El macrismo define en estos días una estrategia jurídica para que sean declarados inconstitucionales artículos de la ley Cafiero que restringen la autonomía porteña, y no descarta pedir una audiencia a Cristina Fernández de Kirchner, una vez que asuma el Ejecutivo nacional.

Los diputados nacionales Jorge Vanossi y Federico Pinedo confirmaron que está bajo análisis la idea de "impulsar acciones judiciales", en caso de que la Nación "no cumpla con los artículos constitucionales" que determinan el alcance y las características de la autonomía porteña.

Con todo, Vanossi, Pinedo y fuentes de PRO advirtieron que "todavía no es una decisión tomada" porque la "prioridad" del futuro gobierno comunal es "acordar con el gobierno nacional entrante" el traspaso de funciones a la Ciudad.

Por eso, el jefe comunal electo, Mauricio Macri, no descarta pedirle una audiencia a la presidenta electa, Fernández de Kirchner, una vez que ambos asuman sus nuevos cargos, dijeron voceros de PRO.

"La aspiración es acordar con el gobierno entrante y no tener que resolverlo vía judicial", coincidieron las fuentes consultadas.

Mientras tanto, Vanossi fue designado por Macri para que estudie las variantes jurídicas posibles para invalidar las restricciones -previstas en la Ley Cafiero- a la ciudad a contar con una mayor autonomía.

La Corte Suprema o un tribunal contencioso administrativo podrían ser los receptores del pedido macrista para un pronunciamiento sobre si son o no constitucionales las claúsulas de la ley Cafiero.

Según lo establece el artículo 322 del Código Procesal, PRO podría interponer una acción declarativa de certeza sobre la cuestión, o, en base al artículo 43 de la Constitución Nacional, plantear una acción de amparo.

Para el macrismo, la contradicción está dada por la "generosa autonomía" definida para la ciudad en el artículo 129 de la Constitución Nacional y los artículos de la ley Cafiero que limitan esa potestad de la comuna.

Además, PRO argumenta que el artículo 75 de la Carta Magna determina que el traspaso debe materializarse con la reasignación de recursos.

En ese caso, el macrismo podría pedirle a la Corte que "ordene" a la Nación ese traspaso de partidas, lo que quedó excluido de la modificación realizada por el Parlamento al artículo 7 de la Ley Cafiero, cuando se le dio luz verde a la ciudad para que cuente con policía propia.

La pretensión macrista es conseguir que la autonomía no se focalice sólo en la policía, sino que alcance también a la justicia, el transporte, la administración del puerto y de terrenos ferroviarios.