La senadora salteña Sonia Escudero fue la encargada de presentar en el recinto la iniciativa aprobada en particular para preservar los bosques de los desmontes.

Al respecto, la legisladora destacó “el gran consenso alcanzado por los bloques políticos y el fuerte apoyo recibido por la iniciativa”, cuyos artículos se aprobaron con amplia mayoría, alcanzando en todos los casos los dos tercios de los votos de los senadores presentes.

Escudero también resaltó la importancia de “constituir un Fondo -que se espera se integre con unos mil millones de pesos- para compensar a las provincias y a los propietarios que conserven los bosques nativos existentes en sus territorios”. Dicho fondo, servirá, asimismo, “para que las provincias mejoren los controles de sus recursos forestales y para avanzar en la capacitación y la ayuda de pequeños productores y comunidades indígenas que realicen un aprovechamiento no sustentable de sus tierras”, agregó la senadora.

“La decisión política de proteger los bosques nativos no tendría ninguna eficacia sin la constitución del fondo para estimular y asegurar la protección de los mismos. Por tal motivo –explicó Escudero- se incorporó un artículo que establece que su constitución es parte esencial del proyecto, y que su alteración implicaría modificar la unidad de la iniciativa (en los términos que señala la Constitución Nacional en su artículo 80º). Se busca, así evitar la supresión de dicho fondo por medio del veto”.

Luego de duras negociaciones, se estableció que el Fondo Compensador estará integrado por: el 0,3 % del presupuesto nacional (unos 600 millones de pesos), más el dos por ciento de las exportaciones de productos agrícolas, ganaderos o forestales (otros 400 millones), y otros recursos como subsidios de Organismos Nacionales e Internacionales, donaciones, entre otros.

El Fondo será distribuido en forma anual entre las jurisdicciones que hayan elaborado y tengan aprobado por ley provincial su Ordenamiento de Bosques Nativos. Los montos se determinarán en forma conjunta entre Nación y provincias, teniendo en cuenta: el porcentaje de superficie de bosques nativos de cada jurisdicción, la relación existente en cada territorio provincial entre su superficie total y la de sus bosques nativos, y las categorías de conservación declaradas.

Por otra parte, las provincias tendrán como máximo un año para realizar el ordenamiento de los bosques nativos existentes en sus jurisdicciones, lapso durante el cual no podrán autorizar ningún tipo de desmonte.

No quedan alcanzados por esta ley, las pequeñas explotaciones agroganaderas que realicen pequeños productores o comunidades aborígenes en superficies menores a 10 hectáreas. En tal sentido, Escudero indicó que “no se le puede pedir a un pequeño productor que realice un estudio de impacto ambiental para poder realizar el aprovechamiento forestal de sus tierras”.

Es que a partir de su sanción, será obligatorio realizar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental como paso previo a toda autorización de desmonte.

Por último, la facultad de aplicar sanciones será –finalmente- de las provincias, salvo en aquellas jurisdicciones que no dispongan de un régimen vigente, que en tal caso deberán aplicar las sanciones previstas por la jurisdicción nacional. Estas últimas van desde el apercibimiento y multa (entre trescientos y diez mil sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional), hasta la suspensión o revocación de las autorizaciones de desmontes.