La decisión de la Legislatura provincial de suspender a Angel Maza se basa en el artículo 109 de la Constitución provincial, que establece que cuando la Sala Acusadora acepta la acusación, “el acusado quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones sin goce de sueldo”.

La Constitución riojana, en los artículos comprendidos entre el 105 al 113, se refiere a los funcionarios alcanzados por el juicio político y cómo se conformarán las salas Acusadora y de Sentencia. Además, la ley provincial 5048 es la encargada de las normas de funcionamiento de cómo se procede a una destitución.

A partir de ahora, de acuerdo al artículo 11 de la ley 5048 “el presidente de la Sala Acusadora efectuará la pertinente comunicación a la Sala de Sentencia” para “pronunciarse en definitiva en el término de treinta días”, que -según se desprende del artículo 43- son “hábiles”.

Vencido este plazo sin dictar el fallo condenatorio, el acusado “volverá al ejercicio de sus funciones”.

El tiempo de comunicaciones y período de pruebas podrá llevar no más de 10 días, dentro de los cuales, Angel Maza puede responder por escrito o en forma oral.

Una vez que el titular de la Sala Acusadora comunica a su par de Sentencia, este último tiene cinco días a fin de “constituirse en el Tribunal de Sentencia” en tanto que tendrá otros cinco días para sesionar y estará dispuesta a recibir u oír la acusación.

El juicio será oral y público y “se garantizará la defensa y el descargo del acusado”, dice el artículo 19 de la ley 5048.

Para destituir a Maza, la Sala de Sentencia necesita los dos tercios de los presentes conforme al artículo 113 de la Constitución provincial. El resto será una formalidad: el nombramiento de una comisión de tres miembros para la redacción del fallo.