Los senadores de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado Nacional –que preside la salteña Sonia Escudero (Salta-PJ)- comenzaron a tratar esta semana algunas iniciativas que procuran frenar la violencia en el fútbol.

En rigor son dos los proyectos en estudio: uno fue enviado por el Poder Ejecutivo el 15 de marzo del año pasado y propone crear el Consejo Federal de Seguridad en los Espectáculos Futbolísticos cuya finalidad será la de “planificar y coordinar las acciones inherentes a la seguridad en los espectáculos futbolísticos, comprometiendo el accionar conjunto de la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, según reza la iniciativa oficial.

El otro proyecto fue presentado por el senador chaqueño Jorge Capitanich también en 2006. La iniciativa recepta y centraliza toda la normativa y decretos vigentes para el funcionamiento de los sistemas de seguridad en espectáculos deportivos en todos los estadios del territorio argentino.

“La constitucionalidad de la iniciativa del senador Capitanich es discutible toda vez que aborda cuestiones de seguridad que es materia no delegada por las provincias al gobierno nacional”, explicó Escudero; mientras que “el proyecto del Ejecutivo parece más respetuoso de la Constitución Nacional”, observó.

“Este es un problema de todos los poderes del Estado y, en menor medida, del Legislativo; no obstante lo cual todo lo que se pueda hacer desde el Congreso en aras a la uniformidad de normas para mejorar la seguridad en los estadios -donde sea que estos se encuentren- debe ser abordado, respetando siempre las facultades provinciales garantizadas por la Carta Magna”.

Agregó que “la garantía de la seguridad de los ciudadanos es obligación esencial del Estado, y como tal no puede ser abandonada o suplida por las asociaciones privadas, más allá que éstas puedan y deban colaborar en el cumplimiento de las normas”.

El asesor legal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Mario Schmoisman, explicó que el organismo organiza “1500 partidos por fin de semana en forma directa o indirecta y que nuclea a 205 ligas en todo el país”. En cuanto a la seguridad de los encuentros, señaló que al margen de los Códigos Procesales vigentes en cada una de las provincias, “se trata que los clubes tengan las mismas obligaciones”.

Estuvo presente, también, el ex juez Mariano Bergés -que en 2004 sorprendió con su decisión de suspender el fútbol cuando se jugaba el torneo Apertura ante hechos de violencia registrados en la Bombonera. El ex magistrado advirtió que es necesario avanzar en la “unificación de la legislación con las provincias” y posibilitar una mayor intervención de la Inspección General de Justicia (IGJ) porque “falta control estatutario” en las asociaciones deportivas. No obstante, manifestó que “el problema no es legislativo, sino de los Poderes Ejecutivo y Judicial”.

Por otra parte, el ex juez recomendó que para evitar que los popularmente conocidos como “barras bravas” con causas pendientes en la Justicia continúen concurriendo a los estadios, se permita a los jueces la aplicación de la prohibición de su ingreso como medida preventiva. En este aspecto coincidió el secretario ejecutivo del COPROSEDE, Mario Gallina. “Algunos jueces creen que es una sentencia anticipada y no es así. Si hay que esperar cuatro años una sentencia no sirve” –aseguró.

El fiscal General Adjunto Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luis Cevasco, manifestó que de conformarse un Consejo Federal –como propone el proyecto oficial- sólo podría funcionar “como órgano de consulta pero no con facultades ejecutivas. Qué tipo de espectáculo deportivo se autoriza y dónde es de competencia local” –ratificó el funcionario. Por último advirtió acerca de la responsabilidad de los dirigentes en la legitimación de los barras bravas, a los que calificó de “mercenarios porque ni siquiera se puede hablar de verdaderos hinchas”.

También Marcelo Parrilli, abogado querellante en casos de violencia en el fútbol, se refirió en duros términos hacia los barras bravas que según el letrado “son financiados por dirigentes sindicales y políticos” y que constituyen “una fuerza de choque para todo tipo, relativamente barata”. Al igual que Bergés solicitó mayor intervención de la Inspección General de Justicia en el control de las fuentes de financiamiento de los clubes que “manejan presupuestos enormes”.

El director de Seguridad Deportiva del gobierno nacional, Juan Carlos Blanco, indicó que “la seguridad transita por los carriles normales excepto en el fútbol”, y habló de descoordinación entre la Policía Federal y la autoridades locales. Además, indicó que no hacen cumplir las leyes de contravenciones como debieran.