“Sólo tiene olor a apriete y a negociación de último momento. Se equivocó: nosotros no negociamos estas cosas”, advirtió el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

Por su lado, el juez en lo Penal Económico Guillermo Tiscornia sostuvo que “hasta el día de la fecha no está acusada formalmente de absolutamente nada”, aunque admitió que “la eventual imputación” en su contra “podría remitir a una posible maniobra elusiva del control aduanero”.

El magistrado aclaró que no existe todavía un “estado de sospecha formal respecto de la doctora Garré” y dijo que le envió una cédula judicial para “permitir que la parte imputada controle la actividad del juez”.

“Esto hace a la elemental noción del derecho de defensa”, consideró el magistrado en declaraciones a Radio 10. De todos modos, calificó de “espectáculo fantochesco y denigrante” al impulso a un juicio político en su contra por parte del oficialismo.

Consideró que Garré “se puede quedar muy tranquila” y resaltó que la investigación está “en un estado mucho más primario y embrionario” que para llamar a indagatoria a los sospechosos.

Alberto Fernández sostuvo que el magistrado dio a conocer un dictamen contra Garré justo en el momento en que se iba a tratar el juicio político en el Consejo de la Magistratura.

“El juez Tiscornia hace tiempo que tiene pedido de juicio político y por el modo en que funcionaba el Consejo de la Magistratura demoró muchísimo en resolverse ese tema. Sabiendo que la Comisión de Acusación firmaba el dictamen, sacó este fallo sobre la ministra Garré”, señaló.

A su vez, la ministra de Defensa afirmó que el juez la quiere “tomar de rehén” para tratar de negociar el resultado del juicio político que se le impulsa. “Tengo mucho respeto por la Justicia cuando se trata de un juez digno, pero no cuando me quieren tomar de rehén”, enfatizó Garré, al apuntar contra Tiscornia.