El proyecto pasó ahora al Senado. Diputados no aprobó en cambio la tipificación en el Código Penal de la desaparición forzada de personas. Ambos temas eran un reclamo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La sesión pasó a cuarto intermedio.
Los diputados nacionales volvieron a trabajar y cumplieron con una deuda que establecía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre una reforma del Código de Justicia Militar para igualar a los efectivos con los civiles, por lo que se derogó el viejo Código y se hizo uno nuevo. Pero pasaron a cuarto intermedio y quedó la tipificación de desaparición forzada de persona para la próxima sesión.
Entre los cambios previstos, se eliminará la pena de muerte y dispondrán que todos los militares tengan las mismas garantías que los civiles.
El proyecto que deroga el Código de Justicia Militar de 1951, fue elaborado por una comisión de expertos convocados en 2006 por la ministra de Defensa, Nilda Garré.
La iniciativa establece además la eliminación del fuero castrense para el juzgamiento de delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas. Se trata de un proyecto que recibió dictamen de la comisión de Defensa meses atrás, luego de que los expertos que elaboraron la norma concurrieran a varias reuniones del cuerpo para explicar a los diputados los alcances del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.
Los ejes principales de la reforma son los siguientes:
– Obliga a la autoridad militar a preservar los elementos de prueba por delitos cometidos por uniformados.
– Limita las facultades de las Fuerzas Armadas para hacer cumplir órdenes a población civil en zonas de combate, dónde sólo podrán remitir al juez al infractor.
– Establece un régimen disciplinario autónomo para militares.
– Prohíbe la doble sanción disciplinaria por el mismo hecho.
– Sanciona el acoso sexual.
– Prevé como únicas sanciones el apercibimiento, el arresto y la destitución de las Fuerzas Armadas.
– Crea un procedimiento penal militar para situaciones de conflicto, cuando resulte imposible someter al personal castrense a la justicia federal.
– Garantiza la intervención de letrados como defensores fiscales, jueces de instrucción y secretarios de tribunal.
