La entidad ambientalista celebró que la norma, apoyada por casi un millón y medio de argentinos, cuente con una moratoria a los desmontes hasta que cada provincia realice un ordenamiento territorial de sus bosques nativos.
“La sanción de esta norma es un primer paso muy importante para solucionar uno de los problemas ambientales más graves de nuestro país. El ordenamiento territorial que establece la ley es esencial para solucionar la emergencia forestal en la que nos encontramos”, declaró Juan Carlos Villalonga, director Político de Greenpeace.
La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos suspende la emisión de permisos de desmonte por un año para que cada provincia realice un ordenamiento territorial de sus bosques nativos. Cumplido ese tiempo, aquellas jurisdicciones que no hayan realizado el ordenamiento territorial no podrán autorizar desmontes ni aprovechamientos productivos en zonas boscosas.
Para realizar el ordenamiento territorial, la ley establece diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del bosque nativo, y señala como prioritario cuidar a los bosques que actualmente ocupan y utilizan comunidades indígenas y campesinas.
Además establece la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental y audiencias públicas antes de aprobar un desmonte.
La norma deberá ser tratada por la Cámara de Diputados ya que sufrió algunas modificaciones, como el fondo de compensación a las provincias que cuiden sus bosques.
“Esta es una victoria de la gente, ya que sin las más de un millón cuatrocientas mil firmas que se juntaron, y los miles de llamados que recibieron, los senadores no habrían aprobado la ley”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos fue presentada el año pasado en la Cámara de Diputados por el diputado Miguel Bonasso e impulsada por Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas y contó con el apoyo del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA) y la Asociación Forestal Argentina (AFOA).
A fines de 2006, se trató por primera vez en Diputados y en el mes de marzo de 2007, luego de una larga sesión, la Cámara Baja le otorgó la media sanción y la giró para su discusión a seis comisiones del Senado: Presupuesto y Hacienda, Legislación General, Justicia y Asuntos Penales, Industria y Comercio, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Agricultura, Ganadería y Pesca.
La fuerte presión ejercida por los representantes de las provincias del norte, que se oponen a distintos artículos de la Ley impidió que se discutiera en las comisiones y que llegara a ser tratada en el recinto. A esto se sumó el parate en el que estuvo en Congreso durante el tiempo que duró la campaña electoral.
Debido al retraso en el tratamiento de la ley, Greenpeace, junto a distintas organizaciones ambientalistas de todo el país, entre quienes se encuentran Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Fundación Vida Silvestre impulsó la campaña “Un millón de firmas por los bosques”, con el objeto de sumar las adhesiones de los ciudadanos para exigir a los senadores el tratamiento de la Ley. El número previsto inicialmente se vio ampliamente superado y casi un millón y medio de personas ya sumaron su respaldo.
A principios del mes de octubre las organizaciones entregaron en el Senado las planillas que contenían las firmas junto con un petitorio formal para exigir la aprobación de la Ley de Bosques.
La presión de la gente hizo que, una semana más tarde, el presidente del bloque oficialista de la Cámara alta, Miguel Ángel Pichetto junto con la secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, Romina Picolotti dieran una conferencia de prensa en la que el oficialismo se comprometió a tratar la Ley en la primera sesión posterior a las elecciones del 28 de octubre.
