El gobierno venezolano anunció que la operación aérea para rescatar a los tres rehenes que serán liberados por las F.A.R.C (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), denominada “Transparencia”, comenzará el viernes 28 de diciembre y podrá durar el fin de semana, mientras que los integrantes de la comisión internacional, que actuará como mediadora y garante de la liberación por razones humanitarias, llegan a Caracas y pueden prepararse para viajar a la zona selvática colombiana donde se producirá la entrega de Clara Rojas, asesora de Ingrid Betancourt, su hijo Emmanuel, nacido en cautiverio como fruto de su relación con un miembro de las F.A.R.C. y la diputada Consuelo González de Perdomo.

Colombia ha autorizado la “caravana aérea humanitaria” negociada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con el comando de las F.A.R.C. para lograr la liberación pero ha fijado ciertos requisitos como la necesidad de que las aeronaves involucradas en la operación lleven el emblema del Comité de la Cruz Roja Internacional (CICR) por motivos constitucionales. EE.UU. nunca vio con buenos ojos el accionar de Chávez en estas circunstancias, ante su firme sospecha de una relación de complicidad con las F.A.R.C. y considerando su respaldo y ayuda militar al gobierno colombiano y su convicción acerca del involucramiento del narcotráfico en el conflicto interno de ese país.

Esta decisión ha sido el resultado de las negociaciones emprendidas con las F.A.R.C. por el presidente Chávez y la senadora colombiana Piedad Córdoba, con la intervención del presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, con la finalidad de liberar a todos los rehenes y, en especial, a la ciudadana franco- colombiana Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial colombiana. Esta mediación fue autorizada y luego rechazada por el presidente colombiano Uribe, ante ciertas actitudes del gobierno venezolano, pero finalmente, fue reflotada ante la presión internacional. Sin embargo, las F.A.R.C. consideran que este es un acto unilateral de liberación, como desagravio al presidente venezolano, ante la actitud de Uribe de dejar sin efecto esa mediación.

El plan prevé que un convoy aéreo, proveniente de aeropuertos venezolanos, se reúna en la ciudad de Villavicencio, situada al pie de los Andes, en el centro de Colombia. Desde allí, varios helicópteros emprenderán viaje al campamento rebelde, donde recogerán a los rehenes y los llevarán a su destino en territorio venezolano. Las F.A.R.C. pidieron, asimismo, un tiempo para que los guerrilleros involucrados puedan dispersarse por la selva, una vez terminada la operación. Especialmente, deberán tenerse en cuenta las condiciones meteorológicas, a fin de lograr los objetivos buscados.

En la operación debe intervenir una Comisión Internacional, integrada por representantes de los países garantes de la negociación: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador y Francia, que estará acompañada por el Alto Comisario para la Paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo, por representantes del Comité de la Cruz Roja Internacional, periodistas y un equipo médico.

La primera actitud ante esta serie de actos coordinados por distintos Estados, como una operación de naturaleza internacional, en cumplimiento de las normas del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario es de total apoyo y cooperación para conseguir un resultado eficaz que refuerce el respeto por los derechos humanos fundamentales y el principio de solución pacífica de controversias y que no afecte el principio de no intervención en asuntos internos de los Estados. No obstante, no puede ignorarse que la reticente conducta del gobierno colombiano, además de un innegable móvil ideológico y de una larga historia de conflictos internos, se sustenta en el no reconocimiento del status internacional de las F.A.R.C. y el no compromiso de su integridad territorial y su soberanía política. Hay en juego muchas vidas humanas y los sucesivos episodios concitan la atención de la opinión pública internacional ante el fuerte tratamiento mediático del tema. Por eso, esta mediación internacional es tan delicada, tuvo tantos altibajos y está llena de eventuales situaciones peligrosas.

¿Qué papel jugó y juega Argentina en la operación internacional? Evidentemente, el de un país garante y protagonista, cuyo gobierno se ha implicado intensamente en la liberación de los rehenes, inmediatamente antes y después del recambio presidencial, intervención que tuvo su clímax en la asunción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la cual asistió la madre de Ingrid Betancourt y que sirvió de escenario reservado para las negociaciones políticas ad hoc entre los presidentes de Colombia, Venezuela, Brasil y Argentina y el primer ministro de Francia. Esta participación es absolutamente respetable e incluso digna de apoyo manifiesto.

Pero, sin embargo, se cuela un componente de política interna semioculto detrás de la pantalla de una negociación de política internacional. La presidenta Fernández de Kirchner ha designado a su esposo y ex presidente como delegado argentino en la Comisión Internacional garante y mediadora de la liberación de los rehenes. Ha viajado a Caracas, acompañado del canciller Taiana. El ex presidente nunca ha sido un participante voluntarioso en las reuniones internacionales, sin perjuicio de que ha asistido a ellas en el ejercicio de su función y en cumplimiento de obligaciones internacionales. Es poco afecto al protocolo y las negociaciones diplomáticas.

Entonces, surgen, casi espontáneamente, algunas preguntas, sin respuesta cierta pero con muchas suposiciones y alternativas. ¿Hay sobreactuación del gobierno argentino? ¿Se busca darle al ex presidente un protagonismo internacional del que careció durante su mandato con el objetivo de promover un liderazgo partidario, un cargo internacional o una eventual nueva presidencia? ¿Se refuerza la idea de un ejercicio conyugal del poder presidencial? ¿Hay un apoyo directo al protagonismo del presidente Chávez como expresión de una alianza política y una oposición al gobierno norteamericano, mantenidas por la actual presidenta como política de Estado? ¿Hay una necesidad de eclipsar sospechas sobre acontecimientos oscuros en los que comparten responsabilidades los gobiernos argentino y venezolano?

Resultaría esclarecedor resolver ciertas incógnitas que las preguntas generan.

Lanceta es diputado nacional de la UCR-Buenos Aires