En Tucumán, un diputado provincial quiere permitir que se siga el proceso judicial contra cualquier persona que cuente con el privilegio del resguardo.
El diputado tucumano Esteban Jerez presentó un proyecto para que sea adecuada la normativa provincial a la denominada Ley Carrió, que en el ámbito nacional permite que un proceso penal siga adelante sin que sea necesario privar previamente de sus privilegios constitucionales al funcionario, magistrado o parlamentario investigado.
La propuesta fue planteada por Jerez fue con el fin de que, en el futuro, “cuando se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político el tribunal competente siga adelante con el procedimiento hasta su total conclusión”.
La iniciativa apunta a modificar el Código Procesal Penal de la provincia, que actualmente exige que para juzgar penalmente a un funcionario (en el sentido genérico) que goce de prerrogativas constitucionales, previamente, hay que someterlo a juicio político o a un proceso de destitución.
