Previsiblemente, el ministro de Educación Daniel Filmus no deberá concurrir a la Cámara baja a brindar un informe sobre la situación de la Educación a nivel nacional, como lo prentendía un proyecto del radicalismo, que tenía despacho de la Comisión de Educación.

Los diputados oficialistas no apoyaron la iniciativa de la UCR y que contaba con el beneplácito de los bloques opositores

La votación resultó: 99 votos del oficialismo contra 80 de la oposición, que quería llevar al ministro al recinto. Ergo, eso no sucederá.

En tal sentido, los diputados opositores reclamaron por la actitud tomada por los legisladores del Frente para la Victoria y sus aliados. El titular de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, y su aliado José María Díaz Bancalari fueron quienes rechazaron la iniciativa.

En un discurso enérgico, el diputado Eduardo Macaluse expresó que “los gobernadores no son un títere de la Nación, que deben venir a pedir recursos de rodillas a la Casa Rosada”. Y agregó: “la distribución es injusta con los trabajadores y los más pobres, pero acá hay mucha hipocresía porque lo que debemos hacer no se hace: debemos modificar la coparticipación”.

Con respecto a la situación de la Educación en todo el territorio, Macaluse disparó que “la nueva ley era la panacea y ahora no sirve de nada, ya que nueve provincias no han comenzado las clases”.

Por otra parte, también pidieron la interpelación del ministro del Interior Aníbal Fernández por los hechos de agresión en las marchas sociales en todo el territorio nacional.

El radical Hugo Storero responsabilizó a Daniel Filmus por haber “anunciado sin consulta a las provincias un aumento salarial sabiendo que muchas de ellas no podían pagar”. Paralelamente también pidió introducir cambios a la ley de Financiamiento Educativo, de modo tal de invertir los porcentajes previstos. Así las cosas, el Estado Nacional debería contribuir con el 60% del gasto, mientras que las provincias se ocuparían del 40%.

Durante el debate se escucharon duras críticas, como la de Miguel Bonasso, quien acusó al gobernador Sobisch y habló de “crimen de Estado”.

Desde la CTA, Claudio Lozano resaltó la magnitud del paro de repudio del último lunes, y advirtió que “nuestro límite es la vida y por eso paramos frente al asesinato de Fuentealba”.

Mientras Hermes Binner pidió “juicio y castigo a los culpables del crimen”, Macaluse advertía que “hay una represión cuando hay cámaras de televisión y otra cuando no la hay, como en Santa Cruz, donde se quemaron autos de los docentes en conflicto”.

Lo que todos esperaban era la palabra de los miembros del MPN, y la defensa corrió por cuenta de Alicia Comelli, quien admitió que la muerte del profesor Fuentealba “fue un asesinato”, razón por la cual el pueblo de su provincia “está agobiado”. Empero, no se pronunció sobre ell grado de responsabilidad que le cabe al gobernador de su provincia, jefe de su partido, y reclamó en cambio “desterrar la intolerancia” y “construir un ámbito para volver al diálogo”.