En relación a las denuncias que de un largo tiempo a esta parte viene realizando la jueza integrante del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario, Laura Inés Cosidoy, relacionadas al tráfico de estupefacientes en esa ciudad, como así también aquellas que involucran también a la localidad de Colina Lola, en la provincia de Córdoba, y que tomaron estado público a través de los medios de comunicación, el senador Carlos Rossi, presentó un pedio de informes al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los ministerios del Interior y de Justicia y Derechos Humanos informe sobre las acciones que se han llevado a cabo sobre el particular.

La iniciativa requiere saber qué operativos se llevaron a cabo por las fuerzas federales de seguridad; qué acciones desarrolló la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) para neutralizar el tráfico de estupefacientes; y si se investiga el posible encubrimiento de la policía de la provincia de Santa Fe, en relación a los delitos vinculados al narcotráfico denunciados por distintos magistrados federales.

Concretamente, la jueza Cosidoy reveló en un medio radial de Córdoba que la policía santafesina encubre el tráfico de drogas, a la vez que identificó a dos bares del macrocentro de Rosario donde -según la magistrada- se comercializa droga con la protección de los policías de Drogas Peligrosas de la provincia. Razón por la cual, dijo, siente temor a que este tema esté perdiendo interés, y cuando despertemos seamos una ciudad como San Pablo.

Tales fueron sus declaraciones, a las que Rossi adhirió y lo llevaron a elaborar el proyecto de referencia.

En el texto del pedido de informes del legislador cordobés se deja sentado que un débil o ineficiente sistema judicial; la corrupción de alto nivel y en claro aumento, más la falta de cooperación en la lucha contra las drogas favorecen, sin duda, el crecimiento del narcotráfico. A ello debe sumársele -continúa diciendo- la enorme tentación que genera el dinero que se obtiene de las drogas, las ventas ilegales de armas y la trata de personas, amenazas todas, que no respetan límites geográficos ni morales.

Así las cosas, la justicia debe perseguir a los narcotraficantes y a sus cómplices, como así también el Estado debe prevenir la drogodependencia y ayudar a los adictos a superar su enfermedad, ya que el consumo de estupefacientes contribuye a fomentar uno de los más graves problemas de los países de Latinoamérica, como lo es la violencia social y doméstica, la marginalidad, y muchas veces es el detonante de delitos perpetrados en sus expresiones más violentas.