Tal como se preveía, los diputados congelaron finalmente la otra iniciativa que tenían previsto debatir este jueves, que modifica un artículo de la ley de IOMA obligando a los funcionarios públicos en actividad a que sean, como el resto de los estatales, afiliados ‘cautivos’ de cobertura médico asistencial pública.
El tema había sufrido algunos tironeos desde Labor Parlamentaria, donde algunos diputados objetaron la iniciativa; una decisión que pondría a los funcionarios en un lugar de privilegio: mientras la totalidad de los empleados públicos bonaerenses son afiliados compulsivos, ellos mantienen la libertad de elegir la cobertura sanitaria.
En estricto off antes de la sesión, algunos de ellos dejaron trascender que, en rigor, “son los jueces quienes se oponen a la norma” que también los alcanzará. Pero lo cierto es que muy pocos legisladores voluntariamente hoy son afiliados de IOMA, la obra social que es obligatoria para el resto de los empleados públicos provinciales, si bien es cieto que legalmente no se le pueden aplicar el descuento del 4,8 %.
Esta medida afectará a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial, e implicaría un descuento automático del 4,8% de sus sueldos. En el caso de los intendentes, tendrán dicho beneficio sólo aquellos municipios que no cuenten con su propia obra social.
Hasta el momento, quedaban expuestos de la obligatoriedad y podían afiliarse en forma voluntaria. Por lo que de ser favorable esta norma, tendrán la misma obra social que los empleados de la administración en la provincia de Buenos Aires.
De esta manera, se derogaría el artículo 17 de la ley de IOMA, y se modificaría el n° 16 donde indica las personas que en sus recibos de sueldos figura el descuento obligatorio del Instituto de Obra Médico Asistencial.
