La emergencia vial que rige en la provincia de Buenos Aires y el texto que ingresó por el Senado, que pretende ser el sustento legal de las puestas en escena mediáticas de funcionarios, es puesto bajo la lupa legislativa y el final aún es incierto.

A comienzos de este año, el gobernador Felipe Solá decretó, con fuerte repercusión mediática, la emergencia vial en todo el territorio provincial, dando carácter de emergencia a un problema que “en realidad es muy viejo, y en cambio sí requiere soluciones urgentes”. El decreto Nº 40/2007 de Necesidad y Urgencia, publicado en el Boletín Oficial el pasado 30 de enero, agrega “un parche más a la ley de Tránsito Provincial 11.430, que nunca fue cumplida, implementada ni respetada correctamente y que fue derogada”, deslizaron desde el bloque de diputados del ARI.

“El punto más cuestionable es que el decreto en cuestión no tiene asidero jurídico en la provincia de Buenos Aires, ya que el Estado provincial no contempla la figura de Decretos de Necesidad y Urgencia que puedan derogar leyes, como sí ocurre a nivel nacional”, detalló el diputado Mario Fabris.

Por otra parte, para los legisladores del ARI este decreto no incluye “cambios sustantivos en la ‘vieja’ ley, sino que ordena algunos de sus preceptos y vuelve a implantar recursos ya contemplados, como los controles de alcoholemia y el uso de radares en las rutas”. Pero en rigor, sostienen que, “no introduce cambios en los límites de velocidad máxima, no introduce cambios en los valores mínimos de alcoholemia y no introduce cambios en las penalidades por infracciones de tránsito”.

De esta forma, a pesar de habérsele dado “carácter de emergencia, no se tomaron medidas urgentes, sino que se llevaron a cabo operativos en las principales rutas por la temporada estival, de los que no se conocen aún cifras oficiales ni evaluaciones pese a que el bloque del ARI las solicitó oficialmente”, puntualizó Fabris y agregó, a modo de síntesis, que “se pretende crear un organismo, pero hasta tanto el mismo no se formalice deja en las mismas manos municipales la aplicación de las normas; es decir, cambiar todo para no cambiar nada”.

Un mal social

El tránsito es un espejo de las conductas sociales en otros ámbitos y actividades. “En los últimos años se produjo un cambio de valores fuertes, como solidaridad y respeto, que fueron reemplazados por el de rapidez, el ‘yo primero’, la falta de respeto por el otro”, dijo el diputado del ARI, por lo cual considera fundamental “generar más instancias de educación vial, prevención y capacitación, tanto a nivel social como específicas para quienes realizan los controles de los operativos”.

Números que gritan

En 2006 las víctimas fatales por accidentes de tránsito, según estadísticas de la Asociación Civil “Luchemos por la Vida” en base a cifras oficiales, ascendieron a 7.600 en todo el país. Esto expresa un promedio diario de 21 muertos y 629 cada mes. La provincia de Buenos Aires representa la cifra más alta comparada con el resto, contando más de 3.050 muertos el año pasado.

Por otra parte, en 2005 se labraron unas 217.500 infracciones, cifra superada por las 300 mil durante el año pasado. Para el diputado de Tigre resulta “difícil creer que leyes sin sostén técnico, sin planificación vial y urbana, y sin controles eficaces, puedan generar cambios positivos y a largo plazo en el tránsito de la provincia”. Considera “imprescindible, urgente, realizar un mapa de la siniestralidad Vial de la Provincia, identificando los puntos donde hay más accidentes y determinando las causas de los mismos”.

Empresas concesionarias

Sobre la responsabilidad de las empresas concesionarias, el diputado Mario Fabris expresó que “hay que destacar claramente la responsabilidad de la siniestralidad en las rutas, en territorio provincial, que tienen las empresas concesionarias, que deberían, y no lo hacen en su mayoría, implementar las acciones pertinentes en caso de alta niebla, o de escasa visibilidad, para evitar siniestros, ya que las obligaciones de las empresas concesionadas no se terminan en el sólo cobro de la tarifa de peaje, sino que se deben contraponer servicios que en la mayoría de los casos no se prestan, muchos de ellos relacionados a la seguridad”.