Impulsan ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley mediante el cual se establecen plazos concretos para la actualización de los datos que brindan las entidades prestadoras de servicios de información financiera, como lo es el VERAZ. En caso de incumplirse los plazos previstos, se podrá sancionar a la entidad con una multa de hasta $100.000.
Las prestadoras de servicios de información financiera, como el VERAZ, contienen en sus bases de datos información personal de carácter comercial, crediticio y de medios de pagos referidos al cumplimiento o extinción de las deudas comerciales de sus titulares, los cuales son brindados por los bancos, entre otras entidades.
Resulta común que se generen situaciones en donde la evaluación suministrada por la prestadora de informes crediticios no guarda relación con la situación actual de quien pretende acceder a un crédito. Ello se puede generar tanto porque el banco no informa oportunamente el pago de la deuda, o bien informada la misma, no se actualiza por parte de la empresa que realiza el informe financiero, manteniendo a la persona en condición de deudor, cuando en realidad no lo es.
Por este motivo, el diputado nacional Daniel Gallo propone que se modifique la ley de datos personales, mas comúnmente llamada como “ley de Habeas Data”, en lo que se respecta a la protección de información crediticia y financiera, estableciendo tiempos precisos dentro de los cuales debe ser llevada a cabo la actualización de los informes una vez que es saldada la deuda. En sus declaraciones el legislador manifestó que “resulta frecuente que personas que no tienen deudas, figuren en el Veraz como deudores, por no haber el banco informado del pago de la misma, o bien porque la que brinda los informes no actualizó los datos suministrados por el banco”.
El proyecto prevé que el banco deberá comunicar sobre el pago de la deuda dentro de los diez días hábiles a partir de que se realiza la misma, debiendo la entidad que brinda servicios de informes crediticios actualizarla en su base de datos dentro de los cinco días posteriores a la recepción de la misma. En el caso de incumplirse dichos plazos, se le aplicará una multa, que según el caso, puede llegar a ser de hasta $100.000.
“Una reforma como la propuesta resulta necesaria. No es posible que existan tantos casos en donde personas que saldaron una deuda hace varios años, al momento de querer obtener una tarjeta o un crédito se encuentren conque todavía figuran como deudores, debiendo en muchos casos ellos mismos solicitar que se los saque de dicha situación, resultando en ocasiones un trámite largo y complicado, lo que no debería de ser así”, puntualiza el legislador fueguino.
