los distintos errores que exhibe esta Resolución 125.
Voy a dar los distintos fundamentos en el momento adecuado, pero creo que hay que aclarar algunas cosas —con todo el respeto hacia lo que han dicho los miembros informantes— sobre el proyecto venido de la Cámara de Diputados.
En primer lugar, se habló del desacople. ¡Por supuesto que estamos de acuerdo con que tenemos que desacoplar determinados productos básicos de los precios internacionales! Estoy de acuerdo. ¿Quién no puede estar de acuerdo con que los alimentos básicos de un pueblo deben estar al alcance de absolutamente todos? Eso es indiscutible; pero comparto, como ha dicho uno de los senadores de la Unión Cívica Radical, que en el caso de la soja esto no tiene nada que ver. ¿Qué estamos desacoplando si no la consumimos, salvo un 5 o 7 por ciento? ¡Y, para colmo, lo que nos viene de la Cámara de Diputados no compensa al trigo ni al maíz, alimento básico o productor de alimento básico argentino! ¿Qué se consideró con esto? Sobre ese tema ya vamos a hablar…
También se habló del INTA, un prestigiosísimo organismo nacional; pero la verdad es que me preocupó mucho cuando escuché datos de su representante donde la realidad federal no fue tenida cuenta. Dio datos que directamente eran de una sola zona. Por lo menos en la zona que yo represento —y sé que en otras también— no tiene nada, pero nada que ver con los rendimientos de hectárea que ha dado; con los valores de arrendamiento; con los valores en que se puede poner la producción: no tiene absolutamente nada que ver. Por eso no podemos tratar esto en forma uniforme, señor presidente.
También se discute, por supuesto, y se dice que si no aprobamos esto se favorece a los pools de siembra. Lamentablemente es al revés: ¡esto va a favorecer más a los pools de siembra, porque por algunas razones que vamos a dar, pequeños y medianos productores se van a ver en dificultades! Por ellas, van a tener que volver a arrendar, cuando no a vender.
Porque en los precios en que estamos hay mucho pequeños productores a los cuales no les van a arrendar: les van a ofrecer comprar. Esto no lo digo yo: lo dijo alguien que en su momento fue destacado legítimamente como modelo en cuanto a su carácter de empresario, que no debemos discutir: el señor Grobocopatel. El señor Grobocopatel ha dicho que esto va a concentrar más la producción. El ha sido llevado a otro país como modelo de producción: y bien merecido, claro. No estoy discutiendo para nada eso, porque la Argentina se va a hacer grande con la articulación y el consenso de los grandes, de los medianos y de los chicos:
entonces, eso es lo que debemos fomentar.
¡Ojalá que cuando termine este debate, se apruebe o se rechace…! Porque no debemos dramatizar que esto es “a todo o nada”; que acá empieza o termina una historia. Esto sigue, esto continúa.
Discúlpeme, señor presidente: lo vi mirando el reloj. ¡No se olvide de que soy miembro informante, y de que tengo un dictamen de comisión!
¿Por qué no voy a aprobar esta ratificación de la Resolución 125? Porque es inconstitucional; porque es regresiva; porque es confiscatoria; porque pone en peligro a pequeños y medianos productores de nuestro país, sobre todo a los del interior; porque pone en peligro los mercados a término.
Debemos recordar, señor presidente, que cuando uno habla de mercados a término parece que fuera el negocio de los grandes, que lo harán legítimamente o no; pero no nos olvidemos, señores senadores, de que los mercados a término financian nada más y nada menos que a los pequeños y medianos productores quienes, como no tienen los fondos necesarios para financiarse, recurren a los mercados a término a cambio de productos: los ponemos en peligro.
Por eso es que le llamo a esto —si me permite la expresión, señor presidente; lo digo con todo respeto— la “ley de los efectos contrarios”: porque todo lo que busca lo va a lograr al revés.
Dadas estas razones, no quiero salir de una cuestión de discusión técnica o económica.
Para mí ésta no es una cuestión política: se trata de un monumental error técnico que nos ha creado graves problemas y que los puede seguir creando si no lo cambiamos. ¡Va a favorecer más a la soja! Queríamos evitar que haya más de este cultivo, señores senadores, pero vamos a tener más y —lo que es peor— más concentrado en manos de grandes productores.
Podemos ver ya esta situación reflejada en los datos para esta siembra. Véanlos y preocúpense por estudiarlos.
Ha bajado la siembra del maíz. Están plantando y van a plantar más soja, aún dentro de esos límites mínimos. Para colmo, lo harán sin productos alternativos —tal el caso de mi provincia— con esta retención móvil.
¡Este es otro desastre del ex ministro de Economía, que no tuvo ni siquiera la claridad matemática —a pesar de hacerse llamar experto en esa área— a efectos de establecer las bases para las retenciones móviles! Ha creado un engendro que lleva a las retenciones móviles a un valor que, en el caso de mi provincia, saca el producto alternativo del maíz.
¡Quiero que lo sepan, señores senadores de otras provincias! O sea que aquel que siembre soja no va a hacer —o la hará con gran dificultad, si la hace— la rotación tan necesaria y que sirve como producto básico.
La retención móvil fue hecha realmente de una manera muy mala. Sé que hay senadores que con claridad conceptual y fundamentos no comparten este punto de vista, pero creo que es inconstitucional ratificar en forma absoluta esta resolución. Si nosotros nos fijamos lo que nos ha dejado la última reforma constitucional nos daremos cuenta, viendo los artículos 4º, 17, 75 y 99, de que no podemos delegar facultades tributarias en forma absoluta.
Los poderes tributarios siempre los tiene que tener el Congreso. Esto no quita la posibilidad, dada por razones hasta de práctica, de que no esté fijando el monto o el porcentaje de las retenciones.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado de la Nación, senador Juan Carlos Romero.

Sr. Pérez Alsina. — No sería bueno que deleguemos así: en forma absoluta. Creo que en algún momento deberíamos establecer bases para las retenciones.
Aclaro que estoy de acuerdo con las retenciones en sí. Hoy en día hay 29 países del mundo que las tienen contempladas en su política económica. ¡De ninguna manera estoy en desacuerdo con ellas! Coincido en este sentido con los senadores que me precedieron en el uso de la palabra en cuanto a que la retención sirve como política económica, como modelo de redistribución, como contención de precios. Pero creo, señores senadores, que tenemos que ver los valores.
Se habla de 33 por ciento. Yo estoy de acuerdo con varios senadores. Es verdad; lo dijo el senador Guinle en algún momento: no hay posición absoluta en cuanto al famoso 33 por ciento. Eso está dentro de un contexto tributario que la Corte se ha preocupado de aclarar en muchas oportunidades. Pero el problema es que, en determinados valores de retenciones, no nos olvidemos que no se trata del único tributo que paga un productor; y en algunos casos sí se está llegando al 50, 60 ó 70 por ciento de costo impositivo, sobre todo, en los lugares más alejados de nuestro país. De todas maneras, no quiero hacer en absoluto una discusión jurídica. Creo que no es bueno, que es inconstitucional, pero no es lo más importante de esto.
Debemos analizar también el artículo 2/. ¿Por qué es importante decirlo? Esto es algo que, de aprobarse, como Congreso entraríamos en una autocontradicción. Porque el artículo
2/ dice lo siguiente: “Lo dispuesto en el artículo precedente lo es sin perjuicio de la vigencia de las medidas dictadas y sin desmedro de las facultades ejercidas para ello en el marco de los dispositivos en ellas citados y especialmente de la ley 22.415 —Código Aduanero—…”, etcétera.
Hagamos un análisis del artículo 2/. Palabras más, resulta una realidad jurídica que lo que está diciendo es: “Aprueben esto, pero nosotros podemos seguir haciendo lo que convenientemente decidamos”. Porque estamos diciendo que se aprueba, pero que la vigencia sigue plena y absoluta en el Poder Ejecutivo. Es una autocontradicción normativa.
Para colmo, si aprobamos este proyecto, que tanta discusión ha traído y tan en vilo ha tenido al país, nos vamos a quedar con que las medidas compensatorias, que tienden a paliar a los pequeños y medianos productores, van a durar sesenta días, mientras que la delegación queda en forma permanente.
Pero ¿es que ni siquiera conocemos los ciclos agropecuarios? ¿Qué nos está pasando, señor presidente? ¿Quién nos manda esto? ¿Sesenta días? Con otro efecto contrario. Cuando todos los productores —sobre todo, los pequeños y medianos— salgan a vender en forma masiva —¡oh, paradoja!—, les va a bajar un poco el precio. Porque sepamos que este es uno de los pocos productos donde la Argentina es formadora de precios en el mercado mundial.
Defendamos eso. Está comprobado en las organizaciones económicas del mundo: formamos precio. O sea que los vamos a perjudicar más a los pequeños, que van a salir en forma masiva, hasta el 31 de octubre de 2008.
Sesenta día. O sea, tremendo lío, tremenda discusión, tremendo conflicto. Y les decimos a los señores productores: “Les vamos a compensar en sesenta días; y después veremos, vamos a decidir”. Y la delegación queda en forma permanente.
¿Por qué compensamos sólo soja y girasol? ¿Quién ha dado una explicación técnica sobre eso? ¿No saben que hay pequeños productores que alternan muchísimo con el maíz?
No voy a hablar del girasol; no lo conozco; no lo he estudiado; no es un cultivo de la zona a la cual represento. Pero calculo que también debiera ser recompensado.
El artículo 5/dice: “Se excluye del presente régimen el arrendador comerciante de granos que, siendo titular de inmueble rural lo arrienda, obteniendo como pago soja o girasol”. Pareciera que ese artículo dice: “Cualquier arrendador que comercia granos a través de su arrendamiento, es un grande”.

Sr. Presidente (Romero). — Señor senador: le recuerdo que ya ha cumplido un segundo tiempo de diez minutos.

Sr. Pérez Alsina. — Creo que tenemos veinticinco o treinta minutos.

Sr. Presidente (Romero). — Entiendo que no, de acuerdo con el Reglamento, pero…

Sr. Pérez Alsina. — ¿No se quedó ayer en que los miembros informantes podían hacer uso de la palabra durante treinta minutos, señor presidente?

Varios señores senadores. — Los jefes de bloque.

Sra. Escudero. — Él es jefe de bloque.

Sr. Pérez Alsina. — Les aclaro que soy presidente de bloque, señores senadores. Por lo menos, dénme diez minutos más.

Sr. Presidente (Romero). — Señor senador: no queremos limitarlo. Es para que sepa que debe redondear, por favor.

Sr. Pérez Alsina. — Gracias.
Estudiemos la estadística de los pequeños productores que arriendan. Dicen que hay más de 50 mil. Hay informes económicos sobre eso.
Artículo 8/. El tiempo. Delegación absoluta a la ONCAA. No nos olvidemos del artículo 18 de la Resolución 543, que directamente le da poderes absolutos, y que espero sea derogado.
Señor presidente: cuando discutamos este tema, no nos olvidemos de que, actualmente, la realidad de la explotación rural es transversal; ya no es la producción de un propietario que explota sólo su tierra, sino que hay una enorme cadena de valor, tercerizada, con profesionales, con pequeñas empresas, en distintos campos y con unidades económicas que se integran.
Precisamente, este proyecto fue concebido para lo que era una vieja unidad económica, y la producción ya no es más así. Por eso, es lamentable y me ha dado mucha pena… Alguien ha citado al presidente del Brasil. Incluso, me dio lástima que, en algún momento, hasta aludió indirectamente a nosotros, cuando dijo en la presentación de su plan agropecuario —que lanzó en Curitiba— que va a inyectar al agro 48 mil millones de dólares y “Que lo que para otros es una crisis, Brasil tiene que encararlo como una oportunidad”. ¡Qué tristeza! ¡Íbamos a ser el granero del mundo! En realidad, ya deberíamos estar en condiciones de ir hacia lo que se llama “la góndola del mundo”, con valores agregados y con productos integrados. Porque nuestra capacidad de almacenaje marca que, gracias a Dios, estamos mucho más allá de ser un granero y por encima de Brasil en ese sentido, sin hacer comparaciones odiosas.
Voy a ir cerrando mi discurso, señor presidente, atento a la limitación reglamentaria del tiempo de exposición; y para no quitar minutos a otros señores senadores.
También deberíamos recordar lo que pasó el 6 de setiembre de 1973, cuando se firmó un acta compromiso entre el gobierno y todos los sectores agropecuarios, para ir hacia un modelo integrado de articulación económica, un modelo de consenso y de comunidad. Creo que hacia eso deberíamos ir.
Por ello, en defensa del federalismo —al cual debo representar—, en defensa de mi provincia, en defensa de toda la producción, en defensa de los pequeños y medianos productores —que, sinceramente, son los que más me desvelan ante esta Resolución 125, porque los van a sacar de la producción y van a pasar a ser empleados de los grupos que manejan las grandes producciones—, en defensa de todo eso, adelanto mi voto negativo al proyecto que nos ha sido enviado desde la Cámara de Diputados.
Estoy totalmente en desacuerdo con lo que se nos ha enviado; no con las intenciones, que compartimos todos los señores senadores, lo cual debo rescatar. El problema es que tenemos que profundizar las medidas, para no lograr los efectos contrarios. Es por ello que adelanto mi voto negativo al proyecto en tratamiento.

Sr. Presidente (Romero).— Tiene la palabra el señor senador Reutemann.

Sr. Reutemann. — Señor presidente: soy de Santa Fe, un provincia en la cual todas y cada una de sus 365 localidades están vinculadas con el campo. Quienes la hayan recorrido de Este a Oeste y de Norte a Sur, saben que en ella, muchos hablan de siembra, de cosechas, de combustibles, de trigo, de maíz, de arroz, de soja, de leche, de ganado, de sequías, de lluvias, de rindes, de insumos, de máquinas, etcétera.
Santa Fe está en el corazón de la llanura pampeana; en sus tierras, los pueblos originarios cosechaban maíz hace ya 400 años. En 1527, Sebastián Gaboto trajo los primeros cincuenta granos de trigo, que fueron sembrados en el puerto de Sancti Spitiru. No en vano la primera colonia agrícola del país —Esperanza— fue fundada por Aragón Castellanos en 1853 en territorio santafesino; y no por casualidad en Rosario se encuentra el mayor polo agroindustrial del país: a través de los puertos de la zona, se exporta el 73 por ciento de los cereales y oleaginosas que enviamos al mundo. De ese mismo puerto, en 1878 se realizó la primera exportación de trigo argentino a Europa.
El período 1853—1878 marca el comienzo de la agricultura en nuestro país.
Actualmente, el país produce 48 millones de toneladas de soja y 97 millones de toneladas de cereales y oleaginosas. Para llegar a esa formidable cifra de 48 millones de toneladas, hubo que recorrer un largo camino que comenzó con la primera siembra allá por el año 60, en una ciudad de mi provincia: Arequito. En esa época, en las universidades, algunos técnicos enseñaban su cultivo casi como una curiosidad, pero, lentamente, se fue comprendiendo el tema, y la superficie sembrada comenzó a crecer y a multiplicarse. En los primeros diez años, la producción se incrementó sesenta y cuatro veces gracias al impulso chacarero, al que se sumaron los técnicos y las empresas de insumos y de maquinarias.
Pero fue en los años 80 cuando se produce la gran revolución del agro: la siembra directa. Ella constituyó un verdadero camino —el cambio del paradigma en la agricultura—, ya que simplificó las tareas de laboreo y de siembra y contribuyó a evitar la pulverización de los suelos. En ese sentido, quiero manifestar mi orgullo, admiración y respeto a los pioneros en este tema. Al ingeniero Fogante, quien en 1966 fue despedido del INTA y, a partir de ahí, se dedicó a profundizar en la experimentación de la siembra directa; y a los hermanos Rosso y a todo un grupo de productores del centro y sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba y norte de la provincia de Buenos Aires, quienes, después, darían lugar a una asociación de productores.
Con esta iniciativa, los tiempos operativos se redujeron considerablemente y pudieron sembrarse más hectáreas en un mismo período. Como consecuencia de ello, aumentó la dedicación intelectual y la capacidad de gestión en el campo. El impacto se vio reflejado también en la industria, ya que si bien las primeras máquinas de siembra directa se importaron del Brasil, al poco tiempo, nuestros industriales de las zonas de Casilda, Firmat, Armstrong, Las Parejas, Bell Ville, Cruz Alta y parte de la provincia de Buenos Aires llegaron a producir maquinaria de alta tecnología, muy superior a la extranjera, la que hoy se exporta a todo el mundo.
Casi simultáneamente, la biotecnología aportó nuevas variedades de soja, modificadas mediante la ingeniería genética, que permitió la extensión de los cultivos a zonas que antes ni se consideraban. Del núcleo de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba se llegó a Entre Ríos, Corrientes, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y a parte de La Pampa —sacándole algo de girasol y trigo—, generando un importante desarrollo de estas zonas, porque en vez de traer maquinarias y técnicos de otros lugares, empezó a contratarse los servicios en las mismas localidades. A ello hay que sumar la colocación de productos en los mercados externos, lo significó una gran fuente de ingresos y de divisas para el país, y permitió una rápida recuperación de nuestra economía. Eso posibilitó que los hijos de los pequeños productores de muchas zonas emigraran hacia esos nuevos territorios, porque los beneficios estaban allí, donde podían aportar sus conocimientos, arrendar campos y asociarse. Es decir, trabajar la tierra, progresar y vivir con sus familias dignamente.
No hay duda de ello, y el desarrollo de los pueblos del interior es una clara muestra del impacto que esto tiene, no sólo a nivel del productor, sino también de sus comunidades.
Pero también es importante que sepamos que ser productor agropecuario significa que, a veces, hay cosechas que fracasan por condiciones climáticas adversas, y que la vida de un contratista o de un agricultor no es tan simple. No todo el mundo anda en Porsche Cayenne por el campo. Hago todo este relato porque tenemos que comprender que ellos, los chacareros, son parte del reclamo; son parte de los muchos que sienten que se terminarán sus posibilidades y que están seriamente comprometidos a la hora de asumir nuevos riesgos y nuevas empresas.
Santa Fe es una de las provincias que más aporta en materia de retenciones, con el 22 por ciento del total y, por ende, una de las más afectadas en estos últimos ciento veinte días.
Mis compañeros de banca y usted, señor presidente, tuvieron oportunidad de encontrarse con todos los intendentes y presidentes comunales que han venido para acercar esa parte de la Argentina, que creció con el desarrollo del campo y hoy está detenida, esperando que se termine este conflicto con el sector más dinámico de la economía Argentina. Lo propio han hecho los legisladores provinciales de ambas Cámaras de mi provincia, quienes se han expresado por la pronta resolución de esta crisis. Con ese mandato vengo a este Cuerpo, a exponer cuál es el anhelo de todos los santafesinos en su conjunto.
Al respecto, creo necesario dejar en claro que no estoy sentado aquí, como en algunos lugares se ha manifestado, defendiendo intereses personales. No pretendo con esta afirmación negar mi condición de mediano productor, sino decir con firmeza que ocupo esta banca en nombre de los ciudadanos y ciudadanas de Santa Fe, quienes en 2003 me dieron su confianza a través del voto, para que represente los intereses de nuestra provincia en el Senado de la Nación. Por ende, en nombre de quienes me eligieron su representante, en esta oportunidad quiero manifestar que el proyecto que está en tratamiento tiene un impacto muy fuerte en casi todo el territorio de mi provincia, de corte netamente agroexportador.
Actualmente, los 16.700.000 de hectáreas de soja sembrados en el país producen 48.000.000 de toneladas, números que ya han escuchado en estos días. En 2007, ello produjo un ingreso enorme, por encima de 25 mil millones de dólares en el país, casi un 20 por ciento del PBI, y ocupó a más de una tercera parte del empleo en el país. Pero estos extraordinarios números no contemplan todas las situaciones. No contemplan las zonas que muchos han estudiado estos días, hablando de zonas muy especiales de rindes excepcionales; no contemplan que el 60 por ciento de los campos es trabajado por contratistas, lo cual significa que pagan casi 5 mil millones de pesos de alquileres; no contemplan parte de mi provincia de Santa Fe, donde hay rendimientos de 7 u 8 quintales, con lo cual hay productores que han perdido mucha plata. En esta nueva situación, debemos identificar el centro del debate, que es la clase media argentina, esa que fue protagonista de los grandes cambios sociales y que hoy está en los pueblos del interior siguiendo este tema con mucha atención.
Estoy convencido de que muchos de los pequeños y medianos productores contratistas, con la suba de los costos internos, han dejado de tener rentabilidad. Al legislar, señor presidente, tenemos la obligación de contemplar la situación de todos ellos. Pero también, tenemos otra responsabilidad igualmente importante, que es la de cuidar el futuro de todos los argentinos; incluso, el de los que no nacieron, quienes dependerán de las medidas que adoptemos para cuidar los suelos, que son nuestro mayor capital, ya que además de granos, de estos estamos extrayendo de nutrientes y minerales.
Entonces, ¿qué políticas estamos siguiendo para cuidar este recurso? Consideramos que en la zona núcleo de producción de granos, se extraen anualmente casi 4 millones de toneladas de nutrientes y se reponen, aproximadamente, 2.300.000. Se estima que el consumo de fertilizantes para sostener las cosechas futuras será de 6 millones de toneladas y se exige un uso racional de ellos, para evitar el deterioro ambiental, además de un productor dispuesto a realizar la inversión necesaria. Se calcula que cada productor debería realizar un gasto anual de casi 250 dólares por hectárea sembrada. Por eso, creo que es imprescindible evitar el desfinanciamiento del sector.
En cambio, no estamos promoviendo ninguna política de conservación sino que, por el contrario, se pretende limitar los ingresos de los productores, que son los que deben tener los recursos para hacer frente a las inversiones necesarias, a fin de mejorar los suelos e invertir en fertilizantes cuyos costos, en el caso de los fosforados, han registrado una suba equivalente al triple del valor que tenían el año pasado. Con la medida que se propone, habrá menos producción, y la tierra será menos conservada. Es decir, se está realizando el camino inverso al propuesto por la FAO a los países agroexportadores, cuando solicitaba aumentar la productividad de las actuales tierras en un 25 por ciento.
Quiero dejar en claro que de ninguna manera me opongo a las retenciones. Sé que son un factor de equilibrio social empleado por muchos países como Rusia y China. Y digo todo esto, porque, entre 2002 y 2007, mi provincia hizo una enorme contribución al Estado nacional de casi 9 mil millones de dólares. Esto amerita una discusión, como un senador lo ha explicado, según los ingresos que distribuye la Nación, aunque creo que ha llegado el momento de hablar de una nueva ley de coparticipación.
En las actuales circunstancias, dejo sentado que no me opongo a las retenciones, pero se debe llegar a un sistema que, en primer lugar, ponga a todos los sectores económicos soportando igualitariamente el problema de financiamiento público para hacer nuevos hospitales o acción social.
En segundo lugar, debe haber un sistema que mantenga el crecimiento que se estaba dando, ofreciendo certidumbre a todos los actores y, por último, fijar un sistema que no perjudique a la producción.
A partir de estas medidas, se ha hablado mucho de desojizar. Pero creo que todo hace presumir que, sobre la base de la poca cantidad de trigo que se ha sembrado, debido a las condiciones climáticas más lo caro que sale sembrar una hectárea de maíz —arriba de 500 dólares—, en la cosecha 2008-2009 se va a incrementar notablemente la siembra de soja, claro que clima mediante y ganas de sembrar de los productores. Por lo tanto, no se va a desojizar, sino que se va en sentido contrario: se va a sojizar todavía más el país, ya que no se contempla bajar las retenciones al maíz ni al trigo. Hoy deberíamos estar discutiendo el objetivo que debiera tener la Argentina sobre la base de la gran demanda de alimentos en el mundo y de pensar en los 120 millones de toneladas.
Quiero cerrar con algo que dijo el general Juan Domingo Perón —a quien han nombrado en varias oportunidades— en 1973, aludiendo a la necesidad de alimentos y recursos naturales que había en el mundo, lo cual nos obligaba a dejar de pelear por las pequeñeces y a hacerlo por un destino común y por el engrandecimiento del país.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.

Sr. Reutemann. — Perón decía: Este es un problema que hay que pensarlo, y solamente las grandes zonas de reservas del mundo tienen todavía en sus manos las posibilidades de sacarle a la tierra la alimentación necesaria para este mundo superpoblado y la materia prima para este mundo superindustrializado. Nosotros constituimos una de esas grandes reservas. Ellos son los ricos del pasado, y si sabemos proceder, seremos nosotros los ricos del futuro, porque tenemos lo esencial en nuestras reservas, mientras que ellos han consumido gran parte de lo que tienen. Frente a este cuadro, y desarrollados en lo necesario tecnológicamente, debemos dedicarnos a la gran producción de granos y de proteínas, que es de lo que más hambriento está el mundo actual.
Y terminaba diciendo: Debemos seguir adelante en la tarea de pacificar el país y unir a los argentinos, porque frente a nosotros, tenemos una situación tan grave y difícil en todos sus aspectos, que si por esta vez no somos capaces de unirnos para resolver todos los problemas que surgen de la encrucijada económica y de la situación social, política, moral, educacional y cultural del país, quizás, en el futuro, seremos los culpables de la disociación de nuestra comunidad.
Por todo lo expuesto, adelanto que no voy a acompañar el dictamen de la mayoría. En mi caso, votaré a favor del proyecto alternativo que hemos presentado con la senadora Latorre.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Verani.

Sr. Verani. — Señor presidente: quiero aclarar que hablo como presidente de bancada y como miembro informante del proyecto del bloque. Juntamente con la senadora Sánchez, hemos trabajado a conciencia en este proyecto, que tiene en cuenta cinco puntos estructurales básicos con respecto al proyecto oficial.
En primer lugar, en nuestro proyecto hemos dejado de lado los artículos 1º y 2º, sin querer abrir con esto una discusión. Al respecto, creemos que son inconstitucionales, porque violan los principios de la legalidad y de la no confiscatoriedad. Es decir, el artículo 2/ viola el principio de la legalidad, porque insiste en la posibilidad de una creación impositiva vía decreto o resolución, cuando es una facultad exclusiva del Congreso. O sea, insiste en el artículo 755 del Código Aduanero, que viola claramente el artículo 76 de la Constitución, Nacional.
Con respecto a la confiscatoriedad, consideramos que fundamentalmente se atenta
contra el artículo 17 de la Constitución Nacional respecto de la protección del derecho de propiedad. Por supuesto, reconociendo que el Estado, con su facultad de creación tributaria, tiene indiscutiblemente autoridad para ponerle un límite a ese derecho de propiedad. Sin embargo, creemos que ese límite debe estar basado en la razonabilidad y no puede excederse de determinadas escalas, sin necesidad de abundar tanto en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como, por ejemplo, el fallo del 33 por ciento, que considero absolutamente relativo. También hay un fallo, que es el caso Vizzotti, Carlos Alberto, de 2004, que deberíamos tener en cuenta.
De todos modos, yendo directamente a los que significa la estructura, hemos fijado distintas alícuotas, fundamentalmente respetando este principio que creemos basado en una facultad absolutamente legal del Estado por la cual creemos que sí debe recaudar. Por eso, decimos que es pequeño productor quien produce hasta 200 toneladas de soja; que en el maíz, es pequeño productor el que produce hasta 4.000 toneladas; y que en el trigo, al igual que en el girasol, es pequeño productor el que produce hasta 2.000 toneladas. Asimismo, establecemos una escala que va desde las 300 toneladas, donde hay una retención del 20 por ciento, y luego se van aumentando las alícuotas hasta llegar a 2.000 toneladas en lo que, significa trigo, soja y girasol; con un máximo de 28 por ciento en el trigo, un máximo de 28 por ciento en el maíz, un máximo de 33 por ciento en la soja y un máximo de 32 por ciento en el girasol. Además, por encima de ese tonelaje, respetando cualquier índice o fórmula —como se hace en el proyecto que viene de la Cámara de Diputados—, ponemos un techo que no puede superar el 48 ó 49 por ciento, porque creemos estar dentro del marco de razonabilidad, en función de la producción, que nos indican los parámetros constitucionales, respetando las coincidencias o las disidencias que tengamos al respecto.
El tercer punto es que no entendemos cómo no está fijado el costo de producción. He escuchado que los costos son regionales, y es cierto, pero hay un costo medio, como hay una producción media nacional. Hay zonas de 40 quintales, de 35 quintales, que tienen una rentabilidad diferente. Pero la media nacional es más o menos de 27 ó 28 quintales. Por lo tanto, podría haberse determinado, por ejemplo, que al 30 de abril, con una media de 28 quintales por hectárea, el costo es tanto. Entonces, si aumenta el precio, está bien que aumente la retención hasta un techo, pero si también aumenta el costo, está bien que se reste de la retención en función de la realidad que vive el país; porque los fungicidas, plaguicidas, abonos, remedios, maquinarías y su mantenimiento, luz, gas, todo, en alguna medida, sufre ajustes en el país. Por eso me parece absolutamente necesario incluir esto en el costo de producción; de lo contrario, nos estamos equivocando. Frente a un aumento de costos y a una mayor retención, evidentemente, se achica todo.
Hay otro punto que tampoco contempla el proyecto. Es cierto que podemos decir que nos debemos un proyecto nacional agropecuario. Nos debemos, y nos debemos, y nos debemos. ¿Hasta cuándo nos vamos a deber? Es cierto que nos debemos, pero mientras “nos debemos”, ¿por qué no vamos solucionando parcialmente aquello que se puede?
Tenemos rubros de inversión que deberían ser distintos, de acuerdo con la promoción y la inversión para una mayor producción nacional. Hay tierras que no están cultivadas, que están esperando el cultivo. Mi provincia, Río Negro, pierde entre 800 y 1.000 metros cúbicos por segundo en el mar. ¿Saben ustedes que tomando el agua de Arroyito, del Río Limay, por la pleniplanicie sur, la barda —como la llamamos nosotros—, haciendo un salto hidroeléctrico en Chichinale, se puede producir energía absolutamente rentable? Con una pendiente de 70 metros hasta la desembocadura del río en el mar —un lugar fascinante, que les recomiendo que visiten—, podemos hacer grandes bolsones de agua, para poner bajo riego más de 1.500.000 ó 1.700.000 hectáreas. ¡Piense, presidente: 1.700.000 hectáreas!
Tuvimos algunos interesados antes de la Perestroika. Cuando vino la Perestroika en Rusia, se nos fueron todos los inversores. También vinieron franceses e italianos a interesarse por ese proyecto. Pero nosotros, los argentinos, tenemos que estar interesados. Tenemos agua, la bendición del cielo; tenemos agua que corre por el río Negro, que nos está esperando a todos, a todos los inversores; y no nos está calificando. Sería bueno profundizar esto con créditos internacionales, nacionales, provinciales. Nosotros no podemos hacerlo. Yo he sido gobernador ocho años y me ha tocado vivir distintas etapas. Escucho hablar ahora de la nacionalización de las empresas. Me tocó ser el ejecutor terminal —como les pasó a casi todas las provincia— de todos los bancos provinciales. Pero reservamos la provincialización de nuestras grandes empresas, tal el caso del INVAP, que es del estado rionegrino, o ALTEC, que es una empresa de alta tecnología. Por su parte, Vialidad es una sociedad del Estado.
Asímismo, la empresa de aguas es del Estado de Río Negro. ¡El ferrocarril es nuestro! El CEFEPA, que nos daba pérdidas, se puso una vez de ejemplo como el tren turístico desde Viedma a Bariloche.
Pero es cierto que estamos desvencijados, que no tenemos plata para verter en la reposición de las vías; claro que queremos que el Estado nacional se asocie en el mantenimiento con nosotros. Cuando todo el mundo decía que el ferrocarril era una porquería, nosotros invertíamos en vagones de segunda traídos de España; y no para que la gente paseara, porque, de hecho, llegó a ser un tren de carga importante en toda la línea sur. Y también, en la bioceanidad, porque iba de San Antonio a Bariloche y llegaba a Chile. Y este gobierno nos está apoyando en nuestra gestión respecto de la ruta nacional 23, que también representa un corredor bioceánico terrestre para la Argentina y Chile en lo que hace a sus transportes. Por eso, de nuestra parte, estamos invirtiendo a riesgo en lugares como Salto Andes, en el río Colorado, o en lugares como Colonia María Josefa, donde empieza el Valle Medio, en Río Negro. Al respecto, en dicho lugar, había un proyecto húngaro que en la orilla del Valle Medio, en el río Negro, tomaba 80.000 hectáreas cerca de Puerto Antonio. Es decir, tenía puertos, tenía tierras para emparejar, regar y llevar. Pero este proyecto no se llevó adelante, señor presidente, porque la Argentina prohíbe el consumo de trigo blando y, entonces, se armó un desbarajuste entre ellos. Por lo tanto, no se hizo la inversión.
Con esto quiero decir que si no hay un sistema crediticio acorde para acompañar al inversor, para que invierta donde hay tierras, por qué no hacerlo, empujándolo con menos retenciones. ¿Por qué no anulamos las retenciones por algunos años, si se va a plantar maíz?
¿Por qué no aplicamos menos retenciones si se va a plantar soja? ¿Por qué no aplicamos una retención diferente, si se va a sembrar trigo? Me da la impresión de que son absolutamente necesarias estas cosas. No creo que exista un país que para tener mayor producción se pueda contemplar sin empujar los sectores involucrados..
Personalmente, creo que sí se hacen cosas desde el gobierno; y lo veo. Es más, estoy de acuerdo en muchos aspectos con el gobierno. De hecho, hemos elaborado acuerdos programáticos con este gobierno; y los respeto. Y si bien en este tema en particular opino distinto, lo sigo respetando. Al mismo tiempo, creo que si esto es un tributo, debería ser coparticipable. ¡Cuánto hemos hablado de coparticipación, queridos amigos senadores! Con los gobernadores que han estado aquí nos miramos y nos sonreímos ahora, casi con complicidad.
Tengo conmigo todas las leyes dictadas, desde la Ley 23. 548 en adelante. Hemos pasado los sufrimientos y los calvarios habidos y por haber. Hubo pactos fiscales, leyes que ratificaban los pactos fiscales, las sumas fijas de 1.358 millones coparticipables. ¡Qué bronca tener que ser un gobierno provincial en esas condiciones! Pero lo pasamos y estamos vivos.
Estamos vivos, sobre todo, lo digo por mí, que tengo algunos años más que otros. (Risas.)
Entonces, a partir de allí, por qué no coparticipamos esto si es un tributo. Fíjense ustedes que el proyecto oficial nos está dando elementos para que —si no es hoy, que sea mañana— lo coparticipemos.
Por otro lado, se crea el Fondo de Redistribución Social. En el artículo 22 del proyecto que ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, se establece que el 50 por ciento de los fondos recaudados será destinado a hospitales públicos y centros de salud; el 20 por ciento será destinado a viviendas; el 20 por ciento a caminos rurales; y el 10 por ciento al fortalecimiento de la agricultura familiar. Entonces, me pregunto: ¿quién define a qué hospitales se destinan dichos fondos? ¿O la salud no es nuestra; no la protegemos nosotros, las provincias? ¿O los hospitales no están en manos nuestras? ¿O acaso, además del Plan Federal de Viviendas, no hemos tenido siempre el manejo de lo que significaba el Fondo del Instituto Nacional de la Vivienda, donde coparticipábamos las provincias, para definir cuáles eran los planes de vivienda y dónde, de qué manera, de qué forma y con qué costos las íbamos a hacer? Y, de alguna manera, seguimos compartiéndolo, pero en lugar de hacerlo con independencia, es con interdependencia. Entonces, si esto, acá, nos da ese propósito, por qué no decir que ese fondo es coparticipable. De esa manera, este destino estaría auténticamente decidido por cada una de las provincias, que resolvería dónde, en qué proporción y de qué manera tienen que dirigirse esos porcentajes.
Señor presidente: hablando de coparticipación, en 2007 hubo un presupuesto de 154 ó 160 mil millones, y hubo 20 mil millones de pesos de recaudación; entonces, si estos hubiesen sido coparticipables, de acuerdo con la Ley 23.548, hubiésemos obtenido el 34 por ciento, es decir, 6.800 millones. El 2,62 —que es el índice de la provincia— significaría casi 200 millones. En 2007, 200 millones: son tres masas coparticipables; son siete masas coparticipables de nuestros docentes, que podríamos haber incrementado.
No le echamos la culpa a nadie, porque nos sentimos responsables o corresponsables de los defectos. Nadie tiene el propósito de decir que la culpa la tiene el otro. Y con esto hay que terminar en la Argentina; la culpa la tenemos todos. El Estado nacional ha colaborado con nosotros cuando pudo y cuando no pudo; y nosotros con él. Pero me refiero a que hemos sancionado un artículo, que es el 124 de la Constitución Nacional; y yo escuchaba hace poco tiempo, en una comisión, casi como una especie de desafío irónico, que se le decía al representante de una provincia: “Pero vos, un rato sos de tal lado y un rato sos de tal otro”, en cuanto a región. Qué raro, ¿no? Porque el artículo 124 dice que las provincias tenemos la facultad de pactar los regionalismos para las cosas que queremos. Fíjense ustedes que de 1994 hasta ahora, han pasado catorce años y no hemos pactado una región, sino que la hemos denominado. Así, hablamos del NEA, del NOA, de Cuyo, de la Patagonia, pero ¿dónde están las políticas que se regionalizan en conjunto, con verdadera pasión? ¿Por qué tenemos que incluir provincias pobres en regiones menos pobres? Creo que hay un tema que los argentinos tenemos que debatir primero, y es el de colgar, al salir, el egoísmo en la percha de nuestra casa, sobre todo, en esta misión de hacer política.
Señor presidente: quisiera agregar algo, para terminar y no impacientar a los colegas senadores. Hace poco, grabé algo que decía que pensamos distinto, pero sabemos de la necesidad de trabajar unidos, de defender la República y la democracia, y comprendemos, sobre todo, el valor insuperable que tiene para cada uno de nosotros el poder decir que estátranquilo con su conciencia. Lo dijo alguien a quien quiero mucho y al lado de quien aprendí mucho —especialmente, de democracia y pluralismo—, que se llama Raúl Alfonsín. Lo dijo
cuando fue homenajeado como ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires.
Hace poco, falleció mi único hermano. Y era un hermano en serio, de esos con los que uno se lleva bien; éramos amigos. A él le gustaba mucho escucharme decir —en los discursos y en campaña— que, a veces, uno se siente en política como el hombre que se perdía en esas montañas de nieve, en medio de la nevada; y que sabía que si se paraba, moría. Y se sentaba y, de ahí, empezaba a pensar en su ciudad, en su gente; entonces, se levantaba y seguía. Pero se volvía a caer; y empezaba a pensar en sus amigos, y se levantaba y seguía; y se volvía a caer. Y pensaba en su familia, en sus hijos, en sus nietos. Se levantó y llegó. Queridos senadores: lleguemos, que nos espera el país.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Viana.

Sr. Viana. — Señor presidente: creo que el país está…

Sr. Presidente. — Señor senador, el senador Pichetto le pide una interrupción.

Sr. Viana. — Cómo no, señor senador.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: a título informativo, ¿los que tenían presentando dictámenes y los miembros informantes han concluido? ¿Entramos ya en la exposiciones de cada senador en forma individual?

Sr. Presidente. — Sí.

Sr. Rossi. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.

Sr. Rossi. — Pedí, por favor que, como presidente de bloque, se me concedieran más de diez minutos. Igual, trataré de hablar menos de treinta minutos.

Sr. Presidente. — Estoy respetando la lista de oradores que está aquí; y si quieren alguna modificación, la hacemos. Vamos a respetar los diez minutos.

Sr. Rodríguez Saá. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: hemos quedado en que los presidentes de bloque tenemos que hablar media hora y en libertad.

Sr. Presidente. — Es así.

Sr. Pichetto. — Es así. Estoy diciendo que los autores de proyectos o miembros informantes tenían un tiempo mayor. Entonces, le preguntaba al presidente si habíamos concluido con esa primera etapa.
Señor presidente, si usted está de acuerdo, le damos la palabra al señor senador Rossi y, luego, empezamos la exposición de diez minutos por senador. Eso es lo que quería dejar clarificado.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.

Sr. Rossi. — El secretario administrativo ha hecho una lista y yo la respeto. Cuando me toque a mí, voy a usar —inclusive— menos de treinta minutos. Pero le pido que se tenga en cuenta esa condición.

Sr. Presidente. — Senador Viana, si no tiene inconveniente…

Sr. Viana. — Señor presidente: no tengo inconveniente en que se respete el acuerdo de los presidentes de bloque. Que hablen todos los autores de dictámenes y los presidentes de bloque y, luego, lo hacemos el resto de los senadores; me parece atinado. Pero si quieren que hable, entonces, hablo.

Sr. Presidente. — Así, después, respetamos los diez minutos e, inclusive, sabemos el tiempo que vamos a tener. ¿Estamos de acuerdo?

Sr. Viana. — Correcto.

Sr. Basualdo. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Basualdo.

Sr. Basualdo. — Tenemos una lista. ¿Por qué no respetamos la lista y seguimos como estábamos? Si no vamos a estar discutiendo cosas sin sentido.

Sr. Presidente. — En la lista están anotados los señores senadores Basualdo, Massoni, Corradi, Petcoff Naidenoff, Parrilli… Como ustedes lo decidan. Si quieren, respetamos la lista. No creo que haya problemas; la sesión se está desenvolviendo bien, sigamos así.
Tiene la palabra el señor senador Viana.

Sr. Viana. — En primer lugar, creo que el debate que está viviendo nuestro país es necesario, y hay un antes y un después de este famoso paro del campo. Es un debate que nos debe involucrar a todos los argentinos; y como nos está involucrando hoy, con distintas visiones, pero, también, con compromisos firmes de cada lugar, para salir hacia adelante y buscar el acuerdo y los consensos necesarios.
En mi exposición, quiero hablar como representante de una provincia como Misiones, que tiene 1.100 kilómetros de frontera con países hermanos y únicamente 100 kilómetros de frontera con nuestro país. También teniendo la visión de una Argentina federal, sabiendo que debemos profundizar ese federalismo, el cual, por causas de crisis que tuvo este país, se fue desvirtuando.
Haré un aporte a este debate desde un punto de vista que no se ha tocado mucho. Me refiero a la competitividad que como país tenemos en el exterior, la cual desde el año 2003 en adelante permitió que amplios sectores de nuestra economía crecieran en forma sistemática; del mismo modo que lo hizo el país en su conjunto, con la generación de empleos y con la baja de la desocupación. Hablamos de un país que ha crecido, prácticamente, en los cuatro años que van desde 2003 hasta 2007, en un 40 por ciento, a un promedio de un 9 por ciento anual.
De todos modos, este no es motivo de discusión. Tampoco es motivo de discusión, con diferentes matices, que la competitividad de nuestro país, la competitividad externa de nuestra economía, es la variable económica principal del crecimiento y del desarrollo que ha tenido nuestro Nación.
Nosotros podemos recordar también cómo se manifestaba esta competitividad antes, en el sector agropecuario. En las décadas pasadas, en las cuales no teníamos competitividad externa, estando en un valor de precios peso-dólar 1 a 1, lo que veíamos en nuestros campos era el abandono o la venta de los mismos a muy bajos precios, lo cual generó algo que todos los pueblos hemos padecido: florecieron kioscos, remiserías, canchas de paddle y demás actividades innecesarias con relación a nuestros pueblos y a nuestros orígenes.
Por eso es importante remarcar que esta reactivación que hoy estamos viviendo como país ocurrió mucho antes del extraordinario aumento en los precios de los commodities de exportación. Para eso es necesario ser preciso en términos históricos. La recuperación de la solvencia económica del productor agropecuario, sobre todo del pequeño productor, no ocurrió a causa de los mayores precios sino, por el contrario, fue resultado de una política económica bien precisa, cuyo eje central fue la mejora sostenida en el tipo de cambio real de la economía argentina.
No fue un golpe de fortuna el que rescató al sector agropecuario de la crisis, sino la política cambiaria, sumada a la oportuna pesificación y a la renegociación de la deuda financiera que había ahogado a muchos productores, las que produjeron esa reactivación importante, no sólo para los productores sino para la industria agropecuaria, para las exportaciones y para desarrollo de otras actividades de nuestro país.
Ahora bien, hemos dicho que esta mayor competitividad de la economía ha sido clave. Es oportuno preguntarse cómo se genera y se mantiene esta competitividad de la economía para que podamos seguir creciendo, porque tenemos que mirar en el contexto general y global para ver cómo sostenemos esa competitividad. Para esto tenemos que referirnos al régimen de la política monetaria y cambiaria vigente de la Argentina, que fue y es soporte de la mayor competitividad sistémica de nuestra economía.
A partir de la estabilización del tipo de cambio y de las variables nominales, con posterioridad a las crisis y devaluación de 2001 y 2002, en 2003 se optó por la implementación de un régimen de flotación administrada del tipo de cambio. Gracias a ella la economía ha podido mantener y estabilizar niveles de competitividad adecuados para la recuperación gradual, con normalidad, de nuestra economía.
En este régimen de explotación administrada debemos tener varios conceptos aclarados. Quiero dejar esto en claro para poder efectuar el análisis completo y poder explicar el objetivo final consistente en determinar qué son las retenciones y cuál es la política al respecto.
Se ha creado un mercado libre único de cambios. Hay una fuerte intervención activa del Banco Central en el mercado cambiario. Hay una acumulación de reservas internacionales con los excedentes positivos de esa intervención. Tenemos también un desarrollo en la estimación de una demanda de dinero esperada que determina las necesidades de circulante y de depósitos monetarios de la economía. Se crearon instrumentos de esterilización propios de la autoridad monetaria, como las letras LEBAC o NOVAC del Banco Central; la esterilización de los agregados monetarios excedentes respecto a la demanda esperada, para evitar presiones monetarias sobre la inflación; la intervención cambiaria del mercado a futuro y la redoblación de los flujos de capitales especulativos a corto plazo. Estas son medidas que hacen a que este régimen de flotación administrada tenga un tipo de cambio alto que nos haga competitivos como país.
La intervención del Banco Central en el mercado cambiario tuvo como fin principal estabilizar el tipo de cambio en niveles competitivos mediante la compra de dólares para acumular reservas, que logró disminuir esa volatilidad cambiaria, que es una de las características distintivas del régimen de flotación administrada, que logra evitar las grandes oscilaciones del tipo de cambio, que caracterizan a las economías con un tipo de cambio puramente flotante.
Nosotros podemos ver lo que pasó en Brasil, que con el tipo de cambio que se apreció en términos nominales en un 26,9 por ciento, de enero de 2006 a mayo de 2008, pasando de 2,27 reales por dólar en enero de 2006 a 1,66 reales por dólar en la actualidad. A eso también debemos sumar la intervención exitosa que hace el Banco Central acumulando reservas, lo cual hoy constituye una política que nos asegura tener un seguro anticrisis que hará que no dependamos de terceros países u otros organismos. Las políticas claras de acumulación de reservas hacen que hoy estemos por encima de los 47 mil millones de dólares, lo que ha permitido, por sobre todas las cosas, superar crisis importantes que no tenemos que dejar de lado. Me refiero a las crisis y turbulencias internacionales de 2007 y 2008, que también hemos sobrellevado sosteniendo ese tipo de cambio.
Entonces, creo que tener reservas nos ha permitido que las perturbaciones externas no impactaran en la economía. Este es justamente el rol que un seguro de estas características debe cumplir, y que acertadamente tanto este gobierno como el anterior sostienen, manteniendo este tipo de políticas para que no haya interferencias, como tuvimos en el pasado. De este modo, el hecho de mirar por el espejo retrovisor no nos impide dejar de mirar hacia adelante.
Para evitar que estos importantes saldos de la balanza comercial se conviertan en pesos y para que no generen presiones inflacionarias, el Banco Central —lo explica el presidente cuando viene a exponer la política monetaria los fines de año a este Senado— calcula la demanda esperada de agregados monetarios, es decir, el circulante más depósitos, y realiza su programa monetario anual. Todo el excedente por sobre la demanda genuina de pesos es esterilizado. Este proceso implica ni más ni menos que una regulación en el tiempo de la liquidez. Si el sector externo genera excedentes muy grandes que, al convertirse en pesos son difíciles de ser asimilados, inmediatamente esta autoridad monetaria estimula, en forma voluntaria, a los tenedores de pesos para mantenerlos en forma menos líquida, emitiendo letras. En ese sentido, y mostrando una alta prudencia monetaria, nuestro Banco Central ha esterilizado aproximadamente el 63 por ciento de las intervenciones cambiarias durante el período 2003-2007.
Es importante rescatar que esta política prudencial de acumulación de reservas y esterilización, que es parte de un esquema de flotación administrada competitiva, significa un esfuerzo importante al que debemos contribuir todos los argentinos. Hablo de 12 mil millones de dólares anuales, con recursos aportados por el Banco Central y por el Estado nacional.
Esto, sumado al mercado de valores de futuro y a la cuota necesaria que debemos tener en el trato de la regulación prudencial de los flujos de capitales especulativos a corto plazo, hace necesario e importante sostener una política de estas características.
Pero también quiero hablar especialmente del tipo de cambio. Si nos focalizamos en el tipo de cambio real con el dólar, vemos que este se ha apreciado en toda Latinoamérica.
El dólar en Brasil se apreció un 25,6; en Chile, 18,5; en Uruguay, 28,3; en Colombia, 15,8; en Venezuela, 12,4 y en la Argentina solamente 9 por ciento. ¿Qué significa eso y por qué lo estoy diciendo en nombre de mi provincia? En nuestra provincia el 1 a 1 en la política cambiaria terminó con el comercio y con nuestra industria y florecieron Encarnación y las ciudades vecinas. Hoy, estamos viendo la situación a la inversa. Por eso, hablo como misionero y defensor de esta política de retenciones, que es una herramienta sumamente importante que tiene el gobierno nacional y que permite, por sobre todas las cosas, regular una economía donde hay una excesiva rentabilidad en algunos sectores y no tanta en otros. El rol del Estado es buscar el equilibrio para que armónicamente todos los sectores de nuestra economía puedan trabajar en forma conjunta.
Es importante remarcar claramente que ha existido en la Argentina una política precisa y exitosa destinada a garantizar la competitividad para un crecimiento sustentable. No hemos llegado aquí por casualidad: nadie crece tanto por un mero rebote estadístico.
Definitivamente, no fueron hasta aquí los precios internacionales los que nos dieron el crecimiento del empleo, de la producción y de las exportaciones. Reconocer honestamente este hecho y repasar sectorialmente cómo se han beneficiado los distintos sectores productivos es crucial para discutir civilizadamente cómo se distribuye la participación de cada sector en la sostenibilidad de la competitividad económica.
Podemos hablar también del crecimiento de las exportaciones, tema sobre el cual después voy a solicitar la inserción de unos datos importantes en el Diario de Sesiones para que queden reflejados en este debate. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre con la economía ante el extraordinario aumento en los precios internacionales? Realmente, se han producido incrementos importantes que someten al exitoso modelo productivo a nuevos desafíos. Esos aumentos han sido del 120 por ciento en los commodities, desde comienzos de 2006, o del 89 por ciento desde enero de 2007.
¿Formaba parte de las previsiones de los productores o de cualquier analista económico este aumento en los commodities? Muy pocos analistas económicos daban pautas de que realmente ocurriría. Este fenómeno implica para la economía importantes consecuencias, que no se reducen seguramente a un aumento en la regulación de los exportadores y productores. Primeramente, hay un efecto sobre la propia política cambiaria, porque nos encontramos que frente a iguales cantidades de producción y exportación, la economía tenderá naturalmente a generar saldos exportables en dólares muchos mayores; esto, en cualquier economía exportadora moderna provoca, indefectiblemente, un exceso en la oferta de dólares y una presión a la baja de la divisa. Esto es lo que observamos en cuanto al comportamiento del dólar en todos los países y, sustancialmente, en la mayoría de los países emergentes.
Sé que mi tiempo es corto y hay mucho que decir. Pero no quiero dejar de marcar claramente que desde 2003 nuestra economía se desarrolló armoniosamente y a tasa extraordinaria, junto a un crecimiento del empleo y a una drástica disminución en la pobreza y en la indigencia. Hoy estamos discutiendo las alícuotas de las retenciones, porque tengo
entendido que todos los sectores políticos o, al menos, la gran mayoría de ellos han coincidido en que son necesarias. Así lo dijo el señor senador Morales aquí cuando discutimos la famosa “ley Bonasso”. Concretamente, sostuvo que “durante el transcurso de la campaña electoral nosotros planteamos en nuestra propuesta económica que íbamos a mantener altas las retenciones a la soja, con un esquema de coparticipación en materia de retención de exportaciones.”. O sea, que hay una coincidencia general en cuanto a la esencia en sí misma de un porcentaje alto en materia de retenciones. su vez, la señora Carrió, que ha sido candidata a presidenta de la Nación, habló de retenciones móviles en su plataforma electoral.
Por ello, es sumamente importante encontrar a través de este debate el mecanismo, la forma, en que se realicen las retenciones. En este espacio de diálogo, el compromiso que debemos asumir todos los que estamos aquí representando a las provincias es poner en marcha al país. Porque sabemos que después de tres meses de conflicto nuestra economía está parada, y yo creo que el camino es salir hacia adelante. El compromiso del gobierno —lo ha dicho en todos los ámbitos— es abrir la mesa de diálogo y de discusión, para que este sea el punto de partida para el encuentro de todos los argentinos y no que en este recinto estemos discutiendo la alta rentabilidad de algunas provincias que hoy se ven favorecidas por la competitividad externa. En el caso de la provincia a la que pertenezco, cuando hablo de un pequeño productor no estoy hablando de alguien que está luchando por grandes rentabilidades, sino por su supervivencia.
Ese es el país que viene y es el que tenemos que discutir, y el compromiso que todos tenemos que fijar junto al gobierno nacional, de generar un plan nacional que incluya a todos los argentinos. Es un desafío que tenemos que asumir entre todos. Creo que este es el puntapié inicial de un debate que seguramente va a ser mucho más largo y profundo, y que va a involucrar fuertemente a las provincias.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Basualdo.

Sr. Basualdo. — Señor presidente: hablaré como un senador más. No como presidente de bloque.
Nosotros tenemos que ser prácticos. A partir del 10 de marzo hubo cosas buenas y cosas malas para la Argentina. Todos hablamos de lo malo del conflicto, pero yo también quiero hablar de lo bueno del conflicto. Lo bueno del conflicto es que hoy estemos debatiendo.
En la Argentina no tenemos una política de Estado respecto del campo. Siempre hemos aplicado políticas de emergencia, a las que estamos acostumbrados desde hace muchos años. No hay una una política de Estado de aquí a quince, a veinte, a treinta años, más allá de quien gobierne.
En su gran mayoría, estamos todos de acuerdo con las retenciones, pero no de esta manera. Debemos hacer que sea algo simple y que tenga sentido común. Todos decimos:
vamos a hacerles una rebaja a los que menos producen. ¡Bárbaro! Todos coincidimos. ¿Pero para qué poner una traba fijando una retención del 50 por ciento y después reintegrar el 18 o el 20 por ciento, de modo de llegar al 30 por ciento? Si sabemos lo que produce, ¿por qué no le cobramos directamente el 30 por ciento, el 35 por ciento o lo que pactemos? ¿Por qué no le ponemos un techo a los productores más grandes? Digo esto porque también tenemos que ser confiables.
Analicemos qué se ha perdido estos tres meses. Fundamentalmente, hemos perdido tiempo, credibilidad y dinero, y eso ha producido inflación, por consiguiente, a todos los asalariados les hemos quitado el 20 por ciento del sueldo. ¿Por qué no nos ponemos todos de acuerdo y decimos qué queremos? ¿O acaso tenemos miedo a que a alguien le vaya bien? ¿En la Argentina es pecado que a un sector le vaya bien? Deberíamos potenciar eso para que a todos los sectores les vaya bien.
Estoy escuchando lo que dice el gobierno y estoy contento porque le ha ido bien, ha crecido y Dios quiera que sigamos así. Estamos todos contentos, seamos gobierno u oposición, de que a la presidenta de turno, se llame como se llame, y sea del color político que sea, le vaya bien; ya sea a esta o a la que venga en 2011, 2015, 2019.
No podemos decir: “Si a este sector le va muy bien, lo vamos a castigar”. ¿Por qué no incentivamos a los otros sectores? Este año he sido designado presidente de la Comisión de Economías Regionales y me puse muy contento, porque quería luchar por ellas. Pero, ¿qué estamos haciendo por las economías regionales? ¿Saben cuánto contribuyen las retenciones en las economías regionales? Muy poco. Si nosotros quitamos las retenciones a las economías regionales, van a trabajar muchísimo más y van poder exportar muchísimo más, porque tenemos retenciones, pocas, 10 por ciento, algunos 5 por ciento, pero para ellos es un montón. No son competitivos y después se suman los aranceles que nos cobran cuando vamos a otros países. Entonces, ¿por qué no les decimos a las economías regionales que trabajen y que produzcan más?
En lugar de desalentar a un sector al que le va bien, ¿por qué no incentivamos a los otros? ¿Por qué no nivelamos para arriba? Acá nivelamos para abajo, de forma que les vaya mal a todos. ¡No! Que le vaya bien al gobierno y que nos vaya bien a todos. Por eso, también incentivemos a las economía regionales para que les vaya bien, de forma que sean atractivas para quienes quieran invertir.
En eso tenemos que trabajar, señor presidente. Y no nos quejemos si a alguien le va bien. No es delito que a alguien le vaya bien. No es pecado que a alguien le vaya bien, porque ese señor al que le va bien genera empleo y paga muchos impuestos. Dios quiera que a toda la Argentina le vaya bien.
Saquemos ese mito de castigar al que le fue bien. Al que le fue bien debemos imitarlo y copiarlo, de forma de dar trabajo a aquellos que no lo tienen; de forma de combatir la inflación con producción. De lo contrario, con la inflación, que es el principal enemigo, le quitamos el sueldo a los asalariados.
Creíamos que los pools de siembra eran fondos de inversión extranjeros que invertían en el petróleo o en tecnología. Por mis diversas actividades he recorrido el país, y en una localidad un señor se me acercó y me dijo “yo soy un pool de siembra”. ¿Sabe quién era? Un almacenero que apostaba a un pool de siembra que era una cooperativa de trabajo. Por lo tanto, ¿es malo que la gente en vez de tener el dinero en el colchón, la ponga en un pool? El 80 por ciento de los integrantes de los pools de siembra tienen menos de 60 mil pesos; y el resto puede tener muchísimo más. Los pools hicieron que toda esa gente que tenía la plata debajo del colchón —el almacenero, el taxista, el escribano, el profesional— la pusiera a circular. ¿Qué más queremos? ¿O queremos que se nos vayan 10 mil millones de dólares al exterior, como ya sucedió? Sin duda que es mejor que el dinero quede en el país y se invierta.
Reitero: ¿qué hizo esa gente? Lógicamente, invirtió el dinero en un pool de siembra porque le daba una rentabilidad mayor que si la dejaba debajo del colchón. ¿Y qué hacían con la ganancia? Consumían, cambiaban el auto, se iban de vacaciones, arreglaban su casa; en síntesis, movían la actividad económica.
Por lo tanto, no son tan malos los pools de siembra porque posibilitaron que los productores pudieran tener mayor tecnología. Estoy de acuerdo con que les cobremos más; pero no es un pecado lo que hacen. No se trata de los grandes inversionistas extranjeros que vienen al país a especular con el petróleo, sino del común de la gente, el vecino que le tenía confianza al del pool y a quien le dijeron “si tenés 10 mil pesos, ponélos”, y logró un rendimiento del 30 por ciento en dólares. ¿Qué más queremos? Que inviertan y ganen dinero.
Eso es lo que tenemos que hacer de una buena vez por todas, y no criticar.
¿Cuántos deudores productores tenía el Banco Nación? Cuarenta mil. Hoy hay cuatro mil. Pero ¿por qué disminuyó esa cantidad, más allá de las facilidades de pago que se les brindaron? Porque lograron rentabilidad; si no hubieran conseguido ganancias, por más que se les diera cien años para pagar no iban a poder saldar sus deudas. En consecuencia, cuando tuvieron rentabilidad, pagaron. Si la gente logra rentabilidad paga sus impuestos. ¿El gobierno quiere recaudar más? Entonces tiene que dar posibilidades para conseguir rentabilidad y generar trabajo.
Tenemos que ser previsibles; caso contrario, ¿quién va a hacer una inversión si al día siguiente le cambian las reglas de juego? ¿Dónde va a invertir la gente? Debemos lograr que la Argentina sea previsible para que los capitales vengan a invertir, no hay que cambiar las reglas de juego. Porque si se las cambiamos a los productores internos, imagínense lo que piensan los extranjeros: nos van a mirar con una lupa. Debemos trabajar y ser ordenados y previsibles; de esa forma sacaremos el país adelante.
Mi voto hoy es negativo, y Dios quiera que el proyecto no sea sancionado.
Deberíamos darnos una semana más para elaborar entre todos, un proyecto unificado de la iniciativa del senador Reutemann, del proyecto de los radicales, etcétera. Yo presenté un proyecto que no logró dictamen, pero eso no me importa porque la idea es que trabajemos juntos. El propio oficialismo podría cambiar su proyecto y presentar una iniciativa nueva, que si es buena, bienvenida sea; eso es lo que queremos todos. Nadie quiere ser el autor de un proyecto, sino que se solucione el conflicto Este problema es culpa de todos. Nosotros —que somos legisladores— tenemos más responsabilidades; pero la ciudadanía en su conjunto también es responsable por no participar en política. A la política no hay que criticarla desde afuera, sino participar y cambiarla desde adentro. Yo estaba muy tranquilo en la actividad privada, pero decidí participar para cambiar lo que no me gustaba. Es por eso que invito a todos los argentinos a participar porque todos tenemos responsabilidades.
Y no hay que quejarse de los que les va bien; no debemos quejarnos si al gobierno le va bien. En ese sentido, voy a aplaudir y a apoyar las cosas buenas que haga. Y esto que estoy haciendo ahora votando en contra es apoyarlo, porque a las cosas hay que decirlas por su nombre. Si vemos que lo que hace está mal y se está equivocando, debemos decírselo e intentar que cambie el rumbo. Reitero, apoyo al gobierno votando en contra porque creo que con esta medida le hará mal al país.
Este año vencían varias deudas, y las podíamos haber pagado sin ningún tipo de problemas, porque el año pasado recaudamos 20 mil millones de dólares por retenciones.
Pero este año, por el solo hecho de que en el mundo aumentó la demanda de alimentos, vamos a recaudar más de 40 mil millones. Entonces, no tendríamos ningún inconveniente para seguir subsidiando la producción de alimentos destinados al consumo interno y pagar nuestras deudas.
Por lo tanto, nos estamos peleando por nada; la ramita nos está tapando el gran bosque que tenemos los argentinos. El mundo necesita alimentos y nosotros divisas. En consecuencia, explotemos lo que sea necesario, dejémonos de pelear y de una vez por todas elaboremos un buen proyecto.

Sr. Presidente. — Le sobraron dos minutos senador Basualdo, habló muy rápido.

Sr. Rodríguez Saá. — Pero muy bien.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Massoni.

Sr. Massoni.— Señor presidente: todo lo que se ha dicho aquí y todo lo que sucedió afuera, demuestra que hay pasión y que se está en la búsqueda de una solución. Por lo tanto, no voy a exponer ni a relatar lo que a lo mejor no domino.
A mí me llama la atención la sanción de la Cámara de Diputados, por cuanto dispone la ratificación de las resoluciones 125 y modificatorias del Ministerio de Economía y Producción. Es decir, esta ratificación implica tomar lo que había, sin adicionar nada. Implica ratificar lo que el ministro de Economía hizo, en su totalidad. Pero lo más doloroso es que el artículo 103 de la Constitución nacional establece, en lo pertinente, lo siguiente: los ministros no pueden, en ningún caso, tomar resoluciones, con excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos.
Por eso, evidentemente, el autor de la Resolución 125 no tenía competencia para su dictado. Pero la Cámara de Diputados la ha ratificado, a través del artículo 1° de su sanción.
Sin embargo, no se puede ratificar una resolución dictada por parte de quien no estaba facultado para emitirla, de acuerdo con la Constitución nacional.
La Constitución es clara en todo. No solamente en su artículo 103. Hay diez, once o doce artículos que quitan todo valor a lo que se hiciere fuera del ámbito legal constitucional.
Las pasiones, las luchas y las manifestaciones tienen que acotarse al marco constitucional.
Señor presidente: creo que no estamos preparados para trabajar, porque desconocemos prácticamente lo que dice la Constitución nacional. No lo voy a repetir. Ya lo dije en otro momento. Puedo mencionar el artículo 103, el 9, el 17, el 52, el 75, etcétera. Todos quieren decir que, si aquí se produce una ratificación, se abrirá un camino para que pueda ir a la Justicia quien corresponda. Por eso, debemos pensar en modificar esto; no podemos dejar abierto el camino.
Por su parte, el artículo 2° de la Resolución 125 no tiene valor. Menciona el artículo 755 del Código Aduanero y sin desmedro de las facultades ya ejercidas. Sin embargo, tampoco hubo facultades ejercidas a través del artículo 755, porque nunca esto pudo ocurrir, en virtud de lo establecido por el artículo 103 de la Constitución nacional. Por eso, es realmente inconstitucional esta ratificación. Espero que nosotros no hagamos lo mismo.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Corradi.

Sra. Corradi de Beltrán. — Señor presidente: he tenido la posibilidad de analizar profundamente el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y, realmente, puedo concluir que la situación para los pequeños productores ha mejorado sustancialmente.
Muchos esperábamos esto. Creo que el hecho de que se hayan fijado nuevos parámetros para incluir a más beneficiarios y determinar así, como beneficiarios de las compensaciones a quienes produzcan hasta 300 toneladas con un 30 por ciento de compensación, a quienes produzcan entre 301 y 750 toneladas, con el 35 por ciento de compensación, y entre 751 a 1500 toneladas con el beneficio de la compensación de un 35 por ciento hasta las 750 toneladas, así como también el hecho de que se hayan eliminado algunos requisitos que nos preocupaban al momento de analizar el proyecto original, el hecho de no poner un tope en la superficie sembrada ni un monto máximo en la facturación ni que la actividad principal deba ser la actividad agropecuaria son cosas que, realmente, benefician a los pequeños productores.
Con esta clase de medidas se va a beneficiar al 85 por ciento de los productores por lo que, casi en su totalidad, se responde a las demandas del sector.
Considero que en este momento es importante que se analice qué modelo de país se quiere para los argentinos. Si nos vamos a detener en esto, creo que debemos retrotraernos al año 2002 cuando, en ocasión de que se diera la posibilidad de ir a una segunda vuelta electoral para consagrar al presidente de la Nación, referentes principales de distintos partidos de la oposición anticipaban públicamente su decisión de orientar los votos hacia la candidatura del doctor Néstor Kirchner porque negaba la posibilidad, la expectativa y el deseo de repetir la experiencia de la década de los 90, que nos dejó una tasa de desocupación muy alta, una indiscriminada privatización de empresas nacionales que, realmente, eran muy necesarias para la actividad económica, y una producción muy baja. Vale decir, un modelo económico neoliberal que lograba que la libertad en la oferta y la demanda encontrara a gran parte de la población en un estado vulnerable y débil; de allí las consecuencias tan nefastas de aquella época.
En ese momento todos decidieron que el modelo que convenía a los argentinos debía ser otro. De esa forma llegó a la Presidencia de la Nación el doctor Néstor Kirchner, quien materializó muchas mejoras y muchos cambios en el país, que lograron sacarlo de la gran crisis del año 2001.
Más adelante, Cristina Fernández de Kirchner, el 10 de diciembre de 2007, en ocasión de brindar su mensaje en el Congreso de la Nación, y aun antes, durante su campaña, ratificó que trabajaría por un modelo de redistribución del ingreso y de inclusión social. Ese modelo ha sido votado por la mayoría de los argentinos. Vale decir que tiene la legitimidad y la legalidad para promover las acciones que se analizan en este momento.
Es un modelo que nos asegura la presencia fuerte del Estado en su tarea de regular, orientar y acomodar la economía para permitir que se alcance la redistribución, la inclusión social y una mayor equidad en la distribución de los ingresos.
Debemos analizar el contexto mundial ya que la realidad nos obliga a discutir una diferente redistribución de la riqueza. Hay una demanda creciente por parte del mundo, ya sea para la producción de alimentos y de biocombustibles, a la vez que un tipo de cambio alto.
Pero un tipo de cambio alto que está favorecido por la participación del Estado. Es por ello que hoy se habla de ganancias o de utilidades extraordinarias como razón para la aplicación de las retenciones. Se trata de un tipo de cambio sostenido por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, mediante la participación del Banco Central demandando dólares.
Durante la exposición de los diversos funcionarios que hemos tenido posibilidad de escuchar hemos hablado muchísimo de las retenciones. Debemos sostener que sí es constitucional porque, si bien es cierto que hay una disparidad de criterios al respecto, el hecho de que el artículo 99 de la Constitución Nacional establezca que el presidente es el responsable de la administración general del país y que el artículo 4º establezca dentro de los recursos del Estado nacional los derechos de importación y exportación, le está otorgando a la presidenta de la Nación la atribución de fijar las retenciones.
Las retenciones tienen dos objetivos y son las herramientas que le sirven al Estado nacional para, justamente, por un lado, asegurar la recaudación y, por otro lado, como un fin parafiscal, para asegurar la soberanía alimentaria. Como decía otro senador, no genera divisas pero tenemos que alimentar a los argentinos. También podemos utilizar las retenciones para lograr una diversidad de cultivos y apoyar nuestras economías regionales. Estamos empezando a trabajar en una política que beneficiará al campo, pero estamos comenzando.
Creo que esto tiene que ser una bisagra para el futuro, para avanzar en políticas directas a las economías regionales.
Escuchaba al secretario de Agricultura muy sorprendido por conocer la cantidad de medidas que se promueven desde el Estado nacional dirigidas justamente a apoyar las economías regionales en las distintas provincias. En mi provincia se produce algodón, frutas, hortalizas y se cría ganado, y realmente tenemos que pensar que aplicar las retenciones también va a servir para eso. Es decir para que, a lo mejor, en lugar de la soja se decida por la cría de ganado. ¿Por qué no contribuir en una planificación rural, en un programa más amplio, haciendo conocer a los productores de toda la política que existe en el Poder Ejecutivo nacional? Considero que esto tiene que ser una tarea de los gobernantes.
Si bien es cierto que estamos reclamando una mayor coparticipación o estamos negando que se esté haciendo una redistribución de la riqueza, creo que la redistribución de la riqueza ya ha comenzado. Digo esto porque Santiago del Estero ha sido beneficiado desde el gobierno de Néstor Kirchner en muchísimas oportunidades con la concreción de obras que desde hace mucho tiempo reclamábamos.
Al respecto, se ha suscripto un convenio de reparación histórica que demandaba la provincia, a pesar de que el gobernador de Santiago del Estero no era integrante del partido político del doctor Néstor Kirchner. Creo que estas cosas hay que resaltarlas, porque desde el Poder Ejecutivo nacional se han adoptado medidas tendientes a beneficiar al conjunto de las provincias del país. Estas cosas no hay que ocultarlas. Por eso, es tarea de los gobernadores, intendentes, senadores y diputados difundir a nuestros productores todo lo que desde la política nacional se está instrumentando.
En las reuniones que mantuvimos con los productores me mencionaban la dificultad de obtener los reintegros o las compensaciones. Con la sanción de este proyecto esto quedaría subsanado porque —y aquí sí también tiene que participar el estado provincial— permitirá la posibilidad de suscribir convenios con la ONCCA para que logremos agilizar los reintegros para los pequeños productores que van a ser beneficiados con esta medida.
Al respecto creo que están dadas las condiciones; creo que estos convenios con los municipios y las provincias tienen que darse y que esto va a contribuir en este sentido.
Estamos consignando un plazo de 30 días para lograr la devolución. Yo creo que tenemos que empezar a confiar en nuestras instituciones, en nuestros gobernantes, en exigir en el caso de los productores, de que se cumpla con las leyes, porque las leyes están para ser cumplidas.
Con relación a lo que dijo un senador de que con lo recaudado por retenciones tendría que apoyarse a las economías regionales, señalo justamente que en uno los incisos del artículo pertinente que hace referencia a la creación del fondo social se tiene en cuenta el aporte a caminos rurales y al fortalecimiento de la agricultura familiar, justamente la que desarrollan pequeños productores minifundistas, que sumados todos significan un número demasiado importante. Entonces, están contemplados.
El problema pasa porque la gente no ha tenido un conocimiento exacto del espíritu de la norma. Tenemos que permitirle a la presidenta cumplir con el deber que tiene, que es administrar los bienes del país y velar por todos los ciudadanos. No podemos decir que la medida es confiscatoria porque las retenciones —vale la pena repetirlo— tienen que servir para que el Estado cumpla sus objetivos. En la Constitución hay muchos derechos de los ciudadanos y es responsabilidad del presidente cumplirlos.
Por estas razones, y en base al análisis profundo que hemos hecho del proyecto, estoy convencida de que este modelo de país que estamos transitando, que está siendo implementado por la presidenta de la Nación, es el que le conviene a los argentinos. Espero que los productores comprendan y que nosotros sirvamos de nexo para que toda la política implementada por la presidenta de la Nación llegue a cada uno de los productores de nuestro país.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Petcoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: sinceramente creo que el gobierno pudo haberle evitado a la sociedad argentina que soportara más de 120 días de un conflicto absolutamente innecesario con el solo hecho de haber remitido oportunamente al Congreso de la Nación un proyecto de ley para que trate una de sus materias y competencias exclusivas, como es la de fijar tributos e impuestos.
Para no ser reiterativo, aclaro que no acompaño la sanción de la Cámara de Diputados por cuatro cuestiones elementales, algunas de las cuales fueron explicitadas por el miembro informante de nuestro bloque de la Unión Cívica Radical.
En primer lugar, no podemos acompañar un proyecto que ratifica la plena vigencia de la Resolución 125, dictada por el ex ministro Lousteau, que fue la que desencadenó la escalada de confrontación y que ha provocado, justamente, más de 120 días de paralización de las economías regionales del país.
Tampoco puedo acompañar una resolución que está viciada de nulidad absoluta porque se asienta en una delegación de facultades de dudosa legalidad.
Por otra parte, esta Resolución, como lo han expresado los miles de pequeños y medianos productores en Argentina, implica su certificado de defunción.
Tampoco podemos acompañar el artículo 2/ porque es mucho más grave. En efecto, por este artículo se pretende que este Congreso de la Nación delegue al Poder Ejecutivo nacional la facultad legislativa de fijar tributos e impuestos. Por cuestiones de competencia, por la letra clara de la Constitución y por el precedente jurisprudencial de la Corte, la materia tributaria es indelegable porque afecta, justamente, el principio de legalidad, que tiene que ver con que es el Congreso el único poder del Estado para fijar tributos e impuestos.
Las compensaciones han sido un fracaso en la práctica para la leche, el trigo y la carne. Entonces, mal podemos tratar de enmendar un error para mantener el pleno sustento de la Resolución 125 aplicando una receta que ya ha fracasado.
Pero sí quiero detenerme en la fundamentación que ha esgrimido el Poder Ejecutivo nacional para sustentar el dictado de esta sanción de la Cámara de Diputados. Fue cambiando de argumentos a medida que se agravaba el conflicto. En primer lugar, a través de la Resolución 125 se ha dicho que tiene como propósito evitar la suba de precios internos como consecuencia del aumento de los cereales y oleaginosas en el mercado internacional.
También escuchamos al ex presidente de la República Argentina hablar de la necesidad de garantizar la mesa de los argentinos. De hecho, la propia presidenta mencionó que debemos frenar un proceso de sojización, que debemos garantizar el pago de la deuda y, fundamentalmente, al remitir este proyecto al Congreso de la Nación se habló de mejorar la calidad institucional y de garantizar una redistribución del ingreso.
En esta cuestión me voy a detener. Soy senador por la provincia de Formosa, señor presidente, y durante este último tiempo he escuchado mucho hablar de la redistribución del ingreso. A pesar de que mi provincia cuenta con un potencial productivo enorme de más de 1.200.000 hectáreas aptas para producir, en la medida en que se invierta en tecnología y en infraestructura; y tiene 250.000 hectáreas que están aptas para producirlas, creo que solamente contamos con 80.000, por falta de acompañamiento oficial.
Soy parte de una de las provincias que presenta los peores indicadores del país en lo que respecta a pobreza, a indigencia, a mortalidad infantil y a desnutrición. Para tener una idea, los comedores infantiles tienen un presupuesto de 70 centavos por chico por día en mi provincia, señor presidente. Con respecto a la mortalidad infantil, 24 de cada mil chicos por año mueren por causas evitables, cuando la tasa media nacional de mortalidad es de 12,9 ¡Y me quieren hablar de redistribuir el ingreso, cuando lo que no se hace con el 99 por ciento del presupuesto nacional, pretenden hacerlo para el país con 400 millones de dólares como acá se ha dicho!
Creo que esto obedece a un solo propósito que es recaudar, pero sin medir las consecuencias. Se pretende recaudar y se miente en los argumentos, como nos mienten cuando nos hablan de calidad institucional. Se habla de calidad institucional, pero a nosotros no nos llega la calidad institucional, porque en mi provincia observamos como a través del “efecto Piña” se frenaron proyectos reeleccionistas, y hoy conviven en mi provincia mecanismos perversos como la ley de lemas y la reelección indefinida, que tiene que ver con la calidad institucional, y que acompaña este gobierno.
Nos mienten: nos mienten con los fundamentos, nos mienten con la inflación, nos mienten con los datos del INDEC. Por eso suceden estas cosas. Cuando la sociedad busca consenso y sentido común para evitar caer en la crispación, el gobierno responde con intolerancia, y así nos va; y así le va al país. Esperemos que este planteo del campo, que va mucho más allá de uno o dos puntos de las retenciones, nos sirva a todos. Primero, al gobierno, para que tome nota de que no hay ánimo ni clima destituyente. Lo que la gente pide es coherencia y un poco de humildad. Como lo ha dicho en más de una oportunidad nuestro presidente de bloque, un baño de humildad es lo que necesita este gobierno nacional, que no puede ofuscarse cuando se convoca al diálogo, no puede ofuscarse cuando el campo plantea un reclamo absolutamente justo. La intolerancia y la prepotencia no nos van a conducir al camino que todos queremos. El campo pide previsibilidad y quiere ponerse a trabajar. Los ciudadanos quieren cambiar el mal humor social y encontrar en un gobierno la sensatez que se perdió en estos cuatro meses.
Yo, señor presidente, quiero terminar ya que no quiero robarle el tiempo a nadie, siendo respetuoso con lo que se pactó en la reunión de labor parlamentaria por los presidentes de bloque. Con los indicadores sociales que tiene la provincia de Formosa no puedo darme el lujo de garantizarle a este gobierno mayor concentración de recursos, porque todos los senadores somos conscientes de que cada peso y cada punto de retención que le garantizamos a este gobierno nacional, es un punto que no llega a las provincias. Distinta es la situación respecto del impuesto a las ganancias que pagan nuestros productores, el cual es coparticipable. A pesar de las diferencias, con el sistema de opresión y dominación social, con el sistema de una ley perversa y de reelección indefinida, pretendo que los formoseños manejemos nuestros propios recursos, que solucionemos como estado autónomo nuestros problemas. No nos sirve gobernadores e intendentes disciplinados hacia una caja. Nos sirve recuperar el federalismo.
Por eso, señor presidente, en defensa del federalismo y de los valores republicanos, no acompaño el proyecto que ha sido sancionado por la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.

Sra. Parrilli. — Señor presidente: quiero aclarar al senador preopinante que creo que no necesitamos un baño de humildad. Hemos demostrado, a lo largo de estos años, qué camino hemos transitado en cuanto a política económica y solidaridad.
Solicito autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones. No obstante, voy a hacer algunas reflexiones sobre el tema en consideración en virtud del tiempo de que dispongo.
En primer lugar, quiero ratificar e insistir en la constitucionalidad de la atribución que tiene el Poder Ejecutivo en cuanto a disponer y fijar los derechos de importación y exportación. Quiero reiterarlo, a pesar de que es un tema que será desarrollado y que fue explicado con suficientes fundamentos en el debate de la Cámara de Diputados y por mis compañeros de bancada, muchos de ellos, expertos abogados.
También quiero resaltar la decisión de la presidenta de enviar el proyecto al Congreso para que sea ratificado. Los cambios y modificaciones introducidos lo han jerarquizado con la participación de nuevos actores y opiniones. Eso permitió que se fuera perfeccionando en beneficio de los pequeños y medianos productores.
Señor presidente: dicho esto, quiero hablarle hoy a la familia argentina. Creo que, en estos días, se han escuchado muchas voces y, a veces, es difícil entender tantos mensajes. Le pido a la familia argentina que se tome quince segundos para pensar. ¿Cómo estábamos cuando asumió el presidente Kirchner, en 2003, y cómo estamos ahora? No podemos olvidar cómo estaba nuestra familia: los hombres sin trabajo, los jóvenes sin esperanza, las mujeres haciéndonos cargo de nuestros hijos y de las frustraciones de nuestros esposos. Muchas familias se desmembraron en ese período, muchas mujeres quedaron solas en la ciudad y, también, en el campo. Hubo hombres que abandonaron su hogar, avergonzados por no poder llevar un peso a la familia; otros se perdieron en el alcohol, volcando su frustración en sus mujeres e hijos; creció la violencia familiar. La tierra no valía nada, los campos eran rematados, nuestros jóvenes hacían cola en las embajadas buscando su futuro fuera del país; a los que tenían trabajo, por más que trabajaran todo el día, el dinero no les alcanzaba. Y podría continuar enumerando efectos de esta crisis que destruyó familias enteras, y que tiene responsables, a los que conocemos muy bien. Cómo olvidarlos, con el desastre que hicieron.
Cómo olvidarlos, si nos hicieron perder la confianza en nosotros mismos; destruyeron la industria nacional. Cómo olvidarlos, si nos dejaron un país en llamas. Y lo más lamentable es que a muchos de ellos hoy los tenemos recorriendo las radios y los canales de televisión, hablando de federalismo y de democracia, pretendiendo darnos cátedra de lo que tenemos que hacer.
Señor presidente: me pregunto ¿cómo estamos hoy? Creo que nadie puede negar que estamos mucho mejor. Todos hemos sido beneficiados, de una manera u otra, con esta
política económica. No voy a hablar de números macroeconómicos, que poco se entienden.
Voy a hablar de las cosas que forman parte de lo cotidiano, diría Pichon Rivière.
Seguramente, entre las muchas familias que están escuchando, hay algún abuelo que recibió la jubilación; o un ama de casa que pudo arreglar su cocina, porque fue reconocido su trabajo en el hogar; su pibe, que se estaba por ir, consiguió trabajo; el vecino pudo cambiar el auto, la otra vecina agrandó su casa.
Muchos de nosotros pudimos ir de vacaciones, acceder a un crédito para cambiar el televisor viejo, o la heladera, o la cocina, o la computadora para que nuestro hijo pudiera seguir estudiando. Más de cuatro millones de argentinos cambiaron el subsidio por un trabajo digno, y tantas otras cosas más que, seguramente, pasarán como imágenes en nuestras cabezas y que tienen rostros. Se abrieron fábricas, se hicieron nuevos caminos, escuelas, hospitales; se sembraron muchas más hectáreas en el campo. Pero ¿por qué pudimos comenzar a reconstruir nuestras familias, nuestro país en este tiempo? Porque se fortaleció el Estado, que comenzó a estar presente. La política económica no la decidió un ministro de economía, la decidió un presidente. No fue obra de la casualidad este crecimiento, como se han permitido decir en estos días. Hubo un presidente consustanciado con un proyecto nacional que nos incluía a todos y a todas. El Estado nacional nos incluyó en su agenda, porque intervino en momentos complejos para protegernos de una economía mundial que nos excluía; un Estado que estamos reconstruyendo entre todos, un Estado que ellos se encargaron de destruir, de convertir en inservible. Y lo que es peor, nos hicieron creer que era nuestro enemigo, que sólo servía para recaudar.
Pero ¿qué nos está pasando hoy? Hace pocos meses, elegimos en las urnas a quien sería la responsable de continuar con este proyecto nacional. Es una mujer que nos debe enorgullecer a todos y que ha dado al país una excelente clase de educación cívica, porque si bien tomó una medida, lo hizo en el uso legítimo de la autoridad que le confiere la Constitución. Y luego, para darle más constitucionalidad, la mandó al Congreso. ¿Y por qué hace más de cien días que estamos hablando de este conflicto del campo? Las entidades que dicen representar al campo no pueden ser el velo que deje oculto al campesino, al trabajador rural, a los argentinos que habitan y trabajan en el campo. El Estado no puede quedar mudo frente a la injusticia social, al resurgimiento de unos pocos, dejando librada al mercado la seguridad alimentaria de la población. El Estado no puede permitir que sean unos pocos los que coman carne, leche o pan. No puede avalar que, por el beneficio de unos pocos, millones de personas queden fuera de la distribución de la riqueza y fuera del trabajo.
¿Por qué nos asustan? ¿Por qué estos pronósticos catastróficos? Hemos escuchado tantas frases, tales como: “nos destruyeron la poca rentabilidad que íbamos a tener y le hicieron creer a la gente que somos los favorecidos”, dicha por Alfredo de Angeli. “Con otro aumento de las retenciones, el interior quedará fuera de la cancha”, dicha por Miguens. “Esta campaña se reducirá en, por lo menos, 20 millones de toneladas respecto de la anterior”, sostuvo Enrique Crotto. Pronósticos todos apocalípticos, si los hay. ¿Saben cuándo fue dicho esto? ¿Ayer? ¿Hace unos días? No. Esto fue dicho por los dirigentes ruralistas hace más de seis años. Hoy lo vuelven a decir; hoy lo repiten y agregan: “¿Por qué modificar las cosas? ¡Si así como estábamos nos iba tan bien!” Sus pronósticos apocalípticos no se cumplieron.
¿Qué es lo que estamos discutiendo hoy en este recinto? Cuando el presidente Raúl Alfonsín lanzó el Plan Primavera, los presidentes de las organizaciones agropecuarias —Sociedad Rural Argentina, Confederación de Productores, Federación Agraria y Coninagro— coincidieron en que el plan era confuso y lamentable. Nos obligan a rechazarlo en todos sus términos, dijo uno de ellos. El presidente les solicitó su apoyo hasta el mes de abril, en el que prometía un tipo de cambio único y libre. Los dirigentes agrarios advirtieron que la liquidación de sus exportaciones, según el tipo de cambio propuesto, era un impuesto encubierto. Entonces, abuchearon públicamente a Alfonsín y rechazaron su propuesta.
Vuelvo a preguntarme, ¿qué estamos discutiendo hoy en este recinto? Está claro que para resolver un conflicto es necesario conocer muy bien su origen. Fundamentalmente, también, contar con la honestidad de sus actores. No estamos frente a una catástrofe económica, como lo anunciaron economistas neoliberales. No es cierto que hayamos perdido toda posibilidad de competitividad a nivel internacional. Si esto fuera así, no estaríamos discutiendo hoy la renta de los granos. Esta no es la crisis de 2001, tragedia de la que fueron responsables gran parte de aquellos que hoy plantearon la crítica frontal al derecho histórico de un gobierno de restablecer facultades estatales a partir de las cuales podamos volver a discutir la cuestión de si los argentinos vamos a comer lo que producimos con nuestro trabajo, o lo que nos den en una caja, o con una tarjeta subsidiada por el Estado mediante la cual consumiremos pan, leche, carnes y productos de segunda.

Sr. Presidente. — Señora senadora: le informo que su tiempo se ha agotado.

Sra. Parrilli. — Redondeo, señor presidente.
Vuelvo a preguntarle, señor presidente, a la familia argentina: ¿qué estamos discutiendo hoy? Estamos discutiendo un modelo de país. El que nos llevó a la crisis de 2001, por un lado, o un modelo que nos sacó de la misma, por el otro. Defendemos un modelo que no solamente recuperó la figura presidencial, sino que también recuperó la autoestima de todos nosotros. Pasamos del “no puedo” al “sí podemos”. Es un modelo que está recuperando a la familia, base de toda sociedad; un modelo que está recuperando las instituciones.
Creo que en esta Argentina de 2008, este conflicto nos ha permitido retornar al debate político, al debate de ideas. Estamos discutiendo cómo construimos entre todos esta democracia. Por eso les quiero pedir, señor presidente, a las familias argentinas que tengan confianza en nuestra presidenta; y a mis compañeros de banca, que apoyemos este proyecto.
Hoy tenemos que estar más unidos que nunca. Sabemos lo que estamos defendiendo con convicción esta iniciativa.
Compañeros de la oposición, dirigentes de la Mesa de Enlace, gente del campo: si el país fue solidario con ustedes, subsidiando el gasoil, manteniendo el dólar alto para favorecerlos en la exportaciones, recuperando las hipotecas para que no remataran sus campos y dándoles créditos para sembrar y comprar nuevas maquinarias, sean ahora ustedes solidarios con el pueblo argentino, que les dio una mano en los momentos difíciles.
Por un país solidario, por los argentinos que menos tienen y más necesitan, por mis convicciones y porque me debo al mandato de quienes me votaron, acompaño con mi voto afirmativo el proyecto elevado por la presidenta de todos los argentinos.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, senador José J. B. Pampuro.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales.

Sra. Pinchetti de Sierra Morales. — Señor presidente: quiero aclarar que presido mi bloque, Fuerza Republicana, en el Senado de la Nación, integrado por los senadores por Tucumán.
Voy a hablar en nombre de los dos integrantes del mismo, tanto del senador Salazar como en el mío propio.
Señor presidente: desde el punto de vista constitucional, muchos van a hablar en este recinto haciendo precisiones jurídicas y técnicas de mejor manera que quien les está hablando. Incluso, solicito permiso para insertar el grueso de mi discurso; no sin hacer ahora algunas reflexiones.
Al momento de jurar, cuando estaba parada aquí, con un nudo en mi garganta y con mi mano sobre la Biblia, juré que iba a respetar la Constitución Nacional. Por lo tanto, refiriéndome exactamente a esto, adelanto mi voto en contra del proyecto que ratifica la Resolución 125, por considerar que, tal como está redactado, viola la Constitución Nacional.
Para mí, en este caso, respetar nuestra Carta Magna es votar por las instituciones de la Nación; por la vigencia del Congreso; por un Poder Ejecutivo ejercido por quien fue elegido para llevarlo adelante y por un Poder Judicial independiente. Nuestra Constitución Nacional, a mi manera de ver, es el software que debe guiar al país. Es un programa del que no nos podemos apartar, por más progresista que se precie el gobierno que lo lleve adelante. En ese programa, los constituyentes reservaron para el Congreso la facultad de establecer los impuestos. Lo hicieron conscientes de que aquí se encuentran representados los intereses de todos los argentinos.
Es únicamente el Poder Legislativo, por medio de una ley formal, quien puede establecer tributos. Ni un decreto del Poder Ejecutivo, ni menos aún una resolución del Ministerio de Economía y Producción, pueden crear ni modificar válidamente los elementos esenciales de una carga tributaria. El respeto por la Constitución crea normas de juego para que los inversores internos y externos puedan venir e invertir sin riesgos. De ninguna manera el corto plazo que significa una resolución puede generar certezas, y esto es exactamente lo que nos está pasando. Lamentablemente, el conocimiento de las necesidades y dolores de cada provincia y de cada región de la República Argentina parecen estar escritos en un idioma desconocido para aquellos funcionarios que, arrogándose facultades ajenas, decidieron confiscar la renta del campo a partir de la Resolución 125. Ni siquiera entendieron que no todas las zonas ni todos los productores son iguales, y que hay actores diversos dentro de la cadena agropecuaria. Por eso, el país se paralizó y la protesta se extendió por más de ciento viente días a lo largo y a lo ancho de la geografía nacional.
Para justificar semejante desacierto, el oficialismo sostuvo que los votos obtenidos le daban derecho a ensordecer ante los reclamos de la sociedad, interpretando que la legitimidad y la legalidad del ejercicio del poder son bienes que no se agotan. Dijeron que la señora presidenta de la Nación tenía el derecho de hacer lo que hizo —o permitió hacer— porque había ganado una elección. Pero nosotros entendemos que ganar una elección significa un pacto constitucional para no violar la ley y una promesa de cumplir con lo que se prometió en campaña.
Se dijo que las retenciones gravaban la renta extraordinaria porque los precios estaban muy por encima de los costos. Pero creo que fue para sostener el aumento del gasto público, que en 2007 fue de un 43 por ciento, frente a un aumento de los ingresos de tan sólo el 33 por ciento.
Para solucionar este problema, parece más lógico y viable una reducción del gasto para disminuir la presión tributaria sobre los contribuyentes, en lugar de incrementar precisamente los tributos.
Para resolver el problema inflacionario, que se está comiendo el alimento de los pobres, hay que producir más, aumentar la oferta de bienes y servicios y, para ello, establecer condiciones mínimas de seguridad jurídica, de manera que haya inversiones y los capitales no emigren hacia plazas más seguras.
Nosotros, como Congreso de la Nación, no podemos perder la oportunidad que tenemos de legislar en beneficio de la paz social y del progreso de la Nación, porque esa es nuestra misión. Sería un acto de extrema torpeza impulsar y aprobar una ley que instale la discordia entre el pueblo argentino.
Si bajo este espíritu se vuelven a sentar en una mesa hombres del gobierno y la gente del campo, tal vez, empecemos a tener mejores y más auspiciosas noticias.
En definitiva, todos son hombres de un mismo país que pueden pensar diferente, pero deben tener una misma definición de país en el cual se quiera vivir. También sería una buena señal para aquellos que, con el argumento de colores de piel o estados patrimoniales diferentes, pretenden imponer un divisionismo en la sociedad y justifican, bajo ese pretexto,
el uso de la fuerza en cualquiera de sus metodologías.
Cuando se renegó del valor de la tierra de los campos donde producen los argentinos —que fue uno de los temas que escuchamos durante estos ciento veinte días de conflicto—, me acordé justamente de que el metro cuadrado en la Recoleta ya cuesta el doble que en la convertibilidad. Es en ese barrio donde vive la mayoría de quienes descalificaron al campo diciendo que los productores estaban parados sobre un millón de dólares, como si producir en el campo fuera ser dueño de una agencia inmobiliaria.
Entendiendo que si el sector agropecuario ha obtenido en algún momento, por circunstancias macroeconómicas, beneficios adicionales, también se debe a la gran capacidad, esfuerzo e inversiones de toda la cadena agrícola, integrada por cada uno de los productores en sus lugares de trabajo. Los insumos, las inversiones, las maquinarias y toda la tecnología aplicada a la explotación, también han sufrido incrementos a nivel global. Este sector de la economía, como otros, está vinculado con precios internacionales. No sólo los beneficios, sino las cargas y obligaciones también están atadas a precios internacionales.
Si el objetivo es preservar el poder adquisitivo de todos los habitantes, éste se protege, además, a través de la lucha contra la inflación, con el establecimiento de políticas de fomento de actividades industriales, con la planificación de políticas a largo plazo, e inversión en tecnología, en infraestructura y en energía que ubiquen a nuestro país en una posición cada vez más sólida en la economía mundial. Hoy, justamente, el crecimiento de la población mundial genera un incremento en la demanda de alimentos. Es una oportunidad histórica que tenemos los argentinos y que deberíamos aprovechar con inteligencia. Pareciera que si no sufrimos crisis provocadas por situaciones mundiales; las tenemos que provocar nosotros mismos, a través de implosiones que perjudican a todos los habitantes y no a un sector en particular.
El proyecto de país que está en juego y las metodologías a implementar son las que se deben debatir con todos los protagonistas de la escena. Justamente, nos está esperando la Argentina del Bicentenario. Y tendría que ser una Argentina plural la que debería lucirse en el bicentenario: la Argentina del campo, de la ciudad, de la industria, de la infraestructura, de las ciencias, de las artes, de la educación, de la salud y de la seguridad. Es esa misma Argentina que recibió con los brazos abiertos a miles de inmigrantes que vinieron a sembrar y a cosechar, produciendo el progreso de los pueblos.
Para ir terminando, me voy a referir a lo que sucedió en Tucumán en estos últimos 120 días. Escuché hace algunos minutos que estábamos exagerando, que esto no provocó un impacto a lo largo y ancho del país. Bueno, yo les quiero contar que mi provincia, a partir del dictado de la Resolución N/ 125, se paralizó. Mi provincia es la más pequeña del país, tiene 22 mil metros cuadrados…

Sr. Mayans. — Tiene 22 mil kilómetros cuadrados.

Sra. Pinchetti de Sierra Morales. — …y en ella confluyen dos geografías: la llanura del este, absolutamente estéril hasta que llegó la soja, y los valles y el pedemonte del oeste, que es la región productiva más importante de Tucumán.
La combinación de sus excelentes suelos y climas convierten a Tucumán en una zona de enorme diversidad productiva, y su parque industrial es el más importante y diversificado de la región. A pesar de ello, la Encuesta Permanente de Hogares, realizada sólo en el Gran San Miguel de Tucumán —lo que significa que quedan afuera más de 93 comunas del interior de la provincia, que es donde está la pobreza profunda—, marcó que el 30 por ciento de nuestra población todavía sigue siendo pobre y más del 8 por ciento está bajo la línea de indigencia. O sea que al día de hoy, en Tucumán, hay una gran cantidad de habitantes que no tienen asegurado su sustento diario. El hecho de que hoy ocho de cada cien niños no tengan su comida todos los días y el hecho de que casi treinta de cada cien padezcan privaciones deben preocuparnos, pero también ocuparnos.
A esta altura, señor presidente, usted se estará preguntando qué tiene esto que ver con el tema en discusión. Pues bien, lamento decir que esto, para mí, tiene mucho que ver: los comedores infantiles, que se habían transformado en centros de capacitación y alfabetización, abrieron sus cocinas y volvieron a preparar alimentos y hoy tienen un 30 por ciento más de niños que el año pasado comiendo en ellos. Responsables de las instituciones dijeron que cada día se ven caritas nuevas o chicos que habían dejado de ir, tal como ocurrió en la crisis de 2001 y 2002. Esta vuelta de los niños a comer fuera de sus casas se repite en los comedores de toda la provincia. Desde que empezaron a subir los precios de los comestibles, en nuestras instituciones, se ven caras nuevas, y otras, que ya eran conocidas, han vuelto a aparecer, comentó la presidenta de la Red por los Chicos. En estos comedores comen a razón de 0,65 pesos por niño y por día, menos que en Formosa, que es la provincia más pobre del país.
¿Saben por qué había crecido la pobreza y por qué los niños volvieron a comer en comedores infantiles? Porque con el dictado de la Resolución 125, en Tucumán, comenzaron los despidos y las suspensiones de los trabajadores, y volvió a faltar el pan en la mesa de los pobres. Y a aquellos que creen que esto no es cierto, que estamos hablando de un país que no existe, les digo que hay dos fábricas textiles en Tucumán: una ya cerró sus puertas y la otra ha suspendido o le ha dado vacaciones a la mitad de su personal, porque han bajado drásticamente sus ventas.
El 13 de junio pasado fue tapa de los diarios de mi provincia que teníamos la tasa de desempleo más alta del país, y en el Gran Tucumán y Tafi Viejo hay 37 mil desocupados, lo que representa el 11,5 por ciento de la población económicamente activa, y 10 mil desocupados más que durante el cuarto trimestre del año pasado.
Según voceros del gobierno provincial, este incremento de la tasa de desempleo se justificaba, en ese momento, por la paralización de las principales actividades productivas de la provincia, que son el azúcar y el citrus, porque se había realizado la medición fuera de la época de cosecha. Este solo dato —a mi entender— serviría para probar que el campo mueve mucho más que la economía a la que se refiere implícitamente; todas las demás actividades giran y se multiplican a su alrededor. Para agravar lo antedicho, en el momento en que se conocieron estos indicadores de desempleo, se lo consultó al doctor en economía tucumano Víctor Elías, quien dijo: una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía tucumana es la que lleva a menores expectativas de generación de empleos.
Según un estudio de la Dirección Provincial de Estadística, el 30 por ciento de los jóvenes que residen en el Gran Tucumán dejaron su trabajo porque era temporal, y el 28 por ciento de la población juvenil lleva más de un año buscando empleo. Esta cantidad de cifras de las que estoy dando cuenta se refiere al discurso del señor gobernador de la provincia en el Honorable Senado de la Nación, hace unas semanas atrás. En ese momento, el gobernador dijo que él se manifestaba en contra de la sojización del país, y que a Tucumán, específicamente, no le convenía el cultivo de soja por dos motivos: porque estábamos avanzando sobre la frontera agropecuaria que tenía que ver con otros cultivos, y porque daba pocos empleos.
En Tucumán, tenemos 280 mil hectáreas de soja sembrada, que dan alrededor de 8 mil puestos de empleo, directos e indirectos. Por supuesto, si lo comparamos con la actividad azucarera, ésta ocupa 220 mil hectáreas y proporciona 70 mil puestos de trabajo, directos e indirectos. Pero en mi provincia, señor presidente, cada puesto de trabajo vale oro, por los motivos que acabo de describir; porque cuando se para el campo, los pobres vuelven a la calle a “estirar la mano” para que les den de comer. Y ¿qué vamos a decirles nosotros a todos esos productores jóvenes que han decidido emprender la aventura de sembrar en la llanura del este de Tucumán o en las sierras improductivas que no tenían ningún valor? ¿Qué les vamos a decir? ¿Que no produzcan, porque el éxito en este país se traduce como delito? ¿Les vamos a decir que tienen que hacer cola frente a cualquier dirigente político que les pueda dar un plan social? O les vamos a decir que los vamos a proteger y cuidar, y los vamos a acompañar para que produzcan el despegue definitivo de este Tucumán, que todavía está entre las provincias más pobres del país.
Ese es el dilema y el modelo de país que se está discutiendo acá. Si queremos el país productivo, del despegue del interior, un país donde la riqueza se distribuya equitativamente, o queremos el país del clientelismo y de la degradación del ser humano como tal.

Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra la senadora Viudes.

Sra. Viudes.— Señor presidente, señores senadores: voy a tratar , haciendo un gran esfuerzo, de expresarme hasta donde pueda, luego insertaré.
Como senadora de una de las provincias más pobres de nuestro país, aquellas provincias del norte olvidado, no puedo dejar de decir que la que semana que pasó y en estos días escuché todo sobre retenciones, y ningún candidato político a la presidencia de la Nación, el año pasado, dejó de decir que las retenciones eran aptas.
Desde un comienzo estuve, estoy y estaré a favor de las retenciones. ¿Por qué lo digo? Porque como argentina, he sentido la necesidad de que el país sea federal. No porque mi provincia no esté en la Pampa Húmeda ni solamente aporte —al decir del representante de AACREA— 3 millones de dólares por aplicación de las retenciones, no debe tener lo que poseen las demás provincias argentinas.
Con gran dolor, sentí expresarse a pares míos de las provincias que hoy son plantadoras de soja, trigo, maíz y girasol, en el sentido de que se les retenía más y que no se les devolvía en igual proporción. Por lo tanto, ¿en qué quedó la lucha de nuestros antepasados? ¿Fueron en vano las contiendas de nuestros antepasados para que este sea un país federal? Si esa es la respuesta, por mal camino estamos yendo, si queremos la Nación grande que nos merecemos todos los argentinos, desde Jujuy a Tierra del Fuego.
No me siento excluida por pertenecer a una provincia chica. En mi provincia, la superficie plantada con soja —al decir del ministro de la Producción— no llega a las 30 mil hectáreas; no existen el trigo ni el girasol, y apenas hay maíz para el consumo interno. Por lo tanto, el proyecto en consideración no trata una materia que haga a mi provincia. Corrientes se dedica a la actividad ganadera, y es la mayor productora y exportadora de arroz del país; y los recursos obtenidos de la exportación benefician a todos los argentinos.
Por eso me duele cuando se dice “no tenemos por qué dar tanto”. ¿Cómo no vamos dar, si somos todos argentinos?
Las políticas excluyentes nos llevaron a las eternas confrontaciones de nuestro país.
¿A qué cosas positivas llevaron esas confrontaciones? A poca democracia, a gobiernos de facto y a presidentes constitucionales destituidos ilegítimamente. Todo eso no nos hizo ningún bien.
Es por ello que, como legisladora por la provincia de Corrientes, comparto lo que manifestó mi par —el senador Ríos— en el sentido de que todos somos argentinos y necesitamos participar. Y para que eso pueda darse, tenemos que compartir las retenciones, industrializar nuestro país e ir más allá.
¿Cómo puede ser que estemos discutiendo por cifras mezquinas, cuando sabemos que productos que no tienen retención valen dos o tres veces más en la vecina orilla de nuestra república hermana del Uruguay y, sin embargo, los que tienen retenciones valen 222 veces más, como la harina?
Como correntina, como luchadora y como mujer y madre, les digo que queremos un país grande. No ataquemos a un gobierno popular que sabe del sentimiento de todos los argentinos. Acompañemos hoy a esta mujer que nos está representando y, sin duda alguna, seremos una gran Nación.
Señor presidente: solicito permiso para insertar, porque en este estado no puedo hablar más.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Marín.

Sr. Marín. — Señor presidente: debo confesar que no es fácil ni cómodo, por lo menos para mí, disentir con la posición de mi bloque. Realmente, lo siento profundamente. Resulta difícil conciliar o ver que todo este tiempo no ha servido para encontrar un acuerdo en este conflicto que hoy tiene la República Argentina, que ha excedido —considero— el marco del sector rural.
Digo esto porque lo que estamos considerando, en última instancia, es un aspecto económico. Aquí se está jugando plata. Así se inició el problema. Y más aún, porque esos intereses económicos afectan a las provincias.
Particularmente, como senador de una de ellas —de la que me siento orgulloso— , debo decir que tenemos disidencias. Y creo que mis pares del bloque justicialista sabrán comprender esto.
En esos términos, quiero fijar mi posición, porque esta resolución administrativa —en mi concepto— no tiene valoraciones de índole político-partidario. Si así hubiese sido, sabría que tendría que estar en otro lugar.
No tengo ingenuidad para no ver. Creo que a excepción de este Senado, donde cada uno brindó sus puntos de vista y no “partidizó” la cuestión, hubo buenos discursos, buena prensa, buenos medios y casi se nos lleva a un planteo de tipo político. Pero para mí, este tema no es político, ni ideológico, sino, simplemente ,una cuestión de intereses.
Represento, acompaño y voy a acompañar siempre a este gobierno. Primero, porque así lo determinó la ciudadanía y, además, porque tengo una relación institucional, política y —por qué no— de afecto con mi gobierno. De tal modo que no van a encontrar en mí una posición política especulativa ni partidaria.
Me ha tocado muchas veces defender los intereses de la provincia de La Pampa. Mi provincia tiene 14 millones de hectáreas: 7 millones de ellas con montes bajos o jarillas —como les decimos nosotros—; 4 millones con montes altos o caldenes; y apenas 3 millones donde se realizan cultivos, en los que hay un promedio de lluvias que oscila entre los 250 y los 700 milímetros por año. Es decir que el 70 por ciento del territorio de la provincia de La Pampa está ocupado por jarillas y caldenes, mientras que el 30 por ciento, de acuerdo con la zona, bordea la parte productiva.
Es decir, solamente con ver un mapa de la provincia de La Pampa, podremos comprobar que es el desierto de la República Argentina. Sin embargo, con el esfuerzo y el trabajo de nuestros productores y agrónomos —quienes pusieron mucho de su tiempo, como los ingenieros Coma, Peters y Balari—, ese desierto se fue convirtiendo en un área productiva.
Somos una provincia que tiene una historia muy peculiar. Si observamos un mapa nacional, podremos ver que el mapa de la provincia de La Pampa se trazó sobre un escritorio: el único límite natural que tenemos es el del río Negro. Pero no se hizo especialmente así porque lo dibujaron, sino porque los intereses lo determinaron. Desde que Roca avanzó, quedamos como un territorio casi sobrante.
Mi provincia no es la provincia de Buenos Aires, ni Entre Ríos, ni Santa Fe, ni Córdoba. Ni por la calidad de sus suelos ni por el régimen de lluvias. Más aún, es la única provincia en la República Argentina que no tiene un río interior. Esto ha significado el esfuerzo de varias generaciones de chacareros. Para nosotros, son chacareros; no son una estadística, sino personas de carne y hueso.
En virtud de eso, quiero decir que la sanción de la Cámara de Diputados excluye todo aquello de lo que tiene necesidad la provincia de La Pampa. Fíjese, señor presidente, que es más barato para el pequeño y mediano productor plantar soja que plantar trigo o maíz, que son los cultivos más comunes de nuestra provincia, y mucho más que criar vacunos, que los hay en 4.300.000 cabezas.
A veces, escucho a los representantes de otras provincias y me da algo de envidia, porque afirman que la agricultura es una parte de la economía provincial. Pero para nosotros, es la economía. Doy algunos datos: el 89 por ciento de la recaudación del impuesto inmobiliario provincial corresponde al 24 por ciento del territorio.
No vengo a hacer la historia de la provincia de La Pampa ni mucho menos. Todavía la soja no ha invadido todo el territorio, ya que ocupa unas 200 mil hectáreas. Sin embargo, hoy se la está sustituyendo con el maní, ya que otras provincias vecinas, que tienen otro régimen de lluvias y otra calidad de tierra, sacan sus vacas hacia La Pampa y siembran soja.
Las generaciones de chacareros han logrado, gracias a su esfuerzo, domar nuestras tierras semiáridas y los médanos, y ahora deben ver cómo la soja se amplía y, en cierta forma, es manejada por los grandes pools de siembra, en virtud de la tecnología de la que disponen.
Allí, la mecánica tiene dos vertientes: el gran pool, que toma la mejor parte de nuestro territorio gracias a la tecnología, y los pequeños y medianos productores, que no tienen grandes extensiones de tierra, dado que se encuentra muy subdividida.
En el pleno furor de los cortes de ruta, ellos se produjeron en General Acha, Ataliva Roca y Victorica, donde no hay plantaciones de soja. Se trataba de aquellos que debieron vender sus vacas al cerrarse la exportación, ya que se les morían de hambre. Y así fue como aparecieron —lo dijo el colega de La Pampa— los que tenían para comprar granos baratos y venderlos a otros precios. Más aún, en muchos casos, se llegaba a cambiar una vaca por dos fardos de pasto.
Señor presidente: debo reconocer que este gobierno —mi gobierno— les facilitó a todos ellos volver a recuperar la alegría y la esperanza de saber que su campo podía obtener algunos beneficios. Así fue como veíamos a la gente poniendo alambres, postes, haciendo cosas, pero creo que eso hoy se terminó. Espero y deseo profundamente que se supere con rapidez este conflicto, cualquiera sea el resultado. No puedo dejar de manifestar que el 60 por ciento de los sojeros, según los llaman hoy, son los que ocupan las mejores tierras de La Pampa. El gran temor que tenemos hoy es que se les quiten a nuestras tierras todos los nutrientes. Los pampeanos sabemos lo que eran nuestras tierras: veníamos de un desierto.
La Nación nunca se ocupó del desierto que tiene en la mitad de la República Argentina, pero este gobierno facilitó —y lo hizo en gran forma—mucho las cosas. Debo decir esto con toda claridad: hoy hablaban del gobierno nacional; cualquiera sea, se lo tiene que tomar en las condiciones que recibió el país. Y había muy pocos que podían hacerse cargo de ello. Me constan y le constan a algún colega que está aquí las reuniones que hemos tenido. Ese es un aspecto importante, por lo menos, para nosotros.
Queríamos y queremos que esta ley también contemple a los que producen trigo, porque tenemos zonas en donde únicamente crece el trigo. Además, que contemple zonas del maíz, porque eso sirve para poder mantener en gran parte la cantidad de animales vacunos que tenemos. Por eso, la bronca que había cuando tocaron el problema de la soja, que realmente no es el tema central de La Pampa, y se olvidaron de considerar lo demás.
El país tiene una geografía muy diversa: la tenemos en nuestra provincia y la tendrá cualquier provincia. Respecto de esos 80 pueblos que tenemos en la provincia de La Pampa, le diría a mi presidenta, con mucho respecto y con el aprecio que le tengo, que cualquiera sea el resultado que hoy surja, que contemple esa situación, porque somos pocos pampeanos.
Por eso decía que no se trata de una estadística sino de personas de carne y hueso, y los conocemos a todos. El 80 por ciento de esos productores vive en el campo, no son aquellos del departamento en Barrio Norte, porque, además, no lo pueden ser. La alegría que tuvieron es haber podido comprar una camioneta en una oportunidad ¿Por qué no? Llevan generaciones trabajando en esa tierra hostil como es la provincia de La Pampa.
Nosotros somos, por ley, zona patagónica; no pertenecemos a la Pampa Húmeda.
Existe una ley que nos considera así. Más aún, después de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, en la que se autoriza a hacer regiones, la única que se hizo en aquel tiempo fue la conformada por la provincia de La Pampa, junto con Río Negro, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego y el Neuquén. El colega Verani se debe acordar.
Entonces, esta situación me llevó mucho esfuerzo; son 55 años de militancia en el peronismo. Realmente me duele no poder acompañar a los compañeros en este proyecto. Y no lo hago por la Sociedad Rural o la Federación Agraria. Fui gobernador de mi provincia durante dieciséis años, y no fui nunca a sus reuniones, porque cada vez que iba, me sacudían con todo, con razones o sin ellas. El problema no son ellos, sino nuestros chacareros. Ese es el problema.
Al respecto, encontré en el proyecto del senador Reutemann elementos que también se condicen y favorece a nuestra provincia. Fíjense qué contraste: sale más barato la soja en La Pampa que cosechar trigo o maíz. Es casi un absurdo. Por una parte, no queremos la sojización y, por la otra, están votando los avales para que cada vez sea más fuerte.
Esa fortaleza de la soja está llevando a la gente a alquilar sus campos. ¿Qué le vamos a decir? Si le pagan un alquiler que es el costo que tenía el campo hace cinco años. Hace cinco años, con 800 dólares, se compraba una hectárea en las zonas más productivas; hoy le pagan 800 dólares de alquiler por hectárea. ¿Por qué ese productor —que sabe cómo trabajar— tiene que entrar en eso?
Apoyo el proyecto del senador Reutemann, porque incluye otros cultivos como el trigo y el maíz. Eso es sustancial para nosotros; en particular, el trigo, porque no tenemos dos ciclos. Si se siembra trigo, es una vez en el año; si se siembra soja, es una vez en el año. Por eso decía que no somos Santa Fe o Buenos Aires, donde incluso pueden hacer dos cosechas; para nosotros es una, y debemos depender todo el día de lo que viene. A nuestro criterio, faltaría agregar en el proyecto que presentó el senador Reutemann —para alcanzar también a los productores pequeños y medianos—las sociedades integradas por familiares, que mi provincia las tiene y muchas.
A mi criterio faltaría incluir las diferencias por fertilizantes para la soja y también para la implantación de pasturas perennes, que es la que nos permitió combatir el desierto.
Aunque sé que he robado unos minutos para hacer mi exposición, por lo que pido disculpas, voy a permitirme acotar un párrafo más para referirme a la coparticipación.
¿Qué pasó con la coparticipación? El problema no viene de ahora, no es responsabilidad de mi gobierno, porque junto con quienes son mi gobierno y el presidente de mi partido hemos peleado muchos años por la coparticipación. Recuerdo que cuando Cavallo, entonces ministro de Economía, nos llamó para hacer el Pacto Fiscal I —Verani se debe acordar— nos sacaron el 15 por ciento de la masa coparticipable para financiar las cajas de jubilaciones que se habían transferido a la Nación. Mi provincia no transfirió la caja de previsión. No obstante ello, aportamos para que el resto de las provincias transfirieran sus cajas. Por eso no nos pueden decir a los pampeanos que no hemos sido solidarios.
Nosotros no emitimos billetes como sí lo hicieron muchas provincias, pero igualmente tuvimos que aportar desde La Pampa para que otros argentinos pudieran salir del momento difícil en que estaban.
Después del Pacto Fiscal, en 2001, se dicta el Decreto 1399 —que hoy todavía se usa para las retenciones—, firmado por Cavallo y de La Rúa. Por un lado, se define un porcentaje de todo lo recaudado por la AFIP y, por el otro, se procede a la detracción de un impuesto coparticipable, como es el IVA. El gobierno del doctor Duhalde, en virtud de ese decreto, también impuso retenciones a los productos agrícola-ganaderos. Esto significó una nueva detracción a las provincias porque sacaron esos recursos de la masa coparticipable y del IVA.
Luego hubo una resolución de la AFIP a efectos de destinar recursos para la Dirección General de Aduanas. Las provincias teníamos que pagar a la AFIP el costo a efectos de sostener una estructura de más empleados para recaudar impuestos coparticipables.
Con la representación que tengo y que me corresponde por La Pampa, así como en mi carácter de ex gobernador de esa provincia, digo que ojalá sea la última vez que no puedo acompañar a mi bloque porque lo siento profundamente. Como es indudable que los intereses de mi provincia —al menos en mi concepto— se ven afectados por este proyecto que viene de la Cámara de Diputados, acompañaré la iniciativa presenta por el senador Reutemann.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Forstmann.

Sra. Forstmann. — Señor presidente: recién acabo de escuchar a la senadora Pinchetti hablar de la sordera de este gobierno. No puedo desarrollar lo que tenía pensado sin antes por lo menos contestar algo.
Se le dice “sordo” a este gobierno que generó millones de puestos de trabajo, que le ha dado jubilación a los marginados del 90, que bajó —y sigue bajando— la pobreza y la indigencia en la Argentina, que cerró comedores escolares no por falta de plata para mantenerlos sino porque está promoviendo el programa “Comer en familia”, etcétera..
Además, se están haciendo obras en todo el país —cada de uno de nosotros, que somos representantes de las provincias, lo sabemos— que generaron un crecimiento del 8 por ciento anual. Señor presidente: no hay sordera en el Gobierno actual. Escuchamos y atendemos a todo el país, incluso, a los sectores poco solidarios. Pero ello no significa que tengamos que acatar su poco solidario mandato. Pero quiero aclarar que en la Argentina sí existieron gobiernos sordos; y no sólo fueron sordos sino que, además, esos gobiernos amordazaron a los partidos políticos y a los ciudadanos. Entonces, a quien no se callaba lo mataban.
¡Tengamos memoria porque cada uno de nosotros tiene su historia! La Argentina tiene su historia…
Provengo de una provincia petrolera y las retenciones al petróleo son altas: altísimas.
Nosotros podríamos ambicionar que esas retenciones bajaran o, tal como lo hizo alguien ya en este recinto, podríamos decir “lo que produzco yo que venga para mí”. Pero, ¿a cuánto estarían entonces la nafta y el gasoil en la Argentina? ¿Cuánto se tendría que gastar en lo que consume el aparato productivo? Nosotros tenemos una convicción absolutamente federal y solidaria; y, así como lo digo para mi provincia, lo hago para toda la Argentina.
Cada vez que reflexiono sobre esta puja entre un sector del agro y las decisiones del gobierno nacional siento que se nos quiere llevar a una involución política y económica.
Entonces, ¿saben qué me ocurre? No puedo evitar que aparezca en mi cabeza el genial Quino.
Hay una frase que ya hace varias décadas Quino le hizo decir a su personaje Manolito, que es la siguiente: “Para amasar una fortuna hay que hacer harina a los demás”. Esta frase me trae inmediatamente la imagen del señor De Angelis hablando del lomo a 80 pesos…
Por eso, hoy quiero hablar de seguridad alimentaria. Desde el mismo comienzo de la Patria como tal existieron dos corrientes de pensamiento muy claras, muy definidas, y con sus defensores en todas las épocas: por un lado, la corriente liberal individualista, materialista y estructuralmente biclasista, donde están los ricos y los pobres, y en la que la clase media tiende a desaparecer; y por el otro, la corriente nacional, socialmente comunitaria y uniclasista —basada en la doctrina social de la Iglesia—, que impulsa una democracia con participación popular así como con sentido federal y soberano. Las pocas veces que esa segunda corriente de pensamiento tuvo el poder en el país impulsó una economía independiente generando políticas de protección industrial y de inclusión social. Ello se daba en franca y clara contraposición con lo que pone de manifiesto una frase perteneciente a la Memoria de 1962 de la Sociedad Rural Argentina.
Con referencia a los veinte años anteriores —recuerdo lo acontecido en aquella época—, en 1962, la Memoria de la Sociedad Rural Argentina indicaba que para incrementar las exportaciones debía reducirse la influencia de los dos factores que la disminuyeron en esos últimos veinte años: el consumo interno y las medidas de gobierno que despojaron al campo en beneficio de una industrialización forzada, llevada a cabo en forma inorgánica. Para la Sociedad Rural Argentina era necesario —dicho en lenguaje sencillo, para que todos entendamos— que los argentinos comiéramos menos y que hubiera menos industrialización: o sea, menos puestos de trabajo.
Estas dos formas de pensar el país siguen vigentes. La corriente liberal —llevada adelante generalmente por los victoriosos de la Argentina—, tiende a cubrir con un manto de olvido las reacciones y sentires de la cultura natural del país y tiene características que, más allá de los apasionamientos que podamos poner o no, vemos claramente en muchos de los referentes políticos actuales; también en las conductas y reacciones de nuestro pueblo. Por eso decimos que es un fenómeno cultural. Por eso decimos también que coincidimos con algunas de las frases que se escuchan a diario con respecto a nuestros docentes. Yo, docente de muchos años, lo digo con toda tranquilidad: el docente forma o deforma, dependiendo de su concepto del mundo y de si está colonizado culturalmente o no.
Decía que vemos esto en muchos dirigentes políticos actuales. ¿Qué pasa con la contracara? ¿Qué se nos dice a los que somos de la Corriente Nacional y Popular?
Rápidamente se nos dice “ultranacionalistas”, “xenófobos”, “autoritarios” o simplemente bárbaros.
A partir del primer gobierno de Perón la cuestión alimentaria, que había caído después de Yrigoyen, volvió a ser clave para las políticas de Estado. Tanto el presidente como Evita se volcaron de lleno a la lucha contra la desocupación, la explotación y el hambre, mediante obras que se llevaron a cabo tanto desde el Estado como desde la Fundación “Evita”: es el momento de la industrialización del país; es el momento del IAPI. Lo digo por nombrar sólo dos aspectos que tenemos que recordar de aquella época y que tienen que ver con la seguridad alimentaria.
Hoy se citó varias veces a Perón. Yo quiero leer un trocito de un discurso suyo de 1953, pronunciado en la Escuela Nacional de Guerra el 11 de noviembre de ese año, que tiene
mucho que ver con algo que aggiornó en el 73 y que leyera el senador Reutemann hace un rato. Decía que resulta indudable que nuestro continente es la zona del mundo donde todavía, en razón de la falta de población y de su falta de explotación extractiva, está la mayor reserva de materia prima y de alimentos del mundo. Esto nos indicaría que el porvenir es nuestro y que, en la futura lucha, nosotros marchamos con una extraordinaria ventaja respecto de las demás zonas del mundo; pero nosotros estamos amenazados a que un día los países superpoblados y superindustrializados que tienen un gran poder jueguen ese poder para despojarnos de los elementos de los que nosotros disponemos en demasía con relación a nuestra población y a nuestras necesidades.
En esa alocución también decía que el 2000 nos iba a encontrar unidos o dominados; y no se equivocaba. Además expresaba —y esto tiene que ver con lo que recién mencionaba sobre la cultura— que los argentinos tenemos una larga experiencia en esto de importar ideologías, ya sea en forma total o parcial. Es contra esta actitud que ha debido enfrentarse permanentemente nuestra conciencia…

Sr. Presidente (Pampuro). — Disculpe, señora senadora: vaya redondeando, porque se acabó su tiempo.

Sra. Fortsmann. — Cómo no, señor presidente.
¡Miren la importancia del derecho a la alimentación! Vuelve a ponerse sobre el tapete en 1983 como tema recurrente en la campaña de quien fue electo presidente. Raúl Alfonsín decía —y a todos nos quedó en la memoria— que “con la democracia se come, se cura y se educa”. Después vino la década del 90 y del neoliberalismo, cuando la pobreza era una consecuencia lógica de la transferencia de ingresos a los sectores más poderosos: por primera vez después de la década infame, con la caída de Yrigoyen como consecuencia de un golpe militar, vuelven a verse familias en forma masiva buscando comida en los tachos de basura.
Con el gobierno del doctor Eduardo Duhalde y frente al impulso hacia la indigencia, devaluación mediante, se crean los planes sociales y de ayuda desde el ministerio correspondiente, cuando la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales era la actual senadora Hilda Duhalde.
En 2002 la herencia era terrible: uno de cada cinco niños en la Argentina padecía de desnutrición. El 20 por ciento se encontraba en situación de vulnerabilidad alimentaria. Si tomamos las cifras oficiales de la Encuesta Nacional de 1996, donde se afirmaba que el 13 por ciento de los niños padecía de desnutrición, veremos que durante el último gobierno de Menem y hasta en el de Duhalde la desnutrición creció un 7 por ciento.
A partir de la presidencia de Néstor Kirchner la lucha contra el hambre volvió a tomar fuerzas. Las palabras de quien fuera presidente, cuando se refería al tema, son sencillísimas:
“No tiene que faltar el pan en la mesa de los argentinos”. Era tomar el mandato de Evita cuando sostenía que, donde hay una necesidad, existe un derecho. Esto fue tomado como mandato, señor presidente, y el derecho a la alimentación se constituyó en el motor que impulsó los planes desde el Ministerio de Desarrollo Social; pero, además, marcó una política económica.
La actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, es representante de un proyecto de país de absoluto corte nacional y popular decidido a romper con el sojuzgamiento; también a promover un proceso de integración planificado —de inclusión— y que desestima toda imposición unilateral, incluida la de la Pampa Húmeda.
Para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de los argentinos se utiliza, entre otras herramientas, la correspondiente a las retenciones móviles sobre variados elementos exportables. Es evidente que debemos estimular frente a las demandas existentes…

Sr. Presidente (Pampuro) . — Por favor, senadora, ¿puede terminar?

Sra. Fortsmann. — Ya termino, señor presidente.
Hay que incrementar a producción —es cierto—, pero además debemos garantizar el desarrollo del valor agregado y el desacople de los precios internos respecto de los internacionales.
Señor presidente: las protestas de las primeras décadas tenían como disparador el hambre y la falta de oportunidades: hoy hablamos de la distribución de las rentas. Mucho ha cambiado, y para bien.
En ese contexto, un sector que busca obtener mayor lucro intenta arrogarse el derecho a quitar el sustento al pueblo argentino: es deber del Estado corregirlo mediante las medidas que considere oportunas.
Resulta incomprensible e inadmisible que, por saciar la voracidad de algunos bolsillos, no se pueda saciar la voracidad de los estómagos vacíos en la Argentina.

Sr. Presidente (Pampuro) . — Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Osuna.

Sra. Osuna. — Señor presidente: para intervenir en este debate comienzo ratificando la firme convicción y creencia sobre la necesidad de la activa participación del Estado en la vida económica.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.

Sra. Osuna. — Lo hago desde el convencimiento de que el Estado debe y puede participar —o, más propiamente, puede y debe participar—, y convencida de que las mejoras en la vida de los ciudadanos de nuestro país sólo son posibles a partir de esa intervención para ayudar a quienes, en definitiva, la voluntad y el esfuerzo personal no les alcanzan para acceder a una mejor calidad de vida Creo que el Estado tiene la responsabilidad de planificar y que no puede estar ausente en las relaciones entre el capital privado.
En verdad, la participación del Estado y sus discusiones no son cosa nueva. Quizá lo
nuevo e importante acá sea que de algún modo estemos debatiendo de qué manera participa el Estado y cómo esta intervención deriva en una mejora en la vida de los argentinos más necesitados: de aquellos a quienes todavía no les han llegado el beneficio de los avances de la economía.
Todo país democrático hoy busca distintas herramientas; distintas formas que le permitan cumplir con sus planes sociales, sin que ello de ningún modo constituya un desmedro a la libertad ni a los derechos de nadie. El p r o ye c t o q u e h o y t e n emo s e n discusión implica una de las más necesarias y pertinentes participaciones del Estado en la regulación de las fuerzas del mercado para lograr un equilibrio entre los distintos
involucrados, aprovechando efectivamente la coyuntura externa pero buscando de manera simultánea la inclusión de todos los actores sociales.
Consecuentemente, en esta etapa reciente, poco a poco el Estado ha ido recuperando a partir de la profunda crisis de 2001 su papel protagónico como responsable del bien común.
Muchas de las acciones del actual y del anterior gobierno deben ser leídas en esa clave de integridad cuyo denominador común es el bienestar colectivo. Este punto resulta central en el debate que tenemos en cuestión. Y lo es porque, efectivamente, se han tomado decisiones estratégicas que van conformando lo que nuestra presidenta llama “el modelo de inclusión social”. Este modelo tiene que ver con un crecimiento con empleo, con una más justa redistribución de la riqueza, con el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos humanos, con la renovación de la Corte Suprema y con una actitud soberana frente a los organismos financieros internacionales.
Señor presidente: podríamos citar —acá ya se ha hecho— muchos datos concretos.
Yo sólo elijo dos que en apariencia son diferentes, pero que en esencia resulta clave e idénticos: la disminución de la mortalidad infantil —mortalidad que se redujo en más de un 23 por ciento desde 2003 a la fecha— y los índices de trabajo —los índices de empleo—, ya que en igual período la desocupación ha bajado el 12 por ciento. ¿Qué vertebran estos indicadores? El formar parte de un proyecto, de una concepción del Estado, de una concepción de justicia social para todos.
En estos días se han escuchado voces, que en muchos casos, con timbre de reproche planteaban en tono de afirmación: “Si estamos bien, ¿para para qué cambiar?”. ¿Por qué cambiamos? La respuesta es una sola: hay que modificar; hay que seguir interviniendo y profundizando esta participación del Estado en el plano económico porque en la Argentina todavía queda mucho pero mucho por hacer.
Hay quienes paradójicamente han salido a señalar índices de pobreza que se incrementan y, por otro lado, a rezar para que las retenciones no suban.
Valoramos la firme decisión de nuestra presidenta de agregar más democracia a la democracia: a pesar de haber firmado la resolución en pleno uso de sus facultades constitucionales, nos giró el proyecto que tenemos en mano. Creo que todos debemos velar por esta calidad y transparencia institucional.
Me parece oportuno señalar que de nada valen las pretensiones de representación excluyente como hemos escuchado en discursos, en palabras y en consignas durante todo este tiempo: por ejemplo, “la Patria es el campo”. Tampoco sirve instalar antinomias que, realmente, por una parte, representan opuestos falsos y, por el otro lado, creo que son mucho más funcionales a las usinas del capital concentrado, curiosamente omitidas en la mayoría de los discursos quejosos contra la decisión presidencial.
Señoras y señores senadores: acá estamos discutiendo la renta agraria de la Argentina; estamos discutiendo su distribución; estamos hablando de política agropecuaria. En definitiva, estamos instalando en la agenda política un tema del que, más allá del resultado de este debate y su votación final, vamos a hacernos cargo. En esto uno confía porque acá sí ha quedado expreso en la previa —en las jornadas anteriores a este día de recinto y en el debate en la Cámara de Diputados— esta fuerte voluntad de conformar una agenda que se abra a una multiplicidad de temas, más allá de lo relativo a la resolución y a las retenciones.
Para sostener la concepción de renta agraria me voy a permitir leer un documento de trabajo de Gaggero y Grasso: “En un planteo más analítico es posible una precisión técnica que identifica en las ventas al exterior un doble margen ganancial que surge de una rentabilidad ‘normal’, calculada como diferencia entre el costo total y el precio de venta de los productos respectivos, expresado en moneda homogénea; y una utilidad o margen adicional, ‘extraordinario’ —vale decir, no intrínseco a dicha actividad económica— sino consecuencia directa de la fuerte subvaluación del peso, debida a la política cambiaria adoptada por el Estado y sostenida por todo el Pueblo. Y además sobre el incremento exponencial de los precios internacionales de granos”. Entonces, tenemos la oportunidad excepcional de poner en cuestión el tema agrario, pero también otros intereses que están jugando en este conflicto. ¿Para qué? Para sincerar los datos sobre rentabilidad, rindes y costos; para definir y consensuar con claridad cuáles y cómo son los nuevos actores del campo argentino; para “desencubrir” cómo operan los grandes proveedores de insumos y las grandes multinacionales de exportación; para regularizar la precaria situación laboral de miles de trabajadores rurales.
En este sentido, tengo en mis manos un informe oficial de la Dirección Provincial de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos, mi provincia, según el cual la cantidad de trabajadores rurales asciende a 79 mil, de los cuales se encuentra registrado un 50,6 por ciento y sin registrar un 49,4 por ciento. ¡Vaya si no es un tema para considerar junto con este mismo tenor de debate que estamos teniendo!
Una cuestión que me parece oportuna es…

Sr. Presidente. — Senadora: le aviso que ya lleva diez minutos de su tiempo…

Sra. Osuna. — Termino, señor presidente.
Una cuestión que me parece oportuna es hacer una rápida referencia a cuestiones históricas.
Hacia mediados de los 30 Lisandro de la Torre denuncia maniobras dolosas con los frigoríficos. ¡Y, en verdad, la denuncia se viste de drama en este mismo recinto que hoy nos cobija! Puedo mencionar a la Ley Antipalúdica del 47 —entre otras medidas—, que obligaba a fumigar los campos: fue severamente cuestionada por razones relativas a la propiedad privada de la tierra; la sanción del Estatuto del Peón Rural del 44, reglamentada en el 49, que protegía y dignificaba al trabajador rural, que también fue resistida.
¿Por qué traigo esto a colación? Porque evidentemente hay una resistencia y una recurrencia histórica tendiente a agudizar la crítica a la acción del Estado cuando ésta se traduce en intervenciones que reducen márgenes de ganancia.
¿Cuál es la situación de los productores en este momento? En todas las reuniones realizadas con productores —he participado de varias, grupales e individuales— ante preguntas en el sentido de “¿cómo están?, ¿han ganado? ¿cómo está esa rentabilidad?” nadie, absolutamente nadie, me ha confirmado que pierden. ¿Cuál es la dificultad que plantean? El futuro, las consecuencias.
Quiero ser breve, presidente, pero en este sentido me parece esclarecedor citar algunas declaraciones: “Nos destruyeron la poca rentabilidad que íbamos a tener y le hicieron creer a la gente que somos los favorecidos”. “Con otro aumento de las retenciones, el interior quedará fuera de la cancha”. “Esta campaña se reducirá, por lo menos, en 20 millones de toneladas respecto de la anterior.” Estas y otras declaraciones fueron hechas y publicadas por los diarios Clarín y La Nación en 2002. ¿Qué fue lo que pasó a partir de entonces? La producción siguió incrementándose. Así, los datos que dan cuenta del crecimiento y de la rentabilidad del comercio exterior de granos en la Argentina son altamente favorables.
La provincia de Entre Ríos ha tenido catástrofes en serio: una de ellas arrasó; destruyó a los productores. De hecho, justamente obligó a los entrerrianos a manejarse con un billete al que de manera paradójica se llamó “federal”. En la Secretaría de la Producción del gobierno del doctor Sergio Alberto Montiel se desempeñaban referentes que hoy integran la Mesa de Enlace, que ha tenido la publicidad necesaria, y que todos conocemos.
El miembro informante ya dio cuenta acá de los beneficios y mejoras que ha tenido el proyecto. En virtud de esas mejoras y de que los reclamos que hemos tenido señalaban la necesidad de atender a nuestra provincia, Entre Ríos, con la devolución y reintegros por flete a través de una franja productiva que considere especialmente a los pequeños productores, señalo que este proyecto da cuenta de ello.
En definitiva, es necesario señalar que el tema y la agenda agropecuarios de ningún modo se agotan acá. En ese sentido, quiero confirmar que he presentado, junto al senador Guastavino, una serie de proyectos vinculados con los fertilizantes y con las economías regionales. También vamos a apoyar y debatir iniciativas que hoy están en la Cámara de Diputados de la Nación, como el proyecto de ley de arrendamiento, para ayudar efectivamente a mejorar los derechos legítimos de la integralidad de los productores agropecuarios.
También quiero decir que en esta sesión asumo el compromiso de acompañar una agenda que contribuya a instalar definitivamente el debate sobre la coparticipación federal, pero desde una perspectiva que deje de lado el falso concepto de federalismo —como decía el señor senador Ríos antes— y planteando una participación devolucionista. Vamos a apoyar un federalismo fiscal con base de distribución y que contribuya a achicar las brechas de desigualdad entre las provincias.
Por último, quiero asumir el compromiso de contribuir a develar el accionar de la empresa multinacional Monsanto; y lo hago porque creo que este es un grave tema pendiente.
Hoy se habló de las bondades de la siembra directa. Creo que es nuestra responsabilidad abrir un gran interrogante sobre la siembra directa y sobre quienes la impulsan como, por ejemplo, la Asociación de Productores de Siembra Directa, AAPRESID.
Por otra parte, y al mismo tiempo, se han desarrollado importantísimas investigaciones, como por ejemplo la identificación de relaciones entre salud rural y exposiciones a factores ambientales de la Pampa Húmeda argentina, desarrollada por el Hospital Italiano, la Universidad de Rosario y el INTA. Además tenemos la Cátedra de Ecología de la Facultad Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, que desarrolla el cultivo e investigaciones sobre el cultivo intensivo de la soja mediante siembra directa por el uso de glifosato.

Sr. Presidente. — Quince minutos llevamos, senadora. Le aviso para ver si puede redondear.

Sra. Osuna. — Por su parte, el Laboratorio de Departamento de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, justamente pone en cuestión el impacto del glifosato —que es el producto condición para la siembra directa— en la vida y en la salud de las personas que están expuestas a su influencia, en el suelo y en el agua.
Para terminar, quiero dejar en claro que mi voto positivo me compromete en el resguardo del cumplimiento de esta ley y de las mejoras que se han incorporado, y que ejerzo mi voto en el pleno y más libre uso de mis convicciones más profundas.
Muchas gracias.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Nikisch.

Sr. Nikisch.— Después de haber escuchado todos estos días a intendentes y a dirigentes agropecuarios, quiero arrancar diciendo que pertenezco a una provincia del Norte postergado: a la provincia del Chaco.
Pertenezco a una provincia que no tiene la suerte o la virtud de tener petróleo, gas o tener minerales, como la Madre Tierra sí a dado a otras. Tampoco tenemos recursos turísticos y es una de las pocas provincias argentinas que no tiene ninguna ley de promoción. Durante treinta años nuestro algodón viene haciendo cientos de kilómetros para llegar a las provincias de San Luis, La Rioja, Catamarca y Tucumán a efectos de ser industrializado. Esto se ha producido gracias a leyes de reparación histórica —como se dijo en su momento—, pero de claro contenido negativo para las provincias algodoneras como Santiago del Estero, el Chaco y, en menor medida, Formosa.
Ahora bien, ¿cuál es la riqueza de nuestra provincia? Su tierra y su gente. Más de cinco millones y medio de hectáreas de monte, y cuatro millones y medio de hectáreas para el cultivo y para la cría de ganado.
¿Quiénes son los que han hecho grande al Chaco? Los inmigrantes, los correntinos y santiagueños que acompañaron al desarrollo del algodón y al trabajo en el monte. Ellos crearon esos pueblos que hoy, en número de 68, tiene nuestra provincia; fueron al monte a abrir picadas; tuvieron que crear escuelas y centros de salud; son los que se instalaron y que habitan una provincia que hoy no tiene industrias; una provincia que ve sumamente preocupada cómo, de nuevo, los chaqueños deberán hacer un esfuerzo solidario. Lo volveríamos a hacer si fuera necesario; pero ante esta situación creemos altamente negativa la apropiación de la riqueza de nuestra gente. De hecho, quizás el norte santafesino, Santiago del Estero y el Chaco salteño estén en las mismas condiciones.
No tenemos la riqueza de las tierras de la Pampa Húmeda. En ese sentido, ¡con qué envidia sana escuchábamos a los técnicos hablar de rindes de 6 mil, 7 mil, 8 mil y de hasta 9 mil kilos, cuando el promedio del correspondiente al maíz en nuestra provincia es de 1.900 kilos! ¡Cómo envidiamos a las provincias cuyas producciones de soja alcanzan cifras superiores a los 50 o 60 quintales; es decir, 5 o 6 mil kilos! El promedio de la Argentina es de 2.800 kilos; pero, ¿por qué baja tanto? Es muy simple: porque los chaqueños, los del norte de Santa Fe y los santiagueños, producen 1.200 ó 1.300 kilos por hectárea.
De todas maneras, se los tomó a todos por igual. Es mentira que la segmentación beneficia a los pequeños y medianos productores. El 30 por ciento de retención a la soja en la provincia del Chaco es altamente negativo. ¡Hasta cuando se discutió volver al 11 de marzo con el 35 por ciento nos pareció una tasa altamente confiscatoria!
Pero lo importante de estos últimos años fue el reingreso o la participación activa de la gente joven en el campo. Hubo un trasvasamiento generacional, y renacieron las esperanzas y las expectativas. Por eso no llamó la atención a la gente del interior que las mujeres, sus hijos, los jóvenes y los adultos acompañaran en las rutas la resistencia a esta medida.
El gobierno nacional se arroga la responsabilidad por haber incrementado la cantidad de hectáreas sembradas año tras año y aumentado la producción. Eso se debió inexorablemente al esfuerzo de los chacareros quienes, cuando se les da una esperanza y una expectativa de vida, avanzan indefectiblemente hacia invertir el cien por ciento de sus recursos. ¡Gracias a ello fue que empezaron a desaparecer en mi provincia las camionetas de las décadas del 70 y del 80, y por lo cual se nos acusó de ser chacareros de camionetas “4 por 4″!
¿Cuál era el problema de que un chacarero joven —pero heredero de padres y abuelos que sufrieron muchas frustraciones— comprara una camioneta, arreglara sus alambrados o pudiera hacer la aguada para sus pocos animales? ¿Cuál es el problema de que los chacareros de nuestra zona puedan arreglar la casa donde quizá nacieron sus padres y hasta ellos mismos? ¿Cuál es el problema si, en décadas pasadas, estos chacareros pudieron hacer una pequeña casa en el pueblo para que sus hijos terminaran la secundaria? No nos olvidemos de que ellos hicieron las escuelas secundarias en el campo para que sus hijos pudieran estudiar.
Entonces, creemos que este esfuerzo que ha hecho un pueblo solidario como el del Chaco no puede ser desmerecido y, por eso, desde la Unión Cívica Radical consideramos conveniente el rechazo de la Resolución 125.
Aquí se habló de la redistribución de la riqueza como una cuestión central de las retenciones. No estamos en contra, pero cuando se habla de redistribución de la riqueza hay que decir con todas las letras de qué manera se va a efectuar, porque hace mucho que venimos aportando desde el interior del país. Por ejemplo, ¿por qué un pasaje de colectivo en la Capital Federal sale 90 centavos mientras que en Resistencia y en el área metropolitana del Chaco cuesta $ 1,40? ¿Por qué hay subsidios diferenciales para la Capital Federal o la Argentina central?
Hay provincias, como la nuestra, que no disfrutamos de la suerte de tener gas domiciliario porque cuando se hizo el gasoducto desde Orán, Salta, se lo llevó directamente a Buenos Aires, y no para las provincias vecinas. Entonces, una garrafa de gas en el Chaco resulta más cara que lo que se paga el gas aquí, en la Capital Federal.
Por otra parte, nosotros también pagamos la electricidad más cara que en muchas provincias argentinas. Sin embargo, somos solidarios y lo vamos a demostrar, como lo hemos hecho siempre: en las boletas de energía eléctrica que se pagan todos los meses en mi provincia hay un aporte para la provincia de Santa Cruz, que seguramente ya no necesita, pero que seguimos y seguiremos pagando. Porque como todas las cosas se olvidan en esta Argentina los pobres y las provincias más postergadas seguimos haciendo ese aporte.
Creo que es indispensable entender y saber que cuando hablamos de redistribución de la riqueza debemos tener hechos concretos. Queremos que se haga la redistribución de la riqueza pero, como dijo una senadora, es más confiscatorio el 21 por ciento del IVA aplicado sobre los productos que se consumen en la canasta familiar. Entonces, ¿por qué no eliminar más bien el IVA sobre el aceite, sobre la harina o sobre el pan para redistribuir con mayor justeza la riqueza?
Es cierto que en la Argentina se está redistribuyendo la riqueza, pero se lo hace en forma negativa. ¿Por qué? Porque no hay peor redistribución de ricos a pobres que la inflación. Entonces, este gobierno tiene la responsabilidad de frenar la inflación, que es el impuesto más duro para los sectores más necesitados; pero hasta este momento ha sido incapaz de resolverla y trata de ocultarla.
Finalmente, quiero volver sobre el informe de la mayoría. En ese sentido, señalo al señor senador Ríos que en ningún lugar del proyecto se dice que el descuento será fectuado a precio FOB. Hasta hoy, si el ONCCA no cambia la Resolución 21, las compensaciones se hacen a precio FAS: y eso significa un mayor porcentaje. Confiamos en la palabra comprometida y en que el Poder Ejecutivo va a cambiar esa resolución a fin de que las compensaciones se realicen a precio FOB. Digo esto porque el concepto que tienen algunos funcionarios nacionales, que no digo que tengan mala intención, no concuerda con el informe que brindó el ONCCA el otro día a las comisiones, según el cual, por ejemplo, 72.687 productores incrementarán sus ingresos.
Si mal no entiendo, lo que se hará es meter una mano más chica al bolsillo de los productores. Les van a sacar menos. Eso no significa que la sanción de la Cámara de Diputados establezca que aumentará los ingresos de los productores. Pero las cosas son más graves cuando se afirma que se gastarán 1.180 millones de pesos. En realidad, el gobierno nacional no incrementa los ingresos de los productores; simplemente, si se sanciona el proyecto de ley en consideración, lo que se hará es convertir su situación en algo menos caótica.
No puedo dejar de hablar de la coparticipación. Como ex gobernador del Chaco hasta el 10 de diciembre y como intendente de Tres Isletas, un pueblo a 230 kilómetros de Resistencia, sé de qué hablo cuando aludo a la coparticipación. En lo personal, no me interesa —no me interesaría, quizás— que las retenciones se coparticipen. Simplemente, como se ha dicho muchas veces, queremos que se cumpla con la ley. Desde 1994 se espera una nueva ley de coparticipación y, por la experiencia que tengo —esto lo he dicho siempre—, creo que esa nueva norma no va a llegar por mucho tiempo.
Quienes somos del interior, vemos la vida de una forma más práctica y, al respecto, pregunto: ¿por qué no ser más prácticos? El senador Marín dijo que, desde agosto de 1992, las provincias realizamos aportes al gobierno nacional. El último pacto fiscal data de 2002, y se han sancionado muchas leyes que han tergiversado el destino de los fondos en favor de la Nación y en detrimento de las provincias.
Si hay superávit fiscal y comercial, si se tienen 47 mil millones de dólares de reservas en el Banco Central, si se han superado todas las crisis que dieron origen a las leyes que iban en detrimento de las provincias y si cesó la emergencia que argumentaba el gobierno nacional, ¿por qué no se derogan de una buena vez todos los pactos y las leyes que se oponen a la ley aprobada en 1988 y se pone en plena vigencia la Ley 23.548 hasta tanto se dicte una nueva norma? Si se va a esperar que haya una nueva norma, se terminará como la esperanza del zorro. Quiero decir…

Sr. Presidente. — Senador: el senador Verani le solicita una interrupción, y le ruego que redondee, porque ya superó los quince minutos.

Sr. Nikisch. — Señor presidente: desde 1992 a agosto de 2006, de haber estado plenamente en vigencia la Ley 23.548, la provincia del Chaco hubiese recibido 5.179 millones de pesos, que es un 30 por ciento más del valor de la deuda provincial; deuda que, por otra parte, en los últimos cuatro años fue cancelada en 757 millones de pesos, una reducción que pasó de una proporción de 3,5 a 1.
Por otra parte, nos gustaría saber a los chaqueños qué obras se han hecho en concepto de redistribución de los ingresos.
Sinceramente, los habitantes del interior ya hemos perdido la confianza. Queremos que la plata llegue a las provincias y que sean nuestros gobernadores, diputados, intendentes y concejales quienes la utilicen de la mejor manera posible.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Verani.

Sr. Verani. — Señor presidente: la aclaración que quiero hacer es que el artículo 7º de la Ley 23.548 está en vigencia. y dicha norma establece que la liquidación de la coparticipación nunca puede ser inferior al 34 por ciento. Si fuera así, debiéramos ocuparnos en el Senado de actualizar la deuda con las provincias, que entre 2002 y 2007 es de 30 mil millones de pesos, y que se lo puede hacer vía CER, en cuyo caso llegaríamos a 39 mil millones o vía IPI, con lo que llegaríamos a 42 mil millones de pesos.
Por lo tanto, si la deuda total de las provincias con el Estado nacional es de 90 mil millones, me parece que el 45 ó 50 por ciento debe ser solucionado de alguna manera

Sr. Presidente. — Les pido a los senadores que tratemos de cumplir con lo acordado. A los diez minutos les aviso y a los 15 minutos vamos a cortar el uso de la palabra. También hemos permitido que los discursos sean leídos; varios senadores lo han hecho, aunque esto está fuera del Reglamento. Por lo tanto, les pido restringir al mínimo la lectura.
Tiene la palabra la señora senadora Troadello.

Sra. Troadello. — Señor presidente: pido autorización para insertar mi discurso, pero quiero hacer algunas reflexiones.

Sr. Presidente. — Al final, vamos a autorizar las inserciones en forma conjunta.

Sra. Troadello. — Señor presidente: declaro que soy miembro de un movimiento político que por identidad y convicciones he estado acompañando desde mi juventud, en el afán y en el convencimiento de que, a través de sus principios y de las enseñanzas del general Juan Domingo Perón, los destinos de la Patria se cumplirán inexorablemente para bien de todos los argentinos.
También estoy aquí expresando mi posición con libertad y patriotismo; y desde los intereses de mi provincia, Mendoza, con sinceridad y honorabilidad, con la única intención de aportar al engrandecimiento de la patria.
Quienes creemos que el capital debe estar al servicio de la economía y la economía al servicio del bienestar general sostenemos que el Estado debe intervenir razonablemente en el mercado económico, en resguardo de los intereses del pueblo, tratando de garantizar una justa y equitativa redistribución de la renta nacional y un crecimiento sostenido con justicia social.
El modelo de país que se propugna desde esta visión peronista es el de la inclusión de todos y para todos de forma equilibrada y justa, sin disonancias que concreten un país enriquecido a pedazos, como si un brazo fuera mejor que una pierna o la cabeza. Somo un todo.
Desde lo federal, mi provincia, Mendoza, tiene una problemática agropecuaria absolutamente distinta de la aquí expuesta, la que se resolverá profundizando en el conocimiento y búsqueda de respuestas en el marco de políticas agropecuarias de rangos nacional y provincial, con contención y proyección sustentable.
Sin embargo, este campo, conceptualizado como “el campo” —este campo con mayúsculas— no es mi campo, pero sí lo ha puesto en riesgo. La producción y comercialización de los productos de mi tierra, transportes de carga y pasajeros —en realidad, todos los bienes y servicios empresariales e industriales de mi provincia— se vieron afectados por el paro que nacionalizó un interés sectorial y regional, en desmedro no sólo ya de los sectores antes aludidos sino los de la población misma, privada, entre otros tantos elementos esenciales, de medicamentos, los que hubo de proveerse desde la gobernación por avión a fin de salvaguardar la salud de nuestros enfermos crónicos.
Y ayer, en el acto celebrado en el Monumento a los Españoles, gigantes banderas proclamaban federalismo. ¿De qué federalismo hablan? ¿O me perdí de algo, y lo federal son sólo algunas provincias?
Termino mi exposición diciendo que los comerciantes, economistas, productores y agricultores de la provincia de Mendoza en su gran mayoría se han expresado en contra del paro.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Gioja.

Sr. Gioja. — Señor presidente: se trata hoy un proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados que impulsa la aplicación de retenciones móviles al 15 por ciento del total de los productores de soja del país. Hablo de ese pequeño grupo de grandes productores, exactamente 6.201, quienes se han venido beneficiando extraordinariamente de los precios internacionales del producto.
Mucho se ha dicho y mucho más se ha hecho en relación con el tema, conmocionando al país hasta sus cimientos, con afirmaciones y actitudes de todo tipo, que terminaron sumiendo a la sociedad en una enorme confusión y la empujaron a estados de preocupación y zozobra.
Frente a este escenario, nos parece importante ubicar el tema en su verdadera dimensión, clarificar los conceptos, y volcar nuestros comentarios y resoluciones en el andarivel institucional que corresponde.
En ese afán, queremos plantear el tema de las retenciones a partir del futuro que queremos para nuestro país. Esto implica acceder a una discusión sobre cómo construir una sociedad que destierre actitudes egoístas y ladinas, para promover una de mayor cohesión social, una sociedad que acepte y, más aún, que promueva una justa redistribución de los ingresos sobre bases más igualitarias.
Lo que hay que discutir, entonces, es una propuesta que no trate tan sólo de disminuir la pobreza, sino de acortar la enorme brecha entre ricos y pobres ,y conseguir una sociedad más igualitaria. Esto implica no sólo concebir como justicia a la justicia conmutativa que apunta a un equitativo reparto de bienes, sino a una justicia distributiva, que promueva la transferencia de recursos de los que más tienen a los que más necesitan.
Este es un modelo de desarrollo con inclusión social. El camino lógico, digno para concretar, es darle mayor progresividad al gasto social y financiarlo a través de los impuestos: de cada uno según sus recursos; a cada uno según sus necesidades. Esto es lo que requiere una sociedad que busca mayores niveles de igualdad. Esto es lo que predicaba el general Perón cuando nos decía que quería una Argentina en la que hubiese menos pobres y menos ricos.
Esta es la ruta, por otro lado, que escogieron todos los países occidentales después de la Segunda Guerra Mundial. Así, en un país promedio en Europa, el nivel más bajo de carga tributaria implica que, de los cincos días de la semana laboral, a partir del jueves a la tarde, los ciudadanos europeos empiezan a trabajar para pagar los impuestos al Estado.
La relación entre la redistribución de los ingresos y el crecimiento económico es incuestionable. Estudios hechos por varios organismos internacionales indican que no se podrán lograr los objetivos del milenio para erradicar la pobreza en el mundo —aprobados por el concierto de todas las naciones de la comunidad internacional— si no se hace una justa distribución de los ingresos.
Sostenemos que no hay crecimiento económico primero y redistribución después. Ya se sabe que no hay crecimiento económico con derrame automático. Debido a una sinergia positiva ampliamente comprobada, el crecimiento económico no tan sólo se compatibiliza socialmente con la distribución de los ingresos, sino que se potencia con una mejor distribución de los recursos generados por el desarrollo y el progreso técnico.
Hay una visión errónea que postula que sólo hay que crecer; y que la solidaridad humana debe encargarse de los heridos y del resto de los desechos sociales que deja la política económica. Se trata de una visión en la que uno primero se hace rico y después reparte, a su voluntad, parte de lo que le sobra. Con esto se naturaliza a los pobres, para que permanezcan por siempre como pobres; y además, esta es una excusa para que lo que más tienen puedan practicar su generosidad.
Por lo tanto, esto es incompatible con la idea de construir una sociedad moderna que aproveche todas las potencialidades humanas y brinde mayores y crecientes oportunidades a todas las personas. Pero no se trata sólo de una cuestión económica. No nos olvidemos de que hay derechos de pertenencia a la sociedad que deben ser garantizados y que, además, hay responsabilidades sociales que todos los integrantes de una sociedad deben asumir; particularmente, los que más tienen.
Aclaremos, también, que los derechos sociales a una educación de calidad, a la salud y a la igualdad de oportunidades no son derechos menores o de segunda clase. Pareciera ser que, para algunos, en la Argentina hay un único derecho de primera clase, que es el derecho de propiedad. Digamos que los derechos sociales y sus asociados, los derechos humanos, son también derechos constitucionales de igual jerarquía y de igual clase. Estos derechos nacen para proteger necesidades humanas; pues todos sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho, como sabiamente nos enseñara Eva Perón.
Todos sabemos los encadenamientos perversos que tiene la pobreza, como los bajos salarios y los bajos niveles educativos en el hogar, la maternidad adolescente y la desnutrición en el embarazo, el bajo peso en los recién nacidos, la lactancia materna insuficiente, la falta de estimulación temprana, los daños biológicos irreversibles en etapas tempranas del desarrollo infantil, la falta de preparación para la escuela, los bajos rendimientos, la repetición y la deserción escolar, la inserción precaria en el mercado laboral, los bajos ingresos y la desprotección social, que reproducen el círculo de la pobreza y la exclusión para la generación siguiente. Todo ello converge con bajísimos niveles de seguridad, que afectan la propiedad y la vida de las personas.
Para superar la pobreza y lograr mayores niveles de inclusión social, están los impuestos y todo instrumento fiscal progresivo. Moralmente, el pago de los impuestos es una responsabilidad social insoslayable e impostergable; y siguiendo esta mayor responsabilidad moral, la redistribución de los ingresos y de la riqueza genera un círculo virtuoso que dinamiza en forma positiva a las sociedades.
En efecto, un mejor nivel de salud y educación implica mayor capital humano, mayor generación y aceleración del crecimiento de la productividad, mejores salarios, crecientes niveles de valor agregado y superiores márgenes de competitividad. Todo lo que redunda en una potenciación fenomenal del crecimiento.
Hay algunos que sacan números y afirman que esto —que, con justicia, proponemos— no cierra. Es como si hoy, en el país, hubiera sectores tan insensibles que sólo están para ganar dinero, sin ningún sentido de pertenencia a una sociedad.
Por eso, ubiquemos el significado profundo de los verdaderos números, señor presidente, de los números de la vida, pues la redistribución del ingreso significa vida para los más pobres. En efecto, la esperanza de vida de los más ricos está arriba de los setenta y siete años, mientras que la de los pobres es menor a sesenta. Por esa razón, los pobres viven diecisiete años menos, en promedio, que los ricos. Ese es el costo, en vidas humanas, de no redistribuir el ingreso y la riqueza. Esos son los verdaderos números. Esas son las toneladas y los precios que hay que medir. Quienes no pagan o no desean pagar las retenciones afectan la vida de millones de argentinos. Este es el significado humano de lo que insensiblemente se llama “confiscación”.
Por estos números, señor presidente, nos gustaría que la gente saliera a las calles y marchara por los caminos, que se organizaran miles de pools de generosidad, para ganar la batalla por el futuro de una sociedad sin exclusión social.
Y como si el argumento anterior no fuera suficiente, también está en juego la seguridad alimentaria, particularmente de los niños y de los pobres.

Sr. Presidente. — Pasaron diez minutos, senador Gioja. Le aviso para que vaya redondeando.

Sr. Gioja. — En definitiva, la propuesta de retenciones desengancha los precios internos de los internacionales, equilibra internamente el uso adecuado del suelo y asegura la alimentación a precios adecuados a los que más la necesitan.
Se argumenta que lo que se paga en impuestos no regresa a las personas, municipios o provincias que los pagaron. Es un argumento de segregación insostenible. Como en Italia o en Bolivia, hijos putativos de esa falacia del liberalismo salvaje, con respecto a que el pago de un impuesto equivale a un precio por el pago de un servicio. Por cierto, eso equivale a privatizar la relación entre los ciudadanos y el Estado.
Pero no es verdad, porque el impuesto es una obligación que contrae el ciudadano por el simple hecho de pertenecer a una sociedad; y lo que le devuelve el Estado es mucho más que una contraprestación personal e individual, puesto que se traduce en cada una de las acciones que se llevan a cabo para el beneficio común.
Es un deber moral del ciudadano y, por esta razón, la Iglesia define el no pago de impuestos en la cultura moderna como una de las nuevas formas de pecado mortal. Y lo es, especialmente, porque de nuestros impuestos depende muchas veces la vida o la muerte de miles y miles de compatriotas en alto riesgo social.
También es obligación del Estado ser eficiente en su gestión y transparente en la administración de esos recursos. Afirmo que las retenciones tienen un importantísimo impacto territorial. Se trata de la justicia territorial, que no es proporcional, sino que debe propender a un desarrollo armónico de todas las provincias argentinas. La política del gobierno nacional ha beneficiado a las provincias más pobres; por tanto, su contenido es profundamente federal. Los verdaderos pueblos y ciudades profundas de la Argentina no están en la Pampa Húmeda, ni al lado de los countries, ni junto a los shoppings, sino en las provincias más alejadas, en los pueblos de las fronteras, lugares remotos que apenas si aparecen en los mapas, pero que se han venido beneficiando con una verdadera descentralización del gasto, particularmente, del gasto social.
Muchas provincias se encuentran aún con problemas financieros. Por lo tanto, la mayor parte de sus programas y obras de infraestructura fueron y siguen siendo financiados
por el gobierno nacional. Todo esto no sale de una máquina que imprime billetes, sino de las retenciones que, en definitiva, no son sino transferencias de los pueblos más ricos a los más pobres. Ciertamente, el país es con todo, pero sobre todo, para todos.
Llegamos a esta situación después de que el gobierno democrático sufriera el ataque más largo y feroz de la historia argentina. Paradojalmente, se afirma que las retenciones son confiscatorias. En apenas seis meses, el gobierno, el pueblo argentino, tuvo que verse expropiado, entre otras cosas, de rutas, de alimentos, de combustible. Esta, señor presidente, es la verdadera confiscación.
Seamos prudentes, seamos sensatos: lo que está en juego no es solamente el presente de unos pocos, sino el futuro de millones, porque se trata de establecer también quién encarna la autoridad moral que debe administrar las rentas extraordinarias que generará la Argentina en los próximos diez años. Y hablo de no menos de 500 mil millones de dólares que quedarán en manos de unos pocos o serán el combustible para el desarrollo de todos.
Mediante este sistema de retenciones es posible realizar una apropiación ciudadana del excedente y establecer el equilibrio peronista entre la justicia social y la equidad económica, que tiene significados claros para el conjunto de los argentinos.
La Argentina no puede, no debe y no va a renunciar a este logro, postrándose de rodillas ante un grupito que quiere hacernos creer, señor presidente, que un tractor es más patriota que un torno o una herramienta industrial. El agro y la industria, la ciudad y el campo son y deben seguir siendo expresiones de un mismo rostro: el rostro de una Argentina serena, rigurosa, sensata, solidaria; una Argentina que crece dignamente, porque no desprecia ninguna actividad y no abandona a ninguno de sus hijos.
Por esa Argentina, señor presidente, es mi firmeza, mi convicción y mi voto.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. — Señor presidente: yo no soy productora agropecuaria ni dueña de campo; no estoy en contra de las retenciones, pero tampoco he visto en la protesta del campo ningún indicio destituyente.
Quienes estuvimos aquí en diciembre de 2001, en plena crisis, vimos cómo la mega devaluación, el dólar alto y el sistema de retenciones permitieron la salida del país, la sustitución de importaciones, la generación de trabajo, la vuelta de financiamiento a un Estado que había quedado desfinanciado y la posibilidad de financiar los planes sociales.
Ese modelo nuevo lo continuó el presidente Kirchner que, incluso, mantuvo durante algunos años al mismo ministro de Economía del ex presidente Duhalde. Y esto venía funcionando pacíficamente en el país. Entonces, ¿qué es lo que hizo estallar la Resolución 125? Creo que la Resolución 125 hizo estallar una luz roja, una luz de alarma que la entiende el quiosquero de la esquina y es que un funcionario sin responsabilidad política —porque no ha sido elegido por el pueblo— puede de golpe, un día, con su firma, apropiarse de la renta del trabajo de cualquier trabajador; porque hoy fueron los productores y mañana será otro trabajador u otro productor. Me parece que esa es la primera discusión de qué es lo que está en juego como modelo hacia el futuro en este debate y en este Congreso.
El principio de legalidad nació allá lejos, en 1215, con la Carta Magna de Inglaterra.
No hay impuestos si no hay un debate y una aprobación por parte de los representantes.
Entonces, lo que aquí hay que determinar es qué son estos derechos de la exportación. La situación es clara. El artículo 75, inciso 1), dice que compete al Congreso Nacional fijar los derechos de exportación e importación.
El Senado escuchó la semana pasada la posición de dos constitucionalistas. Por un lado, el doctor Sabsay dijo que son tributos, son impuestos, y no son delegables. Y esta reserva constitucional ha sido sostenida por jurisprudencia uniforme y unánime de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La otra posición, más flexible, la tuvo el doctor González Arzac, que dijo:”No, estos sí son tributos, pero no son impuestos; por lo tanto, son delegables, porque son materia de administración y entrarían dentro de lo que establece el artículo 76 de la Constitución Nacional”.
Pero, entonces, la norma que aprobó la Cámara de Diputados no es constitucional, porque si vamos a la norma que sostiene la Resolución 125, que es el Código Aduanero, veremos que es una delegación de facultades efectuada con anterioridad a la reforma constitucional de 1994.
Toda esa legislación delegatoria, sin ajustarse a la nueva reforma constitucional, ha caído, de acuerdo con nuestra propia sanción de la Ley 26.135, de agosto de 2006. Nosotros hemos prorrogado por tres años toda esa delegación sobre materias determinadas de administración que expresamente se establecieron en el artículo 2/, en donde no están los derechos de importación y de exportación.
Entonces, si nosotros queremos darle la herramienta al Poder Ejecutivo —porque, atento a la escalada de precios de los alimentos, en este momento es importante para mantener un precio razonable de éstos en el mercado interno—, lo que tendríamos que hacer es incorporar los derechos de exportación al artículo 2/ de la Ley 26.135. De esa manera, estaríamos tomando una posición interpretativa y le estaríamos dando al Poder Ejecutivo una herramienta útil que, a lo mejor, podría pasar el análisis que en su momento hará la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Otro de los temas que mencionaron aquí mis comprovincianos, con respecto a la provincia de Salta pero que es absolutamente uniforme, es que la norma que aprobó la Cámara de Diputados ha borrado una distinción que la norma del Poder Ejecutivo sí contemplaba. Me refiero a la distinción entre provincias pampeanas y provincias extrapampeanas. Porque el nivel de retenciones no es igual para el que produce en la Pampa Húmeda que para el que produce en el Norte argentino, pero lamentablemente eso ha sido borrado.
No es lo mismo producir 300 hectáreas de soja en la Pampa Húmeda que producirlas en la provincia de Salta, con 47 grados de calor a la sombra, sin infraestructura y con un costo de servicios impresionante, porque las cosechadoras y las sembradoras vienen de la provincia de Santa Fe y son servicios que tiene que pagar el productor.
Entonces, la consecuencia de la norma aprobada por la Cámara de Diputados es
confiscatoria para la provincia de Salta; deja absolutamente fuera de juego a los pequeños productores. Se ha tenido en cuenta solamente lo que es el promedio del país, que es justamente la Pampa Húmeda. Eso lo han repetido también los senadores que representan a las provincias del Chaco y de Mendoza. El Norte argentino es una región postergada del país.
Me gustó también una de las intervenciones de los intelectuales, cuando mencionó que, en realidad, lo que se discute aquí no son unos puntos más o unos puntos menos en las retenciones. Yo coincido con eso. Aquí se discute el tema de la pobreza. Aquí se discute el tema de la redistribución de la riqueza. Y en lo que respecta a la injusticia en la Argentina, en cuanto a la distribución de la riqueza, mi provincia tiene mucha experiencia. Basta mirar los índices de pobreza y de desempleo; basta mirar los índices de inversión.
¿Qué recursos tienen las provincias? Los recursos del presupuesto nacional. Voy a repetir lo que cada año digo desde mi banca cuando debatimos la ley de presupuesto y hacemos una comparación que puede parecer odiosa, pero que refleja justamente las inequidades.
Presupuesto 2008. Gasto por habitante por provincia. Provincia de Santa Cruz: 6.734 pesos; provincia de Salta: 1.639. Monto destinado a obra pública, por provincia y por habitante. Santa Cruz: 920 pesos; Salta: 122 pesos.
Y si cruzamos esos datos con los índices de pobreza de los conglomerados urbanos, veremos lo siguiente. Conglomerado urbano de Río Gallegos. Pobreza: 4,1 por ciento; ciudad de Salta: 33, 4 por ciento. Esa es la equitativa distribución de los recursos nacionales en el país.
¿Qué otros recursos tenemos las provincias? Contamos con la Coparticipación Federal, y aquí ya se habló bastante de este tema. Y, entonces, a medida que avanzamos en la suba de las retenciones, que es la exacción cada vez mayor de lo que producen las provincias —justamente por motivos con los que coincido en forma absoluta—, se produce otro efecto:
como baja el precio al interior, baja la ganancia; como baja la ganancia, disminuye el impuesto a las ganancias y los otros tributos provinciales, que son también los otros recursos de las provincias, de manera que aquí, las provincias estamos perdiendo nuestros recursos.
Entonces, se da la paradoja de que provincias pobres que producen soja —lo cual les estaba dando una salida— terminan financiando a provincias más ricas y, también, a un Estado nacional que es absolutamente superavitario.
Dada esta situación, con fecha 10 de abril —y ya producido el conflicto—, presenté un proyecto como propuesta, que está registrado bajo el número de expediente 824. Yo estoy de acuerdo en que hay que conservar este desacople de precios, para mantener los alimentos a precios razonables dentro del país; pero como es necesario seguir acumulando capital y reservas en la Argentina —porque hace cinco años que salimos del default y tenemos que cumplir con nuestros compromisos— y, además, como este sistema nos está llevando a una mayor concentración de recursos en el Estado nacional, propongo que con el 40 por ciento de las retenciones se constituya un fondo federal de desarrollo equilibrado.
De ese 40 por ciento, el 20 por ciento tiene carácter devolutivo, es decir, vuelve a las provincias en proporción a su contribución. Eso es muy importante. Si no vuelve a las provincias algo de lo que ellas generan, se desincentiva la inversión, y ese fue el gran fracaso económico de la Unión Soviética. El otro 20 por ciento se distribuye conforme los índices de pobreza, porque tenemos una ocasión extraordinaria para la Argentina a fin de lograr un país más equilibrado. Entonces, a mayor pobreza, a menor grado de educación, a mayores índices complicados de salud, mayor inversión con ese otro 20 por ciento, con criterios objetivos.

Sr. Presidente. — Diez minutos, senadora.

Sra. Escudero. — Considero inaceptable el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados, ya que establece mezquinamente que sólo con este mayor incremento de las retenciones se harán obras en las provincias. Se trata de obras que son de competencia de las provincias y, además, no tienen ningún criterio objetivo de distribución. Los criterios deben ser conforme los índices de pobreza, de necesidades de desarrollo, de lejanía de los puertos.
Otro gravísimo defecto que tiene el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados es que no universaliza la compensación de los fletes. Le da compensación de fletes solamente a la soja. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos “desojizando”?
Lo que tenemos que hacer en estas provincias lejanas a los puertos es compensar los costos de los fletes a todos los pequeños productores. Esa sería la única forma de cumplir realmente con los que decimos que son nuestros objetivos.
Voy a insertar el resto de mi discurso, pero quiero terminar con una anécdota.
Estábamos en 2004, en una reunión entre Alemania y la Argentina, y los alemanes querían saber si íbamos a pagar la deuda. Los argentinos les reclamábamos por los subsidios al agro.
Un diputado alemán me contestó: “Lo que es bueno para mis campesinos es bueno para mí”.
Y Alemania me parece un país en serio.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Urquía.

Sr. Urquía. — Señor presidente: hace más de cuatro meses que todos los sectores de la sociedad argentina hablamos casi de un sólo tema , del conflicto del campo.
Pero veamos: la Argentina produjo en la campaña agrícola 2001/2002 algo más de 69 millones y medio de toneladas de granos. Y en la actual campaña, 2007/2008, hemos obtenido 95 millones 300 mil toneladas; es decir, ha habido un incremento, nada más ni nada menos, que del 37 por ciento en menos de 6 años. Este fenómeno, a mi juicio, tiene varios motivos: internos públicos, internos privados e internacionales.
Entre los motivos internos públicos, creo que tenemos que mencionar a la paridad del dólar; los precios de los combustibles; la promoción del agregado de valor a los productos primarios, vía la herramienta de los diferenciales arancelarios; la participación del INTA en el asesoramiento al campo argentino; también, la pesificación de la deuda del sector; y muchos otros temas más.
Entre los factores internos privados —a mi entender—, podemos citar: la introducción de la siembra directa, los avances en la genética y en la biotecnología, la innovación de la industria argentina en la producción de máquinas y equipos, pero, fundamentalmente, la capacidad de los recursos humanos del campo. Si algo me sorprende es la capacitación que ha logrado el campo argentino en sus recursos humanos durante los últimos diez y quince años.
Desde el punto de vista de los motivos internacionales que —a mi juicio— han hecho que la Argentina subiese su producción en este nivel, está la irrupción de la China y de la India como consumidores. China tiene 1.300 millones de habitantes y un flujo anual de 30 millones de personas del campo a la ciudad; esto significa cambios en los hábitos de consumo, y ahí es donde ingresa la soja.
Mucha gente se pregunta por qué la soja. La soja es carne de pollo, de cerdo y vacuna.
La conformación de los aminoácidos de la proteína de soja hace que con un kilo y medio de harina de soja se pueda obtener un kilo de pollo. Por eso, la Argentina exporta indirectamente carne; desde el exterior compran carne, compran alimentos. La India vive un proceso similar y ambos países tienen una explotación tan intensiva de su tierra que los colonos no explotan más de 2, 3 ó 4 hectáreas. O sea que la posibilidad de crecimiento de la producción agrícola y la introducción tecnológica en el campo de esos países es muy difícil.
Otro tema que —a mi juicio— ha cambiado el paradigma del mercado de los alimentos es la irrupción de los biocombustibles. Pues bien, los biocombustibles, que cinco años atrás prácticamente no existían en el mundo, hoy son una parte importante de la demanda de granos, de los cuales la Argentina es proveedora.
Se habló mucho del campo y de la agroindustria, y —a mi entender— se dijeron muchas inexactitudes. Yo quiero decirles, simplemente, lo que representa ese sector: el 18 por ciento del producto bruto argentino, el 52 por ciento de las exportaciones, el 35 por ciento del empleo nacional, el 45 por ciento de los bienes producidos en el país y el 46 por ciento del aporte a la recaudación fiscal.
Como dato, quiero señalar que para mover la cosecha argentina se deben realizar 3,5 millones de viajes de camiones. Imaginen lo que esto significa: para movilizar el total de la cosecha argentina —reitero—, se necesitan 3,5 millones de viajes de camiones por año.
En el proyecto que tratamos hoy, que ha venido en revisión de la Cámara de Diputados, se avanzó en el reintegro de los fletes que rigen para operaciones realizadas desdeel 13 de marzo pasado. También, se avanzó en las compensaciones para los pequeños y medianos productores.
A pesar de que esto me costó mucho en mi provincia, quiero decirles que soy partidario de las retenciones con alícuotas variables, las retenciones móviles. Yo soy partidario de ellas, pero cuidado con la progresividad y con la regresividad. Esto tiene que permitir el normal funcionamiento de los mercados de futuro.
Si bien días atrás la soja valía 531 dólares FOB en puertos argentinos; en abril de 2001, la soja valió 153 dólares FOB; en julio de 1999, 162 dólares; en abril de 2002, 165 dólares; en junio de 2001, 166 dólares y, en julio de 2000, 178 dólares.
En cuanto al maíz, cabe señalar que, días atrás, tuvo la cotización récord de los últimos 30 años. Así, tuvo un precio FOB en puertos argentinos de 260 dólares por tonelada.
Pero en agosto de 2000, valía 78 dólares. Es decir, pasó de 260 dólares a 78 dólares. En abril de 2001, al igual que en febrero de 2005, pasó a 80 dólares. En marzo de 1993, pasó a 84 dólares y, en marzo de 2002, a 86 dólares.
¿Qué quiero decir con esto? Que los mercados no suben infinitamente. Los mercados suben y bajan, dependiendo de infinidad de factores que no están al alcance del ser humano tomarlos o cobijarlos. Por eso, soy partidario de las retenciones con alícuotas variables; pero que efectivamente, cuando el mercado suba, la retención suba y permita el funcionamiento de estos mercados; y cuando el mercado baje, también funcione. Yo no quiero pensar en una soja de 153 dólares FOB con retenciones del 35 por ciento. Verdaderamente, no hay forma de que sean viables. Por eso comparto el sistema de las mal llamadas —a mi juicio— retenciones móviles; se deberían denominar “retenciones variables”. Esto es lo que quiero decir, porque en mi provincia me costó, y mucho.
Por otra parte, creo que tenemos que corregir el tema de las compensaciones establecido en el proyecto sancionado por la Cámara Diputados. Las compensaciones sólo rigen para determinados departamentos. Y en mi provincia, hay localidades del departamento General San Martín —que bien merecido tienen estas compensaciones de flete— que están 100 kilómetros más cerca del puerto de Rosario que las localidades del departamento San Justo: Morteros, Las Varillas y Arroyito; a su vez, localidades de la provincia vecina de Santa Fe tienen compensaciones. Creo que hay que corregir esto, porque no fue el interés perjudicar al departamento San Justo.
Asimismo, quiero decirles que esta fecha límite que tiene la iniciativa —a mi juicio— produce en los mercados internacionales —porque la Argentina es un actor principalísimo en el mercado del mundo de las commodities agropecuarias— el efecto de la puerta 12 de la cancha de River. No sé si muchos se acuerdan de esto; hace unos meses atrás ,se cumplieron veinticinco años años de esa tragedia. Todos quisieron salir por un lugar por donde no podían hacerlo. Creo que esto les da a los mercados la necesidad de vender en un intervalo de tiempo que va a hacer que los precios en el mundo caigan, esperando a que la Argentina venda, con las consecuencias de daños para el fisco argentino, para la gente de nuestro país y para el productor agropecuario. Creo que eso hay que solucionarlo.
También, tenemos que corregir el incentivo que esta resolución le da a los pequeños productores de fomentar más la siembra de soja y girasol que la de maíz y trigo. Estos últimos dos cultivos no tienen reembolso de fletes, ni tampoco tienen reembolsos en cuanto a compensaciones por sus derechos.
Hoy, el maíz, si lo comparamos con la soja, tributa un porcentaje mayor; y el maíz es necesario en nuestro país; es necesario para la rotación de las tierras. Si no hacemos un poco de soja y un poco de maíz, a la larga, el sistema se hace difícil de sustentar. Tenemos que corregir esta asimetría, que creo que no estuvo en el espíritu hacerla, pero que trae aparejada esta situación.

Sr. Presidente. — Diez minutos.

Sr. Urquía. — Señor presidente: también hay que corregir los mercados de futuro. Debemos preservarlos, porque son herramientas de arbitraje y no de especulación. Ya bastantes riesgos asume el hombre del campo al no poder manejar el clima. No permitamos que asuma más riesgos con la desaparición de los mercados de futuro.
Ellos tienen que arbitrar los alquileres, el crédito por los insumos y las cuotas de la maquinarias. Si a los productores se le cambian los impuestos o las alícuotas de las retenciones durante el desarrollo de la campaña agrícola, se les cambia su estructura de costo y, por lo tanto, se le impide un trabajo profesional de planificación en la administración del riesgo-precio. Hay que readecuar urgente las curvas de la Resolución 125, para que funcionen correctamente los mercados de futuro.
También tenemos que dar herramientas a los pequeños y medianos productores, pero cuidando de no desincentivar a los productores grandes, ya que la mayoría de ellos fueron en el pasado pequeños y medianos, pero tuvieron la visión y seguramente algo de suerte. Con grandes sacrificios emigraron al norte de Córdoba y de Santa Fe, a Santiago del Estero, al Chaco, a Formosa, a Corrientes, al norte de Entre Ríos, al este y norte de Salta, a San Luis y, también, a varias regiones de La Pampa. Ellos tenían muchas ganas y, fundamentalmente, capacidad ociosa de trabajo dentro de su familia. Como el pedazo de tierra en la Pampa Húmeda no les alcanzaba, buscaron nuevos horizontes y juntamente con los chaqueños, los santiagueños y los formoseños fueron cambiándole la fisonomía a esas provincias, y después de aproximadamente veinte años hoy son grandes productores. Por lo tanto, no los demonicemos ni los diferenciemos demasiado. ¿Cuántos productores chicos y medianos de hoy sueñan con ser grandes en el futuro?
En consecuencia, no hay que desanimarlos. Y para eso tenemos varias herramientas.
Fomentemos el asociativismo, no igualemos para abajo; démosle las herramientas a la gente de campo que tiene pequeñas extensiones para que, a través del asociativismo, pueda tener un volumen, una masa o una superficie crítica con la que pueda competir. Ese será el mejor favor que le haremos al país.
En la última campaña agrícola Córdoba produjo: 12.800.000 toneladas de soja, lo que representa el 28 por ciento de la producción nacional y la ubica como la primera provincia productora; 6.200.000 toneladas de maíz —el 34 por ciento de la producción nacional—, posicionándose como primera productora; 2.720.000 toneladas de trigo —el 17 por ciento de la producción nacional, que hace que seamos los segundos productores después de la provincia de Buenos Aires—; y 175 mil toneladas de girasol —el 4 por ciento de la producción nacional—, lo que nos ubica en el quinto lugar después de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Chaco y Santa Fe. El presupuesto anual de mi provincia es de 8.300 millones de pesos. Anualmente recibimos por coparticipación nacional, 4.700 millones.
¿Sabe, señor presidente, cuánto aportamos anualmente por retenciones? 8.109 millones de pesos, o sea, una cifra similar a la del presupuesto anual de Córdoba.
El artículo 104, inciso 5. de la Constitución de la provincia de Córdoba establece que le corresponde a la Legislatura provincial instruir a los senadores nacionales para su gestión con el voto de los dos tercios de sus miembros, cuando se trate de asuntos en que resulten involucrados los intereses de la provincia.
En ese sentido, la Legislatura de la provincia de Córdoba con fecha 18 de junio ha resuelto —y me lo ha comunicado formalmente—, entre otros puntos, que se bajen las retenciones a las exportaciones agropecuarias establecidas por la Resolución 125, su modificatoria 141 y sus complementarias número 284 y 285 del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, de marzo y abril de 2008.

Sr. Presidente. — Senador Urquía, tiene un minuto más para redondear.

Sr. Urquía. — Señor presidente: abusando de su amabilidad, le pido que me deje terminar.
Serán dos o tres minutos más.

Sr. Presidente. — Sea lo más breve posible, señor senador.

Sr. Urquía. — Como decía, mi provincia tiene guarismos muy importantes, y este conflicto le ha significado un tiro al corazón productivo de Córdoba.
Tenemos instrucciones precisas de la Legislatura y de los más de 450 jefes comunales.
Asimismo, el gobernador provincial me dio instrucciones en el sentido de que así como está elaborada la Resolución, es imposible que como senador por Córdoba pueda acompañarla.
Entre otras consideraciones, también me dijo que era necesario informarles a los senadores algo que los intendentes el jueves pasado en el plenario de comisiones ya habían comentado:
Córdoba siente desde hace cuatro meses una situación tremenda en los pueblos y ciudades del interior, y que actualmente llegó a la capital, toda vez que se está cortando la cadena de pagos.
Somos cobijadores de una industria metalmecánica dirigida al agro muy importante. Hace seis meses, esa industria estaba hablando con sus colaboradores para ver cuántas sembradoras más podía hacer. Ahora está viendo de qué forma no suspende o no despide gente.
Por eso, señor presidente, por todo lo expuesto y por el mandato que me brindaron mi Legislatura y más de 450 jefes comunales e intendentes, voy a acompañar el proyecto del señor senador Reutemann.
Finalmente, quiero decir que me pareció verdaderamente excelente lo que se ha hablado en este recinto, e independientemente del resultado de la votación de hoy, sería fundamental que convoquemos a una mesa de diálogo y de trabajo para gestar, desde allí, un plan agropecuario nacional a mediano y largo plazo que contemple un plan ganadero.
Tenemos que poner en marcha la fábrica de terneros; desgravar las madres; implementar un plan nacional de lechería —lo mismo con las madres—; fijar un plan agrícola que contemple el nuevo paradigma de los biocombustibles; contemplar el girasol, pero no como en la resolución actual, sino como la canola, como un cultivo de invierno que tenemos que fomentar.

Sr. Presidente. — Senador Urquía, lo voy a tener que cortar…

Sr. Urquía. — Le pido un minuto y medio más, señor presidente. Ya estoy terminando.
Señor presidente, para su provincia y para muchas otras del noroeste y del noreste argentino, tenemos que lanzar un plan nacional de producción de jatrofa; igualar el IVA de los insumos —muchos se venden al 2,5 y pagan el 21 por ciento—; elaborar una ley que fomente la inserción de nutrientes; etcétera.
En fin, tengo muchas cosas más para decir, pero como se ha agotado mi tiempo, le pido autorización al cuerpo para efectuar una inserción.
Sólo quiero agregar algo que es fundamental: tenemos que lograr compatibilizar una Argentina que produce alimentos para 400 millones de personas en el mundo y que tiene 40 millones de habitantes, sin estropear la grata torta que tenemos hoy, para cuidar el mercado interno. A éste debemos cuidarlo y darle de comer a todos los argentinos, pero lo vamos a hacer cuando la torta sea más grande. Si achicamos la torta, todo va a ser más difícil.
Muchas gracias, señor presidente, y le pido disculpas por haberme excedido en el plazo de exposición.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Torres.

Sr. Torres. — Señor presidente, señoras senadoras y señores senadores: después de escuchar durante las últimas semanas las argumentaciones de la oposición y de los dirigentes del campo, comienzo mi intervención en este debate que he dado en llamar el debate de las medias verdades y de las contradicciones evidentes. Sin embargo, las verdades afloran, tarde o temprano. En las últimas horas escuché al señor Alfredo De Angelis declarar que el que quiere comer lomo, debe pagarlo 80 pesos. Este es el centro de la cuestión que nos reúne en esta sesión.
Dada mi formación como ingeniero agrónomo comenzaré poniendo un poco de luz sobre algunas cuestiones fundamentales que se debatieron en los últimos días. Para ello, me voy a apoyar en un estudio que la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba encargó en abril de este año a las ingenieras agrónomas Sonia Calvo y Laura Salvador, en el que se plantearon diversos escenarios con variaciones sobre el nivel actual del tipo de cambio, el nivel de retenciones y el costo del gasoil subsidiado en la producción de soja.
El primer escenario plantea la situación actual: precio internacional sin cambios —estamos hablando de abril—; tipo de cambio 3,16 pesos por dólar; retenciones al 44 por ciento; y flete de 300 kilómetros. Todo se hizo sobre una finca de 500 hectáreas de superficie, con tres rindes diferentes: de 25, de 30 y de 35 quintales por hectárea.
El segundo escenario en función de estos datos que brindo, elimina las retenciones y deja en cero la intervención del Banco Central sobre el mercado de cambios. En ese entonces, el dólar de abril estaba a 1,94 pesos por dólar. El costo es desfavorable a los productores con respecto al escenario original que hay hoy —44 por ciento de retenciones y dólar a valor actual— en un 10 por ciento menos de margen bruto. Es decir, gana un 10 por ciento menos si se eliminan las retenciones y se deja el dólar fluctuante, como es el caso de Brasil.
El tercer escenario presenta el impacto del aumento del gasoil como consecuencia del incremento del precio tras la eliminación del subsidio y el nivel del dólar en su valor actual.
El margen bruto es un 8 por ciento menor al de la situación correspondiente al mes de abril.
El cuarto escenario elimina las retenciones, la intervención en el mercado de cambios y el subsidio al gasoil. En este caso, las retenciones son cero, el dólar tiene el nivel de 1,94 y se elimina el subsidio al gasoil. El margen bruto a favor frente a la situación de los productores hoy en día está por encima en un 17 por ciento y, en el margen neto, supera el 20 por ciento en todas las variables de rindes que se han analizado.
Como queda claro, según el mencionado estudio, todos los escenarios alternativos son perjudiciales en el margen bruto de los productores para todos los rendimientos analizados.
Queda a disposición de todos este estudio técnico que, evidentemente, no tiene ningún tipo de influencia política.
En estos días también he escuchado mucho sobre Brasil como ejemplo a seguir en materia agropecuaria. Además, también lo escuché en este recinto. En primer lugar, quiero destacar que el crédito que el gobierno brasileño puso a disposición del campo en las últimas semanas llega a empresas agropecuarias que sostienen una estructura empresarial completamente diferente a la que tiene la Argentina. Pero, sobre todo, es importante destacar que el escenario económico cambiario que enfrentan los productores de Brasil es muy distinto al de los productores argentinos.
Es importante a esta altura de las circunstancias aclarar que la política agropecuaria en el contexto internacional que atravesamos no puede desvincularse de su efecto sobre la distribución del ingreso. Brasil es uno de los países con mayor desigualdad en la distribución del ingreso del mundo. Es decir, la brecha entre ricos y pobres es una de las más amplias a nivel mundial. Entonces, ¿es esto lo que se quiere imitar? ¿Por qué copiar este modelo?
Encuentro la respuesta, en particular, cuando analizo otras ocasiones en que la llamada Mesa de Enlace estuvo de acuerdo al discutirse las condiciones de trabajo agrario en el ámbito del Consejo Nacional de Trabajo Agrario. Las cuatro entidades que componen la Mesa de Enlace, sistemáticamente, se opusieron a las jornadas de ocho horas —sostenían que se debía trabajar de sol a sol, como dice el régimen de trabajo agrario, según un decreto que lleva la firma de Videla, Harguindegui y Martínez de Hoz—, a pagar un premio para los peones que terminan la escuela primaria y la secundaria —38 pesos para los primeros y 46 pesos para los segundos— y también se opusieron a brindarles pilotos y botas a los trabajadores para que utilicen en los días de lluvias. Reitero que las cuatro entidades —Sociedad Rural, Federación, Agraria, Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro— se opusieron a dar estos beneficios.
Si me permiten, quisiera hacer un comentario muy particular. Hemos visto en la televisión cómo el titular de una mini CGT recibía a estos integrantes de la Mesa de Enlace y cómo se aplaudían mutuamente. Realmente, si este dirigente gremial, que pretende conducir esta mini CGT, va a defender a los obreros rurales como lo quieren hacer los integrantes de la Mesa de Enlace, a través de la actuación que han tenido recientemente en el Consejo Nacional de Trabajo Rural, sería totalmente lamentable para los trabajadores y triste el futuro de todos los trabajadores.
Estas contradicciones evidentes que hemos vivido en el país en estos ciento y pico de días de conflicto nos permiten algo que nunca hubiésemos imaginado los argentinos, por ejemplo, ver al vicepresidente de la Sociedad Rural, el que estuvo en el “cacerolazo” frente a la Residencia de Olivos, aplaudir la marcha peronista. Esto no tiene desperdicio y realmente valía la pena verlo porque, con la historia que tenemos, que un titular de la Sociedad Rural argentina aplauda la marcha peronista, realmente me pareció algo extraordinario.
De todas maneras, podemos tomar a Brasil como ejemplo en muchos aspectos de su desarrollo pero lo que no podemos tomar como ejemplo es su política de distribución de ingresos. Por ejemplo, según los precios del mercado en cada país, una canasta de los productos básicos de alimentación de la población resulta 50 por ciento más cara en Brasil que en la Argentina, medida en dólares, mientras que el ingreso medio de un trabajador del sector formal del mencionado país resulta 15 por ciento inferior a la Argentina. Es decir, el salario argentino tiene mayor poder adquisitivo en términos de alimentos que el brasileros.
Además, la presión tributaria que tienen los productores brasileros es de 39,4 por ciento y la presión tributaria de los productores argentinos es del 28,5 por ciento.
En Uruguay, otro ejemplo que escuché de parte de los senadores y de muchos especialistas que concurrieron al Senado, la canasta es 32 por ciento más cara, mientras que el salario es 28 por ciento inferior; la relación entre el costo de los alimentos y el salario promedio está aún más deteriorada. Es decir, las retenciones tan cuestionadas por estos días permiten a los trabajadores argentinos acceder a una mayor cantidad y calidad de alimentos, justamente, porque el esquema de retenciones permite el funcionamiento de un mecanismo de subsidio que mantiene el precio de los alimentos al alcance de los trabajadores.
Después de esta exposición cabe preguntarnos: ¿estamos discutiendo realmente las retenciones?

Sr. Presidente. — Pasaron 10 minutos, señor senador.

Sr. Torres. — Para contestar esta pregunta creo, señor presidente, que tenemos que ubicarnos en el momento histórico que estamos viviendo. Creo que hay dos circunstancias históricas inéditas que vivimos los argentinos; uno, es que en más de cien años es la primera vez que estamos viviendo 25 años de democracia continua y, el otro, es que es la primera vez que los argentinos estamos viviendo una crisis en un momento económico muy bueno para el país.
¿Por qué quiero aclarar estas dos cuestiones? Porque están íntimamente relacionados los 25 años de democracia, donde se recuperaron las instituciones y se recuperó la economía, con esta situación en la que se presenta esta primera crisis, que se iba a dar con el campo o con cualquier otro sector que iba a plantear en algún momento u otro, de un modo u otro, la distribución de la renta y de la riqueza.
En definitiva, estamos discutiendo el poder que puede tener no solamente la presidenta Cristina Fernández, sino todos los presidentes que le van a suceder. Es decir, si van a tener un poder formal o un poder real para distribuir los ingresos como corresponde y de acuerdo a la voluntad que emana del voto popular.
Por otra parte, yo analizo mucho los ciclos históricos y cuando se juntan los que ilógicamente se juntan, algo está ocurriendo en el país. Cuando un trotskista se junta con López Murphy, cuando aparece Cavallo o Lilita Carrió juntandose con Alderete o Castells, cuando aparecen tanta mezcla de intereses en contra de algo, es porque en el país algo está ocurriendo. Remitámonos a la historia que tiene ciclos prácticamente de 50 años. Ocurrió con Yrigoyen, donde la sociedad tuvo estos mismos planteamientos cuando trató de implementar un gobierno popular distributivo; pasó con el general Perón y está pasando ahora, que se juntaron todos para evitar un proceso de cambio. Podemos estar disconformes con los estilos pero indudablemente este proceso de cambio se ha iniciado.
En este sentido, en este debate de medias verdades estoy seguro que hubo productores que han reclamado legítimamente. También estoy seguro de que hay productores que especularon y que hay mucha gente que se prendió en este conflicto para tratar de debilitar el poder de la presidenta Fernández de Kirchner, con posiciones tan intransigentes, con más de cien días de paro, 5500 piquetes, muchos más de los que se produjeron en los años 2001 y 2002 cuando salió la sociedad entera a la calle por comida, por trabajo, para subsistir. ¡5500 piquetes en el año 2008!
Hemos visto algunas cosas que se comparan a ese lapsus de verdad de De Angelis, cuando dijo que el quiera comer lomo, que pague 80 pesos el kilogramo. He visto carteles en esos cacerolazos tan calificados, que decían “nosotros engordamos novillos, no engordamos piqueteros”; o la hipocresía de estar cien días cortando rutas. ¡5500 cortes de ruta y exhibiendo ese cartel! Pero lo triste de eso es la escala de valores. Sin dudas que para muchas de esas personas, para los que acompañaron esos carteles —no digo todos, porque la mayoría de la gente de campo es solidaria— es una escala de valor, en donde el novillo es mucho más importante que un piquetero y que sus semejantes que necesitan comer.
El presidente de unas de las instituciones, el señor Llambías, y su vicepresidente, plantearon que hacían un acto frente al zoológico y que el oficialismo iba a hacer el acto frente al otro zoológico. Seguramente los animales éramos nosotros. No tuvieron la delicadeza de hacer una separación por lo menos de aquellos que van a votarles a favor.
Seguramente que los consideran animales obedientes y a nosotros animales salvajes. Pero es una realidad. Para los integrantes de esta Comisión de Enlace el Congreso de la Nación es un zoológico y nosotros, los representantes del pueblo, somos los animales.
Aclaro que no soy justicialista. Nunca milité en el Partido Justicialista. Tampoco fui “gorila”. He cometido muchos errores militando en mi partido como también tengo que decir que ha cometido muchos errores el justicialismo. Hemos llevado muchas frustraciones a los argentinos como para que hoy, desde mi postura política, desde la provincia de la cual provengo, la prioridad esté, por encima de todas las cosas, en la defensa de la institución presidencial.
Yo estoy de acuerdo con esta resolución. Pero aunque no hubiera estado de acuerdo, frente a este planteo de hacerle dar marcha atrás a la presidenta de la Nación a los cuatros meses de haber asumido su mandato, igualmente habría votado a favor de esta resolución porque está defendiendo la institución. Cualquiera que esté sentado acá, cualquiera que esté escuchando y conozca la historia argentina sabe que si se hubiera retrocedido, que gracias a Dios no lo hizo, era como ponerla de rodillas y condenar a su gobierno a un debilitamiento como muchas veces vimos en la historia de nuestro país, y que terminaron tristemente para todos los argentinos.
También quiero decir que hablo desde la postura de mi provincia, donde ahí existen pequeños productores. Me escandalizan las cifras que se manejan en la distribución de la renta. Me escandaliza, porque con el mínimo de eso nosotros solucionamos los problemas a nuestros yerbateros. El 63 por ciento de nuestros productores de yerba tienen de 0 a 8 a hectáreas; el 90 por ciento de los tabacaleros tienen menos de una hectárea; el 75 por ciento de tealeros tienen de 0 a 5 hectáreas, y cada una de esas actividades, en el año, ocupa mucho más mano de obra que un sojero que tiene mil hectáreas de soja.
Por eso, voy a acompañar convencido este proyecto, y quiero, además, decirles a muchos señores de la prensa que a mí nadie me ha llamado. Entonces, el enriquecimiento y el mejoramiento de esta democracia no es solamente una responsabilidad de los que estamos sentados acá. La prensa tiene una gran responsabilidad en esto y debe, por lo menos, decir las verdades que ocurren, porque cuando ocurran cosas negativas para la sociedad, nadie les va a creer.
Reitero, señor presidente: a mi nadie me llamó, estoy votando el proyecto que ha sido aprobado por la Cámara de Diputados con entera convicción.
Sr. Presidente. –– Les pido a los señores senadores que respetemos el tiempo acordado.
Tiene la palabra el senador José Carlos Martínez.

Sr. Martínez (J. C.) . –– Señor presidente: el bloque del ARI de la provincia de Tierra del Fuego ha analizado este proyecto y ha buscado distintas alternativas con mucha responsabilidad, ya que se trata de un tema realmente importante, que es la discusión de la renta de los sectores de mayor acumulación de riqueza, en este caso, la renta agraria. Esto tiene que ver con otro tipo de rentas que todavía se tienen que discutir o rediscutir, por ejemplo, la renta petrolera, que ya se discutió en este Parlamento hace dos años; la renta minera y la renta financiera, que todavía no fueron discutidas. Creo que la renta pesquera también se tiene que discutir. En efecto, son temas pendientes que tiene este Congreso de la Nación y esta democracia.
Entonces, se empezó a plantear este tema en un esquema de antinomias. Se polarizó al pueblo argentino y en ese marco hemos tenido este conflicto que se ha simplificado y se ha llevado a un Boca-River o a un blanco o negro. Creo que tenemos que llegar a otra discusión, ya que esta dicotomía me parece falsa; al pueblo argentino no le hace bien que haya dos manifestaciones en un solo día. En este marco, el hecho de querer plantear este conflicto como golpista o no golpista, divisionista o no divisionista, le hace muy mal a todas las instituciones y al pueblo. El pueblo quiero otra cosa. El pueblo quiere que empecemos a discutir un país para todos. Se está planteando la producción de alimentos de la República Argentina para 400 millones de habitantes, pero somos 40 millones. Pero resulta que en la Argentina hay chicos desnutridos y chicos que se mueren por desnutrición. Eso, realmente, es una deuda pendiente.
Creemos que las retenciones son un instrumento válido y tienen que serlo. No es verdad que en este Congreso se empezaron a discutir las rentas móviles recién ahora. De hecho, hace dos años, en diciembre de 2006, la norma que después fue la Ley 26.217, que es la que sacó del marco de la ley de emergencia las retenciones para los hidrocarburos y estableció un régimen de 5 años, se discutió en ambas cámaras. Muchos que en aquel momento planteaban que las retenciones móviles por encima del 60 por ciento eran razonables para la renta de los hidrocarburos ––algo con lo que estamos de acuerdo––, ahora plantean que las retenciones por encima del 33 por ciento son confiscatorias.
Esto hay que dejarlo claro porque nosotros estamos de acuerdo con las retenciones móviles, toda vez que ellas son un instrumento de discusión de la renta. Esto se tiene que discutir y profundizar porque este dictamen de mayoría tiene vicios de inconstitucionalidad que se han visto a lo largo de todas las charlas que hemos tenido. En efecto, la ratificación a través del artículo 1° de una resolución de un funcionario de segunda línea es algo que no se puede hacer, porque la Constitución lo prohíbe. ¿Por qué? Porque dice “ratifíquese”. Sí podemos establecer. La palabra lógica y razonable sería “establécese”, con lo cual se corregiría esta situación. Pero estas discusiones se soslayan o se quiere llevar el asunto a otro terreno.
Respecto del artículo 2° bien ha expresado la senadora Escudero que, al no haber sido ratificado por la reforma del 94 el Código Aduanero, estamos en falta. Y nosotros vamos más allá en el análisis porque el mismo artículo 2° que ahora se cuestiona —con lo que estamos de acuerdo— está inserto en la Ley 26.217, que fija las retenciones de los hidrocarburos. Y los grandes pools de abogados que tienen las multinacionales petroleras están esperando que se resuelva esto para hacer juicios cuantiosos contra el Estado argentino, por miles y miles de millones de dólares. Por no discutir estos temas, por imprimir esta cuestión de la falsa dicotomía, de este Boca-River, estamos cometiendo un grave error que va a pagar todo el pueblo argentino. Y lo podemos salvar. Una fórmula es la que dio la senadora Escudero en el sentido de modificar el artículo 2°.
El senador Urquía decía que lo que aporta la provincia de Córdoba tendría que volver, en parte, a esa provincia. Si las provincias hidrocarburíferas empleáramos el mismo criterio no desarrollaríamos un modelo de país solidario. Es perfectamente razonable que, en materia de gas e hidrocarburos, las retenciones estén por encima del ciento por ciento. Si no, el gas que utilizan las fábricas para producir, o el que utilizan los vecinos en sus hogares, inclusive el gas licuado, que es carísimo para los sectores pobres, tratado con precios internacionales, sin retenciones, valdría diez o quince veces más de lo que vale. Agrego la nafta, el gasoil y los fertilizantes, que son subproductos del gas.
Nosotros, desde una provincia productora, siempre hemos acompañado este criterio y creemos que es razonable, si bien también creemos que hay que discutirlo nuevamente, en otro marco, con una visión integral.
El senador Urquía hablaba del paradigma de los biocombustibles. Falso paradigma que está debatiendo al mundo entre energía y alimentos. Nosotros, como pueblo, como sociedad, tenemos esa ventaja: podemos producir energía y podemos producir alimentos. Y ese falso paradigma, con el que se están haciendo grandes negociados en la Argentina, podemos dejarlo de lado. ¿Por qué decimos esto? Porque, hoy por hoy, nuestro país está comprando gas, señores; porque la crisis energética que no se quiere reconocer existe.
Estamos comprando gas a Trinidad y Tobago. El gas licuado del que todos hablan, que viene en buque hasta Bahía Blanca se está comprando a 17 dólares el millón de BTU. Y a las provincias productoras nos están pagando 1,20 dólares el millón de BTU. ¿Saben cuánto estamos trayendo? El equivalente a 8 millones de metros cúbicos diarios. Y producto de esa ley de retenciones que pusieron a los hidrocarburos, que nos parece bárbaro —vuelvo a insistir—, la provincia de Tierra del Fuego no pudo exportar más gas a Chile, lo cual es razonable porque, si a un país le falta gas, ¿cómo va a exportar? Pero tampoco lo podemos traer. Entonces se lo compramos a Trinidad y Tobago. ¿Por qué no se transforma la economía regional de las provincias productoras y hacemos nosotros el licuado, y no Repsol que lo hace para España?. Porque sucede que ahora que España está en pleno verano y baja la producción de esa planta, se lo vende a los argentinos.
La falta de gasoil en la Argentina la están sufriendo todo el pueblo y los productores.
Y desde hace mucho tiempo se está desarrollando en el mundo la destilación de gas (GTL), o sea, sacar petróleo sintético a partir del gas. A partir del gas se saca nafta y gasoil. Y en Tierra del Fuego tenemos eso, porque hay excedente; pero lo más grave del caso es que producto de las retenciones, lo que no podemos exportar a Chile, no tenemos cómo sacarlo del gasoducto.
Hoy esos 8 millones de metros cúbicos que le faltan a la Argentina, podríamos exportarlos, porque hay un yacimiento en donde está la válvula cerrada equivalente a 16 millones de metros cúbicos. Eso es lo que le falta a la Argentina. Y lo podríamos hacer con la plata de GTL para que el gasoil que le falta a la Argentina también lo produzca Tierra del Fuego. Y si nos incorporaran en el incerconectado energético nacional que llega hasta Río Gallegos, también podríamos aportar kilowatios a la Argentina sin comprarle a precio internacional al Brasil. Esto es lo que tiene que ver con una discusión integral de las economías regionales.
Que se necesita de la energía para la producción de alimentos, no nos cabe la menor duda; que tiene que tener un precio, no nos cabe la menor duda; que tiene que tener un equilibrio primero para el mercado interno y para después poder hacer una política exportadora para estas dos cosas que le hace falta al mundo, no solamente por negocio, sino porque lo necesita el mundo y podemos hacerlo. En ese marco tenemos que discutir; no en un marco de un Boca-River, en el marco de una dicotomía, de una falsa dicotomía, se vota por el sí, se vota por el no, ganó el gobierno, ganó el campo. No. Estamos perdiendo todos. Si no modificamos los artículos 1° y 2°, ¿saben quiénes van a ser los únicos que van a ganar? Los grandes pools de abogados en la industria del juicio.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, senador José J. B. Pampuro.

Sr. Martínez (J. C.). — Esos son los que van a ganar.
Mocionamos concretamente la modificación de los artículos 1° y 2°.
En cuanto a los productores, por supuesto que tienen que existir las compensaciones.
Tenemos que incentivar a los pequeños productores pero no solamente para que produzcan soja —porque también pueden producir soja; no hay que demonizarla, porque, como muy bien dijeron por ahí, después se transforma en carne avícola o vacuna—; no para biodiesel, porque es el falso paradigma que nos quieren meter; sino para seguir exportando ya no nuestro subsuelo sino nuestro suelo, para la energía que necesitan los países adelantados.
Nosotros tenemos que ser inteligentes, preservar nuestro subsuelo y nuestro suelo. Para eso tenemos que basarnos en los pequeños y medianos productores.
En la Cámara de Diputados se planteó concretamente que en el momento en que se modificaron las retenciones del 27 al 35 por ciento, hubo una maniobra especulativa que hizo que declararan la cosecha antes de este cambio, y resulta ser que los grandes acopiadores y exportadores compraron con una retención que hicieron, y le cobraron a los pequeños productores en alrededor de 1.200 millones de dólares que después no depositaron en el fisco.
Eso se planteó en la Cámara de Diputados y no se trató. Por eso, también mocionamos, concretamente, que se cree una comisión bicameral para investigar esto. Y que ese dinero que estos señores se apropiaron, que no les corresponde, que es del fisco, sirva para ser distribuido, de forma tal de reforzar todas las compensaciones de fletes y demás que necesitan los pequeños productores. Y, por supuesto, que se puede hacer, si hay voluntad. Pero esto no se termina con la votación de hoy. Todo esto tendría que ser el comienzo de una nueva Argentina, que todo el pueblo nos está reclamando.
En los actos de ayer vimos división y antagonismo; había gente muy buena de un lado y gente muy buena del otro, y había gente jodida de un lado y gente jodida del otro. ¿Uno puede interpretar acá que las entidades de la Mesa de Enlace movieron a toda esta gente? No es así. Hay más de un millón de argentinos que no están movidos por ninguna entidad, que simplemente se expresaron para que haya otra Argentina y que no son llevados por esos intereses.
Por supuesto que hay entidades con las cuales tenemos profundas diferencias. El sector nuestro de Tierra del Fuego nunca fue golpista y no vamos a estar con entidades golpistas ni haciéndoles el caldo gordo, por más que quieran pintar que en el caso de una votación en contra se está votando con ese sector. No es así, y el pueblo de la Argentina tampoco lo siente así.
Entonces, para concretar y no abusar del tiempo —aunque sé que tengo más tiempo como presidente de bloque, pero muchas veces abundar no es tan bueno—, la moción concreta consiste en modificar los artículos 1/ y 2/, y lo relacionado con la comisión investigadora para reformular las compensaciones. Si el bloque de la mayoría acepta esta moción podríamos estar acompañando el dictamen del oficialismo. En el caso de no haber modificaciones realmente esta norma no va a hacer bien a nada y, en ese caso, el bloque del ARI va a votar en contra.
Esperamos sinceramente que este voto ayude a que haya una única plaza en la Argentina; una única plaza en donde esté todo el pueblo y en donde converjamos como argentinos y le demos viabilidad a este país para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las generaciones futuras, y podamos así aportar a combatir el gran drama mundial del hambre.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Calcagno.

Sr. Calcagno y Mallman. — Señor presidente: a mi juicio el problema de fondo que estamos tratando aquí es el modelo global. En efecto, la verdadera disyuntiva que encara el país es la recaída en un régimen neoliberal basado en la renta y en la exclusión social frente al afinazamiento y la profundización del modelo de desarrollo con justicia social seguido desde el año 2003.
Con este enfoque deben examinarse tres políticas posibles con respecto al tipo de cambio y a las retenciones. Cada manera de combinar tipo de cambio y retenciones, en efecto, nos da modelos o estilos de desarrollo muy distintos.
Así, la primera política podría ser la del dólar bajo sin retenciones; es la que se practicó durante el decenio de 1990. El 1 a 1 entre el peso y el dólar llevó a la crisis agraria, y en la industria se sumó la libre importación, que provocó el colapso.
La segunda posibilidad es la de un dólar alto sin retenciones suficientes. En este caso los precios internacionales de los alimentos licuarán el salario y tendremos la peor de las exclusiones, que es la provocada por el hambre.
La tercera solución es la que aplica el gobierno, que consiste en un dólar alto con retenciones. Este modelo nos permitió superar la tremenda crisis del 2001-2002, le devolvió la rentabilidad al campo y rehízo la industria, con la creación, por ejemplo, de cuatro millones de empleos. Dentro de este esquema hay dos instrumentos fundamentales de política económica que voy a señalar a continuación: retenciones y tipo de cambio.
Las retenciones, de las que hablamos tanto, son un instrumento para gestionar el comercio exterior y para pautar los costos y beneficios nacionales que surgen de ese intercambio. Si bien tienen un efecto obvio sobre los ingresos fiscales, las retenciones no son un impuesto, sino un instrumento flexible de política económica que se aplica sobre el comercio exterior y sirve para regular los efectos que el comercio exterior tiene sobre la economía interna, en particular en el tema de los precios, y asume diferentes formas según las circunstancias.
Estas retenciones están regidas por el artículo 75, inciso 1., de la Constitución Nacional, que se refiere a los derechos de importación y de exportación. El acto económico gravado —y esto me parece que es una cosa que hay que clarificar— o subvencionado, es el pasaje de una mercancía a través de la frontera de un país a otro. En ciertos casos consiste en tributos y en otros en subvenciones, como las que otorga, por ejemplo, la Unión Europea. Por eso, no puede hablarse de confiscatoriedad.
Tanto las importaciones como las exportaciones pueden tener recargos de cualquier porcentaje, e incluso prohibirse la entrada o salida del país de determinadas mercancías. Por el contrario, y con actos de igual naturaleza jurídica, pueden recibir subvenciones.
El propósito esencial de las retenciones es impedir el aumento del precio de los alimentos. Son el instrumento adecuado para desacoplar los precios internos de los externos.
En general, los empresarios tienen la alternativa de vender su producto en el mercado interno o exportarlo. Si el precio internacional es mayor —como ocurre actualmente con los alimentos argentinos—, su primera posibilidad es exportar, con lo que habrá un menor abastecimiento del mercado interno y pueden subir los precios. La segunda posibilidad consiste en vender en el mercado local al mismo precio que en el externo, que es mucho más alto. En ambos casos aumentan sustancialmente los precios de los alimentos. La solución al problema consiste en regular el comercio exterior, de modo que no sea tan grande la diferencia entre vender aquí o exportar.
Otro elemento decisivo es el tipo de cambio, cuya fijación depende en gran medida del gobierno. En efecto, la rentabilidad empresaria sería escasa o nula, no obstante los bajos costos locales y los altos precios internacionales, si el Estado no fijara un tipo de cambio conveniente.
El mantenimiento del tipo de cambio competitivo representa un gran esfuerzo para la Nación. El gobierno, de modo constante, debe comprar dólares al mismo tiempo que esterilizar parte de la subsiguiente expansión monetaria, colocando deuda pública, lo cual incide sobre las cuentas fiscales. Además, también tuvo su consecuencia en la distribución del ingreso. La decisión de tener un dólar caro implicó favorecer al sector exportador, y son los asalariados los que bancaron el tipo de cambio que favorecía a los exportadores, en primer lugar, a los productores agrarios.
En este sentido, para evaluar las consecuencias de las retenciones, es necesario determinar cuál es el punto de partida; es decir, cuánto ganan los terratenientes y los productores. Para tratar de develar esta incógnita, fue útil la reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda, en la que suministraron información los ingenieros Héctor Huergo y Carlos Cheppi.
El ingeniero Huergo, distinguido especialista que es editor de “Clarín Rural”, respondió a una pregunta que le formulé acerca de la amplitud del sistema de arriendos de campos y de los precios que se pagan en la Zona Núcleo de La Pampa Húmeda. No tomando, por supuesto, una parte por el todo —no todo es Zona Núcleo—, pero al menos para tener un ejemplo que pudiese hablar, para obtener algún tipo de parámetro.
El ingeniero Huergo afirmó que alrededor de 70 por ciento de la superficie agrícola está bajo el régimen de arrendamiento, y que en esa zona el propietario de la tierra recibe cerca de 500 dólares anuales por hectárea. De tal modo, el propietario de 200 hectáreas alquiladas recibe 100 mil dólares al año, lo cual significa una renta mensual de 8.300 dólares o 25 mil pesos, todo ello sin trabajar y con todos los gastos, incluso las retenciones, a cargo del inquilino.
En este tema de la rentabilidad del campo, también es necesario considerar la renta de doble piso. Primero, la que gana el terrateniente que alquila su campo. Segundo, lo que cobra el arrendatario que vende su cosecha. Como puntualizó en la reunión de comisiones el ingeniero Cheppi, el INTA realizó una investigación acerca del millón de hectáreas que rodea la ciudad de Casilda, en el corazón de la Pampa Húmeda, cuyos resultados pueden extenderse hasta 3 millones de hectáreas.
Allí, no es el 70 sino el 80 por ciento de la tierra que está arrendada. Los precios son altos. El propietario cobra 600 dólares la hectárea por año, y el que alquila, es decir, el que trabaja la tierra, gana 300 dólares anuales por hectárea. Así, en conjunto, recaudan 900 dólares por hectárea y por año. Esta situación le significa al propietario la ganancia de 120 mil dólares anuales, que significan 10 mil dólares o 30 mil pesos por mes. Todo ello, sin trabajar, sin hacer ningún gasto y sin pagar retenciones; todo, recordemos, a cargo del inquilino. Así, el antiguo productor se ha transformado en rentista. A su vez, el productor gana 5 mil dólares o 15 mil pesos por mes.
Es cierto que estas sumas de la Zona Núcleo pueden ser el doble de las de Salta, o más aún, de Santiago del Estero. Pero también es cierto que las explotaciones agropecuarias, los campos, pueden ser de mayores dimensiones.
De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario de 2002, el promedio nacional del tamaño de los campos, de las explotaciones agropecuarias, era de 588 hectáreas.
Además, cabe señalar que existió una meteórica suba del precio de los campos, que de 2.500 dólares la hectárea en 2002, pasaron a 10 ó 15 mil dólares en la actualidad, por lo que los dueños de 200 hectáreas en la zona núcleo están parados sobre un campo que vale 3 millones de dólares. No es una virtud ni un defecto en sí mismo; simplemente, es un índice irrefutable de la creciente rentabilidad de la tierra.
Veamos ahora rápidamente, en el tiempo que me queda, las compensaciones y reintegros de la sanción de la Cámara de Diputados. Uno de los ejes del proyecto de ley que consideramos es la redistribución del ingreso entre los productores, para favorecer a los más pequeños. La conclusión es que los pequeños productores de soja, de menos de 300 toneladas, con las compensaciones y los reintegros votados en la Cámara de Diputados han mejorado su rentabilidad de modo sustancial. Las cifras de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Producción, basadas en datos de la revista Márgenes Agropecuarios, consideran, por una parte, los márgenes brutos esperados al momento de la siembra, octubre de 2007, al precio FOB en puertos argentinos, menos retenciones de 231 dólares, y, por la otra, los márgenes brutos obtenidos al momento de la cosecha, julio de 2008, al precio FOB en puertos argentinos, menos retenciones de 300 dólares.
Pues bien, si se computan las compensaciones y reintegros establecidos en la Cámara de Diputados entre la siembra y la cosecha, resultan aumentos del margen bruto para estos pequeños productores del 94 por ciento para la zona norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe…

Sr. Presidente (Pampuro). — Le pido que vaya redondeando, por favor.

Sr. Calcagno. — … de 103 por ciento para el sur de Entre Ríos, de 107 para el sur de Córdoba, de 170 para Salta y de 184 para Santiago del Estero. Solicito que el cuadro comparativo —para ahorrar tiempo— se inserte en el Diario de Sesiones.
Como expresé al principio, estamos ante una disyuntiva de mediano y largo plazo: vamos hacia una restauración neoliberal, o continuamos con el modelo de desarrollo económico con inclusión social.
Las políticas sin retenciones o con retenciones insuficientes, sean con dólar bajo o alto, serían nefastas. A la primera, dólar bajo sin retenciones, ya la conocemos: es la que se practicó en el decenio de los 90. La política de dólar alto sin retenciones o con retenciones insuficientes, frente al salto especulativo de los precios de los alimentos, implantará un precio internacional de los alimentos que los salarios no alcanzarán para poder consumir. Sería una catástrofe social, política y económica.
Adelanto, pues, mi voto afirmativo, porque tengo la convicción de que la única política viable para que los alimentos estén al alcance de la población es la de dólar alto con retenciones suficientes, que es la que practica el gobierno y propone el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados. Con ella, por una parte, se pone a los alimentos al alcance de todos y, por la otra, se trata de salvaguardar la rentabilidad de los pequeños productores a través de las compensaciones.
Desde ya, la cuestión agraria no termina aquí, sino que hay que avanzar.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Colombo.

Sra. Colombo. — Señor presidente, señores senadores: no se preocupen, porque el sentido de mi voto no es contra el gobierrno, sino a favor del Congreso. Y digo que es a favor del Congreso para que entre todos, recuperemos el rol del Parlamento. No podemos olvidar que estamos dando este debate en un contexto de delegación de facultades y de modificación de leyes de administración financiera y de responsabilidad fiscal, que le han otorgado facultades extraordinarias a un funcionario que nadie votó: el jefe de Gabinete de Ministros.
Tampoco podemos olvidar que este proyecto ha sido girado al Congreso después de un fin de semana agitado, que se inició con la detención de dirigentes ruralistas en Gualeguaychú y que culminó un lunes a la noche, 48 horas después, con cacerolazos en todo el país. Es decir que la remisión al Congreso del presente proyecto se inscribe más en una actitud o en una decisión que la sociedad le arranca al Poder Ejecutivo Nacional con fórceps.
Y para revalorizar el rol del Congreso de la Nación, creo que podríamos recordar las palabras de quien hasta hace poco tiempo integró este Senado, junto a nosotros, que es la presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández.
Recuerdo que en la jornada del 6 de enero de 2002, cuando se votó la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, la actual presidenta de la Nación nos decía, si me permite leer, señor presidente.
Presidente.— Han leído todos, así que está autorizada.

Sra. Colombo.— Quiero leer para que recordemos, entre todos los que estábamos en aquella época y los nuevos senadores, cuál era la opinión de la presidenta de la República respecto del rol de esta institución. Ella decía: “Uno de los problemas de la crisis de representación es que nos ven votar una cosa, según el gobierno sea de uno u otro signo político. Sigo creyendo que no se puede votar de acuerdo al color del partido que está en la Casa Rosada. Uno de los temas esenciales de la representación política en la Argentina y del desprestigio del Parlamento, o del desprestigio que hoy tienen las instituciones del pueblo es, precisamente, que no nos sienten representantes de los intereses de los ciudadanos; sienten que representamos los intereses de un partido, de un sector, o de una casta; póngale el nombre que quieran; esto es lo que siente la gente”. Decía por aquel entonces Cristina Fernández de Kirchner: “Yo no quiero dejar más mi vida y mi patrimonio — y el del resto de los argentinos — en manos de un funcionario que decida sobre estas cosas, porque ya sabemos lo que ha sido la historia”; también, que no debíamos colocar en manos de un funcionario los intereses que nosotros tenemos el deber de representar, porque esto hace a la legitimidad de las instituciones.
Otra cosa muy interesante: “Por eso, hoy, los partidos políticos no podemos dar respuestas, porque educados en el mundo moderno nos juntábamos con los sindicalistas y con los empresarios, y representábamos todo un país; hoy nos juntamos con ellos y no alcanzamos a representar todos los nuevos intereses de los nuevos sujetos sociales que tiene no sólo la Argentina sino también el mundo”. Entonces, estas palabras de la presidenta de la República, realmente, resultan muy oportunas, para que, entre todos, reflexionemos en este debate parlamentario que no debiera encontrarnos enfrentados, porque creo que todos queremos una Argentina grande, que aproveche las oportunidades que el mundo brinda hoy y, que, sin descuidar la mesa de los argentinos, incentive la diversificación productiva, para que realmente logremos transformar esta oportunidad en políticas de Estado que nos conduzcan a un destino de grandeza.
Muchos argentinos estamos cansados de hablar del pasado. No podemos recordar permanentemente la historia de las corporaciones, de la oligarquía; es un discurso que atrasa.
El pueblo nos pide que miremos adelante y que le digamos hacia dónde lo conducimos.
El senador por la provincia de Corrientes nos pidió que votemos la Resolución 125, porque ésta fue profundamente modificada. Y esta es la paradoja de la sinrazón: las diecisiete o veinte rectificaciones que pesan sobre la Resolución 125 no hacen otra cosa que darle la razón a la oligarquía terrateniente, que con manos curtidas reclamó en las rutas, no sólo de la Pampa Húmeda ni del núcleo sojero, sino también de la zona extra pampeana, de nuestras provincias del NOA y del NEA, porque estaban sintiéndose afectadas por una resolución que, además de ser inconstitucional, era confiscatoria. Por lo tanto, en los fundamentos del mensaje remitido por el Poder Ejecutivo, no puede argumentarse a su favor sobre la base del informe de la FAO recientemente elaborado en la Cumbre de Roma, porque no es eso lo que expresa.
La FAO manifiesta que, además de garantizar la comida en la mesa de los pobres, los países tienen que evitar imponer restricciones al desarrollo agropecuario. Entonces, leamos la documentación desde el principio hasta el final, y no la interpretemos como más convenga según la ocasión. La FAO no ha pedido que los países que tienen la posibilidad de producir alimentos dejen de hacerlo, sino que se liberalice el comercio y que se eviten las restricciones que desincentiven el desarrollo agropecuario.
Otra cuestión relativa a la Resolución 125 —y que argumenta en su contra— es que es violatoria del Tratado de Asunción. En ese sentido, no pueden disponerse este tipo de restricciones sin el acuerdo de los países de la región.
Asimismo, la resolución es inconstitucional, porque todos sabemos que el Congreso es el que tiene potestades para establecer contribuciones de toda naturaleza e impuestos. Y las retenciones —como señalaba el miembro informante y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda— son consideradas por la Federación Argentina de Colegios de
Abogados como impuestos y, por ende, deben ser fijadas por este Congreso, conforme las disposiciones del artículo 75, inciso 1), de la Constitución Nacional.
El señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, al pedirnos que votáramos a favor de la Resolución, decía que no se trataba de una pelea por 400 millones de pesos, por la recaudación ni por la caja, sino que era una defensa del modelo económico votado en octubre del año pasado. Al respecto, les recuerdo que la legitimidad de origen de un gobierno —y les aclaro que soy una persona democrática; por lo tanto, les pido que no me acusen de oligarca ni de golpista—, también debe acompañarse de legitimidad en el ejercicio.
Y para eso hay que cumplir con las promesas efectuadas al momento de la campaña; pero no se lo está haciendo.
Si nos remitimos al discurso inaugural de las sesiones ordinarias de la señora presidenta en la Asamblea Legislativa, primero, nos prometió que iba a fortalecer el rol del Congreso y, luego, instó a los partidos del gobierno y de la oposición a presentar sin agravios y sin descalificaciones propuestas alternativas para contribuir con las políticas públicas que llevaría adelante en su gestión.
Respecto de este tema, ha habido muchas propuestas alternativas, pero ninguna fue escuchada. Y se produjo la paradoja de la sinrazón al encerrarse el gobierno en la defensa de una resolución que fue rectificada 17 veces, porque comete injusticias con los pequeños y medianos productores, no solamente de la zona del núcleo sojero —donde también hay pequeños y medianos—, sino también de la zona extrapampena.
En el discurso inaugural —si me permiten un minuto, lo voy a encontrar—…

Sr. Presidente (Pampuro). — Siga leyendo, señora senadora.

Sra. Colombo. — No estoy leyendo todo; estoy tratando de respetar el Reglamento, que —si mal no recuerdo— dice que está prohibido leer en el Senado. Acá se deja leer a los oficialistas, pero no a la oposición.

Sr. Presidente (Pampuro). — No, senadora. Hemos dejado leer a todos.

Sra. Colombo. — Está bien, señor presidente.
¿Qué nos dijo la ex senadora Kirchner aquella jornada del 10 de diciembre de 2007, hace escasos seis meses? Ella terminó su mensaje diciendo: “Quiera Dios y me ilumine para que me equivoque lo menos posible. Que me ayude a escuchar y a decidir”. Por eso, le pedimos que nos escuche. Que escuche a los que no pensamos igual. No somos golpistas ni oligarcas. Tenemos nuestros propios puntos de vista y, también, el derecho de defender nuestras propias convicciones, sin ser acusados por ello.
La presidenta dijo que, a poco de conocer a los países con más desarrollo económico y social e indagar en las claves de su crecimiento y su desarrollo, uno puede encontrar en la defensa irrestricta de sus propios intereses como Estados y como sociedad la clave de ese avance y desarrollo. Y nos pidió volver a ser, respectivamente, los representantes del oficialismo y los representantes de la oposición, cada uno cumpliendo su rol, en un marco de libertad y sin presiones.
Y dijo además: “Creo que hemos recorrido un largo camino en estos años de democracia”, recordando cuando el Congreso sesionaba presionado por el Fondo Monetario Internacional, porque se adoptaban medidas en ese sentido o, en caso contrario, venía el abismo. Esto lo conocemos bien quienes tenemos muchos años aquí.
Luego, la presidenta desarrolló cuatro capítulos fundamentales en su discurso inaugural. Por eso, pedimos coherencia con las promesas electorales. El contrato social, si bien yo no voté a este gobierno, debe ser respetado. Y en esas cuatro propuestas fundamentales, planteaba el rol de las instituciones —vuelve al rol del Congreso—, la sociedad, el modelo económico de acumulación con matriz diversificada e inclusión social, y nuestra inclusión en el mundo.
Y dijo, además, respecto del modelo de matriz diversificada y de acumulación, que reconocía en el trabajo, en la producción, en la industria, en el exportación y en el campo la fuerza motriz que ha permitido que millones de argentinos volvieran a recuperar no sólo el trabajo, sino, además, las esperanzas, instándonos a superar ese tabú histórico de contradicción entre “campo versus industria”, a la vez que consideró que el campo más la industria eran una sinergia.
Dijo entonces: “se trata de consensuar esencialmente la profundización de este modelo que nos ha permitido mejorar sustancialmente la calidad de vida de los argentinos. No podemos —nadie en su sano juicio puede— desconocer el rol que tuvo el campo en la recuperación económica a partir de la crisis de 2001 y 2002”.
Entonces, ¿por qué la sinrazón? ¿Por qué la paradoja de la sinrazón de querer apropiarse de la renta extraordinaria, adoptando una decisión como esta que, realmente, castigó a todos por igual, y que fue tan indiscriminada como el IVA que pagan los pobres y los ricos en un mismo porcentaje?
La señora presidenta dijo también: “No he venido a ser presidenta de la República para convertirme en gendarme de la rentabilidad de los empresarios [miren qué notable], ni tampoco para ser parte de ninguna interna sindical o política. El acuerdo del que hablo es el acuerdo de las grandes metas, de los grandes objetivos. No nos votan para que nos peleemos entre nosotros. Nos votan para que trabajemos por ellos: los ciudadanos y las ciudadanas.”
Es decir, esto no es una chicana. Todos lo hemos vivido y escuchado. Hemos admirado la coherencia de Cristina Fernández, cuando como legisladora defendía el rol de esta institución. Por eso, hoy la desconocemos cuando desde la Presidencia de la República pide nuevamente a este Congreso que delegue facultades para que un funcionario pueda decidir sobre el patrimonio y el destino de los argentinos.
Entonces, por favor, señores senadores y senadoras: todavía tenemos una oportunidad de reflexionar respecto de cuál es el rol que la sociedad espera de esta institución, aunque pienso que, más allá del resultado de la manifestación de ayer —se puede ganar o perder una votación—, hay una batalla que se pierde, y no sólo el gobierno sino todos en general, si es que no se pone un oído en la gente.
Vengo de una provincia donde hubo dos grandes caudillos en los últimos gobiernos.
Uno fue Vicente Leonidas Saadi, un hombre que obtuvo puntos importantes de coparticipación para mi provincia, y el otro fue Arnoldo Aníbal Castillo, que era quien decía que había que poner un oído en la gente.
Le solicito a la señora presidenta de la República que no crea que los opositores políticos somos sus enemigos. Estamos para colaborar y para construir; hay una magnífica oportunidad. Creo que tiene la inteligencia y la experiencia necesarias como para asumir el liderazgo que no sólo la Argentina, sino también la región le exige a todos sus líderes, para que nosotros, nuestros hijos y las generaciones venideras abracemos un futuro que se presenta promisorio. Que no se ideologicen absurdamente decisiones que, si bien no debieran tener un sentido pragmático, descarnado e inmoral…

Sr. Presidente (Pampuro). — Se le solicita que concluya con su exposición.

Sra. Colombo. — Ya termino.
Apelo, por último, señoras y señores senadores, a que nos tendamos la mano. La gente está cansada. La propia presidenta dijo que no nos votaron para que nos peleemos sino para que solucionemos sus problemas.
Quiero terminar recordando a un productor de la localidad de Los Altos, departamento Santa Rosa, Catamarca, que decía que, durante años, distintos gobiernos le habían pedido a los productores agrícolas que la unidad productiva fuera de 500 hectáreas y, ahora, que las habían conseguido, los trataban de delincuentes. La propia política agropecuaria de los últimos años, por acción u omisión, los ha llevado a hacer soja ante la falta de rentabilidad de las otras actividades agropecuarias. Entonces, realmente, estas cosas no se pueden desconocer, y sé que ustedes no las desconocen.
Es por esta razón que apelo por última vez a que nos pongamos de acuerdo, a fin de poner en marcha el país que hace cuatro meses está parado por un debate absurdo y por una complicación innecesaria generada por habernos encerrado en un laberinto entre opositores y oficialistas cuando, en realidad, la gente espera una salida.
Este productor agropecuario decía que no son viables las retenciones y que tampoco creía en las compensaciones. No quiere subsidios sino incentivos para trabajar y producir cada vez más. No obstante, la Resolución 125, que aún no fue ratificada por este cuerpo, mucho me temo que va a intensificar los dos grandes males que se ven en la actualidad. En primer lugar, la concentración en pocas manos de la actividad productiva, que hará inviables a los pequeños y medianos productores…

Sr. Presidente (Pampuro). — Señora senadora: le tengo que pedir que, por favor, concluya.

Sra. Colombo. — … y, por último, va a beneficiar a los pools de siembra y a los fondos de inversión, que son los actores de especulación frente a los cuales debiéramos unirnos para no incurrir nuevamente, como tantas otras veces en nuestra historia reciente, en la contradicción fundamental que hizo que los partidos populares de la Argentina no pudieran garantizar a nuestro pueblo una mejor calidad de vida.
El núcleo duro del debate fue la caja que se generó con las retenciones y la falta de distribución transparente de dichos recursos. Nadie en el campo, y tampoco yo, se opone a las retenciones. Lo que quiero, sencillamente, es que se rompa ese núcleo duro del debate y que esos fondos se orienten a generar la infraestructura productiva en toda la Argentina, para cumplir con el rol para el que esta Cámara es cámara de origen, que es promover un desarrollo equivalente de provincias y regiones argentinas, achicando las brechas de desarrollo que separan a las más ricas de las más pobres.

Sr. Presidente (Pampuro). — No se puede quejar de la tolerancia.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: quiero que tenga la misma tolerancia con los senadores de nuestro bloque.

Sr. Presidente (Pampuro). — Va a ser así.

Sr. Pichetto. — Se excedió el doble de lo pactado.

Sr. Presidente (Pampuro). — La senadora tenía 15 minutos por el bloque, pero habló más de 20 minutos.

— Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto.— No vamos a hacer un debate; simplemente, quería pedirle la misma tolerancia.

Sr. Presidente (Pampuro). — Vamos a tener la misma tolerancia.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.

Sr. Jenefes. — Señor presidente: voy a dar una visión desde mi provincia, Jujuy. Es una provincia que tiene muy poca soja —hay 21 productores— y no tiene girasol, ni trigo, ni maíz, ni leche ni carne. Es una provincia cuya economía se basa fundamentalmente en la actividad tabacalera, azucarera y relacionada con los citrus. Todas son explotaciones de producción intensiva y no de producción extensiva, porque el 80 por ciento del territorio de mi provincia es Puna.
Dicho esto, quiero destacar que el artículo 4º de nuestra Constitución Nacional, claramente dispone que el gobierno nacional o el gobierno federal provee sus gastos a través de los derechos de exportación y de los derechos de importación. Este artículo 4º tiene una historia que voy a tratar de resumir.
Desde 1816 hasta 1852, en la República Argentina, existían diferencias entre quienes se llamaban unitarios y quienes se decían federales. En 1852, en la batalla de Caseros, Justo José de Urquiza derrota a Juan Manuel de Rosas y se inicia el camino de la organización política de la República Argentina. En 1853, se dicta la Constitución, que es jurada por todas las provincias argentinas con excepción de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, se encontraba en desacuerdo con lo que se llamaban los derechos de aduana, o sea, los derechos de exportación y de importación.
Quiero destacar que, como consecuencia de ello, la Confederación de Provincias Argentinas empieza a fomentar el desarrollo del puerto de Rosario. Allí se fijan aranceles diferenciales con el propósito de beneficiar a todo lo que salía y entraba por dicho puerto, y se gravaba todo lo que provenía del puerto de Buenos Aires. Como consecuencia de esta disputa económica, existe un nuevo enfrentamiento armado entre los argentinos, en donde Justo José de Urquiza triunfa sobre las tropas de la provincia de Buenos Aires en la batalla de Cepeda.
La provincia de Buenos Aires firma el Pacto de San José de Flores y jura la Constitución de 1860, que reforma la Constitución de 1853. Allí se dispone que los derechos de aduana, o los derechos de exportación e importación, por seis años pertenecerían al gobierno nacional.
La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires declara nulo el Pacto de San José de Flores. Como consecuencia de ello, existe otro enfrentamiento entre los argentinos, en donde la Confederación de Provincias Argentinas es derrotada por la provincia de Buenos Aires en la batalla de Pavón. Allí se decide llamar a elecciones y es elegido presidente de la República Argentina Bartolomé Mitre. Nuestro país entra en guerra junto con Brasil y Uruguay —lo que se llamó la Guerra de la Triple Alianza— contra la hermana República de Paraguay.
Es designado comandante en jefe de las tropas de tierra nuestro presidente, y para solventar los gastos de la guerra, se hace la reforma de la Constitución Argentina de 1866, y se establece en el artículo 4/ que son recursos del gobierno de la Nación los derechos exportación y de importación. Esa reforma de la Constitución de 1866 no ha sido modificada ni por la reforma de 1994 ni por ninguna otra, con lo cual tenemos un primer concepto, que es que los derechos de exportación y de importación no son coparticipables; les corresponden al gobierno de la Nación y, como dice el artículo 4/ de la Constitución, están destinados a proveer los gastos de la Nación. También quiero destacar que, como consecuencia de este artículo 4/, nos queda claro, a su vez, otro concepto, que es que el Congreso de la Nación es quien establece los derechos de exportación y de importación. Esto lo establece el artículo 75, inciso 1), de nuestra Constitución y, también, lo reitera el artículo 17.
Ahora bien, ¿qué ha pasado en nuestra historia? No me voy a remontar —porque tampoco tengo mucho tiempo— a las distintas leyes que se dictaron estando vigente los
artículos 4/, 17 y 75, inciso 1), de la Constitución Nacional. La ley 810, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, en 1876, establecía que los derechos de exportación y de importación, hasta que se creara la Aduana, los fijaría el Poder Ejecutivo en lo relativo al quantum, al modo y sobre qué mercaderías recaerían. Esto fue reiterado en otras leyes, tales como la 10.349, la 11.014, la11.274, la 11.281, la 17.198, la 17.412, la 18.714, la 19.184, la 19.442, la 20.441, la 20.545, la 21.453 y, finalmente, la 22415, que es el Código Aduanero que actualmente se encuentra en vigencia. Con lo cual, tenemos claro el concepto que desde 1876 hasta la fecha todas las legislaciones argentinas, pese al artículo 75, inciso 1), creaban los derechos de exportación e importación: el quantum, el modo y qué mercaderías se gravaban era fijado por el Poder Ejecutivo. ¿Saben por qué? Por que los derechos de exportación y de importación constituyen un fenomenal instrumento de política económica del gobierno de la Nación, para proteger, en el caso de los derechos de importación, la entrada de mercaderías que puedan perjudicar a la industria nacional o al campo de la República Argentina.
Quiero también destacar que la Corte Suprema de Justicia, en distintas oportunidades, se ha pronunciado y estableció que, en materia de derechos de exportación y de importación, debemos ser flexibles, porque constituyen un instrumento de política económica del gobierno de la Nación. Y con relación al gobierno de la Nación, el artículo 99, inciso 1), de la Constitución establece que nuestro presidente es el jefe supremo de la Administración. El artículo 99, inciso 2), establece que el presidente tiene facultad para dictar todos los reglamentos necesarios para regular las leyes. Por ende, voy a hacer un corte.
Antes de la reforma de 1994, fue una constante de todas las leyes argentinas que los derechos de exportación fueran fijados por el Congreso de la Nación. Pero el quantum, el modo y las mercaderías que se gravaban eran establecidos por el Poder Ejecutivo. En 1994, se produjo la última reforma de la Constitución Nacional. De ella resultó que, en el artículo 76, se estableciera claramente que el Congreso de la Nación no podía delegar en el Poder Ejecutivo facultades legislativas, salvo que se refirieran a cuestiones de emergencia pública o de administración.
A su vez, no tenemos que olvidarnos de la cláusula provisoria octava de nuestra Constitución, reformada en 1994. En ella se decía que todo lo que hubiera delegado el Congreso de la Nación Argentina al Poder Ejecutivo tendría una vigencia de cinco años; vencido ese plazo, caducaría, salvo que, expresamente, dicha delegación fuera ratificada.
Veamos qué ha ocurrido en nuestro país.
Se dictaron distintas leyes en diferentes épocas: la 25.148, la 25.645, la 25.918 y la 26.135, que fueron prorrogando —la última, hasta agosto de 2009— aquella legislación que se encontraba incluida en la cláusula provisoria octava de nuestra Constitución Nacional.
Cuando se trató la primera de las leyes —la 25.148—, se originó un debate en el Congreso de la Nación acerca de si se debía enumerar cada una de las leyes para que mantuvieran su vigencia o se debía dictar una disposición genérica. Triunfó la segunda posición, porque se temía que se pudiera omitir alguna ley y existiera, como consecuencia de ello, una laguna jurídica en nuestra legislación.
En los debates sobre la primera ley, cuando al Poder Ejecutivo de la Nación la Comisión de Asuntos Constitucionales le pidió que informara sobre cuáles eran las leyes que el Congreso de la Nación había delegado, el entonces subsecretario de Asuntos Legales de la presidencia del doctor Menem mencionó algunas y, expresamente, contempló la 22.415.
Sé que esa ley fue dictada durante la dictadura de Videla, siendo ministro de Economía Martínez de Hoz. Pero ha estado vigente desde su sanción en 1980 ó 1981 hasta la fecha. Y no existe ni un solo fallo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la haya declarado inconstitucional por ser violatoria de las facultades delegadas. Y no lo ha hecho porque ha entendido que en el Código Aduanero hay treinta y seis artículos que regulan el derecho a la exportación. No fijan el quantum, el modo ni qué mercaderías se encuentran gravadas, porque entiende claramente que todas son facultades dentro del ámbito de la administración que tiene nuestro presidente, establecidas en los incisos 1/ y 2/ del artículo 99.
Y así lo entendieron todos los gobiernos constitucionales: el de Alfonsín, el de Menem, el de de la Rúa, el de Duhalde, el de Kirchner y, actualmente, el de nuestra presidenta Fernández de Kirchner.
Señor presidente: también quiero hablar de la hipotética confiscatoriedad de las retenciones. Muchos han dicho que se esa confiscatoriedad se basa en que se supera el límite que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha fijado, que es el del 33 por ciento. Quiero mencionar un caso —hay muchos—: “Montarcec c/Dirección Nacional de Aduanas”, donde expresamente se determina que, en materia de derechos de exportación e importación, el límite del 33 por ciento fijado por la Corte Suprema tiene que ser tomado en forma flexible, que no existe un techo fijo sino que hay que tener en cuenta las circunstancias del momento y del lugar. Como consecuencia de ello y para redondear, señor presidente, quiero destacar que el ejercicio, por parte de la presidenta de todos los argentinos, de fijar las retenciones móviles se ha hecho sobre la base de la ley 22.415, una ley que nunca fue declarada inconstitucional, y sobre la base de la facultad que le otorga el artículo 99, incisos 1) y 2) de la Constitución Nacional. Y agrego, para todos aquellos que quieran decir que no puede regular en materia impositiva, que no lo está haciendo. El Congreso, ya en la ley 22.415, ha establecido la creación de los derechos de exportación y de importación. Lo único que ha hecho nuestra presidenta es fijar el quantum, el modo y qué mercadería se grava.
Como consecuencia de ello, señor presidente, entiendo que se ha actuado dentro del marco constitucional. No existe delegación de facultades ni confiscatoriedad, porque, con las reformas que se han realizado en la Cámara de Diputados, de casi 85 mil productores de soja, aproximadamente 82 mil van a ser beneficiados y no van a pagar una alícuota superior al 30 por ciento.
Voy a terminar diciendo que aspiro a que exista la unidad entre todos los argentinos, que nos reencontremos. Aspiro, como dice el Preámbulo de la Constitución Nacional, a que logremos la paz interior y promovamos el bienestar general para todos, para nosotros y para,todos los que quieran habitar el suelo argentino, invocando a Dios como fuente de toda razón y justicia.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Vera.

Sr. Massoni. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pampuro). — Sí, senador Massoni.

Sr. Massoni. — Con todo respeto, quiero agregar que el artículo 52 de la Constitución…

Sr. Pichetto. — El senador Massoni ya hizo uso de la palabra, señor presidente.

Sr. Presidente (Pampuro). — Solicitó la palabra para una aclaración.Sea breve, por favor, senador Massoni.

Sr. Massoni. — A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. Artículo 75: “Corresponde al Congreso:
1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación.”

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Vera.

Sr. Vera. — Señor presidente: por la limitación de tiempo, trataré de ser breve y concreto, haciendo notar que llamaremos al pan, pan y al vino, vino. Porque, después de ocho horas de debate y cinco días de trabajo en las audiencias de la semana pasada, se ha dicho todo o casi todo. Y creo que la gran mayoría de los senadores tenemos posición tomada acerca de lo que vamos a hacer.
En primer lugar, quiero hacer notar que rechazamos el proyecto de ley sancionado en la Cámara de Diputados. Sabemos que esa ley se origina en un conflicto que nació a partir de una decisión tomada por el Poder Ejecutivo en el mes de marzo, por la que se disponían ,retenciones a un nivel excesivo, a punto tal que conmovió a todo el sector productivo.
Particularmente, esta disposición fijaba retenciones que fueron calificadas de muchas formas, pero que, debido al desarrollo del conflicto, sabemos que afectaban a una franja muy grande de productores y que les impedía seguir trabajando en el futuro.
Sabemos, también, que este conflicto se extendió de un modo inusitado, porque encontró un caldo de cultivo en el país y, particularmente, en el sector agrario. Había otros sectores que siguen hoy postergados, acorralados por las políticas del gobierno que los había condenado, en mucho casos, a quebrantos. Es el caso de la ganadería, de la industria lechera y de otras economías regionales.
Por razones que no viene al caso ni hay tiempo para explayar, el Ejecutivo envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados cuya primera pretensión fue, también, sostener las decisiones de la Resolución 125 y sus complementarias. Solamente la dificultad para retener la mayoría en Diputados permitió algunas modificaciones y, con ellas, llega aquí, a la Cámara de Senadores. Como correspondía, se abrió el debate en las comisiones con audiencia pública, y escuchamos todas las versiones, todas las posiciones. Escuchamos a las entidades del campo, a los economistas, a los técnicos, al gobierno y, también, con brevedad, a algunos senadores. Pero, por supuesto, por lo que vemos hoy acá, nuevamente, llega al recinto del Senado la decisión del Poder Ejecutivo o del gobierno de mantener el proyecto sancionado en Diputados sin tocarle siquiera una coma.
Entonces, con el respeto que me merecen todos los senadores y las personas en general, me permito decir que hemos tenido la oportunidad de escuchar y hablar, pero no hemos podido encontrar los caminos que nos permitieran intentar lo que muchos senadores de la oposición entendíamos debía ser el camino para que, consagrada esta iniciativa del Ejecutivo en ley, se llegara a una solución para los productores. Esta decisión política de no abrir las posibilidades de cambio en el proyecto ha originado, incluso, que senadores del oficialismo, violentados quizás por el contenido de esta iniciativa, hayan decidido presentar sus propios proyectos, desde el punto de vista de sus conocimientos y, seguramente, por el clamor de sus poblaciones, aportando distintas alternativas, creyendo que así podría solucionarse el problema.
Sabemos que el punto clave es que el nivel de retenciones y no las retenciones han originado esta resistencia tan fuerte, tan firme y constante, primero, de los productores agropecuarios, que se ha extendido, luego, a otros sectores, a los que también afectó económicamente.
Seguro que el gobierno, entendiendo que la forma de descomprimir otra vez era la creación de estas compensaciones, las dispone; pero, ¿qué ocurre? Ocurre que compensaciones en las que nadie cree por la experiencia que tiene el país, que no es poca, y porque no se encuentran razones para creer que algo ha cambiado en la estructura del Estado como para que lo que antes era ineficiente ahora sea eficiente. Sucede que, como en el caso de otros servicios que han afectado al Estado —y esto es así más allá de los partidos—, desgraciadamente las respuestas, incluso las que se autoimpone el Estado, por lo general llegan tarde y muchas ni siquiera llegan.
Hablamos de compensaciones que no solamente son descreídas por parte de los supuestos beneficiarios sino que, como se sabe, generan otras deformaciones más en manos del Estado; deformaciones precisamente sustentadas en la ineficiencia.
Cuando las cosas no se cumplen, naturalmente aparecen distintas formas de hacerse de ciertas respuestas: eso ocurre, por ejemplo, con la corrupción para impulsar trámites; y esto tampoco es una cuestión de partidos. Estas y muchas otras razones han hecho que nosotros hayamos compartido y trabajado en otro proyecto.
Ahora, quiero aprovechar la oportunidad para hacer notar la precisión y transparencia con que ha expuesto el senador Marino, por La Pampa, sobre el proyecto elaborado por varios bloques de la oposición.
Nosotros rechazamos la posibilidad de acompañar la iniciativa oficial, como tantas veces lo hemos hecho con otras leyes. Nadie puede decir que en este Congreso mis pares o quienes componían esta Cámara antes del 10 de marzo —fecha en la que yo me incorporé— no hayan tenido voluntad de avanzar más allá de quién sea el autor de las iniciativas; pero en este marco, ante una ley que no resuelve el problema y que en alguna medida hasta ha violentado al mismo bloque mayoritario, uno no puede menos que buscar alternativas; y ahí estamos nosotros.
Además, aspiramos a que esta sanción no se convierta en ley porque hay otro pecado que nosotros no podemos soslayar. Sabemos que el conflicto también se motiva por la pérdida de rentabilidad o por habérsele quitado rentabilidad a otros sectores de la vida agropecuaria, y en cuatro meses no hemos podido avanzar nada.
Acá se dice que se va a dictar una ley agraria; pero en un tema de tal complejidad donde sabemos que la ganadería retrocede, que la lechería retrocede, tenemos la información de los técnicos al respecto y existe la convicción política de muchos, nos preguntamos cómo es que simultáneamente no hemos buscado también la solución a este problema. Lo digo con pesar porque, más allá de los partidos que nos han encomendado esta función, somos senadores de la Nación. Entonces, como dijimos cuando se desató el conflicto, las miradas deben estar puestas en semejante jerarquía, en semejante institución, en semejante poder.
Por lo expuesto, como reflexión y con respeto, por supuesto —y perdonen la reiteración—, porque no es mi propósito descalificar a nadie al manifestar mis razones, digo que necesitamos que esta sanción “caiga” en el Senado de la Nación. Lo hacemos porque tenemos la convicción de que así funciona el sistema democrático.
No me voy a extender porque no hay tiempo y quizá no sea el momento de hacerlo, pero no puedo dejar de manifestar que el sistema democrático no puede tambalear porque una ley propuesta por el Ejecutivo de pronto no se transforme en ley.
Quizá, quien les habla y muchos de mis partidarios tienen larga experiencia en esto de propuestas; de iniciativas de los Ejecutivos que han vuelto atrás: Algunas no se han tratado mientras que otras se consideraron y fueron rechazadas. Por eso, digo por último a los senadores que pueden contribuir a que no se pierda esta oportunidad que no significa —al menos en mi visión— ignorar cómo funciona el sistema de mayorías y minorías: significa el ejercicio de una potestad que es nuestra, y que seguramente nadie nos va a ayudar a recuperar.
Creo que queda un sinfín de cosas por decir. Hemos procurado ir a lo esencial.
Sabemos que las cuestiones académicas han sido escuchadas y volcadas acá. Hoy se trata de decisiones políticas. Seguramente habrá una mayoría, una verticalidad oficialista o como le llamemos, que habrá decidido y que podrá indicar que este proyecto se transforme en ley, o no.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Corregido.

— Ocupa la Presidencia del H. Senado el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.

Sra. Corregido. — Señor presidente: hay un principio de la lógica que dice que si no discutimos lo principal no podemos discutir lo accesorio.
Como representante de la provincia del Chaco quisiera plantear el tema de la soja como una cuestión principal. Para ello, quiero leer un texto muy corto que escribió Jorge Rulli, auténtico referente de la resistencia peronista de convicciones profundísimas con relación a la doctrina nacional. Ha estado exiliado, preso, y pasó muchos años curándose las lesiones producidas por las torturas de las que fue objeto.
En El libro de los Editoriales. Globalización y Resistencia nos muestra una foto clara y precisa de lo que pasa en el Chaco. Dice que las poblaciones chaqueñas emigran a los espantosos cinturones de indigencia que rodean la ciudad de Resistencia, a los bolsones de miseria del Gran Buenos Aires, o permanecen en sus pueblos misérrimos expulsados de sus tierras campesinas y desempleados de la agricultura, bajo la permanente agresión de las aerofumigaciones. ¡Claro que se está refiriendo a lo que nos ha hecho a los chaqueños el cultivo de la soja!
El Grupo de Reflexión Rural anticipó años atrás el desastre ambiental que se iba a producir en la provincia del Chaco. Es cierto que la soja también produce estas sequías terribles en las que se nos muere hasta el ganado y en las que los humanos no tenemos agua para beber. pasando luego a inundaciones descontroladas en las que las tierras quedan inservibles para toda producción.
También quiero recordar a Horacio Giberti, quien fuera ministro de Agricultura del presidente Cámpora, ¡hombre leal si lo hubo!. El manifestó que en el Chaco la soja desplazó al algodón y que, si eso continuaba, se utilizaría una quinta parte de la mano de obra que hoy se emplea. Efectivamente, en estos últimos tres años la producción de soja en el Chaco se expandió en un 509 por ciento. Para que se expanda en esa medida necesariamente se produjo el corrimiento de la frontera agropecuaria y el desmonte salvaje de la zona, que fuera denunciado por las ligas agrarias u por las organizaciones ecológicas de la provincia. Además junto con esto, que significa una gran pérdida económica para la provincia —esta deforestación salvaje—, la cuestión de las fumigaciones trae aparejada también la contaminación de los suelos, del agua, así como tumores y malformaciones congénitas que se dan en mi provincia. Aprovecho la oportunidad para señalar que una de las principales causas de mortalidad en mi provincia son los tumores.
Mientras tanto, el algodón se retrae. Recientemente estuvo en mi provincia la señora presidenta inaugurando una planta textil en la ciudad de Puerto Tirol. Evidentemente, es una fábrica que, además de generar mano de obra, trae riqueza a la provincia. En consecuencia, necesitamos aumentar notablemente la producción del algodón.
Por otro lado, Giberti expresa que las retenciones móviles no evitan el “efecto sojización”, y la devolución por transporte tampoco; que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en provincias como el Chaco, donde hay suelos frágiles; y que incentivar la producción de soja es suicidarnos.
Lo importante del problema de la soja es la estructura social que ésta genera: lasM explotaciones son de gran magnitud económica; los pequeños productores resultan excluidos del campo y difícilmente puedan volver a la vida rural. Por el Censo de 2002 sabemos que de 90.000 productores expulsados del campo 75.900 tenían menos de 200 hectáreas. Entonces, creo interesante observar que este proyecto sancionado por la Cámara de Diputados no nos está permitiendo definir qué estructura social agraria queremos los argentinos, qué campo requerimos para el desarrollo y cómo debería ser un ámbito rural con producción sustentable y equidad.
En mi provincia se importa absolutamente todo. No producimos leche ni huevos ni pollos ni hortalizas ni frutas. Durante la campaña electoral de 2007, con el gobernador Capitanich prometimos trabajar fuertemente para tratar de que los chaqueños podamos producir —como decía Perón— por lo menos lo que consumimos: ese es mi compromiso y el del gobernador.
No me puedo olvidar de un acto realizado en Colonia “José Mármol”, que queda en La Montenegrina —pagos donde el gobernador se crió cuando niño—, en la que estuvieron miles de pequeños y medianos productores a quienes escuchamos, nos escucharon, y nos dieron su voto. Gracias a esos miles de pequeños productores el Frente Justicialista “Chaco Merece Más” incorporó a dos diputados nacionales y dos senadores en el Congreso, al gobernador y a la presidenta. Entonces, no me puedo olvidar de esos pequeños productores.
Quiero leer un pedacito de una carta que me envió el hijo de un agricultor, en la que dice lo siguiente: “En nuestra provincia llevamos ya cuatro campañas consecutivas con sequías. No tenemos reservas en los perfiles de suelo. Se nos están muriendo animales por la falta de agua. ¡Ni hablar de las reservas de pasto, que ya prácticamente se han terminado!…”.
Acá yo quisiera agregar qué importante sería que alguna vez pudiéramos hacer las represas en Salta para poder regular las aguas del río Bermejo, que no pasemos de las inundaciones al desierto, y que podamos tener una provincia que pueda producir con sustentabilidad y equidad.
Sigue diciendo que de esta forma y con esta política nos van a llevar a la ruina a todos los pequeños y medianos productores del interior del país, más aún los del norte y más precisamente los de la provincia del Chaco.
El productor chaqueño dejó de producir algodón por los elevados costos de producción y por la inseguridad de precios al momento de la cosecha. Recordemos que los pequeños y medianos productores se ven obligados a vender la producción ni bien la cosechan, cosa que no ocurre con los grandes productores y los pools de siembra, que tienen una condición financiera totalmente distinta a la de nuestros productores.
En la actualidad, en el Chaco un productor con hectáreas que antes era una potencia hoy pasa a ser prácticamente un pequeño productor que no puede vivir de lo que produce en su chacra. Se necesitan como mínimo 250 hectáreas de producción de soja, por ejemplo, como para poder subsistir, ¡ni hablar de progresar! Esa es la realidad en la que estamos viviendo y que algunos no quieren ver.
Esta carta la escribe un ingeniero agrónomo asesor de la Cooperativa Agropecuaria Sáenz Peña, hijo de colonos y cuyo padre, con una chaca de 100 o 200 hectáreas, seguramente pudo hacer que él fuera a la universidad: esta es la realidad de mi provincia.
La provincia del Chaco es muy joven. Mis padres se instalaron recién cuando se estaba institucionalizando en 1955. La mayoría de la población que llegó al Chaco en las distintas inmigraciones internas —hay mucho santafesino, cordobeses, santiagueños y correntinos— tuvo que desmontar con 50 grados de calor. Ellos hicieron el Chaco; ellos son los que pudieron lograr este ascenso social. Ellos permitieron que sus hijos llegaran a ser la dirigencia de la provincia del Chaco.
Por último, quiero hacer una reseña muy importante. Cuando estalló el conflicto del campo la verdad es que pensé que, si lo hubiéramos tratado en el Congreso, habríamos podido consensuar con las partes y llegado a un proyecto de ley que nos contenga a todos con mayor racionalidad. Entonces, presenté un proyecto para anular el artículo 755 del Código Aduanero, otro para evitar la extranjerización de las tierras, etcétera.
La verdad, otra cosa a la que encuentro que este conflicto del campo le puso luz, es que la ciudadanía entró de lleno a la política; y, de ninguna manera, porque sea golpista ni porque esté en contra de nuestra presidenta. Muy por el contrario, las sociedades van estableciendo en su debido tiempo distintos paradigmas. Así como en los 80 la sociedad entendía que lo que había que defender era la democracia, en los 90 fue Cristina Fernández de,Kirchner quien desde este Congreso, con su discurso y su acción por la calidad institucional —nunca delegó facultades y hasta hoy no ha dictado ningún decreto de necesidad y urgencia— nos invita, nos enseña y nos convoca a que respetemos el Congreso: en definitiva, a que no deleguemos facultades.
Así como luchó para derogar la Ley de Obediencia Debida y la Ley de Punto Final, e hizo caso omiso de la disciplina partidaria, creo que todos debemos ser fieles a nuestras posiciones.
Mis convicciones son absolutamente peronistas. Como Perón, creo que el Estado debe intervenir en la economía y, si no lo hace, por supuesto las multinacionales se van a quedar regulando nuestra economía. Entonces, pensemos en nacionalizar el comercio exterior, los silos y los ferrocarriles que transportan los granos; pensemos en una Junta Nacional de Granos y en una Junta Nacional de Carnes; pensemos en cómo encontrar los paradigmas que esta sociedad hoy nos pone a la luz y que necesita que este Congreso defienda para construir un país grande, generoso y equitativo que nos contenga a todos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Iturrez de Cappellini.

Sra. Iturrez de Cappellini. — Como miembro de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca tuve la oportunidad de compartir todos los debates y las exposiciones que a lo largo del análisis de este proyecto de ley con sanción de Diputados hemos analizado y desmenuzado, y respecto del cual escuchamos las opiniones de cada uno desde distintas ópticas; pero estoy convencida de que lo que estamos discutiendo es la profundización del sistema democrático, el respeto por las decisiones que en forma legítima puede tomar un gobierno elegido por el voto popular.
¿Por qué digo esto? Porque lo que comenzó como un desacuerdo con relación a la imposición de las retenciones móviles mediante el dictado de la Resolución 125 del Ministerio de Economía, con el correr de los días fue objeto de una suba de apuesta. Así, se comenzó a cuestionar toda política que pudiera implementar el gobierno.
De repente, me pareció como que todos los referentes políticos, sociales y económicos habían despertado de un largo letargo y todo lo que parecía que estaba bien con
anterioridad al dictado de la Resolución 125 empezó a estar mal. De esta manera, parece que nuestros ocasionales opositores descubrieron que una práctica de gobierno llevada a cabo durante muchos años por el Ejecutivo —tanto de signo peronista como radical—, como es el hecho de fijar políticas con relación a las retenciones respecto de derechos de importación y exportación, comenzó a ser inconstitucional.¡Y cuidado que no estoy manifestándome sobre la cuestión de fondo! Lo que estoy planteando es la oportunidad del reclamo.
Antes de la Resolución 125 tampoco tuve oportunidad de escuchar reclamos del sector agropecuario que pusieran en conocimiento de toda la sociedad la problemática que estaban viviendo: no los vi, señor presidente; no los escuché en forma leve ni mucho menos con la vehemencia con que hemos visto este reclamo en los últimos días. Tampoco he tenido conocimiento de que las entidades representantes de los sectores agropecuarios hubieran cuestionado la legitimidad del gobierno para imponer las retenciones, salvo cuando se ha aplicado un porcentaje mayor.
Vuelvo a repetir, señor presidente: no estoy pronunciándome sobre el fondo de la cuestión sino que creo —como ya lo dije— que lo que está hoy en juego es el respeto por las potestades que un gobierno constitucional posee.
Escuché estos días por parte de los representantes del agro que lo que hay que cambiar es el modelo económico. Al respecto, creo que en este juego de la democracia, quien quiera llevar adelante una política —compartiendo la exposición del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y miembro informante del proyecto de la mayoría— debe legitimarse en las urnas. Entonces, este gobierno impulsa el modelo que ha plebiscitado en las últimas elecciones de octubre del año 2007.
Tengo la firme convicción de que para hacer frente a un problema primero debemos visualizarlo: y sin duda hoy tenemos un problema ya visualizado. Pero reitero que la solución tiene que salir de los consensos que habrá que trabajar para conseguir con todos los sectores involucrados.
Indudablemente, hemos asistido a un tiempo muy particular en esta Argentina, desconocido para todos nosotros, en el que han tomado parte los involucrados en el tema y los que no tenían nada que ver con el campo. Pero yo creo que a partir de mañana, cualquiera sea el resultado de la votación en el día de la fecha, no podremos hablar de vencedores ni de vencidos porque nos estamos refiriendo al futuro de la Patria. A partir de mañana habrá que corregir lo que haya que corregir, modificar lo que haya que modificar, mejorar, complementar; en definitiva, consensuar para que cada habitante, para que todos los habitantes de este querido suelo, nos sintamos parte de él.
Soy senadora por la provincia de Santiago del Estero, y por una cuestión de convicción con el modelo económico que voté en las elecciones, anticipo mi voto positivo a este proyecto que estamos tratando.

Sr. Presidente. — Gracias por cumplir con el tiempo, senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Quintela.

Sra. Quintela. — Señor presidente: quiero hacer una pequeña reseña antes de introducirme en el tema, para identificar el sector político al que pertenezco en la provincia de La Rioja, que es el justicialismo.
Fuimos el primer sector que acompañó la conformación del Frente para la Victoria allá en 2003. También fuimos candidatos provinciales del Frente para la Victoria en las elecciones del 2007, cuando la entonces candidata Cristina Fernández de Kirchner fue elegida presidenta de la Nación por la mayoría de los argentinos. Entonces, nadie puede discutir nuestro permanente apoyo a esta gestión de gobierno.
Con una fuerte convicción, con total y absoluto desinterés, sin especulaciones de ningún tipo, hoy creemos que la mejor manera de acompañar a este gobierno es votar negativamente el proyecto de ley sobre la Resolución 125 que viene de la Cámara de Diputados.
Vengo de una provincia muy pobre; que tiene una pobreza estructural —que muchos de ustedes deben conocer— quizá parecida o peor que la del Chaco o Formosa. Formamos parte del NOA: por eso somos tan pobres. Estamos lejos de la Pampa Húmeda.
Fíjense que la discusión sobre las retenciones móviles no es prioritaria para nosotros; para nada. No tenemos ni un quintal de tierra con soja; pero para nosotros es fundamental, primero, la solidaridad con aquellas provincias que hoy están bien o medianamente bien y, además, porque desde hace muchísimos años venimos luchando por lo que es la coparticipación federal.
Para mí no ha sido fácil en estos días evaluar la justa actitud que la provincia de La Rioja debía asumir por mi intermedio en este debate que tiene en vilo al país. H e escuchado múltiples versiones y opiniones vertidas en las jornadas precedentes; he consultado a académicos, dirigentes provinciales y nacionales; he leído cada mensaje enviado desde muchos rincones del país y también —como siempre hacemos los políticos— me he dedicado a escuchar la voz de la gente en la calle, en los barrios, en los pueblos.
Hoy he escuchado a mis compañeros legisladores aportar un enorme caudal de conocimientos técnicos al debate. Y finalmente, si he tomado esta decisión, es porque sencillamente creo que se trata de la mejor; de la que salvaguarda la figura no sólo de la presidenta de la Nación sino la del gobernador de mi provincia y la de los intendentes de cada uno de los pueblos riojanos, que necesitan tan poco para arrancar de nuevo y no logran ser escuchados.
Fíjese, señor presidente: llega a mi mente una fábula. Ese cuento de aquella Corte temerosa que no se animó a decir al rey que había olvidado ponerse sus ropas. Sus súbditos, sus “olfas”, lo dejaron desfilar de ese modo por las calles hasta que un niño, riéndose con otros, gritó que el rey iba desnudo, poniendo fin al dilema de los súbditos y restaurando la verdad; verdad que, como decía Perón, no es distinta de la realidad.
Tal vez los adultos del cuento obraban de buena fe cuando callaban la verdad que veían. Sin duda, podían invocar virtudes tales como la disciplina, la verticalidad, la obediencia, el orden jerárquico; pero fue el niño —en este caso nosotros, los senadores—, el que salvó al rey. De hecho, considero que esa es la lealtad a la que todos los dirigentes debemos aspirar en la vida política, aunque a veces no nos gusten ciertas cosas.
En este momento estoy haciendo un gran esfuerzo al expresar verdades incómodas, pero lo hago porque por sobre todas las cosas debemos respetar el mandato popular que nos trajo a este Palacio. Siempre digo que el que avisa no traiciona. De hecho, yo vengo planteando distintas situaciones en mi bloque, al que voy a seguir perteneciendo si me permiten, por supuesto. Con humildad y respeto, debemos intentar hacer este esfuerzo en beneficio del país porque este conflicto no termina con la sanción de este proyecto de ley: creo que ahí comienza el problema.
La Rioja —y esto lo digo respondiendo algunas de las preguntas de muchísimos periodistas— no necesita vender a sus legisladores para conseguir el dinero que le corresponde. Porque nosotros tenemos derecho, al igual que todas las provincias, a que nos sean enviados los fondos, que por un motivo u otro no son los que corresponden. Sucede lo mismo con los sucesivos gobernadores y municipios de nuestra provincia, porque es una de las pocas que no tiene ley de coparticipación federal. Entonces, los intendentes son rehenes de los gobiernos de turno.
Pensamos que todas las retenciones —a la minería, al petróleo, al agro, al cheque, a la Patria financiera— deberían incorporarse o conformar la ley de coparticipación federal para que las provincias y los municipios dejemos de ser mendicantes y nos sea devuelta la libertad de decidir por nosotros mismos sobre cuáles son las necesidades de nuestra gente: esas necesidades que tenemos que satisfacer sin que siempre decida por nosotros el gobierno central. ¡No queremos más Rosas en nuestro gobierno! Previamente debemos consensuar: de esto estoy absolutamente segura. De hecho, me parece que los argentinos somos algo snobs:
antes, fue Blumberg con su marcha el que puso en la picota que se debía bajar la edad de imputabilidad de los chicos. Hoy, porque el campo sale, se trata el campo.
También ha quedado desmentido ante los periodistas que nosotros solamente trabajamos en situaciones especiales. Creo que este Senado —no sé los otros— se caracteriza por trabajar seriamente cada uno de los proyectos de ley que ingresa o que elaboramos nosotros. Desgraciadamente el mal concepto lo tenemos. Entonces, somos nosotros quienes debemos encargarnos de demostrar que estamos honrando nuestro cargo y no sólo que este cargo nos honra.
Considero, como dije muchas veces en el bloque, que debemos consensuar un proyecto de país; un proyecto federal que nos ponga en movimiento ante el desafío que presenta el contexto internacional.
En los últimos años hemos visto con alegría —por lo menos yo— cómo un importante sector de la población iba saliendo del paso después de la quiebra de 2001, logrando crecimiento económico y, en algunos casos, plena ocupación. ¡Qué suerte para nuestro país!
¡No aplastemos lo que está bien! Dejemos que trabajen en paz. Ocupémonos de losque tienen menos, de los que ahora viven de dádivas y deben recuperar su trabajo con dignidad.

Sr. Presidente. — Le quedan diez minutos, senadora.

Sra. Quintela. — Me viene a la memoria una frase de Fontanarrosa, que dice que el problema no es la injusticia de la distribución de la riqueza sino la generosa distribución de la pobreza: esto es grave.
Debemos entender que no se trata de los chacareros, que no se trata solamente de los pools de siembra: se trata de un enorme sector productivo que incluye a todos los pueblos y ciudadanos cercanos a los productores.
Solicito la inserción, para ir terminando.
Nos preguntamos por qué un hombre de campo quedó escaldado después de la década del 90. ¿Por qué no quiere saber nada con los bancos? Se financian mutuamente con sus
vecinos, con sus pares y de esa manera han logrado un círculo virtuoso de producción. ¡Claro!
Como el capital internacional no puede pillarlos en la trampa financiera los saquea mediante las retenciones una vez más —como fue reconocido— para pagar la deuda externa, así como también saquea a las provincias retaceando su coparticipación.
La mejor forma de redistribuir es dar a las provincias los recursos que les corresponden.
Debemos bregar por la independencia de los tres poderes. Creo que en mi caso, votando por el no, estamos demostrando que no somos lo que dicen muchos medios: un manso redil del Ejecutivo. Hay que demostrar que no es así: que tenemos criterio propio, que hacemos un análisis propio; en definitiva, que queremos a nuestro país.
Esto tiene que quedar claro: mi voto negativo es una decisión tomada después de mucha reflexión, en apoyo a este gobierno. Entiéndase bien: en ningún caso debe ser utilizada en apoyo de otras fuerzas políticas, aunque hayamos coincidido en esta oportunidad.
Quiero proclamar la absoluta necesidad de sostener y hacer sostener el gobierno legítimo y democrático de la presidenta Fernández de Kirchner por todas las razones posibles: políticas, de género y, antes que nada, la gran razón: la causa nacional.
Defendamos esta democracia duramente ganada con todo el fervor del corazón pero ejerciendo la prudencia y esgrimiendo, sobre todo, nuestra Constitución argentina. Porque también, señor presidente, pueden darse golpes contra la Constitución cuando se promulgan leyes cuyo sustento jurídico es menos que impecable.
Esta Cámara debe abstenerse de delegar en el Poder Ejecutivo sus facultades constitucionales en materia tributaria porque eso sólo traerá más conflicto.
Aquí lo que cuenta es la interpretación de un proyecto que trae sanción de la Cámara de Diputados, pero también el conflicto social generado a partir de la Resolución 125. Lo cierto es que, en definitiva, esta interpretación sólo puede lograrse a partir de las más íntimas convicciones de cada uno.
Nunca podría creer todo lo que se me dijo con respecto a las represalias que, en democracia, podrían tomarse desde el Poder Ejecutivo por mi disenso. He dicho que un peronista jamás aprieta: convence, persuade, pero no debe apretar y no aprieta; y, mucho menos, tomar represalias contra un gobierno o contra los municipios, porque en ese caso se estarían tomando medidas contra la ciudadanía riojana.
Pertenezco al bloque del Frente para la Victoria, pero le debo lealtad primero a mi Patria, después a mi movimiento y, por último, a los hombres: en ese orden. En todo caso, asumo las consecuencias de mis decisiones, que no son negociables por respeto al pueblo que me votó.
Los riojanos hemos luchado a lo largo de la historia para conseguir un país federal.
Los jefes de nuestra heroica montonera —Facundo Quiroga y “El Chacho” Peñaloza— pusieron sus vidas al servicio de los pobres.
Recientemente, ya en forma contemporánea, puedo mencionar a monseñor Angelelli, que luchó contra los latifundistas y los minifundistas. Yo pertenecí a ese movimiento y sé muy bien lo que es la opresión en estos pueblos.
Aquellos fértiles llanos…

Sr. Presidente. — Le quedan 15 minutos, senadora. Le ruego que redondee, por favor.

Sra. Quintela. — Ya termino, presidente.

Sr. Presidente. — Gracias.

Sra. Quintela. — Aquellos fértiles llanos riojanos de donde brotó la rebelión federal —no podemos olvidarnos de eso— hoy son un ideal olvidado gracias al desmonte ordenado hace siglo y medio también por el poder central para utilizar nuestra madera en el tendido de esos ferrocarriles que hoy tanta falta nos hacen.
Desgraciadamente, la historia nunca se escribe en clave de comedia. La comedia es una invención del talento teatral humano. La tragedia, en cambio, es y ha sido pan de todos los días en el mundo. Por eso, compañeros, les solicito que seamos prudentes.
Señores legisladores y legisladoras: nadie es dueño de la historia ni de la justicia ni del futuro. Estamos a tiempo: enmendemos el rumbo. Convoquemos a un diálogo sin restricciones para crear el país de nuestros hijos, el mejor país del mundo, la Argentina posible.
Muchísimas gracias.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Dora Sánchez y, a continuación, la señora senadora Perceval.

Sra. Sánchez. — Al fundamentar mi voto quiero manifestar de una manera sencilla, para compartir con mis pares y con la ciudadanía en general, el espíritu que me anima a votar de esta manera. Más allá de cualquier otra consideración, voy a explicar mi posición.
Hace aproximadamente ciento veinte días la Argentina era un país con problemas pero con un gran ímpetu para superarlos. El gobierno tenía una agenda de cuestiones pendientes pero a la vez había resuelto muchos problemas, razón por la cual la sociedad le dio un segundo mandato a este oficialismo.
El conflicto que se desató por la aplicación de la Resolución 125 consumió todas nuestras energías. Fue así que abandonamos todas las cuestiones irresueltas y nos enredamos en una pelea que sinceramente, si bien tiene una justificación económica y simbólica, entiendo que ha excedido absolutamente los límites que el pueblo argentino desea.

— Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. — Perdón; ruego silencio y evitar los movimientos porque distraen a quien está hablando.
Adelante, senadora.

Sra. Sánchez. — El mismo miembro informante, mi comprovinciano Ríos, hoy decía que él tuvo muchos conflictos en mi provincia cuando quiso explicar su posición ante la aprobación de esta Resolución 125.
¡Me imagino los problemas que habrá tenido! Lo digo porque Corrientes es una provincia eminentemente agropecuaria y forestal. Entonces, si bien nosotros trabajamos para todo el país, lo hacemos particularmente por Corrientes, que tiene que defenderse de esta clase de cosas.
La Argentina debe recuperar un clima de paz que nos beneficia a todos; ese clima de paz en el cual el gobierno pueda desplegar las necesarias políticas públicas.
En reiteradas oportunidades he manifestado que el voto contrario a la Resolución 125, aunque parezca paradojal de mi parte, es a favor del gobierno. Porque yo creo que si el Senado no termina con este conflicto esta paz que estoy pidiendo —esta paz que yo creo que todo el pueblo argentino está pidiendo— no la vamos a conseguir. Entonces, nosotros beneficiamos al gobierno al votar en contra de la Resolución 125.
Desde el Senado nos corresponde asumir la responsbilidad política de trabajar por el equilibrio, más en estos momentos. Yo lo digo desde un compromiso absoluto con la democracia política, con la distribución del ingreso y con el federalismo. Todos en este cuerpo —y no debemos escondernos debajo de ninguna alfombra— sabemos del contenido siempre traumático de las peleas fiscales. También sabemos de los eternos desórdenes fiscales de nuestro país: los que alguna vez fueron oficialistas saben de qué estoy hablando.
En cualquier caso, antes del 11 de marzo el gobierno estaba en una situación inmejorable para despejar el futuro fiscal del país. Disponía de un superávit fiscal primario que duró casi seis años, reservas en el Banco Central por 50.000 millones de dólares, mayorías parlamentarias claras, la opinión pública con mucho optimismo, la economía creciendo a un ritmo intenso, un tipo de cambio favorable. y los precios de los productos que la Argentina exporta subiendo decididamente. En ese contexto favorable se tomó la medida que hoy está en discusión.
Dada esta holgura, yo me pregunto: ¿nos merecíamos los argentinos esta pelea? ¿Nos merecíamos ayer esas dos plazas, una a treinta cuadras de la otra? Creo que no. Nos merecíamos un debate donde se revisara la matriz fiscal de nuestro país, muy regresiva y muy centralizada.
Un debate donde se ponga en juego el modo de desendeudamiento público, la distribución territorial del ingreso, la cuestión de la pobreza, el tratamiento excesivamente benévolo hacia algunas actividades frente a otras y las finalidades y el destino de los subsidios públicos.
Los provincias no quieren más que el poder central le regale cosas. Corrientes no quiere más. Como acá lo han dicho muchos senadores, nosotros queremos que el gobernador que fuere —el de turno—, con sus proyectos , con su gestión de gobierno, distribuya el dinero que recibe por derecho propio y que haga de la provincia lo que tiene que hacer. No queremos que nos planeen la vida ni que nos programen nada. Y lo digo yo, desde mi posición de política, que apoyé esta gestión y que voté con esta gestión en dos oportunidades.
Por lo tanto, en este momento —y se lo digo en serio al bloque oficialista y al gobierno central—, mi posición es la siguiente: lograr que se termine con este conflicto, que será un beneficio para la ciudadanía argentina y para el gobierno central en particular. Porque de salir del medio de este conflicto de la manera en que probablemente ocurra —es decir, que pierda el campo—, mañana la lucha va a continuar, y eso no es conveniente para nadie.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Perceval y, después, el senador Castillo.

Sra. Perceval. — Señor presidente: en cada lugar y rincón de nuestro país, hemos debatido intensamente en estos días —y no solamente el Parlamento, sino también la sociedad —, con palabras que no nos eran habituales y cotidianas, como “retenciones”, “retenciones móviles”, “precio FOB”, “precio FAS”, “subsidios”, “toneladas”, rentabilidad”, “renta extraordinaria”, “compensaciones”, que aparecieron como una nueva construcción de un lenguaje que parecía o pretendía ser un idioma o una palabra colectiva.
Pero en estos días, no sólo el Parlamento sino también la sociedad han estado debatiendo políticamente; y esto es bueno. Se ha estado debatiendo ideológicamente, y esto es bueno. Se ha estado debatiendo sobre el principio de autoridad del Estado democrático y constitucional de derecho. Se ha estado debatiendo sobre un estilo de concebir, construir y convivir la democracia.
Asimismo, se ha debatido sobre distintas ideas o imágenes de federalismo. Por un lado, la sumatoria de provincia. Por otro lado, la necesidad de pensar el federalismo en clave de un Estado-Nación en su diversidad y en su pluralidad.
A su vez, y por qué no explicitarlo, creo que, junto a muchos otros, hemos estado debatiendo incipientemente un proyecto nacional. Digo esto porque los argentinos venimos de tres décadas donde no debatíamos. Había una verdad cerrada, definitiva, dogmática: “achicar el Estado para agrandar la Nación”.
Después de la crisis de 2001, fundamentalmente desde 2003, con el esfuerzo y el compromiso de todos, a partir de la posibilidad de una realización transparente, libre en elecciones democráticas, tuvimos la voluntad y las ganas de no pactar nuevamente con el fracaso, el desasosiego, el sufrimiento de tantos y tantos años de exclusión, de pobreza y de injusticia de nuestro pueblo.
Así, comenzamos mayoritariamente a construir un modelo de desarrollo que tenía y tiene que ver que con el crecimiento económico —¡claro, cómo no va a tener que ver con el crecimiento económico!— pero, también, fundamental y sustantivamente, con un crecimiento económico que tiene un imperativo político y moral: un crecimiento económico con inclusión social.
Y hoy, a partir de las retenciones —que mi amigo y colega Eric Calcagno describió con tanta precisión económica y experta—, se ha vuelto a debatir sobre las articulaciones entre el Estado, la política y la sociedad. Tres temas clásicos: Estado, política y sociedad , y sus relaciones.
¿Por qué es bueno? Porque, en realidad, no sólo quienes estamos acá, sino también quienes tengan nuestras edades, recordaremos que a 1983 llegamos a votar por primera vez con una inmensa voluntad de recuperar una democracia plena. Y con el enorme afecto y respeto que le tengo y le tuve al doctor Alfonsín, tengo que señalar que él debió soportar condicionamientos.
En aquel entonces, hablábamos —también en las universidades— de democracias restringidas, de democracias condicionadas por distintas corporaciones, sectores del poder y grupos de intereses. Sin duda, esta tarea no está resuelta. No se soluciona de una vez y para siempre la conquista de una democracia plena sino que se construye diariamente, porque todos los días hay conflictos de intereses, aun entre quienes podemos estar en las mismas o en distintas plazas.
Por ello, quiero compartir con ustedes algunas preguntas. Esto es lo que me surgió durante estos días: me surgieron preguntas a partir de lo que dijeron nuestros amigos de Carta Abierta. Cito: Carta Abierta 1: “La decisión de un gobierno democrático que intenta determinadas reformas en la distribución de la renta y estrategias válidas y necesarias de la intervención de la economía”.
¿Qué pasó? ¿Por qué tanta hostilidad si, mayoritariamente —y aquí los miro a ustedes, mis colegas parlamentarios—, antes de la Resolución 125 ya habíamos tenido —como es bueno— conversaciones humanamente valiosas, de coincidencias y disensos. Reitero: ¿por qué tanta hostilidad desde una decisión legítima y válida como fue la de nuestra presidenta si, mayoritariamente, todos los que aquí estamos, coincidimos en cuanto a la necesidad de que haya retenciones, según el tiempo y la oportunidad?
Y en este punto, debemos partir de la premisa de que, dada la inserción del país en un mercado mundializado, la tasa de cambio es uno de los instrumentos decisivos para regular los efectos positivos o negativos de esta inserción. Así lo comentaba y describía el señor senador Viana.
¿Por qué tanta hostilidad, si con matices veníamos coincidiendo en que, si nuestra meta es lograr un sistema productivo diversificado, competitivo, equilibrado y complejo, que asegure el bienestar del conjunto de la población, se necesita un esquema de cambios múltiples que garantice un desarrollo equilibrado en todos los sectores, en el agrario y en el industrial?
¿Por qué tanta hostilidad, si examinadas desde esta perspectiva las retenciones móviles en discusión constituyen un instrumento perfectamente legítimo y apropiado para
establecer una tasa de cambio diferencial con relación al sector agrario, para impedir que los presentes y futuros altísimos precios internacionales en divisas de los commodities provoquen
desabastecimiento o eleven los precios locales de esos bienes, con los consiguientes efectos inflacionarios y empobrecedores que eso acarrea?
En ese sentido, me cabe otra pregunta: ¿por qué tanta crispación, si las retenciones se han venido usando —como lo explicó el señor senador Jenefes— a lo largo de la historia argentina? Bartolomé Mitre las implantó en 1862, y hasta les diría que forman parte del ADN nacional, ya sean gobiernos democráticos o dictaduras —Sarmiento, Avellaneda, Roca, Juárez Celman, Pellegrini, la revolución libertadora, Onganía, Levingston, Lanusse—. Pero en ninguno de esos episodios tuvieron lugar paros agropecuarios. Sólo se realizaron durante el gobierno peronista de 1975 y en el gobierno del doctor Raúl Alfonsín en 1987. El lock out de 1975 se extendió hasta febrero de 1976: el conflicto se llevó adelante durante un año, hasta febrero de 1976, fecha cercana a un momento muy doloroso para los argentinos.
El actual presidente de la Sociedad Rural Argentina —que en la época de Martínez de Hoz también lo era y no dijo nada de las retenciones—, en 2002, en plena crisis, criticó la aplicación de retenciones al agro.
Para los que alguna vez hayan imaginado que las retenciones son como el dulce de leche, es decir, un invento argentino, quiero decir que no es así: las retenciones and n por el mundo. Inclusive, no son instrumentos prohibidos por la Organización Mundial de Comercio: uno de cada cuatro de sus miembros aplica retenciones, aunque en su mayoría son países emergentes, en desarrollo, del Tercer Mundo.
Asimismo, tengo que reconocer que la Organización Mundial de Comercio, que es un organismo con bastante fama de ortodoxo, en un documento de 2004, recomienda inclusive a los países pequeños y emergentes el uso de estos instrumento,s debido a los precios internos de sus alimentos.
Aquí se habló del Brasil. En junio de este año, leí un artículo que dice: Brasil, nuestra batalla se libra en la Argentina: el gobierno argentino está enfrentando hace tres meses una batalla decisiva no sólo para su propio destino sino también para el de todos los países latinoamericanos. Si el gobierno de Cristina Fernández venciese en esta batalla, no sólo estará defendiendo el interés nacional de la Argentina, también estará abriendo un camino para que los países latinoamericanos y también africanos comiencen definitivamente a reconocer racionalmente la existencia de terribles fallas del mercado librado a sí mismo y a neutralizarlas. Esto no lo dijo una amiga mía del PT, sino que lo escribió Luiz Carlos Bresszer Pereira, ministro de Administración Federal y Reforma del Estado, y ministro de Ciencia y Tecnología del respetado Fernando Henrique Cardoso.
Y también en 2005, leíamos que la economía la regula el Estado o la regulan los grupos concentrados del poder económico. Esta contundente definición está en las conclusiones del Congreso Nacional y Latinoamericano sobre el Uso y Tenencia de la Tierra de la Federación Agraria.
Al respecto, Arturo Jauretche decía que algunos se suben al caballo por izquierda y se bajan por derecha.
¿Es cierto que todos los argentinos queremos avanzar en un Estado democrático y social de derecho? Cuando se piensa la Constitución —como la tenemos en la Argentina— en claves de derechos humanos, ya desde su Preámbulo —tal como hacía mención el senador Jenefes—, “promover el bienestar general” implica que el Estado no solamente respete las libertades, sino que también promocione —no se abstenga, sino que sea proactivo— la generación de igualdad, equidad y justicia.
Finalmente, yo también leí un interesante estudio del profesor Giberti, quien fue ministro de Cámpora y de Perón. En ese sentido, es muy interesante cómo explica esta innovación tecnológica y productiva. Específicamente, se refiere a la soja, pero mira el rostro de la empleabilidad y, también, se centra en cómo se pensaba que iba a lograrse un acuerdo tan rápido, si sigue siendo el bolsillo un lugar muy sensible para los seres humanos. Entonces, es lógico que huya tensiones; lo que no es lógico es que el desabastecimiento de alimentos se use como instrumento de presión política o económica.
Eso es lo que está pasando a nivel mundial. Hace diez años, la especulación estaba en las acciones de empresas de información, hasta que estalló todo el mundo “punto com”.
Después, fueron las hipotecas; y ahora, los casi dos billones de dólares, que conforman las carteras de las inversiones institucionales, se están volcando a los commodities agrarios.
En la Cámara de Diputados —y aquí también— nos han hecho recordar a Perón, lo cual es bueno. Es cierto también que el peronismo no se aprende ni se proclama, sino que se comprende y se siente. En ese sentido, especialmente les quiero recordar a mis compañeras lo que decía Evita en La hora de los pueblos: “Ha llegado la hora de los pueblos y no de la anarquía. Ha llegado la hora en que todos los hombres y mujeres se sienten responsables del destino común”; “No puede concebirse de ninguna manera que un movimiento político nazca desvinculado o se desvincule del pueblo, cayendo en manos de círculos privilegiados”.
Y Evita les dijo a las mujeres: “Las conozco a todas, sigo tu inquietud, mujer; vibré contigo porque mi lucha es también la lucha del corazón de la mujer que en los momentos de apremio, defiende lo entrañable. Sí, defiende la mesa familiar y el derecho a tener un destino menos duro”.
Silvia Bleichmar escribió un libro lindísimo: No me hubiera gustado morir en los 90.
Y es cierto, a mí tampoco. No hemos nacido hoy, somos hijos de nuestra propia historia. Y como verán, lo que decía Evita acerca de las mujeres —no sólo de las peronistas— todavía es una historia inconclusa, porque el efecto más terrible de las últimas tres décadas —diría Silvia— fue la destrucción de una cultura en la que el egoísmo no era una virtud sino un defecto, la destrucción de la cultura en que la usura no era un delito y lucrar con el sufrimiento ajeno era algo despreciable.

Sr. Presidente. — Le pido que redondee, por favor.

Sra. Perceval. — Hemos escuchado —y está bien— “Nosotros somos la patria”; “hay que disolver el Congreso”. Le aseguro, presidente, que lo digo en nombre propio. Compartimos —usted también, como vicepresidente de la Nación— lo que dijo la señora presidenta, en el sentido de que el conflicto se resolvía con más democracia e instituciones. En eso estuvimos y estamos trabajando todos, sin distinciones. Como muchos de nosotros, yo estaba en el acto del Congreso, pero leí que desde la tribuna se dijo “Un artículo de la Constitución condena los actos de traición a la patria. Algún día deberán desaparecer los traidores a la patria”.
Por nuestra historia, nuestro compromiso militante y los miles de compañeros, compañeras y jóvenes, quiero recordar lo que dijo Carlos Fuentes en La Silla del Águila:
“Malicioso o ingenuo, el poderoso siempre creerá que tiene la razón; y el que se opone a él es un traidor o, por lo menos, alguien dispensable”.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Castillo.

Sr. Castillo. —–– Señor presidente: en primer lugar, quiero destacar que estamos tratando el proyecto en un marco de tranquilidad, paz y respeto, cosa que no lo habíamos visto en el otro Cuerpo. De manera tal que esto hay que celebrarlo. Agradezco no sólo a quienes estamos en el recinto, sino también a los presidentes de las comisiones, quienes nos permitieron —incluso, a quienes no somos parte de esas comisiones— recibir las visitas, participar y escuchar a los catedráticos que vinieron y que, en definitiva, nos ilustraron.
Hablar luego de nueve horas de debate es más fácil en algunas cosas; y los argumentos los van manifestando, así que a uno le van quedando menos. Quería iniciar esto con algunos antecedentes históricos y voy quedando por el comienzo de los siglos.

— Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. — Le solicito a la gente de la prensa que mantenga silencio.

Sr. Castillo. —– Uno hace una mirada histórica y observa que, desde los tiempos más remotos, en casi toda la sociedad y en las civilizaciones, el tema de los tributos ha sido una cuestión muy delicada. Quizás los asirios y los caldeos son los únicos que se salvan de esto, que trabajaron mal el humus del Éufrates y el Tigris y, en definitiva, esa civilización se fue perdiendo por otras causas.
En el caso de los egipcios, los tributos demasiado fuertes llegaron en un momento determinado a paralizar la producción. Cuando nos referimos a ellos, tenemos que hablar de las distintas dinastías que tuvieron.
La caída de los romanos es historia más cercana —imponían fuertes impuestos a los pueblos que dominaban—, pero existían dos razones, es decir, fuertes impuestos y un creciente gasto en el imperio, los cuales fueron minando, indudablemente, los poderes. Es más, a lo largo de la historia, casi no ha habido revolución ni cambio social importante que no haya tenido que ver con este condimento del impuesto y la economía.
La primera que se recepta, y es real y cierta —porque quedó documentada para la historia—, es el acta que se le impone a Juan Sin Tierra. ¿Qué significaba? Se trató de un principio según el cual no podía haber tributo sin representación. Es decir, se le quitó la voluntad omnímoda al soberano para aplicar tributos, los cuales, a partir de entonces, debían
ser impuestos a través de una representación. Por supuesto, en aquella sociedad inglesa, la representación pertenecía a los nobles y a la curia; pero el concepto fue ese.
Traigo a colación este concepto, porque ha sido previo a las constituciones. Y aquí estamos discutiendo si esta norma resulta constitucional o no. Pues bien, este concepto ha sido previo a la Constitución.
Por otra parte, todo el proceso constitucional que luego viene y se inicia en los Estados Unidos ocurrió después de tres graves conflictos que tuvieron que ver en dicho país con las distintas actas que los ingleses les hicieron firmar a las 13 colonias, hasta que se produjo la de 1777, que fue la más conocida. Se trató del acta del debate del té, que casualmente fue un derecho de exportación que los colonos no quisieron pagar y se echó ese té al mar. A partir de entonces, se inició un proceso que terminó en la revolución, en la independencia y en la Constitución de Filadelfia 10 años después, en 1787.
Es más, la Revolución Francesa —el cambio más importante de Europa del siglo XVIII— tuvo su raíz en esto y en la Asamblea, que más allá de declarar la igualdad, la fraternidad y la libertad, entre otras cosas modificó las cargas impositivas. Es decir, primero y principal, tendió a sacarle a la nobleza los privilegios y el diezmo que marcaba la Iglesia, y estableció el tema de los impuestos como una cuestión elemental y básica.
A partir de esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fueron naciendo distintos procesos, de acuerdo con las reglas constitucionales que hoy conocemos.
La madre de todas es, seguramente, el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, que establece que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Y, en función de esa norma, se ha establecido el denominado principio de legalidad, que es uno de los elementos fundamentales en las cuestiones impositivas. ¿Por qué? Porque recepta no sólo el concepto de Juan Sin Tierra, sino el concepto según el cual no hay tributo sin ley.
Aquí hay legisladores que tienen mucha mayor autoridad jurídica que yo para efectuar la enunciación de los artículos de la Constitución que marcan cuáles son los dispositivos que tenemos para afirmar que no se puede establecer un tributo sin que el Congreso haya
participado. Por ejemplo, los artículos 4°, 9°, 17 e, incluso, el artículo 52, que es más específico y se refiere a que los impuestos deben ingresar por la Cámara de Diputados, seguramente por entender que sus integrantes son elegidos por el pueblo no a través de una organización social, como podrían haber sido en su momento los “comunes” y los “lores”.
Es decir que si algo se aprendió a través de la historia de la sociedad, es que ninguno debe animarse —permítaseme la expresión— a imponer un impuesto a la gente sin que pase por un Congreso. Porque, de lo contrario, estaremos frente a la madre de los problemas que después vendrán.
De este modo, he tratado de demostrar que esta situación es tan vieja como la historia en la sociedad argentina. Amén de hablar del sistema del principio de legalidad y del otro que aquí se ha mencionado: de confiscatoriedad o proporcionalidad. Y no digo esto como jurista.
Aquí se ha expresado que la proporcionalidad o la confiscatoriedad están marcadas por la Corte, y que el 33 por ciento es un derecho, absoluto o relativo. Creo que todos los derechos son relativos.
Pero cuando hablamos de un 33 por ciento, en mi provincia, Catamarca, en la zona donde se produce soja, ya con el 35 por ciento de retención de antes del 10 de marzo, el sojero nuestro no funcionaba. Se trata de una zona extra pampeana, en donde los rindes son mucho más difíciles. Porque hasta fue un acto de colonización, en las zonas de mi provincia donde hoy se hace soja: antes eran campos llenos de churquis y de jarillas, que no tenían ningún tipo de producción. Y la incorporación de esta semilla y de esta tecnología y la posibilidad de que esto se pueda producir con bajo grado de humedad han logrado que esta zona ingresara en los procesos de producción.
De manera que cuando hablamos de confiscación, decimos: el 33 ó el 35 por ciento del producto. Pero el producto tiene un precio que se paga según esta retención. Entonces, me hago la siguiente pregunta: ¿cómo se conforma el precio de ese producto? ¿Se tuvieron en cuenta los insumos y todos los otros elementos de la cadena para llegar a él? Es decir, estamos aplicando un número abstracto a un hecho concreto, sin tener en cuenta todos los elementos y las cadenas que anteriormente fueron introduciéndose en estas cuestiones.
Por otro lado, acá ha venido Alieto Guadagni y nos ha dicho que el peor problema de esto es que se trata de un impuesto a la producción o una contribución a la producción.
Entonces, se parte de la abstracción de que todos los que producen son ricos y todos los que consumen son pobres. Porque el concepto de este tributo es que, casualmente, con este cambio de riqueza que se hace a través del impuesto del Estado, los que más tienen están, en alguna medida, financiando a los que menos tienen. ¿De dónde se saca este recurso? Se lo debe sacar del impuesto a las ganancias. No hay algo más justo que el impuesto a las ganancias para que haya una transferencia de riqueza de los sectores ricos a los pobres. O bien podría ser un impuesto a la riqueza; ha habido otras fórmulas a lo largo de la historia.
Alberdi decía, en algún momento, que después de la religión y el idioma, lo más problemático de una sociedad es el cambio del sistema impositivo. Porque es como cambiar la base de un edificio sin demolerlo. Realmente, son situaciones muy difíciles que hay que tratar con la responsabilidad y el cuidado que corresponde.
Nosotros estamos insertos en el Mercosur. Muchos de quienes estamos acá somos parlamentarios del Mercosur. Esto no se condice con nuestra Ley 23.981, que es la que está receptando el Tratado de Asunción. Es algo ilegítimo. Ese Tratado nos pide que no estemos marcando ninguna cuestión que impida la circulación libre de los bienes, los servicios y los factores productivos entre los países y, a través de los otros, la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercadería y de cualquier otra medida equivalente.
Creo que la norma es clara. Hasta ahora no hemos tenido problema, aunque los hubo el otro día en Tucumán, cuando la delegación uruguaya no aceptó la postura argentina. Y esto se condice también con lo que pasó hace pocos días en Roma, durante la visita presidencial; y también con la situación que se da con Chile, con quien tenemos el mismo problema. Es decir, hemos firmado convenios de libre circulación y nosotros, en alguna medida, la estamos trabando.
Acá he escuchado lo que medio desdeñosamente se dice: “lo que el mundo está reclamando”. Y he escuchado recién al senador por Córdoba. Creo que protagonista y conocedor como él hay pocos, al menos, en este recinto. Dicen que el mundo nos está pidiendo alimentos. Y en cualquier revista que leemos, nos enteramos de la presencia de China en el mercado; de los otros países asiáticos; de la propia África, donde miles y millones de personas están comiendo y está creciendo su economía. También hay otro tema, que es el aumento de la energía, el aumento de los combustibles y la necesidad de transformar los granos en combustible.
Cuando vino Alieto Guadagni al seno del plenario de las comisiones citó a un economista ruso que decía que en el mundo, de vez en cuando, ocurre algo que se llama la “onda larga”. La “onda larga” es un proceso económico que se sostiene por cuarenta o cincuenta años. Y si nosotros hacemos retrospecciones en la historia, nos vamos a encontrar con que la Revolución Industrial ha sido una onda larga, que muchas revoluciones tecnológicas han sido una onda larga y hasta las cuestiones de informática también lo son.
Ahora, esta demanda de productos primarios es muy probable que se convierta también en una onda larga. Entonces, ¿por qué no mirarla? ¿por qué no ver este fenómeno? No hay que desdeñarlo; es una oportunidad para nuestro país, aunque lo es en tanto y en cuanto se la observe con una visión estratégica. Si esto durara veinte, treinta o cuarenta años, habría que ver qué hacemos los argentinos para sumarnos a este fenómeno, para no perder el tren y no desacoplarnos de las tendencias imperantes. Creo que estas son las respuestas que deberíamos dar a lo largo de este tiempo.
En este Siglo XXI, deberíamos imaginarnos los escenarios y los mercados. Un Siglo XXI que tiene oportunidades, pero, a la vez nos, marca algunas dificultades y cuestiones menores. Un caso concreto es el agua.
Se dijo que la soja se transforma en carne, pollo y cerdo. ¿Pero saben qué es lo que más le importa a China, donde no hay clásulas FOB ni FAS? ¿Qué es lo que importa? Importa el agua. Al exportarle soja a China, ellos en verdad importan agua. En muchos lugares de China no hay agua para las dos cosas. No hay agua para beber ni agua para la agricultura. De ahí que hacen una selección.
En el departamento Pomán —el senador Saadi lo puede decir—, hay lugares donde si se da libertad para la expansión de la producción agrícola, no habrá agua potable. Es un dato de la realidad, un dato que estará presente en el Siglo XXI. Esto quiere decir que nos vamos a encontrar con hermosos desafíos, y no deberíamos negarlos.
Ciertamente, la República Argentina fue depositaria de las viejas ondas largas. O acaso, ¿qué fue la Generación del 80? Fue un período en el que se observó que el mundo estaba demandando ciertas cuestiones; estaban creciendo e industrializándose las ciudades —la Revolución Industrial ya llevaba un siglo y había demanda de alimentos— y nos transformamos en el granero del mundo.
Hicimos lo que debíamos hacer para introducirnos en el mundo, más allá de todos los defectos de ese período. Yo soy radical y, por ende, he sido de los que más he criticado a la Generación del 80. Sin embargo, no puedo negar que hubo inversiones y transformaciones muy diversas.
Más allá de las calificaciones mezquinas que podamos hacer, el país se hizo importante. Y prueba de ello era que a nuestros puertos llegaban muchos inmigrantes.
Muchos de los que están acá son nietos o bisnietos de esos inmigrantes. ¿Y por qué venían a la Argentina? Porque se estaba haciendo ese gran país. Polacos, alemanes, árabes y judíos vinieron a hacer esta República Argentina.
Incluso, los de aquella generación tuvieron la inteligencia, ante la pérdida del proyecto, de dar las herramientas para seguir adelante. Debe de haber sido muy difícil para los conservadores la Ley Sáenz Peña, que permitió el acceso del pueblo al gobierno.
Probablemente, muchos le habrán gritado traidor a aquel fabuloso doctor Gómez, el ministro del interior salteño de Sáenz Peña. Estoy seguro de que aquellos…

Sr. Presidente. — Señor senador: la senadora Fellner le solicita una interrupción, ¿la concede?

Sr. Castillo. —– No doy interrupciones, ya que hemos quedado en eso.
Nadie se debe acordar quién fue el que le gritó “Traidor”; se perdió en las sombras de la historia. Pero quines fueron los hacedores de aquello están en la historia argentina.
Es simple, presidente. Al gobierno que se instaló en aquel entonces, también le vino la onda larga, y fue la posguerra de 1918 la que significó la transformación con ese gobierno en el poder. Incluso sobre este tema que estamos tratando, poco tiempo antes, en 1912, recordamos el Grito de Alcorta en la República Argentina, cuando se produjo el primer movimiento —diríamos— de protesta del campo. En ese entonces, había agricultores que eran legisladores y agricultores que estaban en el gobierno, y en aquellos años se lograron muchas de las cosas que luego han sido grandes reivindicaciones, como por ejemplo, la primera ley de arrendamiento agrario en 1919.
Esa nueva onda le permitió a la República Argentina hacer la clase media. Allí nació nuestra clase media; la clase media más pujante que tuvo la América latina de entonces; la clase media que formaron esos hombres y mujeres inmigrantes; y esos inmigrantes querían que sus hijos fueran mejores, que fueran superiores a ellos, que fueran adelante en situación progresiva.
Y la otra onda larga fue la segunda posguerra, que también encontró un movimiento popular en el poder: el peronismo. En ese proceso, se llevaron adelante las primeras
herramientas de industrialización y, sobre todo, así como el anterior creó la clase media, este incorporó los sectores del trabajo a la economía y a la producción.
Es decir, señor presidente, que no estamos hablando de cuestiones que, en definitiva, puedan ser cosas que se nos ocurren, sino de cuestiones que son parte de nuestra historia, de situaciones que hemos visto y que nos han acontecido. Probablemente, hoy tenemos una nueva oportunidad. ¿Qué vamos a hacer frente a esa nueva oportunidad? ¿Cómo vamos a incorporarnos a ese mundo?
Hay tres o cuatro cosas que tenemos que resolver hacia adentro. Primero, ¿vamos respetar las instituciones? ¿Vamos a hacer leyes por abajo o vamos a hacer contribuciones como corresponde? ¿Vamos a tener seguridad jurídica? Este país, si no tiene seguridad jurídica, no es asequible, es un país que no puede atraer inversiones.
Yo soy catamarqueño. Con la Ley 24.196, se creó un régimen de estabilidad fiscal que permitía la explotación minera durante treinta años y ni siquiera un intendente podía cambiar las reglas de juego. Acá, por una resolución igual a la que estamos discutiendo, pero de la Secretaría de Minería y de Comercio Exterior, se le aplica el 10 por ciento a Minera La Alumbrera en Catamarca, y no sólo a ésta, sino también a YMAD, que participa en el 20 por ciento de las utilidades de esa minería. Y nosotros no hemos podido ni discutir el tema. El daño ya está causado, porque quienes vengan genuinamente a querer invertir ya han sido corridos con los temas de la seguridad jurídica.
La previsibilidad es otro tema. Recién, se habló aquí sobre los mercados y las ventas a futuro, y para cualquier negociación internacional necesitamos dos, tres o cuatro años. Si acá se cambian resoluciones a través de personas que no son elegidas por el pueblo, ¿de qué previsibilidad estamos hablando?

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador Juan Carlos Romero.

Sr. Castillo. —– Uno debe aprender de los viejos; y ellos siempre dicen que no hay nada más tímido que el capital. El capital no viene si no hay un grado de seguridad; o viene el capital especulativo, que logra una ganancia corta y rápida y se manda a mudar, que no creo que sea el capital que nosotros queramos para dar el crecimiento. Y hay que tener en cuenta otras cosas, como no alterar estas cuestiones de producción.
Hay países en donde un barco no sale con materia prima si no ha sido transformada.
Estos son los temas de los que nos deberíamos ocupar, pero para eso, tenemos que dar crédito.
Hay países en donde esto no puede ocurrir, así como tantas otras cosas.
Acá se ha hablado mucho de la coparticipación federal, y no podemos entrar al mundo si no planteamos nuestras cuestiones básicas: que entremos como país. Hemos debatido durante la jornada de hoy el tema de la coparticipación federal de impuestos. Con respecto a eso, desde aquel 57 o desde aquel 52, la realidad es que, en el mejor de los casos, hoy estamos en el 27. No hay autonomía de los gobiernos; queda disfrazada la Constitución.
Pero hay un problema en el Siglo XX. Hemos tenido golpes de Estado a partir de 1930, donde lo primero que se vuela es el Congreso. Cuando se reinicia la actividad política, los otros poderes siguen funcionando. El Poder Judicial, a veces, mira para otro lado y sigue.
Estamos hablando a lo largo de la historia. Quienes detentan parte del Poder Ejecutivo cambian los gobernantes, pero la burocracia sigue. Entonces, el Congreso siempre es el que queda detrás de este tema.
Frente a esta situación, ¿sabe, señor presidente, cuál es el problema de debatir esto? A veces, hasta tengo miedo, si no nos ponemos a charlar previamente. Porque acá, hemos estado discutiendo cuál era la legitimidad. El justicialismo ha dicho en estos discursos: “La presidenta fue avalada con el 46 por ciento de los votos; y en virtud de eso, mandamos aquello”. Los militares no dicen nada; con el golpe de Estado, acumulan la fuerza. Los radicales, cuando ganamos, también hacemos nuestra legitimidad plebiscitaria. Creo que debemos ponernos de acuerdo en dejar a un lado la legitimidad plebiscitaria y buscar la legitimidad argumentativa. La legitimidad que nos dé la gestación de la construcción a través del debate de las ideas.
¿De qué coparticipación federal vamos a hablar, si solamente va a ser la legitimación de los plebiscitos o de los votos? “Si yo gané la elección, te impongo el tanto por ciento”. O sea que la pobre provincia aquella que quedó aislada del movimiento político tal o cual no tiene ciertos derechos.
Si nosotros no discutimos y planteamos estos temas acá, que somos la dirigencia política, ¿a dónde los vamos a plantear? ¿A dónde vamos a ir a encontrar los elementos para poder discutir estas cuestiones? Estas cuestiones son básicas. No podemos seguir gobernando un país en donde el peor unitarismo se ve plasmado. Y no estoy haciendo alusiones a nada, pero solamente recibimos el 27 por ciento. No es sólo eso lo que nos dan, van otras cosas a las provincias; nada más que las otras cosas van a las provincias atadas de distintas cuestiones.
Entonces, no estamos pensando en hacer una República en serio.
Vuelvo al mundo. La clase media de los países pobres está creciendo en forma extraordinaria. Los que dicen que saben —los especialistas— calculan que en 2020 habrá 1.800 millones de personas de clase media en este mundo, de los cuales 600 millones serán chinos, unos muchos serán indios y otros muchos serán nuestros vecinos del Brasil.
Esto es a colación de la onda larga. ¿Qué van a hacer estos 1.800 millones de personas de clase media nueva en el mundo? Van a demandar comida, ropa, tecnología, buenos hospitales, buena educación. Imagínense: hoy hay 800 millones que hacen turismo. En 2020, a esos 800 millones se le pueden agregar, probablemente, según esta cifra, 1.800 millones más. Díganme, ¿no es una hermosa —de nuevo— oportunidad para esta República Argentina?
¿Tan inteligentes eran Roca, Yrigoyen o Perón, que ellos vieron la oportunidad y esta generación no la puede ver? ¿No nos podemos poner de acuerdo en cómo organizarnos internamente, como país, para convertirnos ante el mundo como algo asequible, previsible, en algo que esté funcionando? ¿O esto lo vamos a mirar desde lejos? ¿O esto —peor— lo vamos a mirar con anteojeras ideológicas?
¡Por favor, qué anteojeras ideológicas! ¡Si acá hay un gobierno socialista de centroizquierda extraordinario como el de Lula, en Brasil, o el de Chile! ¡No se hacen planteos ideológicos! ¡Forman parte del mundo! ¡Negocian en ese mundo! ¡Porque esos son los elementos que juegan en este mundo! ¡Los pragmatismos de los negocios, por un lado, y las cuestiones de otra índole, por otro, que también se pueden discutir! ¡Nadie está diciendo que se bajen los principios! Pero se puede avanzar, se puede llevar adelante. No pongamos acá cuestiones ideológicas que no nos permitan, en definitiva, ver algunas otras cuestiones.
Señor presidente: con total sinceridad le digo que poco me interesa el resultado de la votación de esta noche; porque sea de una forma u otra, lo único que va a hacer es acelerar o no ciertos cambios. La verdad es que ningún argentino siente hoy lo mismo que hace 120 días, cuando comenzó esta crisis; ni los propios protagonistas, ni esos agricultores que salieron detrás de lo que ellos hoy reivindican son lo mismo; ni siquiera el gobierno y estas composiciones de sumas de mayoría y de minoría. No importa cuántos serán los votos, pero conmigo sentado en esta banca éramos veinte. Hoy seremos otro número, pero acá habrá otro pensamiento, otra razón y una nueva oportunidad.
Para ir terminando, señor presidente, recuerdo que en un país cercano al que fui de visita, un día alguien me preguntó: ¿qué les pasa a los argentinos siempre?, como queriendo decir que cuando creemos que andamos bien siempre nos pasa algo y volvemos de nuevo a las andadas. Y se me ocurrió pensar aquello que se dice, que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Pero alguien me dijo una vez: los pueblos tienen los gobiernos que se le parecen. Eso es más profundo y más grave. Si eso es así, tendríamos que entrar a mirar los valores, tendríamos que tomar esta crisis como una nueva oportunidad y encarar las virtudes republicanas de forma de hacer de este país la República que todos quisimos y que todos queremos y, probablemente, la República que el mundo está esperando.

Sr. Presidente (Romero). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Martínez (A.A.). — Señor presidente: no voy a referirme técnicamente al dictamen que se ha presentado, porque esto ya ha sido explicitado. Voy a tratar de ver alguno de los puntos que son base de la discusión en cuanto a la utilidad de las retenciones, con las que en un gran porcentaje estamos de acuerdo, a pesar de que esta obstinación del gobierno nos ha dividido en blanco o negro, cuando en realidad los grises —estoy absolutamente convencido— somos muchos más que los negros, a pesar del color de mi cara.
Se habla de la redistribución. Cuando uno se pone a pensar en cómo se redistribuye, cuál es el mecanismo, advierte que cualquier gobierno democrático tiene dos instancias. Una es la redistribución federal, es decir, aquello que se traslada a los gobiernos provinciales y municipales. En esto tenemos grandes deudas y debates por delante, en función de cómo se está llevando. Se discute si el número es 27, 26 o 25. En realidad, tendría que ser 50 y 50. La realidad es que cuando ya se partía con este proceso democrático por 1983 era mitad y mitad y, si a esto le sumamos la salvedad que el gobierno nacional le trasladó, sin presupuesto, a las provincias el tema de salud y de la educación, esto realmente va achicándose cada vez más.
En definitiva, como no se puede discutir una nueva ley de coparticipación —como se ha dicho, ya que sin duda es muy complejo—, los desequilibrios que tiene nuestro país, a medida que se avanza en el tiempo, cada vez se van agravando más.
Otro tema que nosotros hemos escuchado hoy es que el gobierno nacional avanza con ayudas hacia las provincias, por ejemplo en el tema de las jubilaciones. Esto es cierto, pero también lo es que gran parte de los presupuestos que hoy tiene la ANSeS, y que son superavitarios, tienen que ver con plata que se le sacó a las provincias, dinero que nunca se les ha devuelto, y cuando las provincias vienen a solicitar ayuda del gobierno central muchas veces esa plata va, pero tiene que ser devuelta, y hoy se está pagando un interés de casi el 18 por ciento por aquello que me sacaron y que no me devolvieron. Cuando uno analiza las rutas que se están haciendo —aclaro que no estoy en contra de esto, bienvenido sea— advierte que ello tiene que ver con el impuesto al gasoil. Esto está subvencionando de alguna manera un fondo vial y estos son los fondos que se están invirtiendo para avanzar en la construcción de algunas rutas, no muchas pero por lo menos se está avanzando, sin ninguna duda.
Esto también tiene que ver con la contribución que por lo menos las provincias generadoras de hidrocarburos están haciendo. Todos sabemos que las retenciones en el caso de los hidrocarburos son muy altas, un 66 por ciento como mínimo de lo que hoy está cotizando el barril de petróleo, porque el valor de corte son los 42 dólares que todavía se mantienen. Me parece bien que las provincias petroleras puedan colaborar solidariamente con el resto del país, no sólo en esto sino también en la posibilidad de que con estos mecanismos realmente los precios de los combustibles tengan un valor local y no un valor internacional.
Pero en esto también tenemos muchas deudas y tiene que ver con la otra redistribución, que es la que se hace a las personas. Por ejemplo, íbamos a avanzar en una ley que regulara los servicios públicos. Quizá tenían que aumentarse las tarifas, pero planteábamos una tarifa social; es decir, no dejar sin contención a aquellos que no la podían pagar. Recuerdo con mucha claridad que cuando empezamos a tratar el tema del gas natural, del GLP, hubo bastante oposición. Se habló en su momento de que el gas natural tenía tarifa planchada. Se dejó al GLP a las reglas del mercado; esta es la realidad. Sabemos que el GLP lo utiliza casi un 50 por ciento de nuestra población, provincias enteras lo utilizan como combustible, pero habitualmente aquellos que menos recursos tienen. Es la conocida garrafa que se utiliza en las provincias, en el Conurbano, en distintos lugares.
Cuando uno analiza algunas noticias se sorprende. El otro día nos enteramos de una noticia importante de parte de una empresa que fabricaba elementos para calefaccionar piletas de natación. Estaban felices con el incremento que habían tenido en las ventas, porque realmente la mayor parte de los countries —así decía el artículo— podían calefaccionar sus piletas de natación, que antes era un artículo de lujo y ahora no lo es tanto, con lo cual podía estirar la temporada de uso. Claro, si uno se pone a pensar cuál es la razón por la cual se podía avanzar en este mercado, es porque el gas que están pagando es el que está planchado, el gas natural.
Entonces, se da esta paradoja de que los pobres del interior, los pobres del Conurbano, algunos no tan pobres que viven en las provincias, somos los que estamos subvencionando el
calor del agua para que algunos puedan nadar en los countries. Esto nos lleva a pensar que en la mayoría de los casos esta regulación de los servicios no existe, aunque sea por ley. Incluso algunas están vacantes. Incluso la más importante tendría que estar regulada. En algunos casos hay procesos bastante complejos de explicar. El mecanismo de ingreso es el concurso, lo cual no es lo habitual en estos organismos.
Yo estaba haciendo algunos numeritos. Supongamos que alguien tuviera que calefaccionar o cocinar con una garrafa, como en cualquier hogar del interior, y que el precio de la garrafa social —en realidad no hay, porque conseguir una garrafa social es casi magia en este país— es de 18 pesos, aunque sabemos que en cualquier lugar del interior no baja de 25 a 30 pesos. Lo que paga una persona en un departamento aquí en Buenos Aires por 100 metros cúbicos son 22 pesos. El mismo consumo en garrafa implica 205 pesos. Repito, aquellos que menos posibilidades tienen, en los lugares donde las economías regionales están cada día más complejas, son los que están subvencionando el gas a aquellos que tienen posibilidades de pagar más. Creo que no es un mecanismo racional de redistribución. Sería exactamente lo contrario, por lo menos según lo que hemos escuchado en forma general en cada uno de los discursos de los funcionarios de este gobierno.
El senador Ríos decía en su momento, cuando hablaba de lo que él planteaba como posición oficial, que me pareció realmente bien, cuáles eran los mecanismos que se habían dado en algunos momentos en las retenciones de los sueldos. Efectivamente, en algún momento el Estado había retenido los sueldos de la gente. Esto ha ocurrido en todos lados. En Santa Cruz, cuando asume el doctor Kirchner, en un momento de crisis, en un momento muy complejo para nuestra provincia, el Estado declarando esa crisis, se quedó con un sueldo y un aguinaldo de la gente. Por supuesto, luego se lo devolvió, pero fue un mecanismo que se utilizó en ese momento. Yo fui uno de los pocos municipios que no lo acompañó, porque tenía el dinero para pagarle a la gente, pero era entendible este accionar por el momento de crisis que se estaba viviendo.
Cuando se habla de redistribución, es decir, hacia dónde se dirige la intención del Estado en repartir, y se ven los papeles oficiales de la ONCCA, se advierte que a los productores tamberos que han presentado papeles, que son 13.693, se los compensa con 57 millones; a la industria láctea, que son 22, se los subvenciona con 132 millones. En el tema de los molinos de harina, que son 175, por lo menos son los datos oficiales de la ONCCA, con 153 millones; a los productores de trigo, 2.222, con 32 millones. Considero que en esto vamos dejando con mucha claridad quiénes son, en la cadena de la producción, aquellos a los que se les está dando una preferencia en cuanto a los mecanismos de devolución del dinero que se retiene. En eso creo que tampoco concuerda este número, por lo menos, es lo que han expresado varios de los funcionarios con los que tuvimos muy buenas charlas. Realmente, debo rescatar también a los presidentes de ambas comisiones, que nos han dado la posibilidad de haber invitado a funcionarios e intendentes. También quiero rescatar la actitud del presidente de este cuerpo en permitir las reuniones con los intendentes y gobernadores.
Debemos ser muy honestos y sinceros en esto y agradecer esta posibilidad.

Sr. Presidente (Romero). — Señor senador: le informo que se están cumpliendo los diez minutos.

Sr. Martínez (A.A.) .— Gracias, presidente.
Es cierto lo que decía el senador Ríos, que recalcaba que lo más importante que estábamos discutiendo en esta etapa no era un punto más o un punto menos en las retenciones, sino el modelo económico. Este fue el planteo que realizó. Y me parece bien discutir el modelo económico. No es el momento ahora, pero cuál es el modelo económico que queremos. ¿El que extiende las concesiones de petróleo por treinta años más a las petroleras antes de que caduquen las posibilidades de hacerlo, cuando todavía se les está exigiendo que hagan prospección y no lo hacen, y cada vez las reservas son menores? Es decir que permite lo que mencionaba antes, que los pobres que consumen garrafas subvencionen este tipo de cosas. ¿Es el que permite que el jefe de Gabinete a través de los superpoderes en la semana anterior haya hecho un movimiento de partidas de 2.450 millones sacándolo del Fondo de Provincias, casualmente antes de un debate como el que estamos dando en este momento?
¿Es el que está pagando más de 35.000 millones durante el año de subsidio sobre el tema de transporte, de energía, etcétera? ¿Es el que prioriza la construcción de un tren bala antes que priorizar el desarrollo, por ejemplo, del Belgrano Cargas, que estaría bajando los costos, dando una mano a las producciones regionales y generando más seguridad en los caminos de la tierra? ¿Es el que tiene la posibilidad de estar dándole plata a las provincias con una ANSeS superavitaria y entregándosela a un 18 por ciento mensual?
Creo que estamos con la posibilidad de debatir esto, aunque no es el momento, no me cabe duda alguna, pero creo que todo lo que ha pasado ha posibilitado sacar a la superficie muchas cosas que son las que tenemos que comenzar a discutir de ahora en adelante.
Quiero también decir que no dramatizo el tema de esta Resolución. Considero que esto es simplemente un paso. Independientemente del resultado, hemos ganado muchas cosas con la participación de la gente y con la obligación que nos ha impuesto la sociedad para que volvamos a recuperar nuestro rol como Congreso. Esto es muy positivo. Pienso que una ley tan importante como esta tiene que ver con la pacificación y con uno de los sectores productivos más importantes del país. Por lo tanto, el hecho de que no hayamos tenido la capacidad, oficialismo y oposición, de buscar un consenso en serio, es un tema en el que todos hemos perdido.

Sr. Presidente (Romero). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Saadi. — Señor presidente, señores senadores: indudablemente, los argentinos hemos atravesado estos últimos meses por momentos de gran tensión, de desencuentros, como graficaba el senador por Santa Cruz, en los que para algunos todo era blanco o negro. El cúmulo de los distintos grises había desaparecido en este apasionado debate en el que, sin duda, más allá de los fundamentos que defendían un sector u otro, también estaba la alternativa y la posibilidad del diálogo profundo. Pero ante estas circunstancias hoy se ven, fortalecidas las instituciones. Este tema que tanto nos preocupa a los argentinos de todas las provincias y regiones está en el Parlamento. Y en el seguimiento de los deberes que cada uno debe cumplir, nos encontramos considerando distintos proyectos y tratando, en definitiva, de encontrar un equilibrio entre todos para decidir cuál es el mejor.
Quizá, si no se da en esta oportunidad, o en esta sesión, no tengo dudas de que se dará en el futuro. Seríamos necios si no reconociéramos que los productores del campo han iniciado e impulsado la recuperación de nuestro país, juntamente con otros sectores de la vida nacional.
Es cierto, también, que los han ayudado medidas económicas tomadas por este gobierno en el contexto de las políticas económicas internacionales. Pero esto no significa que no reconozcamos su trabajo. De cualquier manera, nuestras políticas actuales todavía necesitan ser perfeccionadas. Es imprescindible avanzar en la construcción de una política agropecuaria integral y sustentable en el tiempo, un programa nacional de desarrollo dentro del cual se inserte, a su vez, un programa de desarrollo agrario para superar los problemas que enfrenta el campo en la actualidad.
Hoy existe un proyecto de ley que implementa las retenciones como instrumento para despegar los precios internacionales de los internos y como herramienta de redistribución de la riqueza, con la que se protege y se resguarda a los pequeños y medianos productores. El objetivo, entonces, es que lo recaudado con las retenciones sea dirigido a la redistribución de la riqueza.
En primer lugar, hacia adentro del sector agropecuario a través de las compensaciones a los pequeños y medianos productores, y de la ejecución de obras de infraestructura. En segundo lugar, como beneficio hacia el resto de la sociedad, a través del financiamiento de la construcción de hospitales públicos, centros de atención primaria de la salud y de la construcción de viviendas populares en ámbitos urbanos.
Comprometiéndome a continuar trabajando en la construcción de una política agropecuaria integral y sustentable en el tiempo es que voy a votar afirmativamente el proyecto que tiene sanción de la Cámara de Diputados. En alguna otra ocasión vamos a conversar con mi colega de la provincia de Catamarca sobre dos temas interesantes: uno, por supuesto, el de la minería, en los tiempos que se puso en marcha Bajo de la Alumbrera y otros emprendimientos, y cómo esto en ese tiempo fue enmarcado, por supuesto, en ganancias extraordinarias en el caso de Bajo de la Alumbrera, y sin ningún control por parte de la provincia, mucho menos por la Nación, sino que la misma empresa se hace un autocontrol.
También en alguna ocasión vamos a hablar de lo que aquí se planteaba de los gobiernos militares, de las interrupciones de la democracia y de todo aquello que significó dejar apartada la voz de los legisladores, el Parlamento nacional y los parlamentos provinciales.
Con esto dejo aclarado cuál va a ser el sentido de mi voto.

Sr. Presidente (Romero) . —Tiene la palabra la señora senadora por San Luis.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: además de todo lo que se ha dicho, que es muy importante, creo que estamos poniendo en juego una cosa mucho más importante de lo que se ha hablado: el ser o no ser de este Senado está impactando en la columna vertebral de la institucionalidad, porque aquí lo primero que tenemos que analizar es la delegación legislativa que hoy se pretende votar en el artículo 2º. Con mucho respeto he escuchado muchas cosas; por ejemplo, he escuchado decir que, en realidad, el presidente de la Nación, solamente por un artículo de la Constitución, sin delegación, tiene facultades para crear impuestos. Por suerte, después el senador Jenefes dio una explicación que, aunque no la comparto, me dejó sumamente tranquila. También he escuchado que no ha habido reclamos anteriores respecto del tema de las retenciones.

Sr. Presidente (Romero) . —Ruego silencio en las galerías, por favor.

Sra. Negre de Alonso. — En el 2005 el senador Marino junto con la senadora Gallego, que firmó también ese proyecto, algún otro senador de la Unión Cívica Radical, la senadora Pinchetti de Sierra Morales y varios senadores, acompañamos un proyecto derogando el artículo del Código Aduanero y estableciendo una reducción progresiva en el tiempo de las retenciones.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.

Sra. Negre de Alonso.— ¿Por qué digo que aquí lo más importante que tenemos que decidir es si vamos a delegar las facultades o no? El senador Jenefes dio una excelente explicación del íter constitutivo de las retenciones, previo y posterior a la Constitución de 1994. Sin embargo, lo que el senador Jenefes no dijo, y que no podemos compartir —lo mencionó la senadora Escudero o la senadora Colombo, no quiero pecar de omisión— fue que en el Núcleo de Coincidencias Básicas del Pacto de Olivos se definió como elemento fundamental fortalecer la división de poderes. El doctor García Lema, miembro informante de la Comisión de Facultades Delegadas, dijo que esto se hace para que se termine la delegación y se fortalezca el Parlamento.
Y nunca este Parlamento, desde el año 1994, delegó facultades tributarias; no lo hizo nunca. Las leyes que mencionaron los señores senadores Jenefes y Escudero hablan de facultades de administración y de emergencia. Y está prohibido por la Constitución delegar facultades tributarias; pero además de ello, tal como lo explicó la señora senadora Escudero, puntualmente se habla de organización y de administración en distintos entes públicos, cuando se delega.
Entonces, yo les pregunto si vamos a ser nosotros quienes vamos a delegar lo que ningún Parlamento delegó desde la reforma constitucional. ¿Vamos a ser nosotros, que estamos trabajando, que queremos un país mejor, que con cada uno de nuestros disensos y debates estamos construyendo día a día esta Argentina, los que hagamos eso?
Varios de nosotros estuvimos en 2002. Si hoy están completas las Cámaras de Diputados y de Senadores, ¿por qué vamos a delegar? ¿Qué sentido tiene esmerilar el Parlamento argentino? Esa es la prioridad y lo primero que debemos plantear. ¿Vamos a delegar? ¿Por qué no acordamos un proyecto consensuado, sin delegación? ¿Qué vamos a ratificar? ¿La resolución firmada por un ministro, lo que está prohibido por la Constitución? Porque también eso está prohibido: a partir de 1994 no existe la subdelegación y los ministros únicamente refrendan los DNU. ¿Eso es lo que vamos a hacer?
Entonces, yo los invito a que primero nos pongamos de acuerdo en eso. Levantemos nuestra autoestima: estamos en condiciones, somos capaces e idóneos y acá estamos, en las bancas, honrando al pueblo que nos votó, con mucho esfuerzo y trabajando. Cualesquiera sea el resultado final, una alícuota mayor o menor, consensuemos un proyecto sin delegación. No nos esmerilemos frente al pueblo argentino: honremos el lugar que ocupamos. Eso es lo primero que tenemos que hacer; ese es el tema troncal que no debatimos suficientemente.
Si la señora presidenta necesita algo urgente, urgente estaremos. ¿O nos estamos negando? Ella ha participado, junto a quien les habla, desde 2001 en muchos de esos debates que se han leído, donde muchas veces hemos compartido una misma posición. Más aún, hemos estado en contra de la posición del oficialismo y del ex presidente Duhalde, cuando se trató la derogación de la ley de subversión económica; esa misma postura compartieron los senadores Escudero y Fernández.
Hemos dado debates intensísimos hasta altas horas de la madrugada. ¿Por qué vamos a delegar facultades? ¿Por qué nos vamos a autodespreciar si estamos en condiciones de acordar un proyecto consensuado entre nosotros? ¿Quién está en contra de las retenciones?
¿Quién ha dicho que no son un instrumento de gobierno? ¿Quién puede discutir, como dijeron, que las retenciones se establecen a los efectos de conformar el Tesoro de la Nación?
Eso lo dice la Constitución y no se puede discutir, pero también la Carta Magna dice que somos nosotros los que debemos legislar. Y desde 1994, colegas, nunca se delegó. Pues bien, no seamos los primeros: consensuemos. Hagamos un cuarto intermedio de tres o cinco minutos y consensuemos un proyecto.
Brevemente, me voy a referir a dos cuestiones más. Cuando nosotros discutimos la derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final, lo que también se mencionó acá, el principal fundamento que expuso la señora presidenta de la Nación, que en ese momento era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales —y también lo sostuvo el señor senador por Salta López Arias—, fue que había un avasallamiento de un poder sobre otro, y que eso las transformaba en nulas de nulidad absoluta, siguiendo alguna doctrina al respecto.
Cuando un poder interfiere en la acción del otro, así sea el Congreso el que haya sancionado la ley, la norma es nula. En ese sentido, varios de los senadores aquí presentes adherimos a ese fundamento expresado por la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de ese entonces.
¿Qué quiero decir con esto? Que puede existir un manto de duda sobre la legalidad de la norma. Por lo tanto, para mí esta normativa está indudablemente dentro de la prohibición, y será fulminada de nulidad y de inexistencia jurídica en los términos del artículo 29 de la Constitución.
A pesar de que ya se hizo alusión, me referiré al tema nuevamente porque no quiero que quede marginado. Esta discusión no se basa en un conflicto entre el gobierno y los productores, sino que la cuestión fundamental es el federalismo; eso es lo que hay que tener en cuenta. El tema es que este año —de acuerdo con una consultora de perspectivas económicas— nuestras provincias recibirán 8.900 millones de pesos menos en concepto de coparticipación.
Por lo tanto, lo que estamos analizando como senadores es la situación que se producirá en virtud de que lo que entre al Tesoro Nacional como extra —y que se detrae de la masa coparticipable; el senador Marín y otros senadores creo que ya han explicado esto—, impactará en los presupuestos provinciales. En consecuencia, ¿cómo afrontarán nuestros gobernadores la educación de nuestros hijos, la seguridad, la salud, etcétera?
Ese es el gran debate, y no la conflictividad entre el productor y el gobierno. El gran debate es la distribución de la riqueza a lo largo y ancho del país, y hasta ahora, no he escuchado sugerencias para mejorar el futuro de la coparticipación. Hasta ahora, no hay otra forma más justa y equitativa que tomar el patrón que tenemos: la Ley de Coparticipación Federal. Pero esto no significa cero retenciones sino lograr un equilibrio, porque nosotros somos la cámara federal que representa a las provincias. Por lo tanto, hay que equilibrar el presupuesto nacional.
Por supuesto que el Estado nacional necesita fondos —por eso está la Constitución y la Argentina es un estado federal—, pero no pueden lograrse a costa de los presupuestos de nuestras provincias y, por ende, de los presupuestos de nuestras municipalidades. Al respecto, la senadora por La Rioja dijo que la suya era la única provincia que no tenía ley de coparticipación, lo que significa que las restantes sí. Y es proporcional a la coparticipación principal.
Los gobernadores son los custodios del gobierno federal en virtud del artículo 128 de la Constitución Nacional, y deben custodiar el cumplimiento de la Carta Magna y de las leyes nacionales.
En ese sentido, el gobernador de mi provincia interpuso una demanda de inconstitucionalidad de las retenciones. Y nosotros tenemos la responsabilidad funcional de custodiar los presupuestos provinciales.
Por último, agregaré un tema más: el derecho de propiedad es para todos. El artículo 17 de la Constitución Nacional es para los pobres, para la clase media, para los indigentes y para los que más tienen. Pero sucede que el criterio establecido por nuestra Constitución es el de la proporcionalidad. Por lo tanto, deberán instrumentarse regímenes impositivos que resguarden la proporcionalidad del tributo, es decir, que los que más tengan más paguen, y que los que más tengan, puedan compensar a los que menos tienen; esa sería una política de inclusión
¿Nos van a hablar a nosotros de inclusión social? La provincia de San Luis es un ejemplo en ese aspecto. La inclusión social fue la bandera del actual gobernador de mi provincia en la campaña para su primera gobernación; hasta tenemos una bandera de la inclusión social. Por lo tanto, ese tema lo conocemos perfectamente. La inclusión social la practicamos, la defendemos y la pregonamos.
Recuerdo que en la reunión del plenario de comisiones del 9 de julio, el investigador del CONICET dijo algo así como “vamos por todo, qué nos importa si total vamos por lo que más tienen”. En ese sentido, debe respetarse el derecho de propiedad de todos, cumpliendo
con la Constitución y logrando los objetivos del bien común que perfectamente se han establecido.
Hay una teoría de un rosarino –seguramente los senadores por Santa Fe lo conocen– llamado Dobson, donde se expresa que en un emprendimiento de bienes y servicios se necesita de una empresa interna y una externa. Interna, el capital, que tiene como objetivo la utilidad; los trabajadores, que tienen como objetivo el salario, la capacitación y el mejoramiento; y el gerenciamiento. Todos tienen fines individuales, pero conjuntamente hacen al fin común, que es la producción de bienes y servicios. Eso es lo que nosotros, como legisladores, tenemos que lograr.
A mí me da mucha rabia que luego venga la Corte Suprema o los tribunales inferiores a hablarnos de calidad institucional o a anular las leyes que nosotros dictamos. El señor senador Fernández y la señora senadora Escudero lo saben bien, porque nos anularon tres leyes de salvamento de deudores hipotecarios. La verdad es que a uno le genera mucha rabia volver a legislar y que declaren inconstitucional la norma sancionada.
No sé si leyeron el fallo de la Corte Suprema sobre el Riachuelo –les sugiero que lo lean porque no tiene desperdicio–, en donde ha dicho que se tienen que cumplir aproximadamente ocho premisas. En una da 30 y en otras 60 días de plazo. Cada una de ellas prevé una multa personal a cargo de la presidenta de la autoridad de cuencas, que –como ustedes saben– es la señora Picolotti, que depende de la Jefatura de Gabinete; y coloca a un juez federal para que la controle. Es decir, le ha puesto a un juez federal para que controle a la secretaria de Medio Ambiente. Por otro lado, hace responsable al auditor de la Nación para que controle si el gobierno le da los fondos y cómo los ejecuta. Por último, la Corte Suprema ha dicho que el señor Mondino, defensor del pueblo –lo hemos visto en los diarios hace quince días– también participará de este proceso, coordinando y controlando.
La Corte dice que está haciendo calidad institucional. Entonces, dentro de poco nos vendrán a controlar a nosotros. En consecuencia, nosotros tenemos que ser el ejemplo de la calidad institucional; para eso estamos. Si nosotros advertimos los errores o creemos que podemos trabajar para el bien común con una legislación que vamos a perfeccionar, lo tenemos que hacer. De lo contrario, la Corte Suprema de Justicia nos dirá lo que es constitucional o no y lo que hemos violado o no.
No me preocupa tanto la confiscatoriedad. Coincido con los criterios que se han volcado –lo dijo Sabsay– en cuanto a que el tema es flexible. Si hay emergencia, el criterio de constitucionalidad es uno; si no hay emergencia, es otro; si es un impuesto territorial, es uno; si no es territorial, es otro. En esto uno más uno puede no ser dos. Creo que, en general, han existido coincidencias en que se trata de un criterio flexible. Pero sí me preocupa que hagamos una cosa que no hicimos nunca desde la reforma de 1994, que es delegar facultades tributarias. Eso no lo hicimos jamás y, en realidad, el artículo 29 de la Constitución Nacional sanciona con nulidad e inexistencia tal delegación. Como ustedes saben, además tienen otro tipo de sanciones para los legisladores.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pérsico.

Sra. Fellner. – ¿Me permite hacer uso de la palabra?

Sr. Pérsico. – Está bien.

Sra. Fellner. – Gracias, señor presidente.
No quería romper una regla —como dijo el señor senador Castillo—, pero como terminado de hablar el señor senador Jenefes se le dio la palabra al señor senador Massoni, pensé que a lo mejor nos podrían devolver esa amabilidad. Gracias, señor senador Pérsico.
Varios senadores hablaron y nombraron a la Argentina como al granero del mundo, pero también el señor senador Castillo le agregó “la generación del '80”. Creo que hay que decir unas palabras sobre eso, porque si bien ese concepto del granero es enseñado desde nuestra más tierna infancia como algo positivo, con un dejo de nostalgia y algo a lo que deberíamos tender a ser nuevamente, a mi entender, este término es justamente el que nos condena, porque granero es un lugar de acopio, un lugar sin vida. Y nos está condenando a ser exportadores de materias primas, justamente de las materias primas que después utilizan otros países y luego nos vuelven a vender a nosotros a través de productos con valor agregado.
¡Qué bueno sería tener la rueda completa y vender nosotros esos productos con valor agregado! Entonces, esa expresión, “granero del mundo”, la usaría con mucho cuidado en este momento.
También se habló de la “generación del '80”. No olvidemos que ese granero del mundo tenía grandes terratenientes, con apellidos que no tienen nada que ver con los pueblos aborígenes que —yo entiendo— son los verdaderos dueños de la tierra. ¡Allí sí que había oligarcas! ¡Y oligarcas en serio!
También se habló aquí de los inmigrantes. Es cierto: en aquella época vinieron los barcos con inmigrantes a esta que parecía la tierra prometida, porque Buenos Aires —no la Argentina— cada vez se parecía más a París. Así tenemos los grandes castillos, que muchas veces son monumentos históricos nacionales; pero para recordarnos la historia. Porque para eso están los monumentos. Y para que sepamos comprender la historia.
Entonces, los inmigrantes vinieron a esta tierra, que parecía prometida, y fueron los trabajadores. Pero esa “generación del '80” fue la que sembró las bases del festejo del Centenario.
Y cuando nuestra presidenta habla de la vergüenza del Centenario, se refiere a esta situación, porque en el Centenario empezaron a escucharse las voces de los obreros, el Partido Obrero; ese partido que después le pone la parte fea al festejo de aquel granero del mundo y de aquella burguesía. Entonces, se produce una huelga y el Centenario se festejó con estado de sitio y una prensa que hablaba del obrero acallada, con más de 200 detenidos. Así fue el festejo del Centenario en el granero del mundo.
Por eso, señor presidente, voy a votar afirmativamente el proyecto del Poder Ejecutivo con las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados a favor del pequeño y mediano productor. Pertenezco a la provincia de Jujuy, donde tenemos el Teatro Mitre, que también es de aquella época y se parece al Teatro Colón, el cual para mi provincia es un orgullo, pero también es como una mancha, porque mi provincia es muy pobre. Así que, con toda tranquilidad, voy a votar afirmativamente el proyecto en revisión de la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente. — Para información general y porque algunos señores senadores me han consultado, hago saber que restan 17 oradores, entre los que se incluye el señor senador Carlos Menem, quien creo que ha confirmado que va a desistir de su exposición y va a insertar su discurso.
En consecuencia, pido el cumplimiento de los horarios, porque restarían cinco horas de debate.
Tiene la palabra el señor senador Pérsico.

Sr. Pérsico. — Señor presidente: voy a tratar de resumir un poco mi exposición.
Estamos tratando hoy la validación de una resolución del gobierno nacional, una de tantas resoluciones de las que le toca plantear —creo yo— a quien maneja un Poder Ejecutivo. En este caso, se trata de una cuestión que ha tocado una situación económica del país que ha sobrepasado el marco de convivencia y los momentos regulares y normales de la Argentina.
No quiero entrar en el debate constitucional, porque no soy especialista. Simplemente, quiero efectuar un resumen de esta cuestión.
Los aranceles de los derechos de exportación figuran en el Código Aduanero, en la misma Constitución Nacional y en las leyes que han dispuesto las prórrogas de aplicación respectivas.
Creo que cuando un gobierno aplica una norma, por lo menos debemos considerar que es constitucional hasta que la Justicia determine lo contrario. Y si así lo determina, hay que ver en qué casos lo hace. Por eso, creo que es de respeto hacia el gobierno creer que está gobernando de acuerdo con la Constitución Nacional, máxime en una república y en una democracia.
Muchos han explicado la historia. No quiero abundar en ella, porque tengo que resumir mi discurso. Simplemente señalo que estos aranceles se han venido aplicando ya desde la época de Mitre, en 1866, cuando en virtud de un aumento del impuesto a la lana que aplicó Estados Unidos, Mitre resolvió su implementación. Luego se han venido aplicando, permanentemente, por parte de todos los gobiernos nacionales. Y con la nueva ley de aduanas, creo que el pico máximo se produjo durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, durante el “Plan Primavera” de 1987, cuando se llegó hasta un 45 por ciento de imposición.
De modo tal que cuando hablamos de la constitucionalidad que han tenido las retenciones, podemos decir que hasta ahora, en ningún fallo de la Corte —a pesar de su larga vida— se ha sostenido que se trata de un impuesto inconstitucional
Pero además, el hecho de que sea abusivo tampoco ha sido referido. Porque —repito—al ser una tasa que se impone a una exportación o a una importación que regula el mercado y los precios internos, uno no sabe cuál puede ser el porcentaje justo, ya que es una política de gobierno.
Entonces, decir, por ejemplo, que tiene un tope de 33 por ciento es, por lo menos, no muy claro.
Pero más allá de eso, quiero decir que creo que en ese caso será la Corte, con toda libertad y con la calidad que tiene, la que lo determine. Mientras tanto, creo que es un impuesto, una medida política y aduanera. Más allá de que estemos de acuerdo o no, tenemos que respetar las instituciones.
También quiero destacar la importancia y el efecto positivo que tiene el esquema de retenciones móviles. Creo que lo explicó muy bien el senador Urquía, más allá de su voto en contra.
Ayer leí en un diario que, a pesar de que las retenciones sean móviles, este año han sido las que mejor ganancia han producido en los últimos seis años. Pero además, tienen otra connotación. En el proceso de valor agregado de otros productos de los sectores ganadero, agrícola o porcino, también hay alimentos con granos. Y este equilibrio en los precios internos también permite que esos productos mantengan un equilibrio.
Creo que superamos el sistema de granero del mundo. También creo que hemos sufrido, en la década del 80, la destrucción de la industria; en la época de los 90, la entrega de las empresas del Estado y los minerales del subsuelo, y ahora debemos seguir creciendo en un modelo distinto, pro industrial, pero que no permita que los grandes capitales internacionales nos lleven lo subyacente en nuestro suelo. Es por eso que estamos discutiendo ahora este tema.
Voy a respaldar esta norma, esta resolución que vamos a votar hoy, más allá del resultado que tengamos, por muchos motivos.
En primer lugar, creo que hizo un gran trabajo la Cámara de Diputados cuando nos trajo una norma que fue modificada.
Escuché al presidente de una de las entidades rurales —no recuerdo cuál era— que dijo que esta norma no los convence, pero ha tenido diecisiete modificaciones. La verdad es que si el gobierno es antidemocrático y ha hecho diecisiete modificaciones a la norma, no sé qué queremos. Creo que lo que queremos es el otro extremo. O tiramos la norma, o se cae el país. Y eso no es bueno en un marco democrático.
Esas diecisiete modificaciones han dejado afuera, de alrededor de 80 mil productores, a un 95 por ciento y sólo aportará a esa movilidad ese 5 por ciento que queda, o sea, los grandes productores. No tengo nada contra ellos, pero son los que más ganan y, por ahí, debieran ser los que compartan ese plus de ganancia con la sociedad. Y voy a votar esta iniciativa justamente porque lo vamos a compartir con la sociedad.
Está claro en la norma el fondo de distribución social. Cuando uno recorre las provincias ve que los que más sufren generalmente son los más alejados de las grandes capitales, que son los que necesitan los centros de salud, o, por ejemplo, la zona oeste de nuestra provincia, que está seca y donde existen muchos guadales, caminos rurales y viviendas rurales.
Por eso creo que esta es una norma de redistribución de riqueza.
Debo felicitar también —ya lo hemos dicho todos— a los presidentes de las comisiones por la forma en que realizaron el debate, por la calidad y la diversidad de los expositores y por brindarnos a todos la posibilidad de expresarnos.
Quiero decir que lo único que me preocupó en ese debate fueron las expresiones del gobernador de la provincia de San Luis, que para mí fueron bastante ofensivas y falaces. Está bien que lo digo desde mi punto de vista.
El gobernador dijo muchas cosas. Por lo menos, quiero hacer algunas aclaraciones porque me parece que con el marketing nacional que están haciendo de San Luis nos están vendiendo un buzón. No es verdad todo lo que se dice de San Luis.
Me ha dado una gran alegría que por la reparación histórica en la época de Perón, con Elías Adri se firmó una reivindicación en la coparticipación de San Luis. San Luis es una de las provincias del país que más coparticipación recibe por número de habitantes, lo cual para mí es una alegría, amén de cómo se maneja, que lo podemos discutir en otro momento.

Sr. Presidente. – Se han cumplido los diez minutos.

Sr. Pérsico. – El 70 por ciento de la coparticipación de San Luis hace al presupuesto provincial. El gobernador dijo que está haciendo seis hospitales con fondos propios. O sea, cuatro y medio los hace con fondos de coparticipación nacional.
El senador Rodríguez Saá y el gobernador han dicho que la Nación siempre los persigue o los discrimina. Quiero decir que tampoco eso es cierto. San Luis no tramita los planes nacionales que desarrollan en todo el país.
El PROSAP es un programa que manejó más de 600 millones de dólares para la agricultura del país –he visto en Mendoza y Córdoba planes para caminos rurales, para erradicar la mosca del mediterráneo y para agricultura-, pero a San Luis no llegó nada porque no quisieron firmar el convenio. Tengo acá las copias de todas las invitaciones que le hicieron al gobernador para firmar el acuerdo.
Un día leí en el diario oficial… perdón, en el único diario que tenemos en San Luis, salió publicado que a San Luis no lo quieren, que no le dan viviendas. Fui a la Secretaría de Vivienda de la Nación a preguntar y me dijeron que nunca mandaron al funcionario del área a pedir el número de viviendas, pero igualmente la Nación destinó 5000 viviendas para San Luis porque se estaba distribuyendo el Plan Federal de Viviendas. Resulta que recién después de varios años, cinco o seis, se han tramitado —tengo los datos concretos y por eso estoy hablando— 396 viviendas. El 12 de marzo de 2007 les dieron los fondos para iniciar la construcción de 296 viviendas, pero hasta ahora no han vuelto a rendir esa parte y a pedir la segunda parte. Sí hicieron un pedido hace un mes para cambiar la ubicación de algunas cosas que tenían que solucionar para seguir recibiendo los fondos.
Si tenemos una gran coparticipación y no hacemos las gestiones para los planes, ¿quiénes son los rehenes? Los habitantes de San Luis…
Por lo menos déjenme expresar algunas cosas más. Tiene que ver con el tema del campo porque también muchos que defienden al campo, muchos que defienden un modelo peronista, en San Luis, por ejemplo, han aplicado grandes impuestazos al campo en 2006.
Todos los años escucho al gobernador decir que van a hacer viviendas rurales, pero la verdad es que no veo que se hayan erradicado los ranchos en mi provincia; o que se van a hacer frigoríficos y no se hacen.
Otro ejemplo. Se habló de un plan forestal de millones de árboles. Tengo fotos y filmaciones de que esos árboles en muchos lugares se encuentran secos y tirados. En veinticinco años del mismo gobierno, con los millones de árboles que se han plantado, San Luis tendría que parecerse a Misiones. Pero el 90 por ciento de esos árboles se secan, con lo cual no nos parecemos siquiera a la mitad de Mendoza, que es un oasis a pesar de que tiene más sequías que San Luis.
Por eso quiero que se diga la verdad porque eso le hace bien a la política, al crecimiento del país, al crecimiento de mi pueblo.
Yo estoy dispuesto a trabajar para que este Fondo de Redistribución Social llegue a San Luis, para que los planes lleguen, porque si no los quiere el gobernador, veremos que lleguen a los intendentes, aunque muchos no se animen.
Yo quiero lo mejor para San Luis y estoy dispuesto a dialogar con los otros senadores para llevar los planes. Pero quiero que se diga la verdad en honor al crecimiento de nuestro país.

Sr. Presidente. — Si puede terminar…

Sr. Pérsico. — Ahora termino.
Tengo mucho para decir. También quería hablar rápidamente de todas las leyes que hemos sancionado en el Senado que hacen a la política agropecuaria que el gobierno viene impulsando, como la leyes para el sector caprino y ovino; la ley para el Instituto Nacional de Semillas; la ley Coviar; leyes relativas a fertilizantes, biocombustibles, biotecnología y otras tantas que estamos elaborando.
El mes pasado presenté un proyecto de ley relativo a la emergencia agropecuaria que se va a plantear ahora. Está la ley de arrendamiento que vamos a tratar pronto. Recuerdo también una ley de protección al trabajo infantil rural, porque es el lugar donde más se da esta situación.
Este problema del campo a mí no me ha gustado mucho porque se ha salido de algunos marcos constitucionales, ya que cuando unos cortaban rutas otros cosechaban y otros no podían trabajar, y me pareció muy positivo el reclamo para que nosotros podamos avanzar hacia adelante en el mejoramiento de todos los sectores del campo, que me interesan extremadamente.
También hago un llamado a la recuperación de la línea de respeto y de los valores que, lamentablemente, en algunas oportunidades se han visto ausentados en esta discusión.
Creo que las instituciones del Estado están en beneficio del pueblo y, por tal motivo, deben ser respetadas siempre y en todo momento.
No existe ninguna instancia válida para cuestionar a un presidente, al Parlamento o al Poder Judicial por fuera de las mismas instituciones.
Creo, señor presidente —y termino con esto— que, como dicen en el campo, al carro del argentino lo tenemos que tirar entre todos. No basta con hablar bien o con exponer posiciones si no buscamos soluciones y no logramos que nuestra Argentina vaya para adelante.
Como siempre digo: que le vaya muy bien al campo, que le vaya muy bien a mi país.
Y voy a votar afirmativamente porque lo que más quiero es que les vaya mejor a los excluidos de mi país.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Mayans y a continuación la señora senadora Giri.

Sr. Mayans. — Señor presidente: uno de los grandes pensadores del siglo XX decía: “No aceptamos la explotación del hombre por el hombre ni aceptamos la explotación del hombre por el Estado. Buscamos alcanzar la justicia social para que cada persona sienta que viva con dignidad y con respeto”. También decía: “Debe sentir el hombre que no puede realizarse en una comunidad que no se realiza.”
Estuve escuchando las intervenciones desde los distintos esquemas de la Argentina.
Escuché decir al sector de la producción primaria que, efectivamente, quiere para la Argentina la justicia social y la dignidad para todos los argentinos. También escuché decir al sector
industrial que quiere la dignidad para todos los argentinos, y escuché decir esto también al sector comercial.
Creo que, en ese sentido, hemos tenido un avance muy importante en la sociedad argentina porque, evidentemente, todos queremos construir una Argentina distinta y una Argentina en donde todos los habitantes podamos realizarnos y realizar nuestra vida dignamente. Lo que hace falta, evidentemente, es ponerse de acuerdo en cómo lo vamos a hacer.
El tema es que en la Argentina, señor presidente, y a pesar de lo que hemos avanzado en este tiempo, tenemos más de 3 millones de argentinos que están en la indigencia; tenemos más de 6 millones de argentinos que están bajo la línea de pobreza, aún hay un 8 por ciento de argentinos que no tienen un empleo digno y tenemos a más del 50 por ciento de los argentinos en empleos no registrados. Esto realmente es responsabilidad no solamente del gobierno sino de todos los argentinos.
Si queremos construir una Argentina distinta, tal como dijo la presidenta en su discurso del 1/ de marzo, en este país tenemos que terminar con la indigencia, tenemos que terminar con la pobreza y tenemos que terminar con el desempleo, que es un flagelo que desde hace mucho tiempo vienen sufriendo los argentinos.
El tema es que no podemos ver a la Argentina como un mercado, en donde una dice “mi provincia tiene esta riqueza”, “mi provincia tiene esta otra riqueza” o “esta es más rica que la otra”. Nosotros somos una Nación; o sea, somos una familia. Cada provincia tiene su riqueza y esa es la riqueza que tiene la Argentina: la diversidad de culturas que hay en nuestro país.
Y cuando digo que cada provincia tiene riquezas es así. Fíjense, por ejemplo, el caso de las Islas Malvinas, que tiene una riqueza muy grande. Allí están enterrados quienes fueron a dar la vida por la integridad territorial de la Argentina. Como decía Jesús, “Nadie ama tanto como aquel que da la vida por su prójimo”.
Ese es uno de los tesoros más grandes que tiene la Argentina: aquellos que fueron a dar la vida por nuestra Nación.
No podemos tomar a la Argentina como si fuese un mercado y discutir solamente estas cosas porque lo mejor que tenemos es el pueblo, es lo más grande que tenemos. Algunas zonas tienen soja, otras tienen maíz y otras petróleo. Realmente, es un país grande y bendecido. Por eso, hay que ponerse de acuerdo y resolver este problema.
Decía Perón que la justicia social va a llegar a este mundo cuando el patrón de medida no sea ni el dólar ni el oro sino la hora de trabajo. Aquí está el quid de la cuestión. Cuando cae la convertibilidad, el que soporta la caída sobre sus espaldas es el pueblo trabajador.
Lógicamente, y para qué voy a entrar en detalles, tuvieron que volver a sus casas y explicar que el que ganaba 1.000 pasó a ganar 300. Entonces, obviamente, tenemos que recuperar el valor del trabajo en la Argentina, que es lo que estamos tratando de hacer en estos años.
Sin embargo, aquella caída le significó a la Argentina llegar al 60 por ciento de pobreza, más del 20 por ciento de desocupación y más del 20 por ciento de indigencia.
Ahora bien. Con el esfuerzo y la colaboración de todos demostramos que pudimos recuperarnos y, en ese sentido, hay que ser honesto y decir que el Parlamento puso fuerza en ese momento duro y acompañó las medidas para que la Argentina efectivamente pudiera recuperarse.
Aquí se ha hablado de la coparticipación.
Cuando se sancionó la denominada Ley de Déficit Cero que, en un sentido figurativo, fue una ley criminal, a nosotros nos descontaron el 93 por ciento de la coparticipación. Es más, a los formoseños nos declararon provincia inviable. Lógicamente, en aquel momento hubo 14 provincias argentinas que tuvieron que emitir bonos porque perdieron casi la totalidad de la coparticipación.
En aquel tiempo, por decir una cifra, de 36 millones que debíamos cobrar por la coparticpación, cobrábamos 5 ó 6 millones. Eso sí que realmente fue un impacto, encima estaban los bonos que, por supuesto, ya no los quería nadie.
Como dije anteriormente, hasta buscábamos qué cara de qué prócer poner en los billetes para ver si alcanzaban un poquito más de confianza. Esa era la Argentina en la que estábamos viviendo.
Entonces, lanzamos a los formoseños una consigna que decía que no caiga la fe, que no caiga la esperanza porque otra Argentina era posible. También decía Jesús: “Si tu fe fuese como la semilla de la mostaza, le dirías a aquellas montañas que se muevan, y los montes se moverán.” Con fe y esperanza encaramos con todos los argentinos y sin distinciones esta recuperación, y las montañas se movieron.
También está escrito: “Grande ha sido tu fe, que sea entonces como creíste.” Nosotros creímos y vino la transformación, y la Argentina creció al ritmo de un país asiático, prácticamente, al 9 por ciento.
Gracias al esfuerzo de todos aumentó el empleo y disminuyeron la pobreza y la indigencia. Por supuesto que ahora estamos ante otro país.
Fijense que en mi provincia, de la que algunos están hablando bastante mal, yo me siento orgulloso de la gestión que se ha venido realizando.
La tasa de analfabetismo es del 5,9 por ciento. Es la más baja de la región y es más baja que la media nacional. Esto es un orgullo para nosotros.
En 10 años construimos casi 300 nuevas escuelas de las 1.100 que tiene mi provincia.
¿Sabe qué más señor presidente? Todos los días inauguramos una obra que trae esperanza, fuerza y vigor a nuestro pueblo.
Escuche esto, señor presidente: los hogares pobres disminuyeron en un 54 por ciento y en un 40 por ciento en veinte años la reducción del NBI, el indice de Necesidades Básicas Insatisfechas.
Escuche también lo siguiente: el 4 por ciento es la tasa de desocupación que tiene mi provincia. En cuatro años la disminución alcanzó al 70 por ciento —después le voy a contar el porqué—, 64 por ciento es la tasa de cobertura social que tiene la provincia, y se hicieron 23.000 viviendas. También hay otros temas que son importantes: 22 por ciento es la mortalidad infantil cuando teníamos un 29 por ciento. La bajamos en un 7 por ciento, y tenemos que seguir trabajando ya que contamos con un sistema de salud en el que hemos avanzado; un sistema integrado de salud de complejidad creciente.
Hoy contamos con un centro de alta complejidad, que es uno de los más modernos del país, y que, por supuesto, lleva el nombre “Juan Domingo Perón”. Allí se hacen transplantes de corazón, de hígado y de riñón. Realmente, es otra provincia.
Me alegro por todo esto ya que cuando el ex presidente Kirchner nos acompañó le pedimos una reparación histórica de la provincia de Formosa. Por supuesto que con el concepto de seguridad que tenían las dictaduras en cualquier momento iba a haber guerra contra el Paraguay, Brasil o Chile, pero la democracia suplanta esa teoría de conflicto por la teoría de la hermandad, de la cooperación, de la integración y del Mercosur…

Sr. Presidente. — Le quedan diez minutos.

Sr. Mayans. — ¡Recién estoy empezando! (Risas.)
Entonces, le pedimos reparación.
Ustedes fíjense que después de la guerra contra el Paraguay, el límite argentino se corrió. Entonces, la capital de lo que era el Chaco argentino, o sea, el Chaco Boreal, el Chaco Central y el Chaco Austral, estaba en lo que hoy es territorio paraguayo y se llamaba Villa Occidental. Hoy se llama presidente Hayes en homenaje al fallo arbitral que hizo el presidente Hayes en el que puso como límite el Río Pilcomayo, que ahora tiene solamente algunos kilómetros. Tenemos frontera seca con el Paraguay.
Se le devolvió al Paraguay el Chaco Boreal y, entonces, Formosa pasa a ser la capital del Gran Chaco argentino. Después fue Resistencia cuando se provincializó la capital de lo que vendría a ser hoy el Chaco, la gran región del quebracho según se la llamaba. Después con Perón se dio la provincialización.
Señor presidente: en ese momento, nosotros no recibíamos programas nacionales y por eso pedimos la reparación histórica. Y este gobierno cumplió. Más de 3.000 millones de pesos. Hay muchos que dicen: ¿dónde está la plata?
Decía que escucho hablar de la coparticipación y del presupuesto nacional.
Muchos creen que el presupuesto nacional es la Casa Rosada. La Casa Rosada es el edificio, pero el presupuesto nacional es el que se vota en este recinto.
Escuche esto, señor presidente. En educación, salud, empleo y seguridad social, y,desarrollo social se invierten 84.700 millones de pesos. Más del 50 por ciento del presupuesto. ¿Y dónde será que están las universidades nacionales?. ¿En la Casa Rosada?
¿Dónde será que están los jubilados que, por resultado de la inequidad que hemos tenido en este país, el gobierno tuvo que jubilar con justicia a más de 1.400.000 que llegaron a la edad respectiva y, lógicamente, trabajaron toda su vida en negro y no tenían aportes. Se hizo un estricto acto de justicia social. Sin embargo, los jubilados y los pensionados están distribuidos en todo el país. Cuando nosotros hacemos un presupuesto nacional lo estamos haciendo para todo el país. Cuando decimos seguridad, justicia, Poder Judicial, defensa, estamos hablando de 20.000 millones de pesos. Eso pertenece a este presupuesto que nosotros votamos. ¿En dónde será que estará la Gendarmería? ¿En la Casa Rosada?

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador Juan Carlos Romero.

Sr. Mayans. — ¿Dónde estará la Prefectura Naval? ¿Dónde estará la Policía Federal?
¿Dónde estarán el Ejército Argentino y la Fuerza Aérea Argentina? ¿Dónde estará la Marina Argentina? ¿Están en la Casa Rosada?
Ese es el concepto de Nación que debemos tener. Cuando voto el presupuesto nacional, estoy convencido de que somos una Nación y necesitamos salud, educación, seguridad, justicia, defensa. Eso es lo que estamos votando.
Fíjese otra cosa, señor presidente, y éste sí que es un problema lindo: la deuda externa.
En este presupuesto figuran 26 mil millones de pesos.
¿Usted se acuerda, señor presidente, cuando se votó el “megacanje” que llevó la deuda
de 30 mil millones a 52 mil millones de pesos? Por supuesto, cuando cayó el gobierno la cifra de la deuda externa era de 180 mil millones de dólares y la Argentina, prácticamente, cayó en la usura porque no tenía forma de pagarla. Entonces, no la pagó más. Y cuando el presidente Kirchner fue a Europa le preguntaron qué iban a hacer los argentinos.
Miren, en 2001, estuve en el Sheraton junto con ocho senadores, entre los que estaban los senadoes Pichetto, Mabel Müller, Verna, Gioja, López Arias, éramos unos cuántos senadores. La gente del Fondo Monetario Internacional realmente estaba preocupada por cómo íbamos a hacer para pagar la deuda. No les importaba la crisis social que estaba viviendo el país. Esa fue la impresión que captamos en el Sheraton: la gran preocupación que tenían era sobre cómo iba a hacer la Argentina para cumplir con sus compromisos.

— Ocupa la Presidencia el presidente provisional del H. Senado, senador José Juan Bautista Pampuro.

Sr. Mayans. — Cuando el presidente Kirchner va a España, le dicen: “Mire, usted tiene que tener en cuenta que pasó con la Enron”. Quebró esa empresa. ¿Cuánto valen las acciones de la Enron en este momento? ¿Cuánto valían ayer y cuánto valen ahora? La Argentina quebró, no podemos pagar; nuestras fuerzas productivas y del trabajo están más allá de lo que se puede pagar. Esto es lo mismo que dijo en su momento el presidente Rodríguez Saá. El país estaba en esas circunstancias. Pero esto cambió totalmente. Se renegoció la deuda y tuvimos un descuento del 70 por ciento. Aquella deuda quedó en 108 mil millones. No lo digo yo. Lo dijeron “Clarín”, “Ambito Financiero”, todos los diarios, además del informe del Ministerio de Economía.
Esta renegociación de la deuda también es parte del presupuesto nacional.

Sr. Presidente (Pampuro). — Senador Mayans, vaya redondeando.

Sr. Mayans. — Todos tienen cinco minutos y a mi nadie me prende eso… (Risas.)

Sr. Presidente (Pampuro). — Ya pasaron. (Risas.)
Siga de todos modos.

Sr. Mayans. — Este presupuesto que votamos tiene historia.. Esta deuda es la que heredamos de la Junta Militar, de ese Proceso de Reorganización que terminó en 45 mil millones de dólares, que sigue jaqueando a la democracia argentina y sigue figurando esa deuda ilegítima dentro del presupuesto nacional.
Con el tiempo, seguramente, se fue legitimando. Pero acá estamos hablando de 26 mil millones de dólares de los que tenemos que hacernos cargo. No podemos decir que no vamos a pagar. Esa deuda figura todos los años como Obligaciones del Tesoro.
Gracias a Dios, si no se hubiera renegociado en la forma en que lo hizo el presidente Kirchner y se lo hubiera renegociado como lo hizo Cavallo, con intereses más una comisión que se cobró en blanco —lo dijeron varios diarios, no voy a dar nombres— y que eran 300 millones de dólares, se hubiera aumentado en 20 mil millones más la deuda. Pero en este caso se bajaron casi 70 mil millones de dólares y para bien del país porque no teníamos forma de pagarlo. Pero, a partir de ahí, también es cierto que nadie más nos presta plata. Entonces, tenemos que tener superávit primario, superávit financiero. Esto es lógico.
Entonces, ¿cómo hacemos para construir este país justo y solidario? Tenemos que ayudarnos entre todos.
Después, quisiera dar una explicación acerca de los porcentajes de los recursos que tiene la Nación.
En el caso de las retenciones por derechos aduaneros, representan el 13,7 por ciento; el 29 por ciento es IVA, el 21 por ciento es previsión social y el 20 por ciento corresponde a Ganancias. Del mencionado 13,7 por ciento, el 7 por ciento representan las contribuciones que se hacen por las retenciones. O sea, es una parte nada más. No alcanza ese porcentaje para que el país pueda sostener la paridad cambiaria, que es la que ha transformado a este país.
Señor presidente: la discusión es por la producción 2007/2008. En la producción 2008/2009, nos vamos a poner todos de acuerdo. ¡No dramaticemos tanto! Hace cinco años que venimos trabajando bien, tuvimos una discusión y estas cosas las tenemos que mejorar.
Hace rato que se prendió la luz roja: tenemos tres millones de argentinos en la indigencia. Esa es la luz roja que enfrentamos y es lo que tenemos que corregir para poder vivir en una Patria digna.
Lamentablemente se me acabó el tiempo…

Sr. Presidente (Pampuro) . — Puede insertar, señor senador.

Sr. Mayans. — Sí, voy a pedir la inserción.
¡Que Dios bendiga a nuestra Patria, señor presidente! En definitiva, que todos construyamos la Argentina digna que nos merecemos.

Sr. Presidente (Pampuro) . — Gracias, señor senador; me alegra su optimismo.
Tiene la palabra el señor senador Romero.

Sr. Romero. — Valoro lo que expresa el señor senador en el sentido de que Formosa recibió 3.000 millones. Con el senador Nikisch, hemos sido gobernadores durante cuatro años, y tengo la sensación de que, en nuestra provincia, si se ha llegado al 10 por ciento, hubiera sido en buena hora.
Señor senador: sus palabras prueban que el sistema es arbitrario, caprichoso y discrecional. Debemos tener en cuenta la coparticipación para que cada uno sepa en qué gasta.

Sr. Mayans. — Señor presidente: permítame agregar algo, por favor.

Sr. Presidente (Pampuro) . — Sea breve, senador.

Sr. Mayans. — Durante un acto, escuché al presidente Kirchner decir al senador Nikisch que fue uno de los mejores gobernadores del Chaco. No fue discriminado y lo ayudó muchísimo, con muchas obras. Nikisch dijo que nunca una provincia hizo tantas obras como las del Chaco durante la gestión del presidente Kirchner. Incluso, le agradecí por su caballerosidad y seriedad.

Sr. Presidente (Pampuro) . — Tiene la palabra la señora senadora Giri.

Sra. Giri. — Señor presidente, señoras senadoras, señores senadores: voy a tratar de ser breve, en función del esfuerzo que estamos haciendo todas y todos para llevar adelante un debate ordenado. Lo que ocurre es que, a veces, los tiempos se nos alejan.
Antes de hablar puntualmente sobre lo que sí quiero expresar en el recinto, ya que habló el senador Urquía y seguramente lo hará el senador Rossi respecto de números y cifras de mi provincia, simplemente, voy a leer un par de párrafos de un periódico.
Encuentro acá que sí quieren cogobernar algunos sectores del campo. El administrador del Fideicomiso Agrícola Córdoba Bursátil, Mario Lamberghini —funcionario provincial—, asegura que es productor de 300 hectáreas, que tiene una alta rentabilidad y que no hubo un segundo fideicomiso. También, había posibilidad de ayuda a quienes quisiesen invertir en este pool de siembra que garantizaba la provincia, por una concesión que hizo el gobernador Schiaretti a la Federación Agraria.
Córdoba Bursátil era una sociedad controlada por la Secretaría de Estado de la provincia; nació como una sociedad controlada por el gobierno provincial. En 2006, lanzó al mercado el Fideicomiso Financiero Agrícola Córdoba I. Según Lamberghini, su administrador, la ganancia fue espectacular. Con este antecedente, Córdoba Bursátil intentó poner otro nuevo fideicomiso, llamado Financiero Agrícola Córdoba II, estimando la explotación de unas 17.000 hectáreas durante cinco años. A poco de iniciar la suscripción de inversores, el gobierno dio la orden de suspender la operación.
Consultado el presidente de la Federación Agraria de Laguna Larga, dijo que, en la reunión mantenida con Schiaretti, al principio del conflicto, se le pidió que desactivara el tema de los fondos de inversión de Córdoba Bursátil y que, luego, el mismo Schiaretti se los confirmó: “Eso ya está, ya se desactivó todo”. Es decir que en mi provincia, hay algún intento de cogobierno en algunos aspectos; por lo menos, de la explotación agrícola.
Yo quiero hablar en otros términos o tomar en cuenta otros aspectos, porque en los últimos días, mi nombre ha dado vueltas por todos los medios y hasta han dicho que vendí mi voto. El ex gobernador De la Sota, en un acto al que asistió en la Sociedad Rural, dijo que yo he decepcionado a los cordobeses y al gobierno de la provincia.
Es posible que haya decepcionado a los cordobeses que hoy cree representar el gobierno de mi provincia o a la Legislatura de Córdoba. Sería soberbio decir que un gobierno provincial representa a todos sus comprovincianos. Yo soy muy humilde y me alcanza con representar a una parte de los cordobeses: a los que menos tienen, al peón rural, al jornalero que trabaja en negro, al que no puede mandar a los chicos al colegio, y ni hablemos de que vayan a la universidad.
Hay un lugar, un pueblito que se llama Justiniano Posse, que de ser un pueblo agrícola pasó a ser hoy un pueblo con alta rentabilidad a partir de las inversiones en soja. ¡Me alegro de que eso le haya pasado, y no voy a mirar debajo de la alfombra! Pero esto también ha producido una exacerbación de la pobreza: en ese lugar, los chancheros —los que crían chanchos— viven hacinados, muy mal. En ese lugar —y todos debemos saberlo— fue donde una chancha muerta de hambre le comió los pies y las manos a un bebé. Ahora, ese bebé va a crecer así: sin manos y sin pies.
Yo quiero que gane el campo: ¡por supuesto que lo quiero! Pero deseo que haya redistribución de la riqueza. Y en este país, nuestro querido país, la pobreza no se aborda si no es a partir de la renta extraordinaria de algunos sectores.
¡Estoy cansada de escuchar cómo algunos secuestran o roban palabras, como si les perteneciesen sólo a ellos! Durante muchos años, escuché a mucha gente hablar de democracia, de república y de las instituciones, pero después, me daba cuenta de que lo que hacían era enjuagarse la boca con esas cosas y escupir en pleno rostro de las instituciones de la Nación. Eso hacen cada vez que surgen los profetas de la tragedia y del apocalipsis, quienes irresponsablemente dicen —por el rol político que juegan hoy en el país— que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es ilegítimo. ¿Desde qué escenario es ilegítimo?
Seguramente, desde el escenario de la Sociedad Rural: allí donde el ex gobernador de mi provincia fue a un acto. A mí también me decepcionó verlo en ese lugar, donde hace unos años desfiló Videla en una carroza, aplaudido por toda la gente del Proceso.
Hay muchas decepciones que tenemos que curar. De hecho, todos las tenemos que curar. Yo quiero saber por qué me dicen que me van a matar y que mi vida va a ser un infierno. Por ello han puesto custodia provincial en mi casa , cosa que le agradezco al señor gobernador, aunque yo no la pedí.
Esto me hace recordar algunas cosas que ya han pasado en la historia y que no nos pueden volver a pasar. Es algo así como marcar las casas de la gente: lo mismo que hacían los nazis con las casas de los judíos. Eso es lo que hacen los que marcan casas. Y nosotros no lo podemos permitir, porque todos queremos la democracia.
Una diputada de mi provincia, sentada en su banca, dijo ampulosamente que “he venido aquí a defender a la democracia, y a la democracia sólo se la defiende votando en contra del proyecto del Ejecutivo”. En consecuencia, a esa señora diputada le digo que yo también vine a sentarme en mi banca a pelear por la democracia y, que para mí, pelear por la democracia es luchar por el modelo de país en el que creo, que es el que lleva adelante el gobierno nacional.
A todos los cordobeses que me mandaron mensajes de texto muy respetuosos a mi celular, tales como “señora senadora, la queremos mucho; vote por la democracia; vote por el campo”, les digo que yo también los quiero mucho. Pero no quiero confundir los términos: es tan democrático el que vota de un modo como el que lo hace de otro. Estoy cansada de que se diga “nos llevaron a la ruta”, “nos empujaron a cortar rutas”, “tuvimos que hacerlo”. ¿De qué hablamos? ¿De “Alicia en el país de las maravillas”?
Ellos plantearon un paro que no fue tal, ya que el paro es una conquista de los trabajadores ganada con mucho sacrificio a lo largo de los años. Lo que hicieron fue parar al país y no parar ellos, porque los dueños no paran. Al respecto, quisiera saber qué empleado de un comercio —cualquier trabajador— puede parar más de tres meses en esta Argentina.
Además, estoy cansada de las amenazas. Estoy cansada de que Buzzi diga: “Voten con autonomía y libertad”. Señor Buzzi: voy a votar con autonomía y con libertad porque lo haré desde lo profundo de mis convicciones.
Señor De Angeli: ayer ha estado hablando y mintiendo sobre mí, diciendo que iba a cambiar mi voto. ¡Pero sepa que cuando yo decido un voto, no cambio mi opinión por más que me presionen los —que como usted— creen que democracia es hacer lo que ellos dicen!
Señor Miguens: ¡deje de ser hipócrita! Juguemos cada uno a lo que somos. Juguemos a ser personas; juguemos a recuperar el idioma. ¡Este debate no se hace en un campo de fútbol! No se jugó el primer tiempo en Diputados ni se está jugando el segundo en el Senado.
Yo no sé jugar al fútbol ni ninguno de nosotros vinimos aquí para hacerlo. Hemos venido respetuosamente a hablar, a disentir y a coincidir; para eso estamos.
También, desde mi banca, he venido a rescatar algunos términos que para mí son muy importantes. He venido a rescatar la palabra “Patria”, el himno, la escarapela, la bandera, el mate y el asado con cuero. ¡Eso es de todos los argentinos! No es propiedad de un de solo sector. La Argentina en la que creo es de todos.
Lo cierto es que existen intentos de desestabilización cuando se cuestiona la legitimidad de un gobierno elegido en elecciones libres. Yo no soy jurista y, tal vez, lo que aprobemos tenga que ir a la Corte. Lo que sí sé es que lo estamos haciendo desde las tripas y de la mejor manera que lo sabemos hacer todos: respetándonos. ¡Respeto a la oposición que construye; a la oposición que se ha ajustado a las reglas de juego de la democracia!
Asimismo, quiero rescatar a mis compañeros y compañeras peronistas que, aún pensando distinto y desde otro escenario, también defienden la democracia de la misma manera que lo hacemos nosotros.
Por último, rescataré una palabra, porque quiero devolverla a sus orígenes: “minga”.
“Minga” tiene origen quechua y consiste en una celebración de amor, de vida. “Minga” es lo que reúne y aglutina a las comunidades para hacer un trabajo en conjunto, que, después, reparten entre ellos. Eso es “minga”. Jamás los quechuas le dieron un sentido negativo. Por eso, también vine hoy a mi banca a decir —en honor a la “minga”— : ninguna “minga” a la no distribución de la riqueza, a la pérdida de la identidad cultural, a quienes concentran la riqueza de los argentinos sin sentido de solidaridad, a aquellos que parece que sólo han concurrido a la fiesta de la “minga” sin haber realizado grandes esfuerzos ni repartido en nuestro territorio las desmesuradas ganancias obtenidas.
Es con mucho honor que votaré el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados. ¡Me importa tres pepinos que digan que lo vendí, que me mandan a Ginebra!
Señor ex gobernador: lamento haberlo decepcionado. Usted a mí ya me ha decepcionado muchas veces.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Lores.

Sr. Lores. — Señor presidente: en honor del tiempo, omitiré de mi presentación todo aquello que ya ha sido expresado por las señoras y señores senadores en distintas oportunidades.
Quiero señalar que pareciera que los argentinos tuviéramos una especie de maldición que hace que, cada cierto período de tiempo, recaiga sobre nosotros un conflicto de gran magnitud, aun en momentos inesperados como en el que surgió este conflicto del campo.
Es un conflicto que tiene características muy diferentes de los que se producían en la década del 90, con la aplicación del modelo neoliberal que desencadenó debacles económicas cuando se produjo la transferencia de los grandes activos de la República Argentina, las grandes empresas nacionales que hoy todos añoramos y que fueron mal vendidas en esa época. Hablo de esas situaciones que provocaron que millones de argentinos cayeran en la marginalidad, en la pobreza, en la desocupación y en la miseria.
Este conflicto se produce en circunstancias totalmente diferentes: se trata de un conflicto desencadenado por la distribución de los ingresos provenientes de la exportación de la soja, convertida en un producto que genera una renta extraordinaria por el gran aumento de la demanda de los mercados internacionales y, en consecuencia, el aumento de los precios internacionales del producto.
Después del desastre ocurrido en este país en 2001 y 2002, debo reconocer —y lo he expresado en diversas oportunidades en este honorable recinto— que el anterior y el actual gobierno hicieron notables esfuerzos junto con la ciudadanía argentina para poner de pie al país y restablecer mejores condiciones de vida; para que la gente volviera a recuperar fuentes de trabajo; para que los jóvenes pudieran acceder al trabajo y a la educación. Sin lugar a dudas, falta muchísimo en ese terreno. Esto lo vemos a diario; simplemente, cuando salimos del Congreso y damos una vuelta a la manzana: muchas familias duermen con sus hijos, tapados por plásticos y cartones, en los recovecos de las vecindades y, en ocasiones, en los recovecos del propio Congreso de la Nación. Hay mucho por hacer, pero reconozco el esfuerzo extraordinario que estos gobiernos han realizado en ese sentido.
De lo que se trata ahora es de otro problema. No estamos hablando de que el gobierno haya hecho las cosas mal, de que no haya promovido una fuerte recuperación de la sociedad, de que no hayan mejorado los indicadores sociales económicos. Creo que, en general, todos estamos de acuerdo al respecto. Sobre lo que estamos debatiendo ahora es una cosa diferente:
estamos debatiendo este tema de las retenciones y, fundamentalmente, el tema de la famosa Resolución 125.
A mi modo de ver, dicha resolución fue el detonante de una crisis que se venía incubando a medida que, en forma unilateral y sin buscar ningún mecanismo de consenso, de negociación o de participación, el gobierno iba aumentando las alícuotas de las retenciones en función del precio del producto. Esto siguió hasta que la situación estalló con esa resolución del entonces ministro Lousteau. Creo que allí se perdió una gran oportunidad de evitar este conflicto. Considero que si esta Resolución hubiera tenido un mínimo de consenso con los pequeños y medianos productores del campo, probablemente, el conflicto se habría evitado.
El conflicto fue creciendo en intensidad. Se polarizó entre posiciones muy encontradas, en las que —a mi modo de ver— hubo errores significativos por parte del campo y, también, errores estratégicos del gobierno, que no hicieron viable una negociación en el momento oportuno.
El campo salió de entrada con las medidas más fuertes: a cortar las rutas; a alterar el tránsito de la ciudadanía por las rutas del país. Por supuesto, todo esto perjudicó notablemente a la industria del turismo. En este sentido, hay más de mil millones de pesos de pérdida en los sectores turísticos y mucha gente se quedó sin trabajo. La ciudad emblemática del turismo en la Argentina, Mar del Plata, durante el invierno, vive de los fines de semana largo. El turismo en Mar del Plata se vio fuertemente disminuido en Semana Santa; prácticamente fue cero, como ocurrió en casi todos los centros turísticos del país, incluyendo los de mi provincia, porque la gente no se animaba a salir a las rutas invadidas de piquetes.
Por otro lado, el gobierno no tuvo la reacción estratégica oportuna —insisto— para buscar una salida a este conflicto sin polarizarlo de la manera en que lo hizo, y tratando de beneficiar a los pequeños y medianos productores.
Cuando el conflicto se prolongó y no había posibilidades a la vista de arreglo; cuando el conflicto se mediatizó de una manera extraordinaria y abarcó a toda la ciudadanía argentina generando pesadumbre, incertidumbre y dolor en muchos argentinos; a dos meses vistas o un poco más del inicio del conflicto, el gobierno decidió remitir con algún agregado esa Resolución 125 al Congreso, para que la convirtiera en ley. Ese mismo día, cuando se remitió el proyecto al Congreso de la Nación, escuché que un ministro dijo: “Este proyecto de ley tiene que ser aprobado a libro cerrado”; yo lo escuché. Después, hubo desmentidas y otros que volvieron a decir lo mismo. Se generó una confusión en ese sentido. Pero me consta que el día en que llegó el proyecto a Diputados, venía con la imposición de la aprobación a libro cerrado por esa Cámara.
De entrada, esto generó un descrédito del Parlamento. Hubo muchos que hablaron en un término que no comparto, porque me parece que subestima mucho las facultades y las atribuciones de este Congreso. Decían que el Congreso se había convertido en la escribanía del Poder Ejecutivo.
Este proyecto fue discutido y peleado en la Cámara de Diputados. Como prácticamente era imposible que se aprobara a libro cerrado, finalmente, pasó al Senado de la Nación, sancionado por aquella Cámara y con modificaciones introducidas, pero sin resolver el núcleo central del proyecto, que básicamente estaba incorporado en los artículos 1° y 2°. Se seguía ratificando una resolución que es cuestionable para muchos —no para todos—, desde el punto de vista de su constitucionalidad, de la confiscatoriedad y de la transferencia de atribuciones del Congreso hacia el Poder Ejecutivo.
Llegados a esta instancia, creo que estas cosas ocurren porque se toman decisiones de un carácter muy discrecional y unilateral. En ese sentido, voy a contar una anécdota que ocurrió en mi provincia hace ya más de un año. En 2007, el Ministerio de Economía y Producción dictó la Resolución 394, que estableció como precio tope del barril de petróleo —de un petróleo especial que se llama Medanito—, la cifra de 47 pesos. Según dicha norma, a todo lo que excediera ese valor al exportar el producto, se le aplicaba el ciento por ciento de retención.
Yo comparto lo que se dijo aquí respecto de que las provincias petroleras deben ser solidarias con el resto del país. Pero obsérvese lo que sucedió con esa resolución que se dictó también entre gallos y medianoche y que, desde entonces, a pesar de todos los esfuerzos y negociaciones que se han hecho, no ha podido ser modificada. Sucedió en el corazón petrolero del Neuquén, en la zona de Plaza Huincul y Cutral-Có, donde se encuentran radicadas varias destilerías que prácticamente lo único que elaboran son productos petroquímicos que se exportan. Es decir, no se trata de productos que se consumen en el mercado local.
Ante esa situación de tener que ceñirse a ese precio absolutamente anticompetitivo, esas destilerías han entrado en una crisis de rentabilidad que las ha colocado en una situación terminal, siendo muy probable que pronto nos enteremos de que alrededor de cuatrocientas o quinientas familias —si esto no se modifica— se van a quedar sin trabajo. Y estamos hablando de una provincia que provee el 25 por ciento del petróleo del país, el 50 por ciento del gas y el 50 por ciento de la hidroelectricidad; teniendo en cuenta, además, que el petróleo y el gas son recursos no renovables.
Este proyecto llegó al Senado de la Nación con la sanción de la Cámara de Diputados.
En ese sentido, yo dije recientemente que de ninguna manera iba a aprobar un proyecto que se quisiera imponer nuevamente a libro cerrado. ¿Por qué? Porque considero que tenemos todas las posibilidades y las facultades para realizar una brillante tarea en el Senado, abriendo este proyecto a la discusión, dadas las excelentes iniciativas que han sido elaboradas por distintos sectores de la minoría.
Entonces, ¿por qué no reunirnos? ¿Por qué no conciliar posiciones? ¿Por qué no elaborar una ley de unión, en vez de una ley de división? Creo que estamos en perfectas condiciones de avanzar en ese sentido. ¿Por qué tenemos miedo de que este proyecto retorne a la Cámara de Diputados, si esto es lo que marca la Constitución Nacional en su artículo 91, en lo que respecta al proceso de formación de las leyes en la República Argentina? Completemos el ciclo establecido en la Constitución. No estaremos violando absolutamente nada. Quizás, perderemos un poco más de tiempo, pero obtendremos una ley que dejará conforme a la mayoría de la ciudadanía y que terminará con esta antinomia y esta rivalidad, que no sabemos en qué va a finalizar.
Yo defiendo esta postura por mis propias convicciones, no desde una posición opositora. Quiero que esto quede bien claro. No soy opositor del actual gobierno. Pero mis convicciones me indican que el mejor camino es el que estoy planteando: la apertura del proyecto, la discusión, la compatibilidad con las excelentes iniciativas que distintos senadores han presentado. Ninguno niega la validez de las retenciones; en todos los proyectos están incluidas, con distintos perfiles o distintas modulaciones.
El centro vital de esta cuestión no es el tema de las retenciones, sino el hecho de que tengamos un proyecto de ley que satisfaga a la mayoría de los argentinos y que nos permita solucionar, de una vez por todas y en forma definitiva, este asunto. Creo que este es el mejor camino.
El Senado puede llevar adelante una brillante tarea en ese sentido, que, después, tendrá que ser complementada en la Cámara de Diputados. Insisto: no estamos forzando ninguna cuestión que no esté contemplada en el proceso de formación de las leyes que establece la Constitución Nacional.
Pertenezco a una provincia que tiene una larga historia de federalismo, y lo hemos defendido a ultranza. Salimos, a mediados del siglo pasado, de ser territorios nacionales abandonados, despoblados y manejados desde el poder central de Buenos Aires. Soy de un partido cuya bandera esencial es el federalismo, junto a la de la justicia social. Es un partido que ha gobernado la provincia sin ningún tipo de discontinuidad desde 1961 hasta la fecha.
Ganó las elecciones cuando volvió el general Perón; cuando fueron elegidos presidentes el doctor Raúl Alfonsín y el doctor Menem; en la época de la Alianza, y hasta en los últimos sufragios. Quiere decir que este partido y esta provincia cuentan con el respaldo de una población que quiere defender realmente el federalismo.
Y si somos capaces de abrir este proyecto y de elaborar uno superador —si nos ponemos a trabajar en serio en esta cuestión—, podremos llegar a establecer una nueva matriz impositiva, que sea mucho más justa, más equitativa, más progresiva; una matriz que grave más a los que más ganan y a los que más tienen; y menos a quienes menos tienen.
Y tenemos que cumplir también con este compromiso pendiente desde hace, ya, creo que doce años: generar un nuevo pacto fiscal que nos conduzca a una nueva ley de coparticipación federal de impuestos. Creo que esto es esencial para que haya una distribución equitativa y solidaria de todos los recursos que tiene este país. De esa manera, también a través de la coparticipación interna realizada por cada provincia, para que los recursos lleguen a los municipios y a las comisiones de fomento, daremos realmente seriedad a este país y le quitaremos toda esta cuestión que genera dudas en cuanto a la discrecionalidad, a la distribución de las riquezas, etcétera.
Termino ratificando mi intención de que se abra el proyecto para una discusión que nos enriquezca. Creo que de esa manera el Senado de la Nación pasará a fortalecerse institucionalmente.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Fuentes.

Sr. Fuentes. — Señor presidente: luego de doce horas de debate, que confirman el método oportunamente discutido entre los señores presidentes de bloque y autoridades de esta casa —que consistía en establecer un mecanismo que permitiera tanto el desarrollo de las jornadas preparatorias como las discusiones de comisión, y fundamentalmente las llevadas a cabo en este recinto—, podemos decir que estamos ante una sesión ejemplar, transparente y que se produce en medio de un conflicto donde pasiones, intereses y complejidades se encuentran más que agudizados. Y creo que, en la medida en que la comunidad asiste y sigue este debate, estamos aportando a la serenidad y, principalmente, al rol que este Parlamento tiene y el cual debe cumplir.
Hemos observado en esta situación, sombras y descalificaciones acerca del voto de algunos de los senadores. No obstante, hemos sido prudentes desde el oficialismo en establecer el cuestionamiento a lo que es casi una inversión de la carga de la prueba. Qué cosa más coherente, qué cosa más normal en cualquier lugar del mundo que un bloque oficialista acompañe la política de su gobierno. Sin embargo, a partir de presiones, de versiones, de trascendidos, ese acompañamiento ha sido cuestionado. Nunca se me hubiera ocurrido a mí, en función del privilegio de asistir a este Cuerpo, cuestionar el voto de aquellos colegas que no coinciden con el mío, en función de imputarles presuntos conflictos de intereses, atento a sus roles económicos o empresarios. Hemos sido respetuosos ante todas estas situaciones.
Como mínimo, exigimos el mismo respeto.
En medio de la vastedad de los temas, intentaba ordenarme, lo cual resulta muy difícil, por lo que recurrí a un ejercicio muy sencillo, que fue volver al recuerdo de mis años de joven, en ese momento de la vida en que la honestidad intelectual nos resulta trascendente, porque no hemos sido envilecidos por la puja de los intereses económicos ni por resentimientos de frustraciones; ese momento de la vida en que queremos entender el mundo más allá de que el entendimiento de lo que hacemos nos convenga o no.

— Ocupa la Presidencia el vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.

Sr. Fuentes. — En aquel entonces, hacíamos un ejercicio muy sencillo con mis compañeros, porque éramos en la medida en que había otros y ellos eran en la medida en que estábamos nosotros. En este privilegio que me toca vivir hoy, por el hecho de asistir a una segunda oportunidad, en homenaje a eso y a mi propia coherencia, voy a hacer ese simple ejercicio.
Nosotros lo llamábamos caracterización de la etapa. Nos permitía, desde el plano teórico, establecer cuáles eran las contradicciones principales y las secundarias, lo cual generaba horas de debate, conversación y pasión en la discusión. Hoy nos sucede lo mismo.
Está ocurriendo exactamente lo mismo, porque observo gente, compañeros, que proviniendo de la misma experiencia, hoy confunden lo que está en discusión.
Claro que esto nunca fue la soja, claro que no se puede ser tan torpe —como se alegó— como para pensar que por una diferencia de 400 millones de dólares entre lo que se recauda y lo que se reintegra se ha armado semejante desquicio. Esto no empezó hoy, sino muchos meses antes de las últimas elecciones presidenciales, cuando desde los medios comenzó a difundirse la versión de que el Estado nacional no estaba en condiciones de garantizar el acto electoral.
Así, se entró a generar el temor y la confusión en la gente en torno al hecho de que, a ante la ausencia de autoridades de mesa se decía: “Guarda, tené cuidado, que si vas temprano a votar, te van a enganchar de gil para que seas presidente de mesa”. Esto continuó posteriormente, con las denuncias de fraude electoral, de supuesto fraude electoral a realizar, que posteriormente, quedó reducido a decir que se habían robado boletas del cuarto oscuro, una práctica precisamente novedosa cuando en nuestro sistema electoral no tenemos fiscales presentes.
Pero lo peor de todo esto es que, dado el resultado electoral, inmediatamente se lo descalificó en la medida en que se dijo, y el aliado de la oposición lo señaló: “Hemos ganado.
Los sectores dinámicos, pensantes, industriosos, concentrados en los grandes centros urbanos nos han dado el voto mayoritario, mientras que al oficialismo lo acompañó el clientelismo, los postergados, los ignorantes, los que están distantes de la capacidad que tenemos de pensar”.
Ahí comenzamos a edificar la percepción de que esto no venía fácil. Y es que aquí vemos esta metodología, porque acá lo que se está cuestionando es la capacidad del Estado en el ejercicio de sus potestades soberanas de dirigir un país y no estar sometidos a la resolución de los conflictos, a las presiones directas de los grupos de poder o de los grupos económicos sectoriales, por más convocatoria o legitimidad que en aspecto tengan.
A la política la define la presión de los grupos económicos o la política se define en una construcción colectiva que se somete periódicamente a verificación, constituida por el acto democrático de votar. Este es el eje central de lo que hoy se está discutiendo. Porque, en los hechos, esta metodología de confrontación se acompañó con la descalificación del ámbito de debate y se acompañó con la descalificación de lo que estamos debatiendo.
Primero, se nos dijo que el votar determinada postura implicaba traición a la Patria.
Después, se señaló que aprobar esto implicaba una flagrante inconstitucionalidad. Señores: yo no voy a repetir los argumentos jurídicos refrendados, dichos y estudiados por mi compañero Jenefes; simplemente, voy a manifestar que en la medida en que este Congreso, y en particular este Senado, entienda que no debe delegar atribuciones para reglamentos que modifiquen o establezcan las cargas arancelarias a los derechos de exportación e importación, ese recupero de atribución de ninguna manera implica que lo hecho hacia atrás, en la medida de los términos de prescripción, constituya actos inconstitucionales. Entonces, hemos mezclado deliberadamente, y descalificado la materia que estamos discutiendo.
Por lo tanto, en esta discusión del rol que el Estado debe cumplir, de la legitimidad de sus decisiones, y ante el pedido del sector en conflicto, nuestra presidenta tomó la decisión de enviar a este Congreso un reglamento delegado y ejercido en el marco de las atribuciones que le son propias, al efecto del debate. Esto no va ni más ni menos que en ese sentido.
Entonces, ¿a qué obedece el dramatismo y la violencia en el planteo de los temas? En mi pueblo, decimos: “Pegale al chancho, que aparece el dueño”; y el dueño apareció: 80 pesos el kilo de lomo. De esto se trata, básicamente.
Cuando quedó el país partido y fundido, hubo quienes tenían responsabilidad de conducción, por ejemplo, el actual gobernador de la provincia de Córdoba, que era secretario de Industria y que alegremente fue bajando los derechos de importación prácticamente a nivel cero. Sin embargo, en ese momento, no se le cuestionó si era una atribución constitucional o no. En la medida en que desmantelamos nuestro parque industrial y en la medida en que vivimos una etapa de claudicación en la acumulación del capital nacional, eso no se cuestionó.
Claro que toda construcción y toda acumulación no siempre es virtuosa ni tiene la perfección que reclamamos y que necesariamente los ciudadanos requieren, pero no debemos perder de vista, y particularmente aquellos sectores que se hacen llamar progresistas, cuál es la contradicción principal que hoy se está discutiendo.
Tenemos un raro privilegio que consiste en poder verificar, con datos muy sencillos y directos, los extremos desde las aseveraciones conceptuales. Hemos dicho —y lo comprueba la realidad— que en el mundo existe una creciente presión por los recursos y materias estratégicas: agua, alimento y energía. La demanda y la presión sobre éstos genera la conflictividad actual y futura con motivo de su obtención.

Sr. Presidente. — Le quedan 10 minutos, senador.

Sr. Fuentes. — Voy finalizando, presidente.
Esto trae como correlato inmediato el retroceso absoluto del derecho internacional y del multilateralismo como elementos eficaces para resolver los conflictos. Será la acción directa y la presencia de la fuerza lo que determinará la apropiación del recurso o no, si no tenemos la inteligencia de concebir que únicamente la unidad nacional puede ponernos en esa situación de una defensa eficaz en el marco de la región.
La segunda verificación que rápidamente hemos podido comprobar es que la crisis financiera internacional arrastra a capitales especulativos que operan en otras dimensiones financieras de la especulación con los granos. ¿O ahora vamos a creer que en dos o tres meses el mundo duplicó su capacidad de comer?
El tercer elemento que hemos comprobado con sólo asomarnos a la ventana es la expansión de la frontera agropecuaria. Esto fue sorpresa para los porteños, porque no son como los del interior, que bancamos el humo de la quemada, para evitar las heladas; o como los tucumanos ,que soportan el humo de su producción en los ingenios. Es decir, fueron sorprendidos porque el humo invadió la ciudad.
Efectivamente, la frontera agropecuaria se extiende de tal manera que hoy se hace engorde de ganado en la banquina, en los arroyos y en el delta. Donde antes se hacía engorde, hoy se hace siembra. La frontera se va desplazando. Tierras que hace pocos años no costaban nada, cuyo único valor económico era el de hacer carbón con las raíces luego de ser arrasadas por su recurso forestal, hoy valen millones de dólares. Es la tercera cuestión que rápidamente vamos comprobando.
Asimismo, se ha iniciado el proceso de sustitución de la motricidad en el sistema productivo. En ese sentido, es necesario definir con claridad si esto lo va a llevar adelante únicamente un conglomerado de multinacionales o tenemos la capacidad como Estado nacional de asociarnos en la región y tener una política clara de autonomía y defensa de los intereses en la cuestión energética.
A eso le sumamos, en la particular situación de nuestro país, la aparición de nuevos actores sociales. ¿O es que acaso estamos discutiendo solamente el problema de los pequeños productores? ¿No es también que estamos discutiendo el problema de los pequeños propietarios? Ha aparecido un actor novedoso en la cuestión agraria: aquel que arrienda y obtiene una renta excepcional por un pequeño pedazo de tierra. Estos elementos que conforman un conflicto, que planteado en los términos del estado de derecho sería absolutamente normal en cualquier lugar del mundo, ha desencadenado la sumatoria de elementos a los cuales asistimos.
No hay que tenerle miedo al conflicto. Nuestro país tiene una larga tradición de haber sido pionero en la edificación de los liderazgos conceptuales. Así como fuimos el primer país de América latina que conformó la transformación de su sistema educativo; así como hemos sido el primer país en América latina que incorporó a la clase media a la vida política y al consumo, con Yrigoyen; así como fuimos el primer país de América latina que incorporó a los trabajadores al proceso de distribución de la riqueza; así vamos a ser el primer país que va a resolver esta cuestión en América latina.
El desarrollo y la acumulación de capital en el marco de las garantías individuales correspondientes, de las lógicas expectativas de los sectores productivos debe ser producto de la discusión en el estado de derecho o producto de la acción directa. Este es, hoy, el debate fundamental que tenemos. Y es este nuestro voto, más allá de los errores y de las incapacidades, sobre todo, de comunicación. ¿O no nos damos cuenta de que la mayoría de la gente percibe las mejoras que el país ha vivido en estos años? Sin embargo, no necesariamente se junta esto con la decisión política que lo permitió.
Estamos ante una disyuntiva donde no discutimos la interpretación jurídica de un derecho de importación y exportación; no discutimos una atribución delegada o no; ni estamos debatiendo si esa atribución estaba dentro del marco de reserva de la ley que se establece para el estatuto del contribuyente ¿O esa es una simple consecuencia de la política de ordenamiento económico del Estado?
Lo que estamos discutiendo de aquí para adelante es el camino que como sociedad política, como sociedad jurídica y como conjunto vamos a resolver y a tomar para la resolución de los conflictos que vengan encadenados a éste. Porque hoy lo que está en discusión es la distribución de la renta y quién tiene el equilibrio de la distribución de las responsabilidades políticas y la legitimidad del mandato constitucional que le da el voto, la obligación y la responsabilidad de hacerlo.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Filmus.

Sr. Filmus. — Señor presidente: en honor a la hora, voy a pedir autorización para insertar los argumentos técnicos puntuales que hemos preparado. Simplemente, voy a plantear algunos temas que a lo largo del fructífero debate de hoy se fueron discutiendo aquí en el recinto para poder agregar algunos elementos en la discusión.
Entonces, dejando de lado los temas técnicos, quisiera referirme a tres o cuatro cuestiones que me parecen centrales. Después de iniciado el conflicto, la sociedad pedía solución a algunas cuestiones que me parece que fueron atendidas. La primera era que lo debata el Congreso, y eso es lo que está sucediendo. La segunda era que no lo debata a libro cerrado, y en la Cámara de Diputados se han introducido reformas muy importantes que hacen que el 85 por ciento de los productores queden al margen de estas medidas que estaban siendo cuestionadas para los pequeños y medianos productores. La tercera era que no se vote por obediencia debida y, por lo que hemos visto acá —y lo decimos orgullosamente, pues en nuestro propio bloque ha habido distintas opiniones y cada uno se ha podido manifestar y va a votar dentro de un rato nomás de acuerdo a sus propias convicciones— no hubo ningún tipo de obediencia debida. Sin embargo, los otros bloques que criticaban eso en el nuestro, vemos que votan uniformemente. Por eso, estamos orgullosos de que en nuestro bloque haya discusión, haya debate y se hayan planteado distintas opiniones.
Por otra parte, lo que nos pide la sociedad es que mañana, sea cual fuere el resultado de hoy, se acate, porque así es lo que manifiestan las instituciones, cómo funciona la democracia y cómo nuestro pueblo, en sus luchas históricas, ha logrado que podamos funcionar. También me parece importante que no sólo se acate, sino que no acabemos la discusión acá —como recién decían distintos legisladores.
Creo que el tema de fondo que aquí estamos discutiendo es el modelo productivo, el tema de fondo que estamos discutiendo es el modelo de distribución del ingreso, el tema de fondo que estamos discutiendo es qué país queremos y ahí me animo a decir que ese debate, que tiene que constituirse en política de Estado, va a tener del mismo lado a muchos legisladores que hoy van a votar diferente. Del mismo modo, el pueblo argentino que ayer estuvo en distintas plazas seguramente piensa que la Argentina tiene que profundizar la distribución del ingreso, independientemente de la opinión que tenga puntualmente en esta situación. Creo que esa es la gran conclusión. En tal sentido, todo este debate, toda esta discusión, este gesto de la presidenta de enviar el proyecto al Congreso, esta posibilidad de discutir y este compromiso de avanzar en políticas de Estado que apunten a una distribución mucho más justa del ingreso, indica que estamos en la dirección que el pueblo quiere. El pueblo no le tiene miedo a este debate, no le tiene miedo a esta discusión ni al conflicto, porque sabe que la distribución del ingreso necesariamente trae conflicto. La Argentina no es el país más pobre de América latina. América latina no es el continente más pobre, sino el continente más desigual. Es una vergüenza, porque en nuestro continente y en nuestro país, a pesar de las condiciones objetivas, todavía tenemos niveles de pobreza que avergüenzan a los seres humanos, especialmente, cuando estamos hablando —como en este caso— del tema de la comida. Digo esto porque hay dos tipos de desigualdades que debatir, y acá estuvieron
presentes las dos. Hay desigualdades sociales que marginan —y lo hemos visto en la década pasada— históricamente a grandes mayorías de la posibilidad del consumo y del bienestar; y hay desigualdades regionales, que por el modelo que eligió la Argentina, ese modelo de la Generación del 80, que planteó un país mirando hacia afuera, un país mirando a la Pampa Húmeda, que alejó a la gran mayoría de los argentinos y a los pueblos originarios de la posibilidad de que el crecimiento signifique mayor distribución de la riqueza.
¿Cómo se definió en la Argentina históricamente la distribución de la riqueza? Lo sabemos todos. Cuando había que distribuir la riqueza a favor de los poderosos se usaron los golpes de Estado. No fueron los gobiernos democráticos hasta el año 76 los que distribuyeron la riqueza a favor de pocos. En el año 1955 teníamos 50 y 50 entre la producción y el trabajo.
¿Qué pasó con ese 50 y 50? Uno tras otro, los golpes de Estado le sacaron parte de sus ingresos a los sectores más pobres, a los más humildes, a los trabajadores, para dárselo a los sectores concentrados de la economía.
Después del golpe del 76 no hizo falta golpe de Estado para esa concentración de la riqueza. Después de desindustrializar al país y después de atar de pies y manos a los sectores populares —entre otras cosas porque se terminó con buena parte de la tradición que tenía la Argentina en cuanto a las luchas populares— hubo otros instrumentos por los cuales se distribuyó la riqueza a los más poderosos. Y este lugar donde estamos sentados, no fue ajeno a la distribución de la riqueza para los más poderosos. Quiero decir que hubo una retención muy importante que se votó acá. ¿Se acuerdan? Se retuvo el 13 por ciento. ¿A quién se le retuvo el 13 por ciento en este mismo recinto? ¡A los jubilados!

Sra. Negre de Alonso. — No todos lo votamos.

Sr. Filmus. — No estoy diciendo quiénes lo votaron. Cada uno sabrá. Acá se les sacó el 13 por ciento a los jubilados, se les sacó el 13 por ciento a los docentes y se les sacó el 13 por ciento a los empleados públicos. Acá enfrente hubo una carpa de mil días que, con orgullo, llevaron adelante los docentes. Acá, el mismo gobierno que hoy se opone a estas retenciones, en los primeros días del gobierno del presidente De la Rúa, le puso un impuestazo a la clase media, que la marcó para siempre. En este recinto se votó la mayor redistribución de riqueza a favor de los sectores más poderosos cuando se votó la flexibilización laboral. No hay mayor redistribución regresiva del ingreso que llevar la desocupación al 24 por ciento, porque los trabajadores no pueden llevar la dignidad a su hogar. Esa es la mayor redistribución regresiva que tuvo la historia argentina. Pasó acá. No se cortaron las calles, no se cortaron las rutas, no se cortaron los caminos.
La democracia le debe todavía a la redistribución del ingreso un capítulo importante. Acá se votaron las leyes que permitieron el megacanje, por el que la deuda externa argentina creció para que el sector financiero se lleve toda la plata. Y está estudiado cómo ocurrió. Acá también se votaron las leyes que permitieron el “corralito”, que nos tuvo como víctimas a sectores de la clase media y a sectores trabajadores; y todavía hoy no nos han devuelto la plata. Eso pasó y eso también es redistribución del ingreso. Antes se hacía con los golpes, pero después la democracia no saldó esa deuda.
Quiero decir, porque me parece importante, que hoy van a votar algunos colegas, algunos compañeros, algunos correligionarios, con algunos de aquellos que fueron culpables; incluso van a votar con algunos de los que apoyaron los gobiernos militares y que organizaron partidos defendiendo la violación sistemática de los derechos humanos y las desapariciones.
Entonces, mañana hay que hacer un debate importante…

— El senador Castillo hace manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Filmus. — Le voy a pedir al señor legislador que me escuche y no intervenga.
Yo no intervine, por ejemplo —y eso que pedí la palabra—, cuando usted, hablando de la inmigración…

Sr. Presidente. — Senador Filmus: por favor, diríjase a la Presidencia.
Venimos manteniendo un ambiente bastante acorde al Senado, así que, senador Filmus, por favor, diríjase a la Presidencia.

Sr. Filmus. — Decía que no intervine —tuve intención de hacerlo pero no se me permitió— cuando, hablando de la inmigración, el senador Castillo se refirió a la inmigración de polacos, españoles, italianos, árabes y judíos. Le quiero aclarar, porque en ese momento me sentí comprendido, que hay judíos que son árabes, que son alemanes, que son polacos, que son argentinos o que son españoles. No es una categoría diferente. Se lo aclaro al señor senador. Hay dos cuestiones más que me parecen importantes y que también tienen que ver con la intervención del senador Castillo. Se dijo que queremos volver a la Argentina agroexportadora. Este es el otro tema de fondo: redistribución del ingreso y si queremos volver —como dije— a ser un país agroexportador. Alguien dijo: “Los chinos necesitan agua”. Cuando exportamos soja, alegremente se dice que exportamos agua. Justamente, hay una división internacional del trabajo que quiere que nuestro país sea productor de bienes primarios, no de bienes elaborados, que son los que generan la riqueza. Eso lo sabemos todos.
Sí miramos el Primer Centenario, como lo dijo muy bien la senadora por Jujuy, advertimos que estamos mal. Ese centenario fue para unos pocos. En la Argentina había 93 por ciento de deserción escolar y una pobreza que superaba el 90 por ciento. Los que venían acá para dedicarse al campo, tuvieron que quedarse en la ciudad porque no hubo distribución de la tierra.
Nosotros tenemos que mirar al Segundo Centenario desde una perspectiva que tiene que ver con la ciencia, la tecnología y la elaboración de los productos agropecuarios aquí en el país. Y quiero referirme al caso de Brasil. Voy a leer lo que dijo Lula, el presidente de Brasil, la semana pasada. Brasil es un país poderoso y está entre los nueve más importantes del mundo, no porque es un país agroexportador, sino porque es un país industrial. Después de anunciar que iba a invertir 41 billones de reales para ciencia y tecnología, dijo: esta es la apuesta en el futuro, esta es la apuesta de Brasil que quiere transformarse en una gran potencia en el área de la ciencia y de la tecnología, no sólo en la exportación de productos primarios, sino en la exportación de conocimiento, de la inteligencia brasilera. Por eso, hoy no podemos caer en la trampa de volver a ser un país agroexportador.
Aquí se mencionaron varios países. Estados Unidos es un país exportador. ¿Cuánto significa hoy el producto bruto agropecuario en la economía de los Estados Unidos? 1,2 por ciento; en Japón, 1.4; en Alemania —que también fue mencionada acá— un punto; y en Irlanda, país que más creció en Europa y uno de los que más se desarrolló en ciencia y tecnología, cayó el porcentaje en la producción agropecuaria del 7 a 2,1 del producto bruto interno. Países como Corea y Canadá, que fueron agroexportadores, hoy producen esos bienes primarios en su propio país y han desarrollado la tecnología y la capacidad de agregarle valor a los bienes primarios, con lo cual crecieron —la Argentina también creció, por ejemplo, en la década de los 90— y la gente vive mejor, porque de eso se trata la economía. No se trata entonces de que nos vaya bien a nivel macro porque después la gente viaja en micro.
Entonces, se trata de cómo cada uno mejora sus condiciones de vida.
Para terminar, permítanme referirme a algunas cuestiones del federalismo, que es un tema central.

Sr. Presidente. — Su tiempo, senador.

Sr. Filmus. — También aquí se votó la transferencia de los servicios educativos y de la salud sin recursos. También aquí se votó —y firmaron muchos gobernadores— esa transferencia de hospitales y de escuelas que empezó —creo que fue uno de los elementos más importantes
para la desarticulación del sistema educativo— primero en 1978, en la época de la dictadura; luego, en 1992, cuando se transfirieron los servicios sin los recursos correspondientes.
Me parece que en ese sentido es importante plantear necesariamente que tenemos la deuda del 90 y la Constitución del 94 para discutir de una vez por todas la coparticipación.
Pero quiero señalar algunos elementos y mostrar solamente un cuadro antes de terminar.
Cuando uno ve —y es verdad todo lo que se ha planteado aquí sobre la coparticipación— que la transferencia en coparticipación aumentó entre el mejor momento de 1998 y 2007 —1998 había sido el más alto— en un 420 por ciento, las transferencias no coparticipables aumentaron en 332 por ciento y los bienes de capital y las obras públicas aumentaron un 2 mil por ciento. Es verdad que nunca se transfirió tanto. Para que tengamos una imagen de lo que ocurrió en el país, es verdad que tenemos una asignatura pendiente respecto de la coparticipación. Es verdad que así aumentaron los recursos que fueron enviados a las provincias.
En este sentido, me parecen importantes mencionar tres leyes que se votaron acá, casi
por unanimidad: la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Garantía del Salario Docente —recordemos que cuando asumimos había provincias que tenían cuatro y cinco meses sin clases; siete provincias no pagaban los salarios o los pagaban mal y en bonos, con lo cual, directamente no los pagaban— y la Ley de Enseñanza Técnica, que permitió aumentar de quince a más de trescientos millones de inversión en ese punto.
Como presidente de la Comisión de Medio Ambiente y de Desarrollo Sustentable
termino señalando que quizá hubiera sido importante que ella participara de esta discusión, porque al definir el planeamiento territorial estamos definiendo también el ambiente y el desarrollo sustentable. De nada sirve que haya justicia social entre distintos sectores sociales, si no se la establece a lo largo de varias generaciones. Si nosotros abusamos de la riqueza ambiental actual para condenar a nuestros hijos y a nuestros nietos a la pobreza ambiental futura, no estamos cumpliendo con los designios que corresponden a nuestra generación.
En ese sentido, quiero plantear que sólo en los últimos años, por el avance de la soja y
de la frontera agropecuaria, la desforestación aumentó en 1.200.000 hectáreas. En el Chaco, 187 mil hectáreas; en Santiago del Estero, 306 mil hectáreas; en Salta, 194 mil hectáreas. La desforestación es notable y es necesario que el Estado intervenga en este aspecto.
A su vez, quiero plantear, junto con varios señores senadores de la oposición que han
abordado el tema y con otros del oficialismo, un tema que es fundamental: la comida. Los que escucharon al Papa, los que leyeron las declaraciones de la FAO, los que miran todos los días con preocupación lo que está pasando…; quiero decirles que no estoy de acuerdo con el señor senador Urquía: el biocombustible, cuando hay hambre en el mundo, es una vergüenza. Con lo que come una persona en un año se hace un viaje de 400 kilómetros a Mar del Plata. Los países productores de alimentos, los países donde realmente se cree que la ética está por encima de cualquier otra cuestión, no tenemos que permitir que nuestros chicos se mueran de hambre cuando al mismo tiempo el alimento es usado como combustible y aumenta muchísimo en dólares. Es preferible viajar un poco menos, es preferible pagar un poquito más en combustible y salvar la vida aunque sea de un solo chico. A mí me parece que esto es central y fundamental y forma parte del debate que ya mañana debemos empezar a hacer. Porque, como se ha dicho en el Senado en distintas ocasiones, y asumo los errores y las dificultades para encarar un debate serio en esta materia, hay que plantear, como lo hemos hecho a través de siete leyes en materia de educación, políticas de Estado que permitan que,
independientemente del partido gobernante de turno, entre todos podamos construir la Nación que nuestros chicos y nuestros jóvenes se merecen.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.

Sr. Rossi. — Señor presidente: quiero volver al tema central, porque aquí hemos hablado de muchas cosas; entre otras, de política internacional y de política económica. Voy a empezar con una reflexión: desde hace más de 120 días los argentinos tenemos
un conflicto que empezó con la Resolución 125 que dictó el ministro de Economía Martín Lousteau y por la que se tuvo que ir del gobierno. Fue un ministro que, a decir verdad, generó expectativa; era, como se dice deportivamente, la figura estrella del gabinete. Se tuvo que ir por esto, pero no se llevó —como correspondía— la Resolución 125 y nos dejó el conflicto.
El gobierno —mejor dicho, el Ejecutivo— trató de resolverlo a su manera. No encontró los canales de diálogo adecuados o tuvo interlocutores no adecuados. Lo concreto es que, después de mucho debate, resolvió mandar el tema a donde debió haber venido desde un primer momento: al Congreso de la Nación. Porque el Parlamento es el órgano idóneo, según la Constitución, para resolver las retenciones agropecuarias.
Pues bien, llegó aquí. Y también en esto es justo decir —al respecto coincido con el señor senador Guinle, con quien conversé sobre esto durante el trabajo realizado en las comisiones— que hubo avances, que se hicieron distintas propuestas en la Cámara de Diputados, particularmente en cuanto al tema de las compensaciones. Pero me adelanto a señalar que es tanta la inconstitucionalidad y tanta la fragilidad que tiene la sanción de la Cámara de Diputados que no tengo la menor duda que de aprobarse, la médula del conflicto no se va a resolver.
A través del artículo 1° del proyecto sancionado por la Cámara de Diputados se ratifica una resolución ministerial. Es decir que pone en el Congreso de la Nación la responsabilidad de ratificar lo firmado por un ministro que se tuvo que ir en virtud de lo que generó con esa medida. Y dado que esa Resolución 125 fue firmada por un ministro que carecía de facultades para hacerlo, la ratificación no genera nada; no le da legalidad a la Resolución.
Por su parte, el artículo 2° va más allá, pues además de delegar las facultades, reconoce como originaria la potestad que tiene el Poder Ejecutivo para actuar en consecuencia. El artículo 2° dice “Lo dispuesto en el artículo precedente —es decir, la ratificación— lo es sin perjuicio de la vigencia de las medidas dictadas y sin desmedro de las facultades ejercidas para ello en el marco de los dispositivos en ellas citados y especialmente de la ley 22.415 (Código Aduanero)”. Por lo tanto, reitero, si por el artículo 1° se ratifica la Resolución 125, el artículo 2° pareciera decir: “no sé para qué la mandaron, pero de cualquier manera dejamos en claro que todo lo que hizo el gobierno, y todas las facultades que dijo tener para el ministro de Economía, las tiene”.
Y paso al artículo 8° —respecto del cual no se dijo nada— relacionado con la vigencia de esta ley: el 31 de octubre. Es decir que en tres meses nos quedamos sin ley, y recupera el Poder Ejecutivo nacional —en virtud de los artículos 1° y 2°— las facultades que posee. Mi lectura es que el artículo 1° no solo ratifica la Resolución 125, sino que además termina ratificando el conflicto, porque no lo resuelve. Se trata de un problema de delegación de funciones, de un problema de institucionalidad y de un desafío para cada uno de nosotros.
El tema que estamos discutiendo ahora se relaciona con la delegación de poderes, cuestión que a su vez se vincula con el presupuesto nacional, en el cual se agregó un artículo que establecía que el jefe de Gabinete quedaba autorizado por el Congreso de la Nación —a través de la delegación de facultades— para hacer todas las transferencias de partidas que crea convenientes. Por lo tanto, esa mecánica ya se transformó en un estilo. Ya aprobamos un presupuesto —nos peleamos con los rectores para que tuvieran más partidas para educación, para que existan mayores fondos para salud, etcétera—, y cedimos potestades a través de una delegación de facultades que le permitieron al jefe de Gabinete disponer las transferencias de partidas que creyera convenientes.
He votado cosas a favor del gobierno —normas vinculadas con la educación, que seguramente le constan al senador Filmus, el pago de la deuda externa, etcétera—, pero por una cuestión de principios nunca aprobé una delegación de funciones, ni a este gobierno ni a ningún otro. Considero que el Congreso se jerarquiza cuando ejerce las facultades que les son propias. Considero que cuando por oficialismo, por miedo o por simpatía empezamos a ceder, debilitamos las normas y después quedan en el tiempo. En la Constitución de 1994 hubo que incluir cláusulas transitorias porque ni siquiera se sabía cuáles eran las delegaciones efectuadas.
Y el tema de la coparticipción también está relacionado con la delegación de facultades. En el proyecto se habla de las retenciones agropecuarias, pero en virtud de que hay muchos millones de argentinos viendo este debate —que me parece que ha enriquecido el valor del Congreso—, quiero puntualizar que lo producido por la retenciones quedará exclusivamente en las arcas del gobierno central y no irá a las provincias, al igual que lo recaudado por el impuesto al cheque. Hay que tener en cuenta que se trata de ingresos importantísimos para el gobierno central que no se coparticipan entre las provincias. Entonces, nos encontramos con esta realidad: un gobierno central con mucho superávit, y provincias y municipios sin nada, y a desfilar. Lo digo con toda convicción porque lo he visto: a desfilar. “Andá a ver al ministro”, “Andá a ver al otro ministro”, “andá a ver a tal autoridad para ver si te venís con una obrita, un ATN –como le llaman ahora– o algún beneplácito del ministro de Obras Públicas por una obra para tu provincia”. Vienen y desfilan, llevándose algunas obras; vienen, desfilan, y dan alguna respuesta. Pero esto, lamentablemente, lo saca de este esquema automático de la coparticipación, en donde el gobernador, por el signo político que tenga, necesita ser legitimado por el pueblo de su provincia, y el intendente por el pueblo de su ciudad. Se acreditó electrónicamente, tiene su recurso, y lo dispone como lo necesite para su ciudad y para su provincia.
Acá se habló mucho de la oposición y del oficialismo. En este debate, señor presidente, estoy convencido de que no existe una discusión entre el oficialismo y la oposición. Esta discusión se centra en si en este recinto ratificamos el federalismo o el centralismo. Me parece que éste es el debate. Y el Senado, que es la cámara federal por excelencia, y nosotros, que representamos a nuestras provincias, claramente –lo digo a título personal– tenemos en claro que defenderemos el federalismo. Personalmente, defenderé a Córdoba en este proyecto concreto, porque daré números cuya fuente es la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que posteriormente dejaré en Secretaría para que formen parte de esta exposición.
Se ha hablado mucho esta noche de la “insolidaridad”, por lo que quiero aclarar que el productor agropecuario al 10 de marzo no venía quedándose con todo. A esa fecha, el sector agropecuario venía aportando el 35 por ciento con retenciones agropecuarias. Este estudio marca que la provincia que más aporta al gobierno central por coparticipación es la provincia de Buenos Aires. Le aporta a la Nación 3.194 millones de dólares, es decir, 10.188 millones de pesos. En la lista de aportes, la segunda es Córdoba, quien le aporta a la Nación 2.542 millones de dólares por año. Después, sigue Santa Fe —por eso lo escuchaba atentamente al señor senador Reutemann— con un aporte de 2.187 millones de dólares. Miren lo “insolidarias” que muchas veces son nuestras provincias.
Luego sigue Entre Ríos, cuyo aporte es de 790 millones de dólares; Santiago del Estero, con 376 millones de dólares; y Chaco, con 269 millones de dólares. Esta misma tabla tiene el análisis de cuánto le significa a cada habitante de estas provincias el aporte al gobierno central. La encabezamos nosotros, Córdoba, que con el 35 por ciento anterior –saquemos la resolución 125; estamos en el 10 de marzo–, le aportaba al gobierno central 761 dólares por habitante; Santa Fe, 674 dólares; La Pampa, 669 dólares; Entre Ríos, 629 dólares; y Buenos Aires, con 212 dólares per capita.
Me quedaré con una reflexión de las dos provincias cuyos representantes han manifestado la enorme pobreza que tienen. Le quiero decir que Santiago del Estero le aporta al gobierno central 435 dólares per cápita, y el Chaco 350 dólares per cápita.
Además de la resolución 125, quiero mencionar como fuente a AACREA —Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola—. Nos dejó esta planilla, que voy a acompañar. Obviamente, dicha entidad fue invitada por las dos comisiones, es decir, la de Agricultura, Ganadería y Pesca y la de Presupuesto y Hacienda.
Su presidente, el ingeniero Belisario Álvarez Toledo, que expuso el dinero que deja de entrar a los productores de nuestra provincia por los derechos de exportación”. Y esto se lo pregunté para no usar ningún término del cual no me pueda hacer cargo y sobre todo la gente que lo invitó. En consecuencia, por la resolución 125, no quedan en nuestra provincia 1.364 millones de dólares; en Buenos Aires, 1.152; en Santa Fe, 984; en Entre Ríos, 351 y en Chaco, 147 millones de dólares.
En Córdoba estamos viviendo una situación difícil, que quiero compartir con ustedes. Nuestro gobernador nos ha pedido que no acompañemos la resolución 125. Todos ustedes saben que el gobernador no comparte mi espacio político. Lo pidió también la Legislatura, lo pidieron los intendentes y las entidades representativas.
La semana pasada vinieron al Senado los representantes de un espacio que en Córdoba está institucionalizado, que se llama “Provincia-Municipios”. Lo integran 450 intendentes de todas las vertientes políticas. Porque tiene ese grado de equilibrio se llama Mesa Provincia- Municipios, con sus representantes.
Concurrieron cuatro intendentes, y le agradezco fuertemente al presidente de la Comisión que los haya incorporado a la invitación, como hizo con otras provincias productoras.
De estos cuatro intendentes, dos eran justicialistas: el intendente Botero, de Oncativo, y el intendente Passerini, de Cruz Alta.
Ellos dos explicaron que no sólo habían hecho campaña por la presidenta, sino que todavía estaban los carteles del año pasado en donde está el testimonio de lo que han trabajado para que Cristina sea la presidenta de los argentinos”.
Passerini agregaba: “Y en mi pueblo, ganó. Gané yo como intendente y ganó la presidenta, en mi pueblo.” Y él, —están las versiones taquigráficas— le pedía a la presidenta que reconsiderara la 125, porque le había paralizado el pueblo.
He recibido a muchísimos intendentes y muchísimas notas de los intendentes. Pero por respeto a todas ellas, algunos rengloncitos, por lo menos de dos de ellos, no puedo dejar de leerles. El intendente de Sinsacate, que se llama Carlos Ciprián, me ha escrito:” Senador nacional: mi pueblo se ubica en el norte cordobés, y es atravesado por la Ruta 9 y por el antiguo Camino Real al Alto Perú, donde, sobre el mismo, se encuentra la Posta de Sinsacate, en cuyo lugar, en 1835 fueron velados los restos de Facundo Quiroga, ya que lo asesinaron a 8 kilómetros, en Barranca Yaco. Fue asesinado por pelear por el federalismo. Parece mentira: pasaron 170 años y el interior debe seguir peleando por lo mismo.
En otro párrafo, expresa el intendente: “Nuestra jurisdicción aporta de retención, entre 30y 35 millones anuales, y el municipio recibe sólo un millón por año de coparticipación.
Sentimos que nos están ordeñando, y en ese ordeñe se llevan muchas de nuestras posibilidades de crecer, pues en ese aumento son más millones que se nos van de la jurisdicción, y eso es menos trabajo para nuestros jóvenes, para los comercios, talleres, cuentapropistas, albañiles, carpinteros, artesanos, etcétera.
El campo no está en contra de las retenciones. Hasta un 35 por ciento, estaba bien. Pero no más.
Y en un párrafo muy corto, quiero contar lo siguiente. El intendente de Dalmacio
Vélez, Edson Franco, un pueblo de 2100 habitantes de mi provincia, me dijo: “Brindo a usted un dato significante. En los años posteriores a la crisis que vivió el país, a partir de los acontecimientos de diciembre de 2001, nuestra localidad fue reconocida y ejemplo por tener que asistir con muy pocos planes Jefes y Jefas de Hogar, ya que nos encontrábamos en una situación de casi pleno empleo. Pero hoy, ante esta situación de incertidumbre, pasamos a tener despidos y personal cesanteado en las industrias locales, lo que nos obligó a extremar políticas de asistencia social a los grupos familiares afectados.”
Está claro, señor presidente, que esta crisis excedió al campo, se instaló en los municipios y en los pueblos chicos y trascendió a la ciudad.
Hoy me llegó un informe de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, titulado: “Crisis de la maquinaria agrícola impulsó un tractorazo en Cruz Alta”. Allí se señala que en dos meses la venta de sembradoras cayó hasta un 90 por ciento y que, en materia de tractores y cosechadoras, hubo un 40 por ciento menos de operaciones. Los fabricantes en Córdoba son básicamente cuatro: en Cruz Alta, “Pierobón”; en Las Varillas, “Pauny”; en Marcos Juárez, “Metalfor”; y en San Francisco, “Akron”.
Señor presidente: la resolución 125 ha sido como una partida de defunción para la producción de mi provincia, Córdoba. ¿Sabe qué necesitamos, más que esa resolución 125?
Un verdadero plan agrícola ganadero. En esto tenemos que trabajar. Como hicimos con el proyecto nacional de educación, cuando un día tomamos el coraje, siendo el senador Filmus ministro de Educación de remitirlo. En ese momento, él nos dijo: “Aquí entrego un proyecto nacional de Educación; discútanlo, háblenlo con todos y nos sentaremos.” Soy secretario de la Comisión de Educación y he dicho esto públicamente. A la gente del oficialismo le consta. He rescatado el procedimiento de trabajo de ese proyecto. Filmus fue abierto a que se le introdujeran todas las modificaciones que hicieran falta para que obtuviera el consenso de todos. Se trabajó en los colegios, en las comunidades donde estaba representada la comunidad escolar y en todos los sectores: en los gremios, en los sectores públicos y en los privados. ¿Y sabe, señor presidente, cómo se aprobó esa nueva ley de educación que hoy está vigente? Con las gradas de la unidad y del consenso. Y todos, la oposición y el oficialismo, acompañamos el proyecto.
Sin embargo, aquí no tenemos aquello por donde debiéramos haber empezado, que es un verdadero plan agrícola ganadero. Y como dije personalmente la semana pasada en el recinto de trabajo de las comisiones, obsérvese que el secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, Javier de Urquiza, no ha sido mencionado por ninguna exposición, cuando deberíamos haber estado todos pensando y hablando con él. Yo se lo dije. Hablo bastante con la gente del campo y ellos me dijeron que, cuando a él lo designaron, se generó una muy buena expectativa. Se generó confianza, porque supuestamente era una persona que conocía la problemática. Entonces, yo dije: “Bueno, aquí está establecido el diálogo”.
Pero esto no fue así. Y como adelanté y repito ahora, ojalá que así como tratamos y aprobamos en su momento, con mi acompañamiento gustoso, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, hoy deberíamos estar trabajando también en la creación de un Ministerio de Agricultura y Ganadería que realmente nos brinde mucha fuerza como para poder trabajar en esto que ya vemos lo complejo y grande que es. Si Javier de Urquiza hubiera sido el representante del gobierno y el gran negociador con todas las entidades representativas del campo, obviamente hubiéramos podido ahorrarnos muchos de estos 120 días. Y hubiéramos avanzado seguramente en un grado de consenso.
Hablaba con un médico grande, parecido físicamente al doctor Lores, quien, dicho sea de paso, hoy cumple años. Y me decía: comparo esta situación que está viviendo el campo con la de un médico, que sería el gobierno, que medica a un paciente, que sería el campo. Y la medicación sería la resolución 125. Y el médico ve que la respuesta del paciente es mala, no mejora, genera más crisis, contraindicaciones y demás. Y en vez de rever el tratamiento y de tratar de cambiar la medicación, le aumenta la dosis.
Este es el enorme esfuerzo que hoy debiéramos hacer. En vez de forzar una 125, sentarnos a elaborar un verdadero plan agrícola ganadero. Quiero decir dos palabras a la gente del campo. Porque tal vez nunca le hayan dicho tantas cosas. Qué no le dijeron.
La gente que tiene tambos no los quiere cerrar, a pesar de que no son rentables. Se levanta a las 3 ó 4 de la mañana para ordeñar. No hay asuetos, fines de semana, vacaciones, nada. Porque tiene que cuidar sus vacas. Y después lo hace a la tarde. Y el que maneja el tractor hace lo mismo. Se levanta a la mañana. Si lo puede mejorar, estará más cómodo. Pero se sienta y siembra, se ocupa, trabaja la tierra. Y me imagino esa mujer que trabaja en el tambo, a las 3 ó 4 de la mañana, y prende la ¿radio y escucha insultos, agravios y provocaciones.
Ellos trabajan la tierra y lo hacen con la expectativa de ganar y con la cultura de los valores que tanto bien nos hicieron a los argentinos. Todo se dijo esta noche. Creo que lo han repetido todos. Desde la crisis de 2001, el verdadero motor que puso en marcha el país fue el campo. Se puso a trabajar. Al que no le habían rematado el campo, lo recuperó pagando su crédito, o se metió en un plan de financiación y salió adelante. El Estado jugó un rol importante y lo ayudó. No sé si lo suficiente, pero lo ayudó y lo acompañó. Pero realmente juntos salieron adelante. Y ese esfuerzo no se lo podemos dejar de reconocer al campo.
Lo mismo sucede con las fábricas de maquinaria agrícola. Acá se dijo. Nosotros comprábamos a Brasil y ahora exportamos al mundo. Acá venían norteamericanos a las exposiciones agrícolas ganaderas, porque la tecnología de Argentina para el campo era de punta. No teníamos nada que envidiarles. Por eso, los rindes, los resultados y demás .Se instaló el conflicto. Y creo que vamos a coincidir en que como esto excedió al campo, se instaló en todas las mesas y los hogares de los argentinos, ellos han tenido que hacer un curso acelerado de instrucción cívica. Y creo que lo han hecho bien. Hoy la gente sabe que cada provincia tiene tres senadores y quiénes son los que los representan. Como dijo Carlos Reutemann —hago mías sus palabras— en una de sus declaraciones: no provengo de una lista sábana. Yo provengo de la provincia de Santa Fe, y tengo compromisos y responsabilidad con mi provincia de Santa Fe”. ¿Sabe qué me parece, señor presidente? Que toda esta crisis es innecesaria. Creo que hemos generado una crisis innecesaria, porque francamente al mes de marzo veníamos bien, teníamos expectativas de crecimiento, de mucha inversión. La gente tenía expectativas. Si usted preguntaba :“¿Cree que en el 2008 ó 2009 nos va a ir mejor o peor que en el 2007?”
“Nos va a ir mejor”, contestaban. Había fe, había expectativas, el país estaba en marcha.
Obviamente, cuando un ministro quiso decir que había que frenar la economía, lo retaron por todos lados, porque se pensaba que había que seguir con ese crecimiento. No hace falta que hoy hagamos ningún esfuerzo para frenar la economía, porque ya la hemos desacelerado. Si bien es cierto que había problemas, como la inflación y la crisis energética, entre todos podríamos haberlos resuelto con la misma facilidad con la que podríamos haber resuelto el Plan Agrícola Ganadero. A la inflación no hay que desconocerla sino enfrentarla para poder resolverla. En cuanto a la crisis energética —a nadie se le ocurriría echarle la culpa a este gobierno porque es un problema que viene de décadas, porque a medida que en el país se invertía se necesitaba mucha más energía—, entre todos habría que traer planes, especialmente los técnicos del gobierno: “Acá vamos a hacer la usina, acá vamos a hacer estos generadores”. Hoy el senador Verani hablaba de cómo en su provincia se podía generar energía eléctrica a partir de sus lechos naturales. Tenemos que volver a esto. Voy cerrando porque me quedan dos minutos.
Hay naciones en el mundo que de grandes crisis han sabido generar oportunidades.
Pareciera que nosotros estamos al revés porque de una enorme oportunidad hemos generado esta crisis. Tenemos que salir de esta noche larga y tan fea en la que estamos los argentinos y volver al 10 de marzo.
Las dos plazas de anoche nos marcan que estamos al borde de la desunión. ¿Sabe qué nos pide la gente? Resuelvan el conflicto. Nos piden a nosotros los senadores, al gobierno, a la Cámara de Diputados: “Resuelvan el conflicto, sean capaces de sancionar una ley que nos contenga a todos los argentinos”.
Como creo que somos capaces del reencuentro con los argentinos, como creo que si ponemos compromiso vamos a lograrlo, quería cerrar mis palabras con algo que leí el otro día, que me pareció tan simple y tan venido al caso, que lo conté hace poco en un congreso internacional de educación. Un día domingo estaba un padre leyendo el diario después de una semana de arduo trabajo. Mientras trataba de relajarse para leer tranquilamente, viene su hijo y le dice: “Papá, ¿por qué no me llevas al cine? “ El padre le dice: “No, hoy no, estoy cansado. Dejame leer el diario”. “Pero, papi, llevame al cine, siempre me decís lo mismo, hoy es domingo”. El padre advierte que dentro del diario había un suplemento que contenía un mapa de la República Argentina. Entonces, lo corta en pedazos y se lo da al hijo: “Bueno, te voy a poner a prueba. Te doy este mapa en estas condiciones en que lo he dejado. Si vos en diez minutos lo podés recomponer, te llevo al cine”. El chico se va con muy pocasesperanzas de poder hacerlo. A los diez minutos regresa y le dice: “Papá, me tenés que llevar al cine, lo logré”. El padre ve que el mapa estaba totalmente recompuesto y le dice: “Hijo, te llevo al cine. ¿Cómo lo lograste?” “Vos no te diste cuenta, papá, que al dorso del mapa estaba la figura de un hombre. Yo recompuse al hombre y se recompuso el país”. Gracias presidente.

Sr. Urquía. — Señor presidente: he sido aludido y necesito treinta segundos para hacer una aclaración.

Sr. Presidente. — Tiene treinta segundos, señor senador.

Sr. Urquía. — Quería recordarle al senador Filmus, que desgraciadamente no nos acompaña, que cuando me referí a los biocombustibles para nada estaba pensando en que hay que derivar alimentos a energía. Simplemente, mencioné que era una oportunidad para un país com el nuestro, que es el primer exportador mundial de aceite de soja y segundo exportador mundial de aceite de girasol. Y lo más importante es la gran oportunidad que tenemos —tal como dije— de hacer un plan nacional de jatrofa, ideal para provincias como Misiones, Formosa, Chaco, San Luis, La Rioja, Catamarca y Mendoza, porque es un arbusto que vive en zonas áridas y que produce un fruto que da un 40 por ciento de aceite. ¿Pero sabe qué cosa señor presidente? De aceite industrial, no comestible, que es ideal para hacer biocombustibles. No perdamos esta posibilidad que tenemos como argentinos.
Solamente quería dejar expresados estos conceptos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro. Sra. Estenssoro. — Como senadora por la Ciudad de Buenos Aires, en nombre del senador Samuel Cabanchik, que también representa a ese distrito, y en representación de la Coalición Cívica, que es la fuerza política principal de esta Ciudad, quiero expresar nuestra solidaridad con el reclamo del campo y con las provincias afectadas.
Llegamos a esta sesión y estamos sesionando desde hace casi trece horas después de cuatro meses de conflictos, manifestaciones, marchas, contramarchas y con una enorme angustia que se ha apoderado de la población.
Al inicio de este conflicto, la presidenta Cristina Kirchner iniciaba su mandato con grandes expectativas, pero en poco tiempo ha consumido gran parte de su capital político y de la confianza social que la ciudadanía depositó en ella. Esto lo están diciendo varias encuestas.
A mí este dato me parece preocupante; me preocupa y no me gusta. Por eso mismo, creo que en las horas que nos quedan de sesión —nos quedarán dos o tres— nuestra tarea es la de, realmente, desactivar el conflicto y encontrar una solución superadora a la Resolución 125 que, como todos sabemos, es la que dio comienzo a conflicto.
Señor presidente: quiero decirle a usted, como vicepresidente de la Nación y, por su intermedio, a mis colegas del Honorable Senado, que yo deseo que al gobierno le vaya bien; yo no lo voté y tengo muchas diferencias con el gobierno, pero quiero que le vaya bien a mi país y que vivamos en una Argentina con estabilidad política, crecimiento económico y justicia social.
Las recurrentes crisis institucionales que hemos vivido nos han hecho muchísimo daño, y a quienes han golpeado mucho más es a los más humildes y a los más vulnerables.
Creo que estas crisis, incluso las que vivimos en democracia, explican por qué la Argentina, un país que se desarrolló rápido y que tenía una clase media amplia, ahora tiene un 30 por ciento de pobreza estructural, algo impensado hace unas décadas.
Me preocupa que el gobierno, y tal vez muchas personas —e incluso el ex presidente Kirchner ayer en el acto que se llevó a cabo en la Plaza de los Dos Congresos—, digan con mucho dramatismo que el futuro de la democracia y del gobierno depende de que se ratifique por ley la Resolución 125 y que la continuidad de la democracia y del gobierno están en juegosi no se produjera dicha ratificación.
Cuando escuchaba esas palabras tan tremendistas empezó a resonar en mí esa famosa frase del rey Ricardo III de Inglaterra cuando, en una batalla decisiva, cayó del caballo y, según Shakespeare, dijo: “¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Mi reino por un caballo!”.
No podemos pensar que el futuro del gobierno depende de que se apruebe la Resolución 125. No es creíble.
La semana pasada los funcionarios que asistieron para informarnos dijeron que si se aprueba esta resolución el gobierno podrá recaudar, más o menos, 1.200 millones de pesos.
Un gobierno que cuenta con un presupuesto anual de 200 mil millones de pesos, ¿puede estar en peligro porque no se ratifique la Resolución 125? Digo esto porque jugar al todo o nada es peligroso, no sirve, nos hace daño y nos coloca en ese desfiladero al que no queremos volver. Hoy no está en juego la democracia ni el futuro del gobierno; lo que debemos hacer es decidir entre todos cuál es el nivel más adecuado para las retenciones a las exportaciones de granos en la Argentina. Este es un tema muy importante. Tal vez, por eso ha concitado tanta pasión y discusión.
Permitanme leer lo siguiente: “El sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial fue quien traccionó la recuperación económica aportando un 53 por ciento de las exportaciones argentinas, dando empleo al 36 por ciento de la población ocupada —eso es muchísimo— y representando un 30 por ciento de nuestro Producto Bruto Interno.” Esto no lo digo yo sino el Plan Estratégico Institucional 2005-2015 del INTA.
Ratificar la Resolución 125 y el empecinamiento que demuestra el gobierno serían un grave error. Así lo dicen asesores de INTA. Permítaseme leer otro documento que presentaron asesores de la Estación Experimental del INTA Pergamino el 30 de abril de este año, o sea, a un mes y 20 días, más o menos, de declarado el conflicto. Los asesores del INTA dicen que la incertidumbre generada por la Resolución 125 nos alejaría de lograr una clara política exportadora en el país y de mayor énfasis en el incremento de las exportaciones. Esta incertidumbre también induce inestabilidad para una adecuada valorización de la inversión tecnológica en la República Argentina. Y agrega que la redacción de la norma —la Resolución 125— revela al menos falta de consultas no ya a las entidades en protesta sino, fundamentalmente, consultas intergubernamentales con organismos estatales como el INTA.
Por consiguiente, la Resolución 125 se redactó sin consultar al INTA, y a mí me pareció que tampoco se lo hizo a la ONCCA ni a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Eso lo pudimos ver la semana pasada cuando vinieron los funcionarios y nos mostraron un desagregado muy bueno de la rentabilidad de las distintas zonas productivas según tipos de granos, suelos, etcétera.
La Resolución 125 fue escrita con brocha gorda y no contempló ninguna de esas diferencias.
Los productores rurales tuvieron que cortar rutas, gritar, aprender un montón de cosas e ir a los medios para que alguien los escuchara. Sin embargo, esta información estaba en los organismos estatales y quien redactó esa resolución no los consultó ni los tomó en cuenta. Eso demuestra una gran precariedad institucional a la hora de redactar resoluciones tan importantes que afectan al sector más dinámico de la economía argentina, según el propio Estado argentino. Insisto, no juguemos al “todo o nada” porque no está en juego la democracia ni el futuro del gobierno, solamente se trata de una mala resolución. Y en el Senado de la Nación están las soluciones. Están en los dictámenes que han presentado el radicalismo, la Coalición Cívica y otros partidos del bloque Federal, tal como lo explicó el senador Marino, y también en los dictámenes de los senadores Reutemann y Latorre, Verani y Pérez Alsina. No podemos decir que el senador Verani o la senadora Latorre sean golpistas, que no están pensando en aportar una mejor solución a este conflicto.
En consecuencia, la solución la tenemos aquí si se rechaza la Resolución 125, ya criticada por los propios organismos del gobierno. Y las enmiendas del Congreso de la Nación no alcanzarán a remediar la situación porque esas compensaciones duran tres meses.
¿Qué vamos a decir de algo que dura tres meses? O sea, vamos a sancionar una ley que, en realidad, no considera la Resolución 125, hecha con brocha gorda. La s o l u c i ó n l a tenemos acá y consiste, justamente, en que se consideren los otros dictámenes después de rechazar la 125.
Por otra parte, y al igual que muchos senadores y senadoras que me precedieron en el uso de la palabra, quiero resaltar la organización que tuvieron las reuniones de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca, cuyos presidentes no están en estos momentos. Remarco la tarea que hicieron y la calidad de muchos de los exponentes que vinieron a informar a los senadores. Para mí fueron muy reveladoras las presentaciones, justamente, de los funcionarios del gobierno porque ahí comprendí que estamos en este conflicto porque al gobierno le está faltando una visión de mediano y largo plazo. Pensar en un país con crecimiento y aumento de la producción y de la inversión. Si bien hay que mantener este enfoque de justicia social, que es muy importante, no hay que perder de vista una visión de mediano y largo plazo de crecimiento, de mayor producción e inversión. Eso no figura en el plan de política agropecuaria que trajo el secretario de Agricultura ni en los números de Moreno ni en la información de la ONCCA o del INTA. No hay ninguna planilla que aluda a más inversión y más producción. Sin más inversión y más producción, no sé cómo se piensa en recaudar más.
Realmente, pude comprender que el gobierno nacional ve el aumento del precio de los commodities de los alimentos no como una oportunidad que tiene algunas amenazas sino como una gran amenaza y actúa en consecuencia. Las dos primeras planillas de la presentación del secretario de Agricultura así lo dicen.
En la primera explica el contexto internacional. Hay un alza en los precios internacionales. Si me permiten, le voy a dar lectura porque quiero ser fidedigna en lo que digo.
En la primera hoja habla del contexto internacional y dice que hay un factor de carácter permanente, que es la demanda creciente de alimentos y biocombustibles, pero que hay otro factor de carácter transitorio, que es el alza especulativa que están empujando los precios hacia arriba y, por ende, provoca un aumento de los alimentos.
¿Qué pasa en el contexto nacional?, ¿cómo lo lee?. Dice que va a haber una demanda creciente de alimentos a nivel local por la mejora de los ingresos, un impacto sobre los precios de alimentos —que es verdad— y que surge de la necesidad de desacoplar los precios internacionales de los internos y favorecer el abastecimiento interno a precios razonables.
¿Qué medidas prevé? Las retenciones a la exportación y las compensaciones. En ninguna de las planillas que trajo el gobierno se refiere a aumentar la producción y la inversión.
Sí se habló mucho de que los productores no tengan una renta excesiva y del control de los precios.
Moreno es reconocido por esta política del garrote con el control de precios, de cerrar exportaciones de carne y de leche, que no han ayudado a bajar los precios. ¿O alguien cree que el índice de inflación —como dice el INDEC de Moreno— es el que se publicó este fin de semana? Yo estoy segura de que ninguno de los senadores, o la mayoría de los que estamos aquí presentes, cree que en el último año las verduras, las frutas, la ropa y el turismo bajaron un 15 por ciento, o sea que estamos en proceso de deflación.
Esto indica que la política de control de precios del gobierno, y de Moreno como su representante máximo, no está dando resultados. Tal vez, podríamos revisarla.
A continuación, voy a leer un párrafo del columnista Eduardo Van der Kooy que, al inicio de la gestión de Néstor Kirchner, era muy escuchado por el ex presidente.
Dice Van der Kooy: “Guillermo Moreno es uno de los funcionarios de menor credibilidad social. Es el artífice de la inflación virtual. El secretario de Comercio Interior fue invitado al Senado como expositor sobre el plan de retenciones. Se comportó como un ministro todopoderoso —no como un secretario de Comercio Interior sino más bien parecía un ministro de Economía— y desenrolló principios económicos acordes con los años 40. No fue ni bueno ni malo, fue desopilante.”
Estamos ante una oportunidad histórica; lo dijo la presidenta de la Nación.
El mundo demanda lo que la Argentina puede producir y rápidamente podría aumentar la producción de alimentos. Pero esto es leído como una amenaza y en lo que se empeña es en continuar con una política de retenciones excesivas.
No estamos en contra de las retenciones. Estamos hablando de cuál debiera ser su nivel. Cuando son demasiado elevadas, resienten la producción y la inversión. De eso estamos hablando.
Cuando se cierran las exportaciones de carne, como se dijo, se tienen retenciones del 100 por ciento. Esto ha pasado con la leche y con la carne y así es como se está depredando la producción de carne y leche de la Argentina. Parecería que destruir la industria nacional no es importante.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° del H. Senado, senador Juan Carlos Marino.

Sra. Estenssoro. — Una de las cosas que escuchamos la semana pasada en el seno de la Comisión fue que hay otros sectores, tal el caso del petrolero, que tienen retenciones más elevadas y que nadie protestó. Sí, nadie protestó, pero nadie invirtió. ¿Queremos eso?
Para que entendamos de qué estamos hablando, las retenciones, hoy en el petróleo crudo son del 70 por ciento con un sistema de retenciones móviles y precios máximos fijados por el gobierno.
El precio internacional del barril de crudo es de 142 dólares. El productor recibe 42 dólares y 100 quedan en manos del Estado. Esto es buenísimo para el fisco, pero para el productor no es tan bueno. ¿Qué pasó en el medio? En los últimos diez años, la producción de petróleo de la Argentina cayó un 21 por ciento y las reservas de gas han caído dramáticamente a la mitad. Lo mismo sucede con el petróleo. No hay que olvidar que una cosa es la producción y otras son las reservas. ¿Qué pasó en el medio? El precio internacional del petróleo ha trepado en este tiempo de 16 dólares a 142 dólares el barril, es decir un 800 por ciento. Era una oportunidad histórica que nosotros no advertimos, no leímos o no quisimos aprovechar. ¿Qué hizo Brasil en ese tiempo? Hace una década, Brasil era importador de petróleo, pero invirtió en producción y exploración. Su producción aumentó 83 por ciento.
Hoy, por los descubrimientos de gas y petróleo que se anunciaron hace unos meses, ese país se perfila como el octavo país en reservas de hidrocarburos. La Argentina, que hace una década estaba mejor que Brasil, hoy figura en el puesto treinta y dos.
Pero quiero aclarar algo más. Algunos de los yacimientos del Brasil donde se encontró petróleo y gas fueron yacimientos que YPF Argentina compró en la década del 90 en ese país.
Pero luego del maravilloso acuerdo que hizo el presidente Néstor Kirchner con el exponente de la nueva burguesía nacional, el señor Eskenazi, y con Repsol, ésta se quedó con todos los yacimientos internacionales que YPF había comprado en el exterior; una YPF de capital mixto —es verdad— pero argentina, controlada accionariamente y por estatuto por el gobierno nacional. Y el ex presidente Menem —que espero me esté escuchando ya que se lo digo con todo respeto— tomó la muy equivocada decisión, en 1999, de permitir y promover la extranjerización de esa YPF, que se internacionalizaba y que hoy hubiera sido nuestro orgullo, como Petrobras es el orgullo del Brasil. ¿Y quién fue cómplice de Menem en ese momento?
El gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, que tenía el 5 por ciento de las acciones de esa YPF Internacional y que también las vendió.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, senador José Juan Bautista Pampuro.

Sra. Estenssoro. — Es más, podemos decir: “Bueno, ahora que esté renacionalizado el petróleo argentino, los nuevos exponentes de la burguesía nacional van a invertir”.
¿Qué está haciendo YPF en este momento y Eskenazi como presidente de esta empresa? ¿Está invirtiendo? No, todo lo contrario. Los estados financieros que presentó a la CNV, en los primeros meses de este año, muestran que Repsol y Eskenazi, como accionistas, han retirado utilidades extraordinarias y anticipadas por 1.800 millones de dólares cuando la empresa prevé que solamente va a tener una utilidad de 1.200 millones de dólares. Esto no se llama inversión. Se llama descapitalización. Y esto, en criollo, se llama vaciamiento.
¿Esta es la nueva burguesía nacional que queremos? ¿Esta empresa va a poder invertir lo que hace falta para que nuestras reservas crezcan y para que la Argentina no tenga que empezar a importar, como lo hacemos, a precios siderales?
Parece que hablo de un tema que no tiene nada que ver con el campo, pero el petróleo constituía uno de los elementos en donde teníamos ventajas competitivas y si ahora empezamos una política equivocada de hostigamiento, de destrucción de la industria nacional agrícola, vamos a encontrarnos en una situación muy difícil. Además, cuando se invocan palabras nobles como distribución de la riqueza, seguridad alimentaria y nacionalización de los recursos naturales, obviamente, mucha gente cree que hay que defenderlas, y me parece muy bien.
Yo creo en eso y en la Coalición Cívica creemos en eso, pero no para ocultar mega operaciones como la de YPF, Aerolíneas Argentinas o muchas otras que se están llevando a cabo, mientras a la sociedad le decimos todo lo contrario.
En esta política de promover la democracia alimentaria y defender al pequeño productor y todo lo que escuchamos, me pregunto por qué la Comisión de Defensa de la Competencia no escuchó a CARBAP y a los productores de trigo que denunciaron que, por los precios que fijó el señor Moreno, había una transferencia de 1.000 millones de dólares de los productores a las exportadoras. ¡Qué casualidad, las seis exportadoras, las multinacionales que exportan granos, una transferencia al revés! Esto es Hood Robin, no Robin Hood. No nos equivoquemos.
Finalmente, a raíz de este gran conflicto y de todos los problemas que están saliendo a la luz, creo que los argentinos hemos madurado y estamos viendo la realidad tal como es.
Hemos visto que la sociedad ya no cree en las viejas antinomias que nos separaban en el pasado.
La Ciudad de Buenos Aires ha sido un ejemplo. Esta ciudad, rápidamente, mostró solidaridad con el reclamo del campo y las provincias. No hay una ruptura entre Buenos Aires y el resto del país; entre el campo y las ciudades; entre la industria y la agricultura; entre el bien común y el crecimiento; la justicia social y el desarrollo económico. Tenemos que pensar en categorías de integración, no de división. Eso es lo que la sociedad nos está pidiendo.
Palabras como lucha, combate, castigo, me parecen que no son las palabras que nos sirven.
Pienso que los argentinos quieren palabras como diálogo y quieren que del Senado salgan palabras como cooperación, que cooperemos para que, con los dictámenes que ya han elaborado senadores del oficialismo y senadores de la oposición, podamos proponer en pocos días a la sociedad una propuesta superadora. No es necesario que estemos divididos. Realmente, esto no le hace bien a nadie y menos al gobierno. Quien está sufriendo más las consecuencias de esta visión equivocada es el gobierno nacional. Ya lo han dicho muchos senadores del oficialismo, que en esta instancia han decidido votar el rechazo de la Resolución 125 y que, realmente, quieren apoyar a su gobierno y a la presidenta.
Hace unos meses, cuando era candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, decía que quería que le sacáramos la mordaza al Senado de la Nación, y lo hemos hecho entre todos; no solamente la oposición, el oficialismo también lo ha hecho.
Este debate, que seguramente millones de argentinos han seguido o están siguiendo por televisión, es una muestra de lo que puede pasar si realmente revalorizamos las instituciones.
Hoy la sociedad nos está escuchando. Espero que podamos conjugar el verbo cooperación y, después de que rechacemos la 125, cooperemos para ofrecer una mejor ley que atienda las necesidades fiscales del gobierno, los reclamos del campo y permita que crezcamos dando un salto enorme ya que hay una gran oportunidad para hacerlo con justicia social.

Sr. Presidente (Pampuro) . — Tiene la palabra la señora senadora González de Duhalde.

Sra. González de Duhalde. — Señor presidente: hemos hablado mucho esta noche del conflicto con el campo.
La palabra conflicto ha sido muchas veces dicha por todos nosotros. Y pensaba mientras escuchaba que verdaderamente un gobernante debe tener claro que lo último que se debe hacer es convertir un problema en un drama. De hecho, hemos convertido un problema en un drama que ha logrado la desunión nacional; un drama que ha provocado que ayer tuviéramos enfrentados, en dos plazas, a hermanos argentinos. Es como si en estos cuatro meses hubiésemos seguido un manual de todo lo que no es conveniente hacer, cuando desde el gobierno se quiere encontrar un resultado. Hicimos todo al revés, y hoy estamos acá, intentando encontrar una solución. No sabemos si la encontraremos, pero para eso sirve el diálogo.
La presidenta perseguía algunos objetivos: “desojizar” y redistribuir. Ciertamente, todos coincidimos en muchas cosas. Pero en lo que se equivocó la presidenta fue en la receta, como dijo el señor senador Rossi. Aplicó mal el remedio, porque si este proyecto de ley se aprueba, habrá logrado concentrar la “sojización” y seguir sin redistribución, con la economía enfriándose. Ahora ya no son sólo las poblaciones del campo las que sufren este proceso. Los que vivimos en el conurbano también vemos con preocupación cuando al entrar a un negocio preguntamos cómo están vendiendo y nos dicen “hoy no abrimos caja”. Entonces, hay que replantear muchas de las cosas que se vienen haciendo. Se habla de crecimiento, de redistribución y de coparticipación. En cuanto a la coparticipación, quiero decir que la provincia de Buenos Aires aporta en concepto de retenciones 10.188 millones, pero tuvo que sacar un préstamo de 2.800 millones por el que va a pagar el 6 por ciento anual, cuando tiene los recursos. Lo que pasa es que esos recursos están concentrados en el Estado nacional. Entonces, el Estado nacional le presta y le cobra sus intereses. ¡Qué bárbaro! Y esto que le pasa a mi provincia, seguramente, también le ocurre a muchas otras. Podríamos hablar un largo tiempo sobre coparticipación.
Por otro lado, también hablamos de crecimiento. Es cierto: crecemos, pero no nos desarrollamos; crecemos, pero no caminamos; crecemos, pero no dialogamos. En verdad, si yo tuviera un hijo o un nieto que crece pero no se desarrolla, ni camina, ni dialoga estaría muy preocupada.
Como en otras épocas “compramos” la convertibilidad, ahora creímos y “compramos” el crecimiento. Entonces, nos llenamos la boca hablando de crecimiento: mucho dinero en reservas y crecimiento. Pues bien, el crecimiento puede ser casual. Lo que hace falta es el desarrollo.
La presidenta recibió hace un tiempo al presidente de Guinea Ecuatorial, país que el año pasado creció alrededor del 44 por ciento. Se trata de un país sumido en la pobreza. ¿Qué le pasó? Descubrieron petróleo. Pues bien, el crecimiento puede ser casual: a lo que hay que apostar es al desarrollo, que es lo que hacen los países serios. Yo me avergüenzo como argentina cuando veo con sorpresa que Brasil, que hace veinte años nos compraba carne, actualmente es el primer exportador de muchos productos, no solamente de carne y de soja, y que, además, se convirtió en la séptima economía mundial. Me avergüenzo cuando Uruguay
nos duplica en la exportación de carne; y ahora, para sorpresa, también Paraguay. Esto ocurre mientras nosotros seguimos discutiendo este tipo de cosas.
Les leeré un fragmento de un discurso del presidente Lula, dirigido a los pequeños productores. Decía el presidente Lula que al productor, sea el pequeño o el grande, hay que ponerlo en paralelo a crecer y a trabajar, porque estamos todos en el mismo barco: unos en la popa, otros en la proa, otros en la sala de máquinas, otros en la bodega; y, si el barco se hunde, debajo del agua, somos todos iguales.
En la Argentina es como si se hubiera demonizado al gran empresario. Ser un gran empresario parecería estar relacionado con una ideología perversa. Pero un país en serio protege al pequeño, al mediano y al gran productor. Por lo tanto, como argentina, también me avergüenza que de las diez empresas más importantes del país, ocho sean extranjeras y sólo dos argentinas. Eso demuestra que algo estamos haciendo mal. Hay que rodear de prestigio a todos.
Yo pregunto: ¿por qué, en lugar de haber planteado la suba de las retenciones, no planteamos duplicar o triplicar la producción? Si cuando andamos por cualquier ruta, apenas salidos del conurbano, vemos miles de hectáreas incultas, ¿por qué no fomentamos la producción? Pero no, la decisión fue “nos plantamos acá” y esa es la única verdad.
Este tiempo se llevó la unidad nacional y nos dejó absolutamente crispados. La gente está harta de nosotros, los políticos, y de todos los sectores que no le solucionan los problemas. El 90 por ciento de la gente dice “basta; estamos hartos de ver pelearse a los argentinos”. Uno sube a un taxi, está en cualquier ámbito y escucha este tipo de comentarios.
Todo el mundo aprendió ese decálogo; ese manual que el gobierno insiste en no aprender, a pesar de que la presidenta de la Nación ha dicho que ahora es experta en vacas y en soja. Pero si es experta en vacas y en soja, ¡por Dios, que cambie! Porque la Argentina tiene todas las oportunidades para cambiar. Simplemente, debe tomar la decisión y tener
coraje de asumir el rol histórico, único y para pocos elegidos que le brinda la Argentina: ser presidenta de todos. Además, tiene que ser coherente. Compartí etapas con ella en las cámaras de Diputados y de Senadores, y sé cómo fue modificando su discurso.
Pero ahora, quiero hacer un paréntesis para agradecer al campo argentino. En 2002, el campo argentino fue el primero que se puso al lado del Estado nacional junto con el Congreso, porque fue el Parlamento el que trabajó para salir de la crisis en el marco del diálogo argentino, algo que hace mucho no tenemos. No lo tenemos, como en el gobierno tampoco tenemos reuniones de gabinete, cuando hasta una sociedad de fomento hace reuniones mensuales de comisión directiva. De hecho, esas reuniones de gabinete no son un tema menor o de estilo, sino que tienen que ver con dar a todo un equipo la mística y la comprensión necesarias de los problemas, conduciéndolo hacia un objetivo común.
En aquel momento, en aquella crisis, fue el campo argentino —no gustoso o aplaudiendo— el que dijo “vamos a aceptar las retenciones”. Fue el campo argentino el que dijo “vamos a acompañar, porque éste sí es un momento verdaderamente dramático”. Aquel era un momento dramático; éste no lo es, este es fácil de solucionar.
Entonces, fue así que, en el marco del diálogo argentino, se comenzó a trabajar.
Quiero decirlo y recordarlo, porque parece que la historia argentina comenzó el 25 de mayo de 2003, y no es así. Salimos de la recesión en mayo de 2002. Ahí comenzó el crecimiento que acompañó toda la gestión del presidente Néstor Kirchner y que sigue acompañando la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. ¡Bienvenido el crecimiento! Acompáñenlo con desarrollo.
En el marco de aquella crisis, hubo un decreto —el 450— a través del cual se cambiaron las prioridades de pago del Estado nacional. Ustedes saben que Cavallo era muy gustoso de pagar primero a los organismos internacionales, al Fondo Monetario Internacional.
En ese momento, no había plata en la Argentina, por ejemplo, para pagar 600 mil pesos a los institutos de menores. Quien era secretario de Hacienda, cuando fui a pedirle ayuda porque los institutos ardían, me dijo: “Sólo Dios multiplicó los panes”. Ese decreto cambió la prioridad de pago: primero, los jubilados; luego, los programas alimentarios y de Jefas y Jefes; después, los gastos de personal; finalmente, si sobraba plata, se pagaba a todos a los que se les debía, que eran muchísimos. Ese fue el inicio de la salida de la crisis.

– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.

Sra. González de Duhalde. — Pero hablamos también de redistribución, y ahí entra para mí— una preocupación muy grande, que me parece se puede corregir.
Decimos que tenemos un presupuesto de 220 mil millones de pesos. Ustedes saben que este problema fue por 1.200 millones de pesos, por los cuales ya hemos perdido mucho más. Si queremos redistribuir, ¿por qué todavía tenemos a los más de 3 millones que están bajo la línea de indigencia con 150 pesos? ¿Por qué, como hacen los países europeos, no los ponemos por sobre la línea de indigencia? ¿Por qué todavía no hicimos las 300 mil viviendas que dijimos, sino solamente 3 mil? ¿Por qué todavía no hicimos las 700 escuelas a las que el presidente de la Nación se comprometió, de las cuales, a mi provincia le correspondían 300 y solamente hay 89? ¿Por qué subsidiamos a empresas alimentarias que no llegan al productor? Me dirán que logran que sea más bajo, por ejemplo, el costo de la leche; pero ¿quién se beneficia? La empresa, porque cuando la leche llega a la góndola más barata, la compran mayoritariamente los que la pueden pagar más cara. Lo que hay que hacer, si queremos redistribuir, es poner plata en el bolsillo de la gente; generar trabajo, como se venía generando. Pero esto paralizó al país. Retrocedimos. La inflación sigue subiendo y quedan en la superficie un montón de problemas que hay que resolver: los temas salariales, la inflación, la inseguridad. Hay que resolverlos, por eso es importante salir de esta crisis rápidamente.
Digo esto porque lo que también está faltando es gestión. Gestión es estar al lado de los problemas todos los días, no en actos haciendo discursos; todos los días. Gestionar es hacer actos administrativos. Uno sabe cuándo un presidente gobierna por la cantidad de actos administrativos que realiza: ¡gestión!
En todo este lío, se ha adolecido de presencias importantes que, de haber sido escuchadas en reuniones de Gabinete, a lo mejor, hubieran evitado el conflicto. ¿Dónde ha estado, después de la salida de Lousteau, el ministro de Economía, hombre a quien respeto mucho? ¿Dónde ha estado Javier de Urquiza? ¿Por qué teníamos que escuchar en los medios a personas que no tienen nada que ver con el tema, hablando permanentemente? ¡Casi expertos en materia agrícola-ganadera! ¿Y los que tenían que hablar? Silencio de radio.
Evidentemente, tenían impedida la palabra.
Hoy hablé de coherencia. Recuerdo haber escuchado a la entonces senadora Cristina Kirchner, a quien verdaderamente siempre admiré, porque estaba convencida de que defendía los intereses reales de su provincia. Me acuerdo de la ocasión en que había que votar la ley de emergencia económica. Esto fue el 6 de enero de 2002. La entonces senadora se abstuvo y manifestó algunas frases que rescaté. Valen para nosotros, porque, si las siente de verdad, entonces, cada uno de nosotros también tiene derecho a votar según las convicciones con que votaba la senadora.
Ella decía: Creo que uno de los problemas en la crisis de representación es que nos ven votar una cosa según el gobierno sea de uno u otro signo político. Yo nunca creí en eso.
Me trajo muchos problemas. Debo reconocerlo: muchísimos problemas. Pero sigo creyendo que no se puede votar de acuerdo con el color del partido que está en la Casa Rosada. Porque yo no vine a esta banca a representar al que está en la Casa Rosada, sino que vengo a representar, en esta institución y en este caso puntual, a los hombres y mujeres —radicales, peronistas, frepasistas, independientes— que quedaron allá, en Santa Cruz; en el sur profundo; en el país profundo, como me gusta decir a mí. Yo no quiero dejar más mi vida y mi patrimonio, y el del resto de los argentinos, en manos de un funcionario que decida sobre estas cosas; porque ya sabemos cómo ha sido la historia. También podría decir que no colocar en manos de un funcionario los intereses que nosotros tenemos que representar y por los que tenemos que velar va a hacer también a la legitimidad de las instituciones.
La verdad es que creo plenamente en lo que dice. Por eso, nunca voté los superpoderes. No los voté cuando, siendo gobernador Ruckauf y mi marido conductor del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, ordenaron al bloque de mi provincia que votara a favor de los superpoderes para Cavallo. Recuerdo que, en ese entonces, mis compañeros me vinieron a ver a la banca y me dijeron: “Vos tenés que votar. Lo dice Ruckauf; lo dice Duhalde.” Entonces, yo les dije: “Hablen ustedes; yo voy a votar como me parece.” Finalmente, recuerdo que fuimos muchos los que votamos en contra de la delegación de los superopoderes. Y la verdad, ¡cuán acertados estuvimos! Luego, al rato, una diputada se cruzó hasta donde yo estaba sentada y me felicitó.
Entonces, espero que la presidenta y el ex presidente —quien está haciendo demasiado ruido y molestando demasiado en medio de este conflicto— vengan a felicitarnos luego de que votemos a conciencia, porque lo que no perdona la historia es la incoherencia.
Así que, señor presidente, para no extenderme más en mi discurso, dado que es muy tarde, debe tener usted en claro que voy a votar en contra de la Resolución 125. Creo que es una trampa mortal, sobre todo, su artículo 2°. No estoy dispuesta a delegar poderes.
Pretendo que, a partir de esta votación, el país se pacifique y, rápidamente, todos los que tenemos obligaciones nos pongamos a trabajar sobre un proyecto a largo plazo en materia agrícola-ganadera.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: hemos escuchado esta noche y durante todo el día discursos importantes, algunos de un alto contenido y otros que no comparto. No es la oportunidad de tratarlos. Voy a votar a favor de los hombres y de las mujeres del campo argentino; a favor de los trabajadores del campo; a favor de los productores del campo; a favor de los técnicos y de los profesionales que trabajan en el campo; a favor de los científicos y los técnicos que trabajan en el desarrollo científico y tecnológico del campo; a favor de los jóvenes que, con entusiasmo, volvieron a trabajar la tierra de sus abuelos y de sus padres; a favor de los que durante cuatro meses, con mucho frío, bajo la lluvia, en la adversidad, y haciendo una tarea a la que no estaban acostumbrados y que no buscaron, estuvieron luchando por sus derechos al borde de las rutas argentinas. Voy a votar a favor del federalismo y de muchos millones de argentinos que quieren una Argentina unida. Voy a votar en contra de la Resolución 125 y de la delegación de facultades legislativas.
Durante estos cuatro meses, se han demonizado muchas cosas. Se han demonizado la soja, los productores, los opositores, quienes hemos tenido alguna palabra diferente o una visión —acertada o equivocada— diferente de la del discurso único que se quiere imponer.
Junto al ex gobernador Kirchner, luché con mucha firmeza cuando nos querían imponer el discurso único. Muchas veces, Santa Cruz y San Luis votaron juntos en el Senado y en la Cámara de Diputados, con independencia y con dignidad.
Se ha demonizado no sólo a la soja y a la sojización, aunque les alquilen las tierras fiscales a los pools de siembra y aunque estén todas las rutas nacionales llenas de soja a la vera del camino. A mí no me molesta. Pero a los que demonizan les debería molestar. Desde mi punto de vista, se ha demonizado al pensamiento que abrazo como causa política: el justicialismo, el peronismo. Se está pretendiendo demonizar el primer centenario, a lo que ya me referiré.
En 1973, cuando Perón retornó a la Argentina, se reunió con las entidades del campo; con las mismas cuatro entidades que ahora demonizan. Habían celebrado un acuerdo preelectoral sectores empresariales y los partidos políticos. Y en cumplimiento de esos acuerdos, se firmaron las actas que dieron nacimiento al Plan Trienal y al Pacto Social. Una de esas actas se celebró con el campo; y se suprimieron las retenciones que había impuesto el ministro Krieger Vasena.
En aquella oportunidad, el 25 de octubre de 1973, Perón dijo: En la producción ocurre exactamente lo mismo [como se acaba de decir aquí]; debemos alcanzar los márgenes de producción que la Argentina puede ofrecer. El agro argentino está explotado en un bajo porcentaje. Esos índices pueden aumentar setenta veces.
Ese es el Perón que volvió al país para unir a los argentinos, más allá de que lo haya logrado o no. Ese era el corazón de un hombre que venía de veinte años de exilio. Quería ver a su país, al agro, con quien había estado enfrentado y al que pidió perdón al principio del discurso, porque en su primera etapa había dado prioridad a la industrialización.
También dijo: Pongámonos en la empresa de realizarlo. Para eso necesitamos que se cumplan dos circunstancias. Primera, desarrollar una tecnología suficiente para sacar a la tierra todo el producto que ella pueda dar, sin tener tierras desocupadas o cotos de caza como todavía existen en la Argentina. Ese es un lujo que no puede darse ya ningún país en el mundo. Segunda, utilicemos esa tierra para la producción ganadera. La República Argentina tiene [escuchen] 57 ó 60 millones de cabezas de vaca [ahora tenemos 53 millones] y disminuirá, lamentablemente, cuando podría tener 200 millones, y ovejas en la misma proporción. Pongámonos a cumplir esos programas. Esto les decía Perón a los hombres de campo.
En El pensamiento estratégico, decía: En un mundo que se va quedando sin tierra, sin agua potable, sin oxígeno [es decir, sin aire], en el momento actual, el mundo ya superpoblado tiene 3.500 millones de habitantes. ¿Qué será en el año 2000, con 7.000 u 8.000 millones de habitantes? En este mundo de 3.500 millones de habitantes, la mitad está hambrienta. En granos, Europa no cubre sino el 69 por ciento de sus necesidades. El mundo entero se está quedando sin proteínas, y sin proteínas el hombre no puede vivir, como no puede vivir sin oxígeno, sin agua o sin tierra. Este es un problema que hay que pensarlo.
Solamente las grandes zonas de reserva del mundo tienen todavía en sus manos la posibilidad de sacarle a la tierra la alimentación necesaria para este mundo superpoblado y la materia para este mundo superindustrializado. Nosotros constituimos una de esas grandes reservas. Ellos son los ricos del pasado. Si sabemos proceder, seremos nosotros los ricos del futuro, porque tenemos lo esencial en nuestras reservas, mientras que ellos han consumido las suyas hasta agotarlas nuevamente. No tiene desperdicio lo que dice Perón. ¡No le van a enseñar a Perón a distribuir la riqueza! ¡El 50 por ciento de lo que producía el país iba a manos de la clase trabajadora!
¿Cuánto va ahora? No llega al 22 por ciento. ¿Cuánto va ahora? ¡Dejémonos de demonizar las cosas, del discurso único, del enfrentamiento entre los argentinos! ¡Nadie quiere el enfrentamiento! ¡Queremos la paz, el encuentro, la razonabilidad! Perdón por mi entusiasmo.
Quiero a la Argentina; como, seguramente, todos los que estamos acá. Entonces, tenemos la obligación de servirla.
Podemos discutir la redistribución de la riqueza en cada uno de los proyectos que vienen para la consideración de esta Cámara. La discusión de este tema es muy importante, y creo que nadie lo cuestiona ¿O hay alguien que no quiere redistribuir la riqueza? ¿Algún partido político o alguna representación provincial no quiere redistribuir la riqueza? Sí discrepamos en que la distribución de la riqueza sea un capitalismo de amigos y que Eskenazi ponga 100 y saque 400. Con eso no estamos de acuerdo; no nos parece. Eso no es argentinizar. Argentinizar es de todos los argentinos y lo de Eskenazi es de Eskenazi, más allá de que es un empresario nacional, a quien tampoco demonizo. Tiene todo el derecho del mundo de hacer buenos negocios.
Pero el proyecto es inconstitucional, confiscatorio, inconveniente e ilegal. Como el senador Jenefes nos había anunciado que, para proceder a la defensa de la constitucionalidad iba a hablar del proyecto que había tratado el Parlamento en la época de don Hipólito Yrigoyen, busqué en el Diario de Sesiones correspondiente a aquel entonces, para ver de qué se trataba. Y permítanme compartir dos o tres experiencias que a mí me sorprendieron enormemente. Estoy hablando de la época del primer Centenario. Por supuesto que ya había errores, pero en ese entonces, éramos la octava potencia; y en el mundo, se estaban produciendo revoluciones sociales, que a la Argentina recién llegaron el 17 de octubre de 1945. Se van a sorprender por lo que voy a decir. Empieza la sesión y el presidente, que era De María, dice: “Continúa en consideración el Orden del Día…”, etcétera; y los taquígrafos
ponen allí: “Ocupa su banca en el recinto el señor ministro de Hacienda”. Como ocurre acá todos los días. Después, antes de entrar en el tema del impuesto a las exportaciones, discuten una ley de ampliación del presupuesto; como discutimos todos los días nosotros. No, perdón; no lo discutimos nunca, porque hemos delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de modificar el presupuesto como quiera. En aquella época, cada partida se discutía.
Durante la discusión plantearon que había una anormalidad en el procedimiento.
Entonces, pide la palabra el diputado Morales y dice: Lo único anormal que hay aquí es que se discuten los presupuestos de los ministerios sin que se hallen presentes los respectivos ministros en sus bancas. Si el señor ministro de Justicia e Instrucción Pública hubiera estado aquí, no hubiera habido cuestión; y el señor ministro sabía que debía hallarse en su banca y que su deber es estar aquí.
Al Parlamento le habían mandado un proyecto de ley de retenciones; retenciones a los granos, a la carne, a las lanas; es decir, una iniciativa similar a esta, nada más que el procedimiento fue enviarlo al Parlamento y pedirle a este que fijase un impuesto.

Sr. Presidente. — Senador Rodríguez Saá: lleva 15 minutos.

Sr. Rodríguez Saá. — Yo tengo 30; y un poquito flexibles.

Sr. Presidente. — Me dijeron que la senadora Negre de Alonso era la presidenta de bloque.

Sr. Rodríguez Saá. — No; soy yo.

Sr. Presidente. — Entonces tiene los 15 minutos restantes que le corresponden.

Sr. Rodríguez Saá. — De cualquier manera, nunca he abusado del uso de la palabra; y voy a tratar de sintetizar lo más que pueda.
En ese Diario de Sesiones dice: La Comisión piensa que el impuesto a la exportación es antieconómico, injusto y repugnante al espíritu de la Constitución. También, se señala:
Estas palabras bastan para significar en la forma más terminante que la Comisión de
Presupuesto sólo acepta los impuestos a la exportación como un mal necesario, con carácter eminentemente transitorio y en razón de las dificultades por las que pasa el erario nacional, de la profunda alteración que sufren en el momento actual todos los principios económicos y de la insistencia del Poder Ejecutivo, que resulta indispensable la creación de estos recursos para nivelar el presupuesto nacional.
No hay hipocresía. Se dice la verdad. No sé si el miembro informante era radical o conservador. Se trata del diputado Echagüe, que era el presidente de la comisión. Tal vez, historiadores más finos que yo puedan saberlo. Por supuesto que aprobaron esa ley que decían que creaba un impuesto que era repugnante a la Constitución, antieconómico, etcétera, porque como el gobierno lo necesitaba, le dieron ese instrumento presupuestario.
Dicho esto, creo que es importante que estemos discutiendo una resolución ministerial, que estemos discutiendo una delegación legislativa, que estemos discutiendo después de tres meses de conflicto, donde hoy, en las calles del país, están a los cacerolazos y a los bombos en un enfrentamiento que —desde mi punto de vista— no es saludable para la vida del país.
Como dijo el director de la AFIP, que estuvo aquí, se estima que se van a recaudar por esta Resolución 1.200 millones; con la generosidad propia de este gobierno, se devolverán 800 y, entonces, van a quedar 400 millones de dólares. Por lo tanto, si lo que queremos discutir aquí es la redistribución de la renta, no generemos este conflicto. Es decir, veamos cómo hacemos, pero redistribuyamos la renta y solucionemos el problema a los pobres.
Me parece que quien ha dramatizado el problema no es la oposición; no somos nosotros. No he escuchado absolutamente a nadie que tenga intenciones destituyentes ni desestabilizadoras. Y si vemos en la historia, no somos nosotros los que hemos pedido renuncias. ¡Ni a Moreno le hemos pedido renuncias! Los pedidos de renuncias han salido de otros sectores.
El senador Morales, sí. ¿Vos le pediste la renuncia a Moreno?

Sr. Morales. — Sí.

Sr. Presidente. — No dialoguen, por favor.

Sr. Rodríguez Saá. — Me voy a referir a la inconstitucionalidad. Y quiero aclarar que la cláusula octava de la Constitución Nacional dice que caduca la legislación delegada. La caducidad significa que, cumplido el plazo, deja de existir. Al respecto, se sancionó una ley de prórroga generalizada.
Discúlpenme, he sido legislador y he votado en dos oportunidades —en esta primera no, porque no era legislador—, pero es una falla del Parlamento. En efecto, el Congreso debe estudiar cada una de las normas y no puede decir que tiene miedo de equivocarse, o que si deroga una norma lo deja al gobierno sin una facultad que necesita. En última instancia, se remedia con que el Poder Ejecutivo mande una nueva norma y la tratamos. Desde que soy legislador, nunca he visto que este Parlamento haya entorpecido el trámite de sanción de una ley.
La prórroga se hizo para materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública. En 1999, los artículos 754, 755 y sus concordantes no estaban en virtud de ninguna emergencia y no eran materia de administración, sino que eran materia de imposición de impuesto, que no puede ser delegada y caducó en 1999.
Lo siento mucho; se han hecho mal las cosas. Y si les reclaman judicialmente, se tendrán que hacer responsables quienes hicieron las cosas mal o, con humildad, pedir las rectificaciones correspondientes, para que el Parlamento sancione no la rectificación de la norma sino la enmienda de esta situación.
Para terminar, quiero decir que no existe ningún peligro institucional. El único peligro institucional que existe es que provoquen el enfrentamiento de los argentinos. ¡Están a los cacerolazos en todo el país, no lo pueden ignorar! ¡El pueblo argentino está reclamando! Por algo, el resultado de la votación, casi con seguridad, va a ser un empate. Y en este histórico debate, con la presencia, por primera vez en muchos años, de la totalidad de los parlamentarios — y debo reconocer la actitud del doctor Menem, que ha tenido que ir al hospital a sacarse una radiografía, porque está enfermo y, sin embargo, se encuentra en su banca y va a votar; todos estamos haciendo un gran esfuerzo— , seguramente, el señor vicepresidente de la Nación va a tener que desempatar ante la vista del pueblo argentino.
La Argentina necesitaba delegación de poderes, leyes de emergencia y delegación de facultades, porque había una crisis institucional, económica, política y social. En cuanto a la crisis económica, si hace cinco o seis años que tenemos crecimiento económico, superávit y las cuentas están en orden, ella ha sido superada.
Con relación a la crisis política, creo que los partidos, mal o bien, se han reorganizado; y más o menos están en camino. De todos modos, hay cosas que se pueden cuestionar; a mí no me gusta cómo lo hizo el Partido Justicialista, pero es una opinión.
Con respecto a la crisis social, hemos mejorado los parámetros de 2001. No estamos bien, pero hemos mejorado. No es la crisis desesperante de 2001, donde inmensas multitudes de gente estaban muertas de hambre. Hoy hay hambre, queda algo de desocupación, hay situaciones sociales graves que hay que solucionar, hay casos de desnutrición, pero parecería —todo indica— que es manejable. Además, tenemos expertos en la redistribución de la riqueza. Entonces, que procedan en tal sentido; tienen la oportunidad y para eso gobiernan.
Por último, la crisis institucional. Cuando en 2001 se produjo la crisis institucional, teníamos una Corte que estaba cuestionada. Hoy, tenemos un Máximo Tribunal que, en principio, no está cuestionado. Además, en su momento, teníamos un Parlamento que estaba paralizado, por eso se necesitaba ceder las facultades. El Congreso de entonces era incapaz de dar soluciones en tiempo y forma, como la emergencia del país lo requería; en consecuencia, tuvimos que aplicar la ley de acefalía y tuvimos una crisis que todos conocemos.
Pero todo eso ha sido superado. Hoy contamos con una Corte que está funcionando y que dicta un fallo, como el que señaló la senadora por San Luis, que —vamos a decir— no solamente es independiente, sino que hasta posee una modernidad elogiable. Además, tenemos un Parlamento que tiene la oportunidad de recuperar sus facultades.
Entonces, no hay necesidad. ¿Para qué tenemos que delegar? Si nosotros podemos cambiar esta norma y decir: “Díctanse las retenciones de tal forma”, que no es lo mismo que ratifícase. Eso es un capricho. ¡Cómo va a ratificar el Parlamento una decisión ilegal de un ministro, que no está facultado! Sancionemos la norma, si no hay inconvenientes. Por supuesto que vamos a discutir, y ahí tendremos una discrepancia en cuando al monto, la forma, las segmentaciones, etcétera, que es la materia de discusión.
Pero nadie está cuestionando el uso de las retenciones. Yo no he escuchado a una sola persona, ni de acá ni de la calle, que cuestione el uso de este instrumento de las retenciones.
En cuanto a la cuestión federal, es de una gravedad impresionante.

Sr. Presidente. — Le quedan tres minutos, senador.

Sr. Rodríguez Saá. — Este es el discurso que dijo la convencional Cristina Fernández de Kirchner.
Discutiendo la coparticipación, dijo que no creía que el gobierno nacional la redistribuyera; quería que fuera clara la Constitución. Tenía razón porque ni el gobierno de ese momento, ni el siguiente, ni el siguiente nunca dictaron la ley de coparticipación, ni tuvieron ningún interés en dictarla.
Pero como tengo poco tiempo, voy a leer los porcentajes. “Cuando la Nación tenía a su cargo los servicios de salud y educación, recibía aproximadamente un 46 por ciento de la distribución primaria de la masa coparticipable. Luego de la transferencia de los mencionados servicios a las provincias ha quedado en el 54 por ciento; es decir que se ha invertido la participación en el ingreso tributario, y las provincias han quedado con apenas el 46 por ciento. Tienen más funciones vinculadas con la calidad de la vida de la gente y menos dinero para solventarlas. ¿Cómo no va a haber provincias inviables si nos están federalizando los gastos y centralizando los recursos? Aplausos.”
Entonces se discutió el 46 y el 54. Ahora es el 76 para la Nación y el 24 para las provincias. Y me alegro enormemente de que a Corrientes le den una planta transformadora fantástica, y que a Formosa le den 3 mil millones. Pero voy a plantear la misma queja que el ex gobernador Romero. A la provincia de San Luis jamás la consultaron sobre el borrador que había del proyecto de coparticipación federal. Y no le voy a discutir al senador Pérsico las cosas que dijo, pero la propaganda que aparece en televisión dice “San Luis: una escuela”.
Voy a leer lo que dijo Kirchner y ya termino, señor presidente. Fíjense lo que dijo el ex presidente: “Entonces, se imaginan ustedes cómo puedo creer en 1996 va a haber una nueva ley de coparticipación —está criticando a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe—. Pido que quede asentado que no creo. El 31 de diciembre de 1996, todos mis amigos convencionales van a recordar lo que estoy diciendo: no va a haber una nueva ley de coparticipación. Esto es lo que pienso y ustedes van a poder comprobar que es cierto.”
El doctor Kirchner fue cuatro años presidente. Tampoco tuvimos ley de coparticipación. Yo soy miembro de la Comisión de Coparticipación Federal. Cuando ingresé en el Senado, hace dos años, me puse muy contento porque me tocó integrar la comisión que me parecía más linda, que era la de Coparticipación Federal. Nos reunimos una vez, elegimos las autoridades y nunca más. Dos años después caducaron las autoridades. Nos reunimos nuevamente, elegimos autoridades y no nos hemos reunido nunca más.

Sr. Presidente. — ¿Puede redondear, senador?

Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: redondeo.

Sra. Colombo. — ¿Me permite una interrupción, senador?

Sr. Rodríguez Saá. — Sí. Cómo no.

Sr. Presidente. — Sea breve, señora senadora, por favor.

Sra Colombo. — Quiero recordar que el presidente Kirchner, por decreto 272 no sé de qué año, posiblemente sea de 2003, creó la comisión para analizar y redactar un proyecto de coparticipación federal de impuestos. Incluso, en ese decreto, se determina cuáles son los integrantes en representación del Poder Ejecutivo, los gobernadores, etcétera. Así que, respecto de la acusación que acá se ha vertido en el sentido de que los propios gobernadores atentaron contra ese objetivo, sería muy bueno que quienes han dicho esto lo aclaren, porque dudo de que algún gobernador de provincia pueda oponerse a este objetivo.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. — El mundo nos brinda una hermosa oportunidad, que hemos transformado, como han dicho muchos senadores, en una crisis. Reflexionemos. Todos queremos que la Argentina exporte proteínas industrializadas, que exporte su tecnología, que exporte el trabajo argentino, que aprovechemos nuestra enorme riqueza. Eso se construye enarmonía, poniendo las reglas de juego por severas que sean, pero poniendo reglas previsibles de juego.
Una acotación final. En el Primer Centenario, la Argentina era la octava potencia del mundo. Hoy ocupamos los últimos lugares. Recuperemos, unidos los argentinos, los primero lugares, así llegamos al Bicentenario en las mejores condiciones para las cuales tenemos que hacer un programa de lo que están esperando el hombre de campo y todos los ciudadanos para pacificar el país. Un programa para carne, un programa para leche, para el trigo, la soja, para la economías regionales. Establezcamos las reglas de juego, hagámosla respetar, todo dentro de la ley y de la Constitución, y a los que estén fuera de las normas se les aplicarán las sanciones correspondientes. Pero a los que cumplan con la ley los tenemos que respetar, estimular, felicitar, de forma que todos construyamos el gran país que queremos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guinle.

Sr. Guinle. — Señor presidente: en realidad estamos todos queriendo sumar, cada uno desde su lugar, cada uno desde su convicción y manteniendo coherencia con las cosas que ha dicho, que ha hecho y cómo ha llegado a este lugar.
Nosotros mantenemos nuestra postura con absoluta convicción, con absoluta coherencia. Cuando se le pide a alguien del oficialismo que puede tener diferencias con el gobierno y que se para con postura crítica en más de una oportunidad, que defina cómo se va a parar en esta oportunidad, creo que los prejuicios y las sospechas no deberían estar posadas en el bloque oficialista sino en otro lado. Porque esto tiene que ver con la coherencia…

Sra. Colombo. — La que perdió la coherencia es la presidenta de la República.

Sr. Guinle. — …con nuestra convicción y con las cosas que venimos defendiendo. Este modelo económico tiene una de las patas asentadas en la política de retenciones que el gobierno ha implementado. Y uno puede tener diferencias en varias cuestiones pero no le va flaquear una pata a un modelo económico que nosotros venimos apuntalando por falta de convicción o por falta de coherencia.
Veo mucha gente, con muy buena fe alguna y otra no sé, pero con muchas ganas de pegarle un chirlo al gobierno porque seguramente deben creer que hay que acomodarlo.

Sra. Colombo. — Porque se lo merece.

Sr. Guinle. — Por lo que sea, seguramente tienen cuestiones legítimas. Seguramente han ido sumando cuestiones legítimas; han sumado enojo, resentimiento, malestar. No le gusta la cara de Fulano, la cara de Mengano, el posicionamiento de Zutano, el destrato, mil cuestiones.
Pero en realidad estamos discutiendo específicamente un instrumento de política económica que ni siquiera es la política económica para un sector. Son instrumentos de política sectorial.
Acá tengo la parte final del debate de esta ley a que se hacía mención sobre Yrigoyen, con los fundamentos del diputado Araya y la votación final, pero no creo que haga a la cuestión y, seguramente, me va a quitar tiempo en lo que tengo que decir.
En realidad nosotros, como la oposición, estamos fundamentalmente apuntando al núcleo de este capítulo 1° del proyecto remitido por Poder Ejecutivo y sancionado por la Cámara de Diputados, destinado a ratificar las resoluciones del Ministerio de Economía y Producción número 125/08, su modificatoria 141/08 y su derogatoria 64/08.
Este núcleo del capítulo I dice “sin perjuicio de la vigencia de las medidas dictadas y sin desmedro de las facultades ejercidas para ello en el marco de los dispositivos en ella citados y especialmente de la ley 22.415 (Código Aduanero) y modificatorias, en particular su artículo 755, correlativos y concordantes.”, artículo 2/. En estas cuestiones radica la constitucionalidad, la delegación legislativa y la supuesta confiscatoriedad de la retención.
Primero, una pequeña digresión, porque yo creo que se ha mezclado todo tanto que este instrumento de política sectorial que, en realidad, es un instrumento de política económica aplicable a determinados productos agrarios es un instrumento en función de una política para un sector. Y, como se sabe, estos productos agrarios han sufrido enormes incrementos en el mercado internacional, como consecuencia de muchísimas cuestiones de naturaleza múltiple y distinta. Por un lado, por una mayor demanda y, fundamentalmente, porque a partir de la crisis del mercado de las hipotecas de los Estados Unidos durante el año pasado ha atraído a fideicomisos y fondos de pensión de los principales países del mundo.
En realidad, esto fue dicho por la presidenta de la Nación en la Cumbre de Presidentes del Mercosur: cuando habló de la timba financiera en la alimentación se dijo que aprovechó la oportunidad para tirarle una andanada al sector productor. En verdad, la presidenta dijo lo que se veía en el terreno de la especulación financiera a nivel internacional. Pero su discurso en la Cumbre fue motivo de crítica, realizada hasta con cierto tono burlón, hasta que lo mismo dijo George Soros. Claro: el gurú de las finanzas mundiales dijo que los especuladores son los que constituyen esta burbuja que afecta a todos. “Es como si en una hambruna uno escondiera secretamente alimentos para especular con los altos precios.”. Lo dijo el gurú de las finanzas mundiales y la crónica pasó a ser palabra santa.
En la apertura de las sesiones ordinarias la presidenta hizo mención a un esbozo de política que debía definirse como una política de Estado. Ese 1/ de marzo, entre otras cosas, dijo lo siguiente: “Contamos con una ventaja incomparable en la historia reciente. Yo he definido muchas veces que este va a ser el siglo de los alimentos, la energía y el conocimiento. Somos un país que estamos en condiciones de producir alimentos para más de 500 millones de personas. Pero al mismo tiempo, por el alto grado de competitividad que hemos adquirido y tecnología en la producción de esos alimentos y una población que no alcanza a los 40 millones, podremos obtener precios internos que permitan calidad de vida a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, y al mismo tiempo con fuertes saldos exportables que deben ser incrementados en el valor agregado. Porque si el valor de la soja, del trigo, tiene un valor hoy muy calificado, adentro de un pollo o de un cerdo, triplica o quintuplica el valor.”
Y sigue, pero lo voy a dejar ahí. Nadie puede estar en desacuerdo con eso porque lo he escuchado repetir tanto aquí como afuera; lo reiteran todos: valor agregado a los productos primarios y mayor posibilidad de crecimiento del empleo y del saldo a exportar.
Volveré sobre el núcleo del Capítulo I, y trataré de hacerle algunos agregados al sólido fundamento del senador Jenefes que, a mi juicio, no fue rebatido absolutamente por nadie en cuanto a los aspectos de la constitucionalidad, delegación legislativa y la supuesta confiscatoriedad.
La objeción que se efectuó fue que la delegación legislativa contenida en el artículo 755 del Código Aduanero a favor del Poder Ejecutivo —en virtud del cual se lo habilita a establecer derechos de exportación— es inconstitucional, debido a que por la reforma de 1994 la delegación legislativa no puede versar sobre la materia tributaria, toda vez que resultaría violado el principio de reserva de ley. Este es el argumento que dice que esto está mal. Supuestas voces autorizadas —creo que algunas de buena fe, y otras absolutamente interesadas— argumentan que las limitaciones previstas en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional para el dictado de decretos de necesidad y urgencia, particularmente en materia tributaria, funcionarían como límite de la delegación legislativa, de modo que no podría existir delegación en materia tributaria fuera del supuesto de la emergencia pública; es decir que se la acepta ante esta última situación.
Obviamente, en este caso tengo delegación de facultades. Al respecto, alguien —muy enfervorizadamente— dijo que del 94 para acá no había habido delegación de facultades. En ese sentido, tengo en mi poder cinco leyes de las cuales una sola es de emergencia, el resto son delegación de facultades. Reitero, del 94 a la actualidad solo una de las cinco leyes incluye la emergencia.
En definitiva, en esta inteligencia se descarta que la materia tributaria pueda ser incluida entre las materias determinadas de administración como habilitante de la delegación.
Parecería que esas voces asumen per sé la posición de intérprete final de la Constitución. Y sin perjuicio de que entiendo que los límites de la delegación legislativa establecidos en el artículo 76 de la Constitución Nacional reformada y, en su caso, el artículo 99, inciso 3, noson directamente aplicables a la legislación delegante sancionada con anterioridad a la reforma de 1994, me voy a hacer cargo del argumento y lo voy a analizar.
En esa línea, la Convención Constituyente de 1994 —de la que varios de los que estamos aquí formamos parte; yo participé de ella al igual que el senador Rodríguez Saá y la senadora Viudes— incorporó al texto constitucional ambos institutos: el de los decretos de necesidad y urgencia y el de la delegación legislativa, estableciendo en el primer caso los límites por materia mencionándolos claramente, y omitiéndolos en el segundo. Por ello, a mi juicio, la interpretación que postula que la interpretación del artículo 99, inciso 3, debe pasarse y hacer funcionar la delegación legislativa —pese al silencio del constituyente—, tiene como premisa implícita que el constituyente se equivocó, fue inconsistente o tuvo una deficiencia técnica.
Pero esta hermenéutica jurídica no la acepta el Alto Tribunal. La Corte no acepta ni supone en el legislador inconsistencia, imprevisión u omisión involuntaria.
Existen una serie de fallos —que aquí se citan— con la actual integración de la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, si el constituyente no incluyó entre los límites de la delegación la materia tributaria, debe considerarse que tal limitación no existe en la medida en que la delegación pueda encuadrarse en materias determinadas de administración o de emergencia pública.
Antes de pasar a la interpretación del texto de la Constitución reformada en 1994, haré una pequeña digresión. Los derechos de exportación están regidos por el Código Aduanero —Ley 22.415— y específicamente por la Ley 21.453; ambas de gobiernos de facto. El régimen de exportación de productos agrícolas, de gobierno de facto, fue aclarado y ratificado por todos nosotros en diciembre del año pasado, votado por unanimidad en el Senado. Fueron adoptadas con sustento en el artículo 1/ de la Ley 21.453 y 755 del Código Aduanero, en cuanto facultan al Poder Ejecutivo a gravar con derechos de exportación a las exportaciones para consumo de mercaderías y modificar los ya establecidos.
Las mencionadas son leyes delegantes de facultades legislativas sancionadas con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, regidas entonces por la disposición transitoria octava a que hacía mención el señor senador Rodríguez Saá, que exige su ratificación por el Congreso de la Nación a través de una nueva ley por tiempo determinado.
En este contexto, las normas fueron ratificadas por este Congreso, y con ello la delegación que contienen. Lo hicieron las leyes 25.148, 25.645, 25.918 y 26.135. Esta última extiende la vigencia de las normas delegantes, entre otras, hasta el 24 de agosto de 2009.
En efecto, fueron ratificadas porque efectiva y concretamente son incluidas en las llamadas “cláusulas residuales” incorporadas en las citadas leyes de prórroga, que hacen referencia —como lo dice el artículo 2/, inciso f, de la Ley 26.135, votada por 41 votos en el Senado, 4 en contra; la oposición votó con nosotros— a toda otra materia asignada por la Constitución nacional al Poder Legislativo nacional que se relacione con la administración del país. La delegación que nos ocupa se relaciona con la administración general del país. Lo veremos más adelante.

Sr. Presidente. – Lleva quince minutos.

Sr. Guinle.— Gracias, presidente. Trataré de avanzar lo más rápido que pueda. El radicalismo en esta Cámara acompañó la Ley 26135. Se trata —se decía— de la ratificación en el Poder Ejecutivo de las facultades que fueron otorgadas con anterioridad a la reforma constitucional de 1994 y que, lógicamente, todavía no tenían efecto. En ese sentido, se decía que la cláusula octava de la Constitución era muy clara, y se agregaba que la gente que está realizando leyes y decretos —se hacía referencia al trabajo del digesto— tiene que recibir también el trabajo de la Aduana, que está haciendo un trabajo motu proprio porque hay resoluciones dictadas en el marco de estas facultades delegadas que son de plena administración y no deben caer porque, de lo contrario, generaremos vacíos jurídicos en algunas áreas de gobierno. El miembro informante de la oposición, que votó con nosotros en absoluta consonancia con este concepto, decía que eran de plena administración.
Esto se había interpretado ya con la Ley 25148 de esta manera, cuando se invitaron a juristas a la Comisión de Asuntos Constitucionales y se evaluó cuál era la forma de definir determinados asuntos de administración general, y se definió de esta manera amplia, con consenso absoluto. El radicalismo siempre acompañó estas votaciones. La única vez que no lo hizo fue en Diputados en la última sanción.
En lo que refiere específicamente a la Ley 21.453, el Poder Legislativo sancionó recientemente la Ley 26.351 —la sancionamos nosotros—, aclaratoria de aquella ley de facto y, por consiguiente, también ratificatoria. ¿Qué dice esta ley, la 26.351? El artículo 1/ dice que cuando se produjere un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la Ley 21453, etcétera. Luego, el artículo 5/ dice: “La presente ley es de orden público”.
Esta ley, aclaratoria de la 21453, se vota de manera unánime en el Senado de la Nación. Se dicta aclarando la ley, obviamente ratificando la delegación en el Ejecutivo y, también, ratificando las retenciones, que en ese momento eran del 35 por ciento.
Entonces, uno se pregunta: en ese momento, cuando sancionamos en diciembre del año pasado esta ley, el hecho de que la fijara el Ejecutivo no era ilegítimo, no era inconstitucional. Tampoco era confiscatorio que tuviera ya el 35 por ciento. Pero, cuidado: después del 10 de marzo, parece que esto cambió. Cuando, en realidad, todos los elementos que nosotros tenemos demuestran que estos instrumentos fueron usados por todos los presidentes constitucionales, del 83 para acá; todos y antes, pero del 83 para acá, sin duda.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1ª del H. Senado, senador Juan Carlos Marino.

Sr. Guinle. — El diputado Cigoña —no le voy a sacar los derechos de autor— ha hecho un largo repertorio de esto. Nombró a todas. En primer término, a las que había firmado Sourrouille, en la época de Alfonsín. Acá tengo la 170, del año 86, que fijaba las retenciones de la lana en el 41 por ciento. Ahí empezó la crisis: altas retenciones, bajos precios internacionales; la crisis de la “lana sucia”. Después, las que firmaron Remes Lenicov, Lavagna.
En definitiva, una suerte de muestra de que la práctica constitucional y el derecho constitucional aplicable estaba convalidando el uso de esta herramienta como se usaba hasta el 10 de marzo. A partir de esa fecha, evidentemente algo cambió. Pero lo que no cambió ni puede cambiar es la instrumentación, la aplicación y la interpretación, que hicimos todos de manera pacífica, de este instrumento.
Acá cabe decir que, en realidad, las leyes delegantes, a las que nos estamos refiriendo, no deben ajustarse a la letra del artículo 76 del nuevo texto, porque esta novedosa cláusula, en realidad, opera para la delegación legislativa posterior a la reforma del 94. Obviamente, aquella vieja cláusula debía ajustarse, para su validez, a los criterios jurisprudenciales referidos al viejo texto constitucional y a la cláusula transitoria octava, solamente. De este modo se advierte que el Congreso Nacional ha ejercido su función a través de una técnica históricamente admitida; Desde luego, de utilización restringida, pero históricamente admitida, como es la delegación legislativa.
En lo que se refiere específicamente al derecho aduanero, fue convalidado en forma expresa por la Corte Suprema Justicia de la Nación; entre otros, en el caso “Conevial
Sociedad Anónima c/ Estado Nacional”. De acuerdo con esos criterios jurisprudenciales allí establecidos, esas leyes delegantes respetaron acabadamente el principio de reserva de ley.
Determinaron el hecho imponible: la exportación de mercaderías desde el territorio aduanero general; el sujeto pasivo: el exportador; la base imponible: en este caso. el precio FOB oficial de la mercadería exportada. Y le delegaban al Ejecutivo la fijación de la alícuota específica, para lo cual impone las bases de la delegación en el propio artículo 755 del Código Aduanero.
Y para demostrar el uso no solamente fiscal y recaudatorio de esta norma, sino fundamentalmente su contenido extrafiscal, quiero destacar que el inciso 2 de aquella disposición establece que, salvo lo que dispusieran las leyes especiales, las facultades otorgadas en el apartado primero únicamente podrán ejercerse con el objeto de cumplir algunas de las siguientes finalidades: a) asegurar el máximo posible de valor agregado en el país, con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional; b) ejecutar la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior; c) promover, proteger o conservar las capacidades nacionales productivas de bienes o servicios…

Sr. Presidente (Marino). — Señor senador Guinle: se ha pasado en su tiempo de exposición…

Sr. Guinle. — Voy a tratar de redondear, señor presidente.

Sr. Presidente (Marino). — Gracias, senador. Continúe.

Sr. Guinle. — También se tiende a estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de oferta adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno y atender las necesidades de las finanzas públicas, definiéndose claramente así un fin extrafiscal que estaba contenido en forma expresa en la política legislativa que fija el artículo 755.
Así, este derecho de exportación está creado por la ley. Y durante los períodos en que el Estado nacional no los utilizó, no se los eliminó ni derogó. Directamente, el Estado nacional pasaba a tener un arancel cero; la alícuota correspondiente.
Hay voces que cuestionan el citado artículo porque no fija un tope máximo. Pero, en realidad, tiene en cuenta fundamentalmente el concepto extrafiscal de la retención y de los derechos de exportación como un instrumento regulatorio de la política económica y de la planificación y del desarrollo nacional…

Sr. Presidente (Marino). — Señor senador Guinle: su tiempo se ha agotado…

Sr. Guinle. — Ya termino, señor presidente…

Sr. Presidente (Marino). — Si no finaliza, voy a tener que dejar libres a todos los senadores que le siguen…

Sr. Guinle. — Le pido disculpas, señor presidente. Lo que pasa es que se dijeron algunas cosas que no son ciertas. Se ha hecho decir a la Constitución lo que ésta no dice; y se ha hecho decir a la Corte lo que ésta no dijo. Por eso, es bueno aclarar que la Constitución no dice lo que dicen que dice; y que tampoco la Corte dijo lo que dicen que dijo.
Cuando la Corte avanza sobre la cuestión confiscatoria, dice específicamente en fallos como “Larralde” y “Montarcé” —que fueron citados por el senador Jenefes— que, en realidad, la regla según la cual se califica de confiscatoria la alícuota que sigue al 33 por ciento de la base imponible no es aplicable cuando el poder tributario instituye gravámenes con finalidades disuasivas o como instrumento de regulación económica que, a veces, lindan con el poder de policía y siguen a la política económica del Estado en la medida en que se corresponde a las exigencias del bien general, cuya satisfacción ha sido prevista en la ley fundamental como uno de los objetos del poder impositivo. Y, además, porque en este aspecto, las manifestaciones actuales de ese poder convergen hacia la finalidad primaria y ciertamente extrafiscal de impulsar un desarrollo pleno y justo de las fuerzas económicas.
En consecuencia, si alguien pensaba que esta norma podía ser confiscatoria, creo que las compensaciones que agregó la Cámara baja han dejado, evidentemente, sin ningún tipo de sustento dicha afirmación. Más todavía, cuando en realidad hay categorías del impuesto a las ganancias que tributan el 35 por ciento y existen algunas alícuotas de retenciones —como a la exportación de hidrocarburos— que tributan el 70 por ciento.
Finalmente, para terminar, quiero reafirmar que esta iniciativa es absolutamente constitucional y legítima, y que no implica ninguna confiscatoriedad. Este proyecto intenta nuclear a 80.000 productores y los compensa con 3.000 millones de pesos, aproximadamente. Las modificaciones que ha tenido y que se han incorporado en la Cámara de Diputados, más la interpretación literal que ha hecho el legislador en la cámara baja, reafirma aquí en cuanto al FOB como precio o valor a aplicar para la compensación. El FOB como precio, como valor para aplicar a la compensación de los productores merece que se vea un gesto y una luz de parte de este sector oficial —absolutamente oficialista— con una postura y con la convicción de que también quiere el encuentro; quiere que se vea la luz, que se vea el comienzo del camino para encontrarnos en el medio, que no se crea que esta votación es para nosotros la única forma de dirimir el conflicto. No, señor. Estamos convencidos de que hay que aportar. Y también, estamos convencidos de que debemos hacerlo todos: los que acá no discrepamos en el concepto de las retenciones, los que sí lo hacen —como la Coalición Cívica—, los que dicen que no reniegan de las retenciones —como la Unión Cívica Radical, cuando fue parte de una suerte de coalición electoral—, y los que no reniegan de la herramienta de las retenciones. En realidad, estamos apuntando a juntarnos en el medio, convencidos de que hemos hecho aportes, de que estamos poniendo todo lo que podemos y de que se han hecho, como dice Miguens, diecisiete modificaciones a esta norma. Y recién hace dos días, Buzzi, por primera vez, reconoció que ha habido un avance, pero no es la respuesta plena que esperaba.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado de la Nación,
doctor Juan Carlos Romero.

Sr. Presidente (Romero). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. —Señor presidente, señoras y señores senadores: les pido mil disculpas por las reiteradas oportunidades en que tuve que abandonar este recinto por razones de salud.
Deseaba escuchar a todos. Por ejemplo, a aquellos que hablaron del neoliberalismo —inexistente, por supuesto— de la década del 90 y se olvidaron de mencionar el populismo que tenemos en la actualidad.
Algunos se olvidaron de expresar que en esa famosa y vituperada década del 90, los fondos de coparticipación federal estaban, para las provincias, en el 46 por ciento. En la actualidad, no superan el 26 por ciento. También, se olvidaron de hacer referencia al avance significativo que hubo en el agro con las nuevas tecnologías puestas en marcha en aquella década, cuando el campo producía apenas 17 millones de toneladas. Y cuando nosotros nos fuimos del gobierno, con todos los inconvenientes que se saben, estábamos produciendo 37 millones de toneladas.
Pero también muchos se olvidan de la paz, de la tranquilidad y de la normalidad con que se vivía en aquellos momentos, como de las enseñanzas que nos dejara el teniente general Juan Domingo Perón un poco antes de su fallecimiento, el 25 de noviembre de 1973, en un mensaje extraordinario para el campo. Ahí, Perón ya hablaba del medio ambiente, de la necesidad de preservarlo, y expresaba que estábamos contaminando los ríos, los mares y quese iba a dar un recalentamiento importantísimo de nuestro planeta.
En ese mismo mensaje, el general Perón contaba algo anecdótico. El decía que un galés del pago de sus ancestros, la provincia del Chubut —que en ese entonces era una gobernación, no una provincia— hablaba de un reloj que cada seis horas giraba. En el primer giro, aparecía un pastor que decía: “Yo cuido de vuestras almas”. En el segundo giro, a las seis horas, aparecía un abogado que decía que cuidaba y se encargaba de que se aplicaran las leyes. En el tercer giro, aparecía un funcionario que decía que cuidaba el orden público. Y en el cuarto giro de ese reloj —de acuerdo con ese galés, un viejo poblador de esa región de la provincia del Chubut, que hablaba con Perón en su juventud—, aparecía un campesino que decía: “Yo los mantengo a los tres que aparecieron en primer lugar”. Con eso Perón daba a entender lo que significaba y significa el campo para la República Argentina.
Yo no voy a entrar en consideraciones sobre las que ya se extendieron en forma excelente algunos de mis colegas, a favor o en contra de esta legislación que estamos analizando, porque a esta altura, ya no tiene sentido seguir incursionando sobre ese tema. Y, además, soy un hombre al que le gusta, por sobre todas las cosas, la paz, el entendimiento y el afecto entre todos los argentinos. No importa a qué sector político pertenezcamos.
Yo conocí una sola bandera política, en épocas ya bastante lejanas, y no me cambié jamás de ese espacio que me ha llevado en tres oportunidades a la Gobernación de mi provincia y en dos oportunidades a la Presidencia de la Nación.
Yo he pedido que se agregue mi mensaje, en donde está ratificado mi voto en contra de la Resolución 125, pero quiero decir que obra en poder de la Presidencia del Senado un proyecto de mi autoría, que está fechado el 11 de julio —que ha ingresado por Mesa de Entradas, por supuesto— y que lleva el número de expediente 2.329/08, el cual se sostiene en cinco ejes fundamentales, que pasaré seguidamente a detallar.
a) Objeto de los derechos de exportación. Se establece que el establecimiento de estos derechos de exportación, a los que por definición rechazo, ya que considero que no es posible establecer trabas a la producción y al comercio, tienen un único objetivo, que es regular el precio interno de la producción agropecuaria en tiempos de alta inestabilidad de precios internacionales. Es decir que estos derechos de exportación no pueden tener por objeto principal incrementar la recaudación impositiva, sino que deben limitarse a ser utilizados como un instrumento que tienda a equilibrar los precios.
b) Alícuotas razonables y progresivas. Quiero recordar, ya que estamos hablando de las retenciones, que durante mi gestión como presidente de la Nación, eliminé las retenciones en aquella época, que apenas alcanzaban a un 3 ó un 4 por ciento.
En cuanto a estas alícuotas razonables y progresivas, en mi proyecto propongo, establecer una escala progresiva con un tope para la alícuota del 33 por ciento. Para el caso de la soja y el girasol, se parte de una retención mínima del 23,5 por ciento al precio de 150 dólares la tonelada, y a los precios actuales de 570 dólares asciende al 30,5 por ciento. De similar modo para el trigo y el maíz, en los que se parte del 18 por ciento y el máximo no puede superar el 29 por ciento. De este modo se garantiza la rentabilidad del productor, lo que le permitirá, en definitiva, aumentar la producción en una etapa de alta demanda internacional.
En ese mensaje, Perón ya decía que tendríamos que convertirnos en los primeros productores del mundo de alimentos y también en los primeros exportadores.
Punto c): Incentivos a la producción. Para promover la inversión agropecuaria se establece que se podrán deducir como gastos en la liquidación anual de impuestos a las ganancias, adicionalmente, el 75 por ciento del gasto realizado en fertilizantes o semillas fiscalizadas. Asimismo, se establece que los productores podrán realizar amortizaciones aceleradas en los bienes adquiridos en los dos primeros ejercicios fiscales. Además, se reduce a la mitad la alícuota del Impuesto al Valor Agregado de las semillas, herbicidas, insecticidas y fertilizantes.
Punto d): Derogación de la delegación. A los efectos de ajustar los derechos de exportación a lo establecido por la Constitución Nacional, se deroga la delegación prevista en el Código Aduanero en los artículos 755 y 756, que autorizaba al Poder Ejecutivo a establecer estos tributos.
Por último, fundamentalmente el proyecto modifica la Ley de Coparticipación Federal estableciendo que estos tributos integren la masa coparticipable con las provincias, de conformidad con la participación de cada uno en la producción aplicando criterios de equidad y solidaridad interprovincial.
Para terminar, ya es demasiado tarde, quiero pedirle a las compañeras y compañeros senadores el mayor de los esfuerzos para evitar que se siga dividiendo el país, que es lo que está ocurriendo en la actualidad. No es posible, y aquí ya se lo dijo en varias oportunidades, que hayamos tenido dos concentraciones: una frente al Congreso y otra frente al Monumento de los Españoles.
Pretendo para mi país, para mi Patria, para esta Patria que le dio la posibilidad a mis padres de venir desde el extranjero, sentar sus reales en estas tierras y darle la posibilidad a sus hijos no tan solo de que trabajen, porque también trabajamos en el campo, sino que estudien y puedan ser útiles a nuestra querida Patria, que pongamos todo nuestro esfuerzo y modesta capacidad, y fundamentalmente desde la razón y el corazón, para que no haya más divisiones.

Sr. Presidente (Romero). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. — Señor presidente: está en tratamiento el proyecto que tiene sanción de la Cámara de Diputados por el que se ratifica la Resolución 125, se delegan facultades al gobierno nacional para la aplicación de los derechos aduaneros y se establecen las compensaciones a pequeños y medianos productores.
El país está en una situación especial y nuestro país conoce de situaciones especiales.
Creo que el conflicto del gobierno nacional con el sector agropecuario dejo de ser la crisis del gobierno nacional con un sector y se ha expresado como la crisis del gobierno nacional con las provincias, porque se ha puesto en el debate, en la agenda o arriba de la mesa un tema que no se había tratado en la dimensión que se está tratando en este momento, como es el de la coparticipación federal de los recursos entre la Nación y las provincias.
Por otra parte, un tercer tema no menos importante es la gobernabilidad. Un estilo de gobernabilidad. No estoy hablando de temperamentos sino de una modalidad en democracia.
Estos tres aspectos se tocan en la Resolución 125. De ahí que, al ser bastante compleja la naturaleza de este conflicto y al no haber sido entendida de entrada por el gobierno nacional, el conflicto se ha profundizado. Tenemos que reafirmar que de este tratamiento en el Congreso de la Nación no tiene que salir nadie derrotado. Nadie busca la derrota del gobierno nacional o el debilitamiento por perder una votación a fin de que el proyecto no avance.
En mi caso, representando al Partido Socialista y a mi pueblo de la provincia de Santa Fe, dejo sentado que, al decir que no debe dársele sanción definitiva al proyecto de la Cámara de Diputados, sugiero propuestas y modificaciones. Se afirman cuestiones que es fundamental que queden claras en este recinto. Estamos de acuerdo con las retenciones como una herramienta de política económica, y las retenciones en sí no son progresistas. Las retenciones en sí no distribuyen el ingreso. Las retenciones se aplican en treinta y nueve países en el mundo en este momento. Por ejemplo, en Ucrania y Rusia en materia de cereales, que no tienen gobiernos ni de izquierda ni progresistas. En Colombia y en Guatemala con la cuestión del café. En Guatemala, hubo un cambio de gobierno y ahora sí hay un gobierno — el de Álvaro Colom— que es progresista, aunque el anterior era de derecha, como lo es el de Colombia.
Entonces, esto hace a la racionalidad económica de desacoplar los precios internos y de capturar una renta extraordinaria. Pero, evidentemente, es fundamental el debate de cómo se usa esa renta y cómo se distribuyen esos recursos. Es muy importante que se hayan disparado distintos debates de la mano de la discusión de la Resolución 125, como el tema de la distribución del ingreso. No es un tema que estaba como prioritario en la agenda oficial porque la primera cuestión para discutir es una reforma tributaria integral que el gobierno la ha pateado para adelante año tras año. La distribución del ingreso se produce cuando se bajan los impuestos indirectos y se suben los impuestos directos a la renta y a la ganancia, algo que lo sabe todo el mundo. Lo aplican gobiernos progresistas y los países desarrollados en la marcha de una economía más pujante.
Por eso, cuando vemos la resultante económica-social en la República Argentina en los últimos años debemos hacer una reflexión porque no es fácil hacer una reforma tributaria de esta naturaleza. Toca intereses, genera conflictos y, evidentemente, tiene que haber un gran consenso para llevarla adelante.
Pero si vamos a los números, nos damos cuenta de que es un país que creció y ha tenido un gran éxito macroeconómico; tuvo cinco años y medio de crecimiento sostenido de la economía a tasas inéditas en nuestra historia económica. Sin embargo, a la par de eso, de que bajaron la desocupación, la pobreza, la indigencia, observamos que las brechas de desigualdad se mantuvieron exactamente en los mismos niveles. Según datos del INDEC, la brecha entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre es hoy 28,7 veces, cuando hace diez años era de 22,8 veces.
En 1975, cuando empieza el cuarto de siglo que llega hasta nuestros días y la aplicación de políticas neoliberales que, junto con las dictaduras en toda la región, generaron la catástrofe económico-social que padecemos, la brecha era de sólo 9,5 veces. Si se considera la subdeclaración de ingresos de los sectores más acomodados, una práctica bastante habitual, la brecha asciende a 35,5 veces. Es decir que mientras el 10 por ciento de la población tiene el 34,4 por ciento del ingreso, el 10 por ciento más pobre sólo tiene el 1,2 por ciento. Y considerando el período 2003-2007, de cada 100 pesos nuevos generados, el 30 por ciento más rico se apropió de 62,5 pesos y el 40 por ciento más pobre de sólo 12,8 pesos. Y ¿quién se quedó con esa renta, con ese dinero? No es tan difícil ya que vamos a dar argumentos que, con total autoridad, indicarán dónde hay que producir la distribución del ingreso.
Entre las cuatro primeras empresas —hay un artículo que se llama “Las dueñas de los dólares” sobre esto—, en millones de dólares, según información que ha tomado como fuente la revista “Prensa Económica”, en el puesto número uno está Cargill. Esta aceitera, en 2007, exportó por 4.094 millones de dólares, con un porcentaje de aumento del 65 por ciento. La segunda fue YPF, que lo hizo por 2.692 millones. Y, como aquí se dijo, si consideramos que el 72 por ciento de las empresas que más venden son de capital extranjero, no hay otra conclusión que la de observar la extranjerización de las empresas en la República Argentina.
En efecto, 360 de las 500 empresas líderes son las que se quedaron con la principal renta en nuestro país.
Entonces, cuando se habla de modelo, tenemos que discutir cosas mucho más
profundas que, como se decía aquí, cuatro pilares que se asentaron y que dieron un
funcionamiento macroeconómico exitoso: superávit externo alto, dólar alto, retenciones y superávit fiscal alto. Estos cuatro pilares generaron ese funcionamiento macroeconómico exitoso de tasas chinas, pero que hoy empieza a encontrar fisuras. Y no nos queda ninguna duda con el pasaje de los funcionarios nacionales —sobre todo, después de escuchar al Secretario de Comercio, Guillermo Moreno— de que la Resolución 125 tuvo una motivación fiscal.
Entonces, si nosotros aludimos a redistribución del ingreso, tenemos que hablar de los
servicios públicos privatizados que siguen con la lógica de los 90. Dando subsidios de la manera en que se dan y subsidiando a los ricos, como recién decía el senador Martínez, con el gas, la electricidad, el agua y el transporte, no se hace redistribución del ingreso; eso no es distribución del ingreso. No se trabaja de esa manera para sacar a la gente de la indigencia y de la pobreza. Y para un país progresista, que tiene que plantearse un ingreso mínimo garantizado, es un absurdo, una afrenta, pagar doscientos o doscientos cincuenta pesos.
Además, tenemos que darle la movilidad a los jubilados porque si ellos en la República
Argentina, después de cinco años y medio de este superávit fiscal, no tienen la movilidad que por derecho constitucional les corresponde, no hay redistribución del ingreso en la República Argentina.
Por eso, nos parece positivo que se haya abierto este debate ya que en este aspecto tenemos nuestro aporte para realizar en virtud de que muchos bloques han presentado cantidades de proyectos de ley que pueden obtener sanción y establecer políticas sustentables a mediano y largo plazo que no pongan en riesgo la economía sino todo lo contrario, que generen una economía con mayor igualdad y mayor justicia.
Este debate de la Resolución 125 también disparó la cuestión del rol del Estado. Y en esto hay un tema fundamental porque cuando en la década del 70 comenzó la era neoliberal no se dio solamente en la Argentina. Fue una corriente del mundo que se aplicó en la región con la mayor rigurosidad. Me refiero al Consenso de Washington que en nuestra región y en nuestro país dejó la catástrofe que dejó. Y no se trató, como a veces se dice, de la existencia de un Estado bobo sino de un Estado funcional, totalmente funcional, a la concentración de la riqueza, con una teoría de la concentración de la riqueza que era el motor del funcionamiento del mercado. Y por eso se desreguló, se privatizó y se abrió la economía. Esto pasó en nuestros países.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, senador José Juan Bautista Pampuro.

Sr. Giustiniani. — Hablar del rol del Estado es algo de una gran complejidad porque el neoliberalismo ganó una batalla cultural en el mundo cuando fue aplicado. Fue contra los Estados del Bienestar en la Europa desarrollada y en los Estados Unidos. De modo que estos temas del rol del Estado son fundamentales que se discutan en el Parlamento.
El rol del Estado de este siglo debe ser un rol que equilibre lo que el mercado genera con sus desigualdades en la marcha por la rentabilidad. El mercado avanza en la desigualdad.
Por eso, el rol del Estado en este siglo se tiene que dar con participación ciudadana. La sociedad debe participar en el rol del Estado.
Por eso, el proyecto de ley sobre regulación de los servicios públicos que el gobierno ha enviado al Parlamento es una muy buena norma que resisten todas las grandes empresas privatizadas, porque a estas empresas les conviene esta situación de emergencia. Les conviene patear la emergencia para adelante porque, si bien es cierto que no les aumenten las tarifas, tampoco hacen inversiones. Y las ganancias extraordinarias las obtienen por otro lado. En el caso del gas las obtienen con la garrafa y en el caso de los teléfonos, con los celulares.
Se habló de muchas leyes que se aprobaron en este Parlamento, pero la mayor tragedia de la época del neoliberalismo en la República Argentina fue la privatización de YPF. Porque en este mundo la consecuencia de 25 años de neoliberalismo nos deja tres crisis entrelazadas, como aquí muy bien se explicó: las crisis financiera, energética y de los alimentos. Entonces, el nuevo rol del Estado debe ser con participación ciudadana y con entes de control. No existe caja neoliberal mala y caja revolucionaria buena. Los fondos públicos se deben administrar con transparencia siempre. Por eso, hemos planteado que el crecimiento de los fondos fiduciarios y de los subsidios de la manera en que se está haciendo inevitablemente terminará en denuncias penales. No es una obsesión de los legisladores de la oposición, de las oficinas anticorrupción o de los fiscales, sino que será así por el mecanismo empleado: cuando un funcionario tiene con su lapicera la posibilidad de derivar 500 millones para un lado o para el otro o dárselos a un empresario o a otro, esa discrecionalidad, esa poca transparencia, esa opacidad, termina mal. No estoy diciendo nada nuevo, porque esto ya lo vivimos.
El nuevo Estado debe venir necesariamente de la mano de la participación ciudadana.
Y en esto quiero introducir el elemento de la Resolución 125, porque se introduce a través del artículo 2/ la delegación de facultades. Puede haber una discusión jurídica al respecto, hemos escuchado a quienes opinan desde un lado y desde el otro, pero hay una frondosa jurisprudencia que marca que esta delegación que se realiza pñor la Resolución 125 es claramente inconstitucional.
Pero quiero remarcar, además, que el “delegacionismo” es una de las características del neoliberalismo; mejor dicho, de la manera de gobernar del neoliberalismo, sin Parlamento.
Por ejemplo, Fujimori cerrando el Parlamento. Hay un libro de Guillermo O'Donnell que desarrolla muy bien toda esta cuestión, donde se habla de la fragilidad, de la debilidad, de la falta de sustento y de la crisis de las nuevas democracias. Y en él se sostiene que una parte fundamental de esa crisis se debe a que no solamente no se ha llegado a la democracia participativa, sino que además las democracias representativas han bajado un escalón más, producto de esta concepción del neoliberalismo, y pasaron a ser democracias denegativas. Así las define Guillermo O'Donnell.
Estos son temas centrales y nos parece muy positivo que se hayan puesto en debate en el Parlamento nacional. Las delegaciones debilitan la democracia porque generan una concentración de poder que la tornan un elefante con pie de barro. ¿Por qué pasamos en la Argentina de la fragilidad a la hegemonía absoluta? Dicen “se comen todo, no hay espacio para nadie” y, de golpe, vemos que esa hegemonía se transforma nuevamente en fragilidad. Algunas experiencias provinciales, con la reforma de la Constitución, lo dejaron claramente manifestado, como en el caso de Misiones
Esos son los temas fundamentales que queremos incorporar en la agenda del Parlamento y que quedan como un hecho positivo del tratamiento de las retenciones en el Congreso. Consideramos que las retenciones —tal como lo planteamos en nuestro proyecto y coincidimos con otros bloques— deben ser segmentadas y progresivas. Asimismo, hay que tener en cuenta que cada punto de retención coparticipa en cero pesos. Por eso se dispara el debate entre el gobierno nacional y las provincias.
Aunque no en forma directa, las retenciones tienen relación con los problemas fiscales que sufre la provincia de Buenos Aires, y con que las provincias de Córdoba y de Santa Fe necesiten plantear leyes fiscales. Es decir que empiezan a aparecer problemas en virtud de la holgura de las cuentas fiscales de la Nación y el déficit en las provincias, situación que nos debe preocupar a todos.
Y vuelvo al estilo que planteaba al inicio. Esa hegemonía de disciplina a través de los fondos nacionales no es buena para nadie, y menos para el que la practica. Ser un elefante con pies de barro no permite una relación positiva Nación-provincias ni tampoco un proceso de acumulación positivo para quien gobierna. Es por ello que creo que esta crisis debe dejarnos enseñanzas.
Gracias a los 120 días de conflicto en el país perdimos todos: la producción perdió millones de dólares, y también la economía del interior, que hoy se ve claramente desacelerada. En ese sentido, hace pocos meses hubo un debate acerca de la posibilidad de enfriar la economía por la preocupante tasa de inflación existente y de cuál era la manera de abordar la inflación en la Argentina, que es otro de los problemas pendientes que tenemos.
Evidentemente, este conflicto ha producido un parate real, en virtud del cual perdió el gobierno nacional. Desde el propio gobierno se acepta esa situación. Puede leerse todos los días que se necesita un relanzamiento y que se perdieron seis meses. Este conflicto tuvo al país paralizado, se perdió a un ministro de Economía y hasta la relación de votaciones que existía en las cámaras de Diputados y de Senadores. Esto no lo digo chicaneando, sino como una constatación de la realidad de lo sucedido. Es por ello que considero muy importante lo que hagamos de aquí hacia adelante. Evidentemente, hay un antes y un después del 10 de marzo. Uno nunca sabe cómo comienza un conflicto ni cómo una resolución puede disparar tantas cuestiones juntas; pero sí tenemos la responsabilidad de discutir entre todos cómo buscamos no sólo la posibilidad de determinar juntos una política nacional para el sector agropecuario sino, además —como se ha dicho esta noche—, cómo este país sienta las bases sólidas —tenemos la posibilidad de hacerlo— de una Argentina progresista.
Tenemos tradición de una Argentina progresista. El granero del mundo de la primera década del siglo XX no fue el que construyó la Argentina progresista. Lo hizo la ley 1.420, de educación laica, obligatoria y gratuita, que sentó al hijo del pobre junto al del rico, con el guardapolvo blanco y cantando Aurora. Esa es la Argentina de la integración. La Argentina de la integración es la de las colonias agrícolas. Por eso insistimos tanto con los pequeños y los medianos productores; es una responsabilidad del Estado fomentarlos, apoyarlos y hacer que se desarrollen, porque son el principal motor de la economía. Lo demostró Santa Fe con Colonia Esperanza. Fue la primera colonia que se fundó en el país, aumentando de 40 mil a 350 mil habitantes entre 1850 y 1895. Esta es la verdadera historia del progreso.
Además, Colonia Esperanza también generó la posibilidad de integración a través de la inmigración. Porque no se trata sólo de progreso económico. Existe una hermosa anécdota que relata la historia de amor entre un alemán católico y una austríaca protestante, a quienes no se les permitía casarse. De cualquier forma —de hecho, lo hicieron ellos mismos—, llevaron a cabo su casamiento en presencia de amigos, y ese es el primer antecedente de casamiento civil en la República Argentina. Cabe mencionar que el pueblo de Esperanza es una de las pocas ciudades del país que tiene dos iglesias en su plaza central: la católica y la protestante. Ese es el país progresista. Por eso hay que apoyar al pequeño y mediano productor, tanto del campo como de la ciudad: porque es el motor de la economía; porque es quien genera progreso social y la posibilidad de una Argentina en desarrollo. Por las razones expuestas, votaré rechazando el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados. Lo haré por considerar que la delegación que se realiza en el artículo 2/ avanza en los aspectos que mencioné y que considero totalmente negativos. Por un lado, la metodología prevista para la devolución de las compensaciones a los pequeños y medianos productores repite lo que hoy no funciona o se hace mal, como ocurre en el caso del trigo; por el otro, se ha incorporado una fecha —el 31 de octubre—, cuyo motivo de existencia no hemos escuchado por parte de los funcionarios oficiales ni del bloque oficialista en el Senado ni en la
Cámara de Diputados. Se habla del 31 de octubre, cuando en ese mes, justamente, se tiene que sembrar para la próxima campaña. Esto genera una incertidumbre: de la mano de la delegación, un funcionario de tercer nivel puede terminar con las compensaciones que estádando este Parlamento.
Se trata de un voto no negativo, sino de afirmación de que, entre todos, tenemos que
abrir en el Parlamento. Este es el lugar para determinar la política con relación al sector agropecuario y para discutir sobre todos estos aspectos fundamentales que todavía están
pendientes en el país.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. — Señor presidente: la verdad, en mi condición de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, me veo absolutamente liberado de fundar en Derecho la Resolución: tanto el señor senador Jenefes como el señor senador Marcelo Guinle han sido no sólo contundentes, sino tremendamente claros a la hora de vestir de ropaje constitucional esto que opinan algunos comentaristas interesados, cuya cartera de clientes coincide con exportadores, y cierta gente con expectativas de juicio contra la República Argentina. Por ello, la asepsia de las opiniones la puse en duda en el primer momento y, obviamente, ahora ratifico esta posición.
En ese aspecto, me parece que hemos dado una clara señal de que el ropaje constitucional que viste la Resolución está fuera de toda duda. Pero voy a empezar con la opinión de lo que durante mucho tiempo en la República Argentina fue el libro de cabecera de muchísimos economistas y políticos que tenían en el Fondo Monetario Internacional la luz o la estrella que alumbraba el camino. El Fondo Monetario Internacional, en una nota reciente, indica que si los precios de los alimentos y del petróleo siguen aumentando, algunos gobiernos caerán pronto en la incapacidad de alimentar a sus pueblos y de mantener, al mismo tiempo, la estabilidad de sus economías. Asimismo, el FMI puntualiza que el costo va a representar muchísima cantidad de millones de dólares, poniendo inclusive en riesgo el PBI de esos países. La FAO habla de 52 millones de latinoamericanos bajo la línea de pobreza.
Con respecto a la rentabilidad del agro y del resto de la economía, les pido por favor que recordemos que la devaluación significó, por un lado, aumento de rentabilidad; pero, por el otro, el sector que más aportó a esa rentabilidad fue el asalariado, al que efectivamente nadie recordó o, al menos, no en la forma debida.
Cuando invitábamos a los sectores del campo a hacer una reflexión en el sentido de que hoy era posible cambiar la chata, comprar el tractor e invertir en tecnología, no lo hacíamos desde un aspecto agresivo. De hecho, en la época anterior, sin retenciones, no había productividad: estaban todos fundidos, y esta realidad, además, era expulsiva de la gente del interior.
Cuando hablábamos de los hijos, no hacíamos referencia a un pasaje de la historia. Recordemos la realidad que tuvimos que enfrentar. Hay algunos que no sé de qué lado de la realidad analizan la historia reciente de la República Argentina. Tendría mil cosas para decir. Hay ciertas reflexiones de algunos senadores que quiero compartir con ustedes. Estoy convencido de que este debate profuso, que tuvo la visita de funcionarios, de representantes del sector, ha dejado algunas cosas en claro. En algunos segmentos, recojo el debate ideológico, político; en otros, estoy convencido de que, además, hay una especulación absolutamente condenable, que esconde pequeños y mezquinos intereses partidarios.
Desde lo ideológico, no me cabe ninguna duda de que nosotros hace rato que optamos por un Estado que pueda intervenir en el manejo de la moneda y romper con las asimetrías que generan las fuerzas económicas. Hay otros que, obviamente, abrazan el modelo del librecambio: creen en el Estado gendarme, en el Estado ausente. Creen en el Estado que, efectivamente, es un mero articulador de gestiones. Nosotros creemos en un Estado presente, en un Estado articulador. Ideológicamente no tenemos fisuras, por lo menos, los del bloque oficialista. Entre Mariano Moreno y los pandilleros del Barranco, históricamente estuvimos con Mariano Moreno. No estuvimos con los pandilleros del Barranco —que hoy vuelven a aparecer vestidos de institucionalidad—, cuyo único fin era perseguir las comisiones de los negocios de la exportación.
Nosotros queremos la Argentina federal, que quede claro. Creemos en la Argentina del productor de soja, de cerezas, de maíz y de arroz. Pero —como dijo el señor senador Ríos hoy a la mañana—, “la mesa está tendida”. Está servida para hablar de una política agropecuaria que todo el mundo declamó, pero que está ausente hace más de cincuenta años en la República Argentina.
En este Parlamento, hemos votado más de quince leyes en procura de ayudar al sector agropecuario, y estamos dispuestos a hacer esto último. En este momento, estamos discutiendo sobre la soja y el girasol, pero nosotros somos defensores del productor; del que trabaja la tierra. No estuvimos nunca, jamás, con el latifundista ni con el terrateniente, porque ellos —y nadie lo dice— están esquilmando al productor.
El 70 por ciento del campo argentino está arrendado, está alquilado —algunos se hacen los distraídos, pero esto es así—, y el costo del arrendamiento significa para algunos segmentos casi el 60 por ciento de la rentabilidad. Esto implica que el pobre chacarero del que estamos hablando, el pequeño productor por el que nos rasgamos las vestiduras, de cada 100 pesos debe dejar 60 al propietario. Esto es renta parasitaria. A ese pequeño productor que decimos defender lo estamos obligando, con 40 pesos, a comprar semillas, a fertilizar, a pagar salarios e impuestos.
¡Mentira! Lo estamos obligando a negrear. Lo estamos obligando a no fertilizar. Usemos el informe del INTA. No nos hagamos los distraídos. El INTA dijo que el 90 por ciento de la producción de soja no es autosustentable. Entonces, están destruyendo el suelo.Y yo me acuerdo —porque la historia sirve para leer, pero también para aprender— lo que pasó con La Forestal. Aquí había sectores que la defendían. Hoy hay sectores que la siguen defendiendo, a pesar de que el ejemplo que brindé del pueblo La Gallareta, concretamente en el Chaco santafesino, es real. Era un pueblo vestido de fiesta, un pueblo modelo, con todos los servicios públicos; pero hoy es un páramo donde sólo hay arena. En consecuencia, si no ponemos el ojo donde hay que ponerlo, estaremos de la mano de este debate, constitucional y metodológico, dinamitando el futuro de la República Argentina.
Por otra parte, quiero decir que efectivamente, desde lo ideológico, no puedo condenar el voto de Pinedo, porque él es genéticamente eso. No estamos con ese Pinedo ni tampoco con Federico Pinedo —su abuelo—, que creó el Banco Central y generó la norma que privatizó la legislación de esa institución, luego derogada por Perón.
Quiero recordar esto, ya que nombramos mucho a Perón. Del mismo modo, tampoco estamos con el Pinedo que en este mismo recinto, como ministro de Justo, vino a decir lo que algunos también hoy, quizás, repetirían más allá de que los tiempos han cambiado: que, efectivamente, nosotros somos pequeños satélites en la órbita de las grandes naciones mundiales. Definitivamente no estamos con ese Pinedo ni estamos con este Pinedo.
Sin embargo, eso no me libera de no comprender algunas actitudes. Cuando analizo los votos de la Cámara de Diputados, a Pinedo lo tengo como referencia, y lo que no puedo entender es cómo, con Pinedo, votaron y votan sectores que hablan de la redistribución de la
renta, de la redistribución de la riqueza, y del pobre. Además, está la circunstancia de que lo hacen sectores que apoyaron las retenciones del ex presidente Duhalde. Entonces, ¿sabe por qué no entiendo, señor presidente? Porque el ex presidente Duhalde sabía qué pasaba en la República Argentina cuando él gobernaba con debilidad institucional.
Y me hago eco en este aspecto de la historia que parcialmente recordó el señor senador Adolfo Rodríguez Saá, de esa historia en la que, en honor a la verdad, los santacruceños fuimos solidarios en muchas votaciones. De hecho, cuando pasó lo que pasó, estuvimos del lado de la institucionalidad, mientras que otros, no. Pero quiero que reflexionemos concretamente sobre el hecho de que este es un tema muy cargado de historia.
El ex presidente Duhalde, cuando detectó efectivamente lo que significaba la legislación vergonzosa que permitía que el sector agropecuario de la República Argentina tuviera un privilegio respecto del momento en que se cancelaban las retenciones —cancelaban sus impuestos porque lo hacía al valor de compra del productor y no al de declaración—, emitió el decreto 618 de 2002, y lo hizo como decreto de necesidad y urgencia.
En sus fundamentos, decía el entonces presidente de todos los argentinos que esta situación determinaba la forma excepcional que tenía el sector en la República Argentina que se constituía en la manifestación de una inequitativa carga tributaria. Resulta conveniente efectuar y equiparar a este sector con el resto de los sectores de la exportación argentina, porque es imperdonable que, en los momentos que vive la República Argentina, este sector —el exportador agricultor de la República Argentina— tenga este privilegio.
Duhalde corrigió y puso en paridad al sector agroexportador con el resto de las exportaciones de la República Argentina, y lo hizo por vía de un decreto de necesidad y urgencia el 16 de abril. Se publicó en el Boletín Oficial el 17 abril. ¿Saben cuánto duró?
Cuarenta y ocho horas. El 19 de abril, dos días después de su publicación, como consecuencia de la fuerte presión del sector y frente a la debilidad institucional que sufría ese gobierno —que había dejado en la puerta a un gobernador de la liga federal y con ruidosasmanifestaciones de la sociedad—, tuvo que derogarlo porque, en definitiva, le pareció que era más conveniente no enfrentarse con este sector por no tener la fortaleza institucional para hacerlo en ese momento. Entonces, me parece muy importante que nosotros pongamos las cosas en claro. No estamos hablando de cosas menores. Mire el caso del reloj del galés. Indudablemente, había un campesino que no es éste. Si aquél al que decimos defender tiene que subsistir con un tercio, acá hay una renta parasitaria que estamos ocultando.
Cuando el amigo Urquía me habla de los grandes, chicos y medianos que explotan sus tierras, está haciendo referencia al 30 por ciento. No hay “asociativismo” posible si no tenemos una ley de arrendamiento y terminamos concretamente con la especulación dañina que estamos permitiendo que tengan sectores de la economía concentrada, a espaldas de una discusión técnica
¿Saben por qué discutimos muy fuerte y por qué hay tanta cosa dando vueltas? Porque estamos hablando 2.200 millones de dólares.Estamos hablando de plata, de intereses Si nosotros consolidamos esta retención, hay sectores que tienen que poner esa plata, e indudablemente no quieren hacerlo.
Puedo imaginarme una resolución que pretenda consensuar, pero tengo que seguir cediendo; y tengo que hacerlo ante sectores con los que resulta cómodo ser solidario. Acá hay gente que habló de desnutrición, de mortalidad infantil, de pobreza y de desocupados. Es más difícil ser solidario con ellos, porque son los invisibles del modelo; pero es más justo, más lógico y más racional ser solidario con los que efectivamente necesitan que nosotros tengamos solidaridad.
Nosotros no estamos negando la discusión de un proyecto agricultor. Lo que no queremos es hacerlo de la mano de la presión y de la improvisación.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, don Juan Carlos Romero.

Sr. Fernández. — Cuando vino el secretario de Agricultura, pidió que hiciéramos aportes, y, en el cierre de las reuniones de comisión, solicité que se armara una mesa de aportes. Ahora bien; lo que estuvo ausente en la República Argentina desde hace más de 50 años no se lo pueden demandar a este gobierno en 48 horas y de la mano del apriete.
No nos hagamos los distraídos. En esta República Argentina, cuando se tocó la Resolución, tenía que ver con desacoples de precios. Después, a lo largo del debate, se fueron haciendo correcciones, se segmentaron los productores…

Sr. Presidente (Romero). — Señor senador, me indican que se ha cumplido su tiempo.

Sr. Fernández. — Voy redondeando.

Sr. Presidente (Romero). — Por favor.

Sr. Fernández. — Le pido la misma tolerancia que ha tenido con otros, señor presidente.

Sr. Presidente (Romero). — Ya se la ha tenido, señor senador, porque ha hablado quince minutos, que era el máximo de que disponía.

Sr. Fernández. — ¿La idea cuál es? Que pongamos blanco sobre negro. Acá no estamos discutiendo la constitucionalidad de una medida o no. No estamos discutiendo si esta medida va a defender al pequeño productor, porque no es cierto. No vamos a poder avanzar a favor del pequeño productor con este esquema, sin la ley de arrendamiento y sin corregir nosotros los desvíos que tenemos en algunos exportadores, que por una interpretación tramposa han evadido impuestos, situación que vamos a tratar en forma conjunta, para erradicarla de las sombras de la duda.
Debemos tener claro el sentido de que, con el gobierno anterior y con el actual, hemos construido, juntos, un montón de cosas. Parece que algunos ignoraban que teníamos un 30 por ciento de desocupados, un cepo en la jubilación, una deuda externa, que hemos ahorrado 70 mil millones de dólares. ¿Dónde creen que están los tenedores de esos títulos sino es merodeando alrededor de nosotros, a ver si efectivamente hay institucionalidad o no?
Cuando hablo de solidaridad, me refiero a que si no hay retenciones, entonces, que no haya para nadie. Porque no puede ser que la coparticipación de la provincia de Santa Cruz, que los salarios en la provincia de Santa Cruz y que las inversiones en la provincia de Santa Cruz tengan como límite la retención del petróleo. ¿Saben por qué no se discute la retención del petróleo? El senador Romero lo sabe perfectamente. No se discute porque está en el bolsillo de 40 millones de habitantes. Por eso es más difícil discutirlo, porque lo que se subsidia de nafta, gasoil y gas, la tarifa plana, está en el bolsillo de 40 millones de habitantes.
Esta retención es distinta, porque no es visible lo que estamos haciendo con la retención.
Estamos discutiendo contra intereses poderosos; muy poderosos. No es verdad que no está en juego la institucionalidad. ¡Sí está en juego la institucionalidad! Hay sectores que la quieren correr. No me canso de identificar que hay
sectores que no están en este juego, pero que han perdido el eje. Hemos perdido el eje del debate. Nosotros estamos tornando a los pequeños y medianos productores en rehenes de una situación para la que no estamos legislando. Estamos legislando a favor de las altas rentas concentradas. Después nos tenemos que dar el trabajo de discutir todo eso. Pero esta es la herramienta ordenadora. No podemos perder de vista el montón de cosas que todavía tenemos por realizar. Pero miremos para atrás y hagámonos cargo. En las herramientas, podemos tener diferencias…

Sr. Presidente (Romero). — Señor senador, le recuerdo que respete…

Sr. Fernández. — Gracias. Después voy a insertar mi exposición.

Sr. Presidente (Romero). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Morales. — Señor presidente: como miembro informant,e tengo media hora para hacer uso de la palabra, pero le pido que sólo registre cinco minutos, porque vamos a ser muy breves.

Sr. Presidente (Romero). — Agradecido el Cuerpo.

Sr. Morales. — Quedamos cuatro oradores. Le pido que vaya convocando a los senadores para que vengan a votar. Sería bueno que se acerque también el vicepresidente de la Nación, porque seguramente lo vamos a necesitar.

— Se llama para votar.

Sr. Morales. — Sólo quiero señalar que claramente ha quedado establecido que no estamos debatiendo sobre retenciones sí, retenciones no, sino que lo estamos haciendo sobre un problema que surge del dictado de la Resolución 125 y que tiene que ver con un exceso que ha cometido el Poder Ejecutivo. Y en el marco de ese exceso y del dictado de la Resolución 125, se ha generado un debate de muchas cuestiones que estaban pendientes.
Diríamos que la Resolución 125 tiene mil caras que se han puesto en debate sobre la mesa de los argentinos; cuestiones que teníamos pendientes de debatir, entre ellas, la cuestión federal, la cuestión de la distribución de la riqueza, la cuestión de la matriz de generación de la riqueza, la cuestión —desde nuestro punto de vista— del agotamiento de un modelo de poder que se ha venido sosteniendo en las leyes de los superpoderes, en la del Consejo de la Magistratura —para manejar el proceso de designación y de selección de los jueces— y en una actitud violenta y prepotente de parte del Poder Ejecutivo en el INDEC.
Acá se están construyendo teorías que no le hacen nada bien a la sociedad argentina. Acá se construye la teoría del golpe de Estado. Se está diciendo que hay comandos civiles y que hay grupos de tareas. Y mire, señor presidente, los únicos grupos de tareas que conozco son los que arma Guillermo Moreno y que están operando en el INDEC, no sólo para manipular los datos de la realidad, sino también para presionar a los trabajadores de ese organismo.
Hay que terminar con esta locura de la confrontación de argentinos contra argentinos, con los actos de confrontación. La plaza hoy está llena. Hay que parar con todo eso; y quien debe hacerlo es el gobierno nacional, porque lo que también ha puesto en debate todo este problema que lleva más de ciento veinticinco días es la cuestión de la responsabilidad. No podemos atribuirle la misma responsabilidad a un sector de la sociedad que ha hecho un reclamo legítimo que al gobierno, que tiene que tener el tino y el sentido común de ponerse por encima de todos los argentinos.
Este gobierno nacional tiene que comprender que es el gobierno de todos los argentinos y no de una facción; y esto es lo que está en debate. Por eso es que a todas las cosas que se han dicho: “Los piquetes de la abundancia”, “Ya hemos tomado la plaza”,“La plaza es nuestra”, quiero contestarles que se queden con la Plaza de los Dos Congresos, porque lo que el pueblo quiere es que le devuelvan la República y el Congreso como ámbito de la representación de todos los argentinos. Esto es lo que va a empezar a funcionar, seguramente, porque hay un antes y un después de la Resolución 125. Nada será igual.
Y esto que ha generado el campo, este hito refundacional que ha generado el campo, va a ser uno de los hechos históricos que van a marcar el comienzo de este siglo. Así como fue la ley Sáenz Peña, como fue la Revolución del Parque, como fue la Reforma Universitaria, como fueron el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen y el del general Perón, como fue la recuperación de la democracia con Raúl Alfonsín, como fue el juicio a las juntas militares y como fue el Grito de Alcorta. Este hecho que ha generado la rebelión del campo en el país marca un antes y un después. Reitero: nada será igual.
Por eso, para la presidenta, que le gusta hablar de letras de molde, todos los senadores que estamos presentes acá tenemos que pensar que nuestros hijos y nietos van a ver acabadamente en letra de molde qué es lo que hicimos en esta sesión; y más vale que sea con convicción y en representación de los legítimos intereses de los pueblos que nos eligieron.
Estas son las cuestiones que están planteadas. No voy a hablar de ninguno de los temas que ya se han abordado. Había algunas temáticas vinculadas con la constitucionalidad sobre las que quería profundizar, pero me parece que ya ha llegado el tiempo de que sometamos a votación el proyecto.
Me sumo a los planteos que se han hecho de parte de todos los legisladores de la oposición, que han sido contundentes y que muestran realmente que no sólo nos asiste la razón en que la sanción de la Cámara de Diputados no resuelve el problema, sino también en que la unilateralidad que ha elegido el gobierno no es el camino correcto y en que el trayecto que debe seguirse es el del acuerdo y el de la construcción de consensos.
Así que, dicho esto, cerramos acá nomás; y solicito que lo más pronto posible procedamos a votar.

Sr. Presidente (Romero). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Ríos. — Señor presidente: en realidad, con el discurso del senador Morales tengo una sola coincidencia, y es que el tiempo está bastante avanzado y, por ello, debemos tratar de ser breves.
Con el mayor de los respetos, le diría que no en afán del apuro adhiera a todo lo que se dijo desde la oposición, porque estoy absolutamente convencido de que hay muchas cosas que se dijeron desde la oposición con las cuales el señor senador Morales no coincide. Digo esto, por conocerlo y respetarlo; creo que hay cosas con las cuales él no coincide.
Yo no voy a entrar en una dialéctica de confrontación, porque, en realidad, hemos tratado de llevar esto con fundamentos y con convicciones, por ahí con las que tal vez él quiso poner en duda. Nosotros estamos haciendo esto por convicción y, también, en defensa de los intereses de las provincias a las cuales cada uno representamos, tratando, además ,de exponer argumentos que, por ahí, han estado fuera del tablero y de las consideraciones efectuadas en este análisis rápido, en algunos casos ligero y con mentiras, que se dijeron durante estos tres meses.
Solamente voy a plantear tres cuestiones sobre las cuales voy a insistir. A esta altura, dado lo avanzado de la hora y lo largo que resultó este debate, sólo tiene sentido insistir en tres cuestiones que son hasta casi técnicas.
Que quede presente que podemos discrepar en un montón de cosas, pero no podemos disentir con que este gobierno tiene una política monetaria responsable. Aquel que crea que va a poder volcar al mercado millones o miles de millones de dólares sin que eso tenga costos sobre la política monetaria, está equivocado. Ya lo dijo el senador Viana —y no creo que alguien le haya prestado atención—: parte del superávit fiscal y de la emisión monetaria son para rescatar los dólares de los sectores exportadores, entre ellos, el agroexportador.
Si el gobierno no rescatase esos dólares, si no los metiese como reservas y pretendiéramos generarle velocidad al ingreso de dólares al país, llegaríamos a un tipo de cambio de dos a uno en poco tiempo. Entonces, resultaría que el campo va a perder competitividad y llegaríamos a un estadio de situación mucho peor del que hoy estamos discutiendo. Esta es una cuestión también de responsabilidad en la política monetaria.
Además, si todos dijimos —y traté de recalcarlo— que le dábamos seriedad a los datos que el INTA presentó, voy a insistir con lo mismo: la soja sí induce a la inflación sobre el resto de los productos. Porque fue el INTA y el Plan Social Agropecuario los que hablaron no de la “sojización” por el producto en sí sino de la “sojización” de la economía agropecuaria.
Creo que fue el senador Mayans quien señaló que Perón decía que el patrón de respaldo debería ser una hora de trabajo. Y lo que está ocurriendo en el campo es que se está tomando como patrón monetario al quintal de soja; y esto invade y corre a cualquier otra producción.
En realidad, todas las expresiones que se escucharon aquí respecto de cómo se redistribuye la riqueza son un montón de soluciones hermosas, pero a todas esas soluciones hay que financiarlas. Todas tienen un costo en términos del presupuesto.
Sinceramente les digo que vamos a tener que encontrarle la vuelta a la política agropecuaria, porque con el nivel de precios que tiene la soja en el mercado internacional, no alcanza el presupuesto para que podamos lograr la misma rentabilidad para la actividad lechera y la ganadería vacuna. No hay posibilidades; tenemos que encontrarle una fórmula distinta. Es mentira que desde la política de subsidios podemos llegar a esto. No podemos llegar. Por lo tanto, tenemos que seguir pensando en la “sojización” en términos económicos, no en términos de la cantidad de hectáreas que ocupa. No voy a hacer un análisis distinto de esta situación.
Quería dejar marcados estos dos conceptos, porque, en realidad, son cuestiones técnicas que por ahí uno deja al costado y, después, resulta que le complican la vida no a unos pocos, sino a todo el mundo. Dicho esto y cumpliendo con lo que habíamos hablado con el senador Morales, doy por terminada mi exposición.

Sr. Presidente (Romero). — Tiene la palabra el señor senador Sanz.

Sr. Sanz. — Señor presidente: si me está viendo el vicepresidente de la Nación, dado que estamos terminando, me gustaría que presidiera esta sesión en honor a los senadores que ya llevamos más de quince o dieciséis horas debatiendo —no llevo bien la cuenta— y hemos tenido que modificar nuestro plan original para poder desarrollar nuestros discursos.
Asimismo, se lo solicito en homenaje a los muchos argentinos que, a través de la televisión —aunque no sé cuántos quedarán—, están siguiendo con nosotros una noche que es histórica.
Reitero que es en homenaje a los senadores y senadoras que en un número importante, que me animo a decir que constituyen la mitad de los componentes de esta Cámara, están dispuestos a sostener sus proyectos, sus dictámenes y sus ideas, en una circunstancia que yo no dudo en calificar como una verdadera bisagra en la vida institucional de los argentinos.
Yo tenía muchas cosas para decir esta noche, así como también las tenía el señor senador Gerardo Morales. Juntos íbamos a cerrar el debate tratando de fijar muchas de las posiciones, quizás reiterando las que ya se habían planteado durante el transcurso de esta jornada. Pero nos estamos quedando con las ganas de poder discutir a fondo las cuestiones de constitucionalidad que el señor senador por el Chubut, con la solvencia técnica e intelectual que lo caracteriza, planteó en este debate.
También teníamos para señalar muchas cuestiones vinculadas con lo que pude rescatar de alguno de los discursos; y menciono a título de ejemplo el del señor senador por el Neuquén Marcelo Fuentes, que planteó cuestiones ideológicas de debate muy profundas en la Argentina de hoy y que exceden el marco de las retenciones.
A nadie escapa que el tema técnico de las retenciones quedó en el camino de la discusión, quizás en los primeros días después de aquel 11 de marzo de dictada la Resolución 125, ya que después, el debate fue incorporando muchas cuestiones que, precisamente, no se consideran con la habitualidad que una República democrática merece o amerita. Así, en estos cuatro meses, esta cuestión de las retenciones nos fue obligando a incorporar muchos aspectos que creo que nos hacen mucho bien, más allá de las cuestiones que podamos poner en el debe, después de este tiempo.
Creo que es muy importante debatir las cosas que aquí se han discutido. Vuelvo a reclamar, con humildad, la presencia del señor vicepresidente de la Nación para presidir esta sesión. Tengo algunas cosas que en nombre de la oposición me gustaría decirle personalmente al señor vicepresidente de la Nación, atento a la enorme responsabilidad que entiendo puede llegar a tener en los próximos minutos, aquí, en el recinto de la Cámara de Senadores de la República Argentina.
Entre las cosas que este debate ha puesto en valor, más allá de la cuestión técnica de las retenciones, está la de la discusión sobre el poder en la Argentina. En efecto, el debate sobre las retenciones no es más que la discusión sobre el poder en la República Argentina.
Como ejercicio intelectual, creo que sería muy bueno poder volver a la versión taquigráfica de aquella discusión de junio de 2006, que debe haber sido una de las últimas que en este Senado nos mantuvo en vilo, por lo menos a nosotros, ya que en aquel momento no existía de parte del conjunto de la sociedad el interés que hay hoy. Digo que es un ejercicio interesante ir a esa versión taquigráfica, porque all