Previsiblemente, el obispado local ya salió al cruce de lo aprobado por los diputados de la provincia de La Pampa. Es que estos legisladores aprobaron un proyecto de ley que regula el procedimiento que deben cumplir los médicos del sector público para efectuar abortos cuando el embarazo pone en peligro la vida o salud de la mujer, o cuando es producto de una violación a una mujer “idiota o demente”.

Con esta norma, la provincia pampeana se convertiría en la primera jurisdicción del país en establecer por ley un protocolo para realizar las prácticas abortivas que están establecidas desde el año 1921 en el Código Penal Argentino.

Es que en la actualidad la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires tienen un protocolo similar, pero establecido en ambos casos mediante resoluciones ministeriales, mientras que la ciudad de Rosario lo ha puesto en marcha a través de una ordenanza.

Claro que para que esto suceda el gobernador Carlos Verna deberá promulgar la norma y no vetarla. Al respecto, vale destacar la fuerte presión de la Iglesia en la materia, al punto tal que decenas de militantes católicos presenciaron el debate legislativo y, una vez aprobado el proyecto, les gritaron “asesinos” a los diputados.

En ese marco, el obispo de Santa Rosa, monseñor Rinaldo Fidel Bredice, expresó su “total repudio” a la aprobación legislativa del proyecto, al que calificó como “un acto inhumano y contrario a la Ley Natural”, además de “claramente inconstitucional”.

Se trata de un proyecto presentado por la oposición y que tiene el apoyo del gobierno provincial, de médicos y organizaciones de mujeres, establece un protocolo que regula el procedimiento que deben realizar los médicos en los centros públicos de La Pampa en los casos de los “abortos no punibles”.

Según lo aprobado, estos casos, contemplados en los incisos 1 y 2 del artículo 86 del Código Penal de la Nación, son los embarazos que ponen en peligro la vida o salud de la mujer, o aquellas gestaciones producto de una violación a una mujer “idiota o demente”.

Autor del proyecto es el socialista Adrián Pepino, quien lo presentó el 7 de septiembre de 2006 y ahora fue aprobado con 18 votos de diputados del FRAP, ARI, Frente para la Victoria, PS, PJ y Corriente Peronista Federal, y con cinco votos en contra de legisladores del PJ.

La norma establece que en los casos de los abortos no punibles, los servicios de salud deberán garantizar la realización de un “diagnóstico y las intervenciones médicas necesarias para la interrupción de un embarazo sin riesgos” para la mujer.