En una conferencia de prensa realizada en La Plata, el bloque de diputados del ARI de la provincia de Buenos Aires presentó en sociedad un nuevo proyecto de Ley de Educación, criticó fuertemente a la propuesta oficialista, la falta de debate y de búsqueda de consensos, y se lamentó por la pérdida de una oportunidad histórica para solucionar la dramática situación del sistema educativo bonaerense.

Con la presencia del candidato a gobernador bonaerense por el ARI, Carlos Raimundi, los diputados Horacio Piemonte, Walter Martello, Mario Fabris y Sebastián Cinquerrui presentaron los ejes centrales del proyecto opositor y repasaron las diferencias sustanciales con la futura Ley Puiggrós, a la que calificaron de “electoralista, inconsulta y condenada al fracaso”.

El presidente de la bancada e integrante de la Comisión de Educación, Horacio Piemonte, advirtió que con el proyecto oficial “continuarán los altos índices de deserción escolar, los más de 40 alumnos por aula, las suspensiones de clases por problemas edilicios y falta de gas, y los secundarios seguirán funcionando en dos o tres edificios. Es decir, seguirá por otros tantos años el descalabro educativo provincial”.

Piemonte, autor del proyecto del ARI, destacó que “las diferencias entre las dos iniciativas son profundas y marcó que los ejes principales de las mismas tienen que ver con el financiamiento del sistema educativo, la falta de políticas sociales para asegurar a obligatoriedad, y la ausencia de límites de alumnos por grado”.

En cuanto al financiamiento, el proyecto del ARI señala que “las erogaciones incorporadas al Presupuesto General de la Provincia y destinadas al Sistema Educativo deberán ser no menores al 6% del Producto Bruto Geográfico y no podrán ser inferiores al 33% del Presupuesto provincial de Cálculos y Recursos de cada año”, monto que casi duplica el 3,5 por ciento que hoy se invierte en la provincia y que no aparece en el proyecto del Frente para la Victoria.

Asimismo, establece la taxativa “prohibición de privatización y municipalización del sistema educativo” y puntualiza que “el Ejecutivo deberá garantizar los siguientes niveles protectorios en las áreas: infraestructura, mobiliario escolar, recursos tecnológicos e informáticos, material didáctico, transporte, vestimenta y calzado, alimentación, salud y becas -entre otros-, permitiendo accionar contra el Estado si el Poder Ejecutivo provincial no cumple con dichas obligatoriedades”.

Por otro parte, el texto del proyecto impone como prioridades de política educativa: la implementación de acciones tendientes a la recuperación de la confianza de los integrantes de la comunidad educativa y la revalorización social de la tarea docente; la simplificación de los circuitos burocráticos en la administración; la reforma integral curricular y organizativa de la secundaria; la rejerarquización de la educación técnica y agropecuaria; la reducción de las tasas de analfabetismo.

Otro punto, reclamado hasta el hartazgo por los docentes y no contemplado por el proyecto del Ejecutivo, es la reducción del número de alumnos por grupo. En este aspecto, el ARI “establece máximos de 12 alumnos para el Primer Ciclo del Nivel Inicial y 15 para el Segundo; 20 alumnos para el Primer Ciclo del Nivel Primario y 25 para el Segundo, y un máximo de 25 alumnos para los dos ciclos del Nivel Secundario”.

Además, el proyecto arista instituye que el ciclo maternal “se irá ampliando progresivamente en un plazo de 5 años hasta lograr por lo menos una cobertura del 30% de la población infantil de 45 días a 2 años”, y que “el Consejo Escolar tendrá incumbencia en las siguientes áreas: de formas organizativas de participación democrática; de infraestructura edilicia y equipamiento; de sanidad escolar, acción social y comedores escolares; y de educación y cultura, con participación de la comunidad que garanticen transparencia en la gestión”.