El diputado nacional Eduardo Di Pollina (Partido Socialista-Santa Fe) impulsa reestablecer derechos de los productores rurales que fueron derogados por la última dictadura militar.

Para ello, el vicepresidente del bloque socialista en la Cámara baja presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 27 de la ley 13.246 de Arrendamientos y Aparcerías Rurales, con el fin de que “ante la muerte, incapacidad o imposibilidad física del aparcero (pequeños productores agropecuarios), sus herederos, descendientes, ascendientes, cónyuges o colaterales hasta el segundo grado, que hayan participado directamente en la explotación, puedan continuar el contrato de aparcería”.

La propuesta contempla también la suspensión de “todo trámite de desalojo, que se funde en la muerte del aparcero, en cualquier instancia. En ese caso, el tribunal interviniente convocará a una audiencia de conciliación entre el dador y los miembros de la familia del aparcero fallecido enumerados en el artículo 27 de la Ley 13246, con el objeto de acordar la continuación del contrato entre el dador y los herederos del aparcero fallecido, que hayan participado directamente en la explotación”.

Destacó el diputado socialista que “en 1948, entre la gran cantidad de disposiciones de progreso social que estableció el gobierno constitucional de entonces, sancionó la Ley 13.246, de Arrendamiento y Aparcería Rural. Sin embargo, como sucedió con los derechos sociales de las mayorías populares, cada una de las dictaduras militares que se instauraron en el siglo veinte se encargó de menoscabarlos”.

“Ese fue el caso –precisó Di Pollina– de quienes como aparceros trabajan la tierra de nuestra Pampa Húmeda. La última y más sangrienta de las dictaduras modificó el texto del art. 27 de la Ley 13.246, que contemplaba “la facultad de continuar la explotación por sus descendientes, frente a la muerte del aparcero titular y abrigaba en los abuelos la esperanza de un futuro mejor para sus hijos y sus nietos, que quieren seguir siendo productores, como sus sacrificados ascendientes.

En ese sentido, hoy hacen sentir su voz “los colonos de Bigand”, en el sur santafesino, quienes luchan para poder continuar con la explotación, como aparceros, condición heredada de sus abuelos y padres.

Si bien esa pelea hoy se da en los Tribunales, y cuenta con el apoyo de la Federación Agraria Argentina y del Movimiento de Mujeres en Lucha, enfatizó Di Pollina que “es imprescindible que la democracia, a través de su Parlamento, les devuelva lo que la dictadura les arrebató a los descendientes de los luchadores del Grito de Alcorta (la ley 13.246 fue un corolario de esa gesta), y reinstalemos la potestad de continuar con el contrato por quienes son herederos de los titulares, a su fallecimiento”.