“Señor presidente: vengo a dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 99, inciso 8 de nuestra Constitución Nacional, que es concurrir a inaugurar el período de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa —esto es, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores— dando cuenta del estado de la Nación. Y dar cuenta del estado de la Nación presupone tres ejercicios básicos: el primero, saber de dónde venimos; el segundo, informar cómo estamos y, el tercero, determinar hacia dónde vamos y cómo, definiendo los instrumentos operativos.
De dónde venimos. Venimos —todos lo sabemos— de una sociedad desequilibrada, con fuertes crisis; de una Argentina volátil, con un pasado volátil.
Desde 1900, uno de cada tres años fue de recesión. En los últimos veinticuatro años anteriores a la crisis, la Argentina tuvo nueve recesiones que le costaron el 38 por ciento de su producto bruto interno. A título meramente comparativo, en ese mismo lapso Chile tuvo una sola recesión y Brasil tres recesiones, con una notable diferencia en la pérdida de producto bruto interno con relación a nosotros.
Cómo estamos hoy. Por primera vez en cien años llevamos cinco años ininterrumpidos de crecimiento económico a tasas superiores al 4 y 5 por ciento. Si este año volvemos a crecer, habremos completado —desde 1810 a la fecha— el mayor período de crecimiento en toda nuestra historia. Por lo pronto, lo que hemos logrado hoy hasta aquí es lo más importante en los últimos cien años. No es poca cosa. (Aplausos en las bancas y en las galerías.) Lo hicimos, como lo definí aquí mismo el 10 de diciembre, con un modelo de matriz diversificada con inclusión social, donde pudimos articular por primera vez a sectores que parecían antagónicos, como la industria y el campo, pero donde, además, logramos, un comportamiento virtuoso. El comportamiento virtuoso, primero, del Estado, permitió así el comportamiento de esos sectores. La administración fiscal correcta, el superávit fiscal primario y el superávit comercial, producto del sesgo claramente exportador del modelo, constituyen uno de los pilares básicos, que es el de los superávit gemelos. Ello, sumado a un tipo de cambio competitivo, ha permitido, precisamente, reposicionar a la Argentina en el mundo. A ello se sumó también un claro proceso de desendeudamiento, que pasó de la renegociación de la deuda externa a la cancelación total y definitiva con el Fondo Monetario Internacional.
Esto se tradujo también en números sociales. Pudimos llegar, por primera vez en trece años, a una desocupación de un dígito. El último trimestre medido fue del 7,5 frente a aquel 22 por ciento de desocupación que deshonraba la historia de todos los argentinos, sobre todo de aquellos que creemos que el trabajo, el esfuerzo y la producción deben ser la columna central del crecimiento y del desarrollo de la sociedad.
Pudimos también hacer una notable reducción de la pobreza y de la indigencia, pero seguimos también con una pobreza de dos dígitos. Creo, entonces, que se nos plantea hoy a todos los argentinos, independientemente del lugar o del sector político en el cual militemos o al cual pertenezcamos —porque creo que además de la ratificación electoral de la sociedad a este modelo de crecimiento existen, por sobre todas las cosas, resultados concretos y objetivos que también podemos exhibir—, un compromiso de todos, de poder decidir entre todos, de acordar entre todos, a escasos dos años del Bicentenario, lo que yo defino como el acuerdo de los argentinos en torno al modelo de país y los instrumentos a adoptar. Acuerdo del Bicentenario que debe tener objetivos, como todo acuerdo. No hay acuerdo que no tenga objetivos.
Y si nos propusimos hace casi cinco años dar el combate por el trabajo y llegar a la desocupación de un dígito, creo que uno de los objetivos debe ser llegar también a la pobreza de un dígito en este Bicentenario (aplausos) de nuestra construcción como país y de nuestra Independencia en el 2016. Un pensar estratégicamente en la Argentina.
Yo dije aquí, el 10 de diciembre, que mientras haya un pobre, nadie podrá estar conforme
(Aplausos). Pero tenemos que fijarnos objetivos y metas en gestión de gobierno que también nos permitan reducir aún más el nivel de desocupación, para llegar a un 5 por ciento; con lo que estaríamos casi al borde de un régimen de plena ocupación, entendido ese 5 por ciento como la rotación simple del empleo.
Hemos generado 3.700.000 puestos de trabajo, que nos han llevado de los 13.000.000 (aplausos) del año 2002 a estos 16.500.000 de hoy. Pero necesitamos más. Una de las metas, también, de este acuerdo, es llegar a los 19.500.000 de puestos de trabajo en la República Argentina.
Este acuerdo tiene participación de los distintos sectores, con distintos grados de intervención y tiene, también, distintos capítulos.
El primero es el capítulo económico. El segundo es el capítulo de la infraestructura económica y social. El tercero es el capítulo del conocimiento, comprendido en la educación, la ciencia y la tecnología. Y el cuarto capítulo del acuerdo es el de la salud y el desarrollo social.
La armonía de estos cuatro acuerdos básicos en la sociedad permitirá alcanzar los objetivos y, también, definir cuáles son los roles de cada uno de los actores del sector público y del sector no gubernamental; del Estado y del mercado. Porque también —bueno es definirlo— en todo acuerdo todas las partes tienen que poner algo; no puede haber acuerdo cuando solamente se demanda de un solo sector, mientras que el resto suma y recoge. (Aplausos) En una sociedad el acuerdo presupone definir estas cuestiones básicas.
El acuerdo económico en su capítulo nacional impone el compromiso por parte del Estado de mantener los pilares básicos, constituídos por una administración correcta de los recursos con los dos superávit. Y presupone, también, la necesidad de seguir en la política de desendeudamiento y la acumulación de reservas. Dicho sea de paso, en estos tres cortos meses de gestión hemos llegado a los 49.289 millones de pesos de reservas en el Banco Central, lo que ha significado un crecimiento —en este breve período de gestión— de 4 mil millones de dólares, que constituyen un fuerte escudo contra las crisis internacionales que en otras oportunidades nos sacudían de forma despiadada. (Aplausos) En esta oportunidad hemos podido sortearlas gracias a la solidez que exhibe el modelo de crecimiento y de acumulación.
En materia de exportaciones, los números de diciembre y enero reflejan un aumento del 34 por ciento de diciembre a diciembre, y un 67 por ciento de crecimiento de las exportaciones de enero a enero. Con un crecimiento del superávit fiscal primario del 107 por ciento de enero a enero; y de casi el 200 por ciento del superávit comercial de enero a enero. Todos estos datos revelan que seguimos en el camino que debemos tener.
Por lo tanto, en este compromiso económico del capítulo nacional, el Estado debe garantizar la subsistencia de las dos columnas que significan el superávit comercial —producto de nuestras diferencias en materia de exportaciones— y el superávit fiscal primario, a partir de una política de desendeudamiento y de acumulación de reservas.
Pero eso también presupone una política en materia de financiamiento de los sectores productivos que estamos dispuestos a encarar desde la banca pública, si la banca privada se resiste —como hasta ahora— y sigue otorgando créditos solamente para el consumo y no para la producción.
En la próxima semana, la señora presidenta del Banco de la Nación Argentina —una ex legisladora, ex compañera de ustedes en la banca— Mercedes Marcó del Pont presentará a todos los argentinos un plan de financiamiento para pymes, micro y medianas empresas, en el que las tasas y el plazo puedan tornar accesible el crédito a sectores que hasta ahora no lo han tenido.
También hemos estado charlando con el señor presidente del Banco Central y trataremos de establecer el sistema de swap, pero no como algunos querían para el sector privado, es decir, como un seguro de cambio, sino, fundamentalmente, para sostener a la banca pública a efectos de que pueda intervenir en el mercado de las medianas empresas, para también otorgarles financiamiento. Es clave que los sectores vinculados a la producción y a la exportación obtengan financiamientos, no solamente a una buena tasa —que inclusive podría estar subsidiada por el Estado para aquellas actividades que realmente tienen una altísima productividad, un alto contenido y sesgo exportador—, sino también a un buen plazo, que es otra de las características que más están aquejando al sector en la demanda del crédito.
Esto presupone también acuerdos sectoriales, como los he definido. Algunos creían que el acuerdo económico era un acuerdo de estabilización de precios y salarios, como tantas veces hemos conocido y que finalmente han terminado inequívocamente siempre en recesión. Aquí no.
Aquí queremos hacer acuerdos sectoriales, ir actividad por actividad, agregando valor y construyendo las cadenas de valor, de modo tal que agregando valor a cada sector podamos generar más productividad, más trabajo para los argentinos y más saldos exportables.
Contamos con una ventaja incomparable en la historia reciente. Yo he definido muchas veces que este va a ser el siglo de los alimentos, la energía y el conocimiento. Somos un país que estamos en condiciones de producir alimentos para más de quinientos millones de personas, pero al mismo tiempo, por el alto grado de competitividad y tecnología que hemos adquirido en la producción de esos alimentos, y una población que no alcanza a los cuarenta millones, podemos sostener precios internos que permitan calidad de vida a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, y al mismo tiempo… (aplausos) …fuertes saldos exportables que deben ser incrementados en el valor agregado; porque si la soja o el trigo hoy tienen un valor muy calificado, adentro de un pollo o de un cerdo, triplican y quintuplican el valor. Estuve hace muy poco en Entre Ríos viendo lo que es la cadena avícola, el crecimiento que ha tenido y, fundamentalmente, la gran cantidad de valor agregado y mano de obra que toma el sector, donde en un círculo virtuoso, el grano que se exporta a un valor, adquiere quince veces ese valor en el pollo trozado, manufacturado, y con gente que trabaja. Esto es lo que tenemos que lograr identificar. Por eso hablo de los acuerdos sectoriales y por eso hablo de la demanda de comprensión a los sectores productores, porque hay un gran esfuerzo de todo el pueblo argentino y de la administración del Estado en mantener el tipo de cambio competitivo y los precios internos que le permiten a la exportación ser muy rentable.
Bueno es, entonces, que esos sectores, a través de acuerdos sectoriales, podamos combinar en círculos virtuosos el sostenimiento y el crecimiento del mercado interno con calidad de vida para los argentinos y aumento en la exportación. (Aplausos.) Este es el modelo que les estamos
proponiendo: un modelo de profunda racionalidad e inteligencia, porque tenemos la posibilidad de hacerlo.
También es muy importante el tema del financiamiento, y por eso hablaba de la línea de crédito que va a ser lanzada la semana entrante en el Banco Nación. En tal sentido, exhortamos a la banca privada, que tiene altísimos niveles de rentabilidad y que está muy líquida, a reorientar su cartera de créditos, no sólo al consumo, sino también a la inversión productiva hacia el crecimiento del sistema. Una banca en un país que crezca, va a ser también una banca importante.
Si podemos entender esta sinergia de los distintos sectores en este momento histórico tan particular que viven la Argentina y el mundo, advertiremos que estamos ante la oportunidad histórica, en serio, de que este ciclo de crecimiento inédito de cinco años pueda transformarse en un ciclo de crecimiento de diez, quince y veinte años, que serán los que nos permitan, entonces, alcanzar las metas de erradicación de la pobreza y de la indigencia. Esa es la clave. Está donde siempre estuvo: en la economía, y no en ninguna otra cuestión. (Aplausos.)
En este marco también debemos abordar el tema de la integración regional, que es el capítulo económico. Nosotros tenemos que entender —y cuando hablo de nosotros, hablo de nosotros y de nuestros socios principales: la República Federativa del Brasil, con quien hoy tenemos un déficit comercial de 4.317 millones de dólares, que se ha incrementado en un 17 por ciento respecto del año pasado— cuál es la solución que debemos abordar. Lo hemos charlado con el presidente Lula y permanentemente estamos tratando de lograr un equilibrio de la balanza comercial a través de mayor integración y de mayor grado de complementariedad entre todas las industrias, fundamentalmente del sector automotriz, que es el que explica casi el 50 por ciento del déficit de la balanza comercial.
Por eso tengo muchas esperanzas y mucha confianza de que podamos abordar con mucha racionalidad la nueva discusión del nuevo plazo que vence ahora, el 30 de junio del corriente año, porque la integración tiene que ser vivida por todos los sectores que la conforman de una manera equitativa, para que entonces se entienda que es beneficiosa para todos los sectores y no solamente para uno. Esta ha sido la clave de integración en la Unión Europea y sabemos que esta debe ser la clave de integración aquí, en América latina, aquí, en la América del Sur, aquí, en el Mercosur.
Por eso también es clave la incorporación de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur, para cerrar finalmente la ecuación energética. En el capítulo referido a la infraestructura abordaremos este tema. Y no es una cuestión de simpatías personales o amiguismos políticos. (Aplausos.) Es simplemente un ejercicio de racionalidad para integrar y cerrar definitivamente la ecuación energética en América latina.
Paso al segundo capítulo, el de la infraestructura. En pocos días más presentaremos el plan de la planificación estatal para la inversión pública en todo el territorio de la República. Ustedes saben que el decreto 1.824 del año 2004 creó la Subsecretaría de Planificación Territorial para la Inversión Pública, la cual tenía por objetivo recorrer el país con especialistas para reunir consensos básicos en torno a cada provincia y a cada región en cuanto al diseño de cómo iba a intervenir el Estado de acuerdo a los intereses de cada región y de cada provincia en materia de desarrollo, de servicios, de turismo, de zonas de producción y de hábitat de cada uno de los habitantes de las provincias.
El avance del año 2008 está listo y va a ser presentado posiblemente el 18 de marzo. En él, a través de consensos y por primera vez en la República Argentina, abordamos la planificación estratégica del desarrollo de la inversión pública en todas y cada una de las provincias argentinas. (Aplausos.) Esto es clave y forma también parte de lo que llamo el “Acuerdo del Bicentenario” en estos cuatro años y medio, a través de soluciones habitacionales para un millón y medio de argentinos, a través de innumerables obras que figuran en esos libros celestes que están en sus bancas. Para quienes no lo saben —ustedes, los legisladores, sí lo saben— ese libro es un detalle pormenorizado de datos de todo lo que es la gestión puntual en cada una de las áreas del Estado, con detalle de números, estadísticas y porcentajes.
Pero fundamentalmente, la idea de la infraestructura que queremos presentar en este plan es precisamente el desarrollo estratégico e inteligente de cada una de las regiones, sumándole a toda la obra que se ha venido haciendo en materia de infraestructura, una proyección, que ya no es producto de la buena gestión de un gobierno, sino de la decisión de todos los argentinos, a través de todos los poderes de los estados provinciales y del Estado nacional en la planificación de esa estrategia.
También AySA, la empresa que fue sancionada por ley de este Parlamento, ha desarrollado su plan quinquenal para el año 2007-2011, en donde el objetivo es llegar, con más de 5.700 millones de inversión, a agua potable para el ciento por ciento de los argentinos… (aplausos.) …—otro de los objetivos que debemos tener en este acuerdo— y el 80 por ciento de desagües cloacales.
También en materia energética vamos a incorporar este año un 11 por ciento en materia de expansión de la generación de energía eléctrica. Yo decía esto hace unos días en algunas de las intervenciones que he tenido en la Casa Rosada. Y también vamos a incorporar el 8 por ciento en materia de gas para este año: 10 millones de metros cúbicos, lo que nos permitirá, junto a dos centrales que estaban fuera de servicio durante el invierno pasado, poder afrontar sin riesgo para nuestra producción, sin riesgo para nuestros inversores, la producción durante todo el año. A esto se le suma el Plan de Energía Plus, que también incorpora, con la planificación del Estado, 280 megavatios más para este año 2008.
Quiero también abordar el tema del acuerdo regional en materia energética. En Olivos, durante la semana pasada, nos reunimos con los presidentes de Bolivia y del Brasil, precisamente para la creación de un grupo coordinador integrado por los ministros de energía —la próxima reunión tiene lugar en La Paz y será presidida por Evo Morales—, para la administración y el uso racional, porque estamos absolutamente interconectados. Del mismo modo que Bolivia nos vende gas a nosotros y al Brasil, nosotros lo devolvemos en garrafas a Paraguay y a Bolivia. Del mismo modo, Brasil nos vende energía eléctrica, y nosotros le damos gas a través de Uruguayana, que ellos la convierten en energía eléctrica. Del mismo modo que le damos electricidad a la República Oriental del Uruguay, la República Oriental del Uruguay nos devuelve también energía, y nosotros le damos gas a Chile. Porque, no sé si por cuestiones electorales o por lo que fuere —no importan los motivos, lo importante son los resultados—, quiso instalarse la idea de que los problemas energéticos eran algo que sucedía únicamente en la República Argentina. Y eso no es así. El problema de la energía —lo he dicho sustancialmente en muchas oportunidades— es un problema del mundo y de la región. Y nosotros estamos en el mundo y en la región. (Aplausos.) Por lo tanto, debemos abordar la cuestión con seriedad y con mucha tranquilidad, además, porque esta preocupación no es fruto de que se cayó el producto y tampoco tenemos energía.
Yo leía el otro día en algunos diarios que algunos expertos —expertos, así fue calificado en algún medio— pronosticaban que íbamos a tener problemas en el invierno; los mismos que pronosticaban que íbamos a tener problemas en el verano y en el invierno pasado. Curiosamente, ambos expertos fueron los protagonistas de los cortes en los años 80, cuando el crecimiento del país era negativo. No era que no teníamos energía porque crecíamos, o que no nos alcanzaba la energía por el tipo de crecimiento. No, no. Crecíamos a tasas negativas. Decrecíamos. Y no teníamos energía. Los expertos, cuyas opiniones hoy se publican, eran los responsables institucionales y políticos, en ese momento, de darle energía a los argentinos y una buena economía. (Aplausos.) Ni lo uno ni lo otro. Mala economía y nula energía. Sin embargo, pronostican, pontifican y, por supuesto, terminan generando comentarios, que creo que no hacen bien a los argentinos. Porque yo creo que el deber que tenemos todos, cada uno en el rol que le cabe, es el de informar, no el de asustar. Me parece que la diferencia es notable, entre informar, asustar y preocupar. La obligación es la de informar correctamente. Por eso digo que en el acuerdo al que hemos llegado —y que luego, inclusive, en un cable que curiosamente no fue publicado, razón por la cual no pude verlo en letra de molde en ninguna parte— el titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos anunciaba que había dado instrucciones a las empresas productoras de gas en Bolivia —tal cual lo había dicho en la reunión de Olivos— para que el mantenimiento de pozos no se hiciera durante la etapa invernal, que es la oportunidad en que normalmente más gas se demanda, tanto en Brasil, como en Argentina y en Chile, sino que el mantenimiento se hiciera fuera de la temporada crítica, lo cual permitiría aumentar la producción de 39 a 41 o 42 millones. Esto que apareció en cables no apareció publicado en letra de moldes. Sí, sin embargo, aparecieron publicadas en letras de molde las palabras de algún otro titular de alguna otra compañía energética que dijo, con un criterio poco feliz para la integración y la solidaridad latinoamericana: “Ni una molécula de gas para la Argentina”. Esto sí obtuvo una difusa publicación. No sé si será por pautas culturales de que siempre está todo mal, o alguna otra pauta de alguna importante empresa. (Aplausos.) Pero lo cierto es que la racionalidad y el acuerdo van a primar entre todos quienes tenemos altísimas responsabilidades en la dirección de los estados que conforman la América del Sur.
Confío plenamente en la responsabilidad de los presidentes de la República Federativa del Brasil, de la República de Bolivia, de nosotros, de la hermana República de Chile y del Uruguay, porque creo que, más allá de la lógica representación de los intereses locales que cada uno de nosotros tenemos, también tenemos una clara conciencia de que la integración es el único camino posible.
En materia de infraestructura, ustedes han aprobado hace muy pocos días —creo que en el curso de la semana anterior— la construcción, el diseño de un nuevo sistema de operatividad en materia de ferrocarriles, que va a significar una matriz diferente a la que se ha tenido hasta ahora, donde, por un lado, está la operación ferroviaria y, por otro, la operación de infraestructura, de construcción de infraestructura. Esto, junto a las importantes inversiones en materia de soterramiento y reposicionamiento de prácticamente toda la línea del Ferrocarril San Martín, más la electrificación del Roca, más los trenes de alta complejidad y alta velocidad que estamos desarrollando… Y permítanme un momento. Algunos señalaron que todavía no habíamos solucionado algunas cuestiones básicas en el país, entonces ¿cómo podíamos dedicarnos a trenes de alta velocidad? El otro día me acercaron periódicos españoles, en los cuales similares e idénticos comentarios se desarrollaban cuando España, hace muchos años —no la España de ahora—, decidió instrumentar el tren de alta velocidad Madrid-Sevilla. Pude leer comentarios de diarios importantes de España y de otros analistas que replicaban, casi con exactitud, algunas de las críticas que hemos tenido aquí.
Pienso que si además de la importante inversión que estamos haciendo en todo lo que es red ferroviaria para abordar un problema que había sido dejado de lado —casi clausurado— en la agenda de los argentinos, damos un salto a la modernidad, ello será una señal muy importante de hacia dónde va el país y hacia dónde queremos llegar. Siempre tendremos algún problema que resolver. Pero no abordar la modernidad por los problemas que aún no hemos resuelto es una manera de no terminar de hacer ni lo uno ni lo otro. (Aplausos.) Creo que es hora de que tengamos, frente a estos problemas, otra mirada.
El tema de la infraestructura es, además, una de las poleas del crecimiento. Mucho se ha hablado de la inversión y del gasto público en la Argentina. Aún estamos muy por debajo en materia de inversión pública respecto de los países desarrollados, que, en su gran mayoría, están por encima del 40 por ciento en inversión pública y la utilizan como un instrumento fundamental para el movimiento y el crecimiento de la economía.
Creo que, en este sentido, la infraestructura económica, además de ser una formidable polea para el crecimiento, es la que brinda también sustentabilidad a la actividad privada a través de autopistas, puertos y rutas. Y, a la vez, es un instrumento social, porque los que viven en las viviendas que se construyen son los trabajadores que luego van a las fábricas; los que concurren a nuevas y mejores escuelas son los hijos de los que van luego a trabajar a comercios y talleres.
En definitiva, es un círculo virtuoso que se termina construyendo para lograr, entre todos, una mejor calidad de vida.
Quiero referirme, también, al tercer capítulo, el del conocimiento, que considero en interacción total, fundamentalmente, con la economía. Es decir, la educación, la ciencia y la tecnología y los acuerdos básicos a los cuales debemos llegar en este importantísimo sector.
En principio, quiero decir que dentro de pocos días vamos a lanzar, a través del Ministerio de Educación, un plan de finalización de la escuela primaria y secundaria.
Entre los argentinos menores de 40 años hay 5 millones que no han terminado el colegio secundario, que —como todos ustedes saben— por ley de este Congreso se ha tornado obligatorio. Y de ellos, medio millón tampoco ha terminado la primaria. Y si sumamos la población superior a los 40 años, estamos duplicando las cifras. Pero esto no es para que nos pongamos nerviosos, porque también tenemos el más alto grado de alfabetización de Latinoamérica. Entonces, no es para dramatizar: tenemos el más alto grado de alfabetización de Latinoamérica: 97 por ciento. Pero lo cierto es que tenemos que abordar este asunto. Y vamos a hacerlo a través del plan que será presentado. Es un plan flexible, para acordar también con medios tecnológicos modernos —televisión—, con sindicatos, empresas y organizaciones no gubernamentales, con módulos que permitan contemplar las diferentes situaciones de quienes no han podido terminar su escuela primaria y secundaria.
Asimismo, tenemos el problema de la escuela primaria más regionalizado y focalizado en el NOA y en el NEA. También lo vamos a abordar con mucha fuerza en ese sector.
Quiero hablar ahora de algo que me desvela —como ustedes saben—: que es la educación; lograr una mejor calidad de educación. Esto me desvela, porque siempre pienso que, además de la vocación política, además de la militancia y de la historia que cada uno construye, siendo hija de trabajadores he podido llegar aquí por el tipo de formación e instrucción que recibí.
Y quiero que todos los argentinos vuelvan a tener esa oportunidad que alguna vez tuvimos nosotros. Esto es clave. (Aplausos en las bancas y en las galerías.) Esto es clave.
En estos días, hemos arribado a la primera gran paritaria nacional docente. El Estado ha acordado, junto con los gremios del sector, el salario testigo que establece la ley, elevándolo casi en un 24 por ciento y llevándolo a 1290 pesos, de los 1040 que originalmente teníamos; inclusive, superando los recursos que este propio Parlamento había asignado para ayudar al financiamiento de aquellas provincias que no pueden hacerse cargo de ese salario testigo. Este Parlamento había asignado 510 millones de pesos y va a hacer falta una partida extra de unos 40 ó 50 millones de pesos para poder llegar a esa cifra acordada —por supuesto, lo vamos a hacer— de 1.290 pesos.
También, por primera vez —debo reconocerlo—, el sector se ha comprometido al cumplimento de los 180 días de clases (Aplausos prolongados en las bancas y en las galerías.).
Sobre este tema, quiero ser clara y sincera. Desde 2003 hasta 2007, la anterior administración puso el acento muy fuerte en la educación. No solamente hizo lugar a demandas de los sectores políticos y gremiales en cuanto a una nueva ley de educación que sustituyera a aquella que había sufrido tan duras críticas, sino que, además, decidió asignar una cantidad de recursos a la educación —a la construcción de infraestructura— como nunca se había hecho: de las 700 escuelas, ya tenemos 450 terminadas y queremos llegar a 1.000; también, a la cantidad del 6 por ciento de PBI, para cumplir la meta en materia de educación en 2010.
De 2003 a 2007, la variación del salario docente fue, considerando el promedio de las 24 jurisdicciones —porque ustedes saben que constituyen diferentes realidades—, de 168,95 por ciento de aumento. Sin embargo, en el mismo período tuvimos 1.025 días de huelga. Si observamos el resultado de 2003, tuvimos unos 182 días de huelga. En ese momento, 2003, ustedes recuerdan que muchos salarios docentes eran de 300 pesos y, en muchas provincias, se pagaba mal, tarde y nunca, inclusive, con bonos. Sin embargo, pese a la evolución, podía observarse que aumentaban los días huelga. Así, en 2005 —año electoral—, se llegó a tener 302 días de huelga. Luego, en 2007 —nuevamente, año electoral— los días de huelga se elevaron a casi 250 . ¿Qué quiero decir con esto? ¿Invalidar a los trabajadores de la educación a defender sus derechos? No. Sí al hecho de encontrar mejores instrumentos, porque no hay peor educación que la que no se imparte; no hay peor día de clase que el que no se tiene. (Aplausos en las bancas y en galerías.) y no hay peor escuela pública que la que está cerrada y no da clases. (Aplausos en las bancas y en galerías.) ¡Esa es la escuela pública que no queremos! Queremos una escuela pública abierta todos los días (Aplausos en las bancas y en las galerías.) para los hijos del pueblo. Quiero contarles también que muchas veces o, por lo menos, durante largo tiempo, cuando se hablaba de la educación privada en la Argentina —cuando yo era muy joven—, uno pensaba que era el lugar de los ricos. Esta era la idea: que los ricos tenían la educación en los colegios privados o confesionales, y que los que no podíamos hacerlo íbamos a las escuelas públicas. Esto ha variado y ustedes lo saben. Hoy mucha gente asalariada, con mucho esfuerzo, junta una cuota de 200 o de 150 pesos, a efectos de pagar el colegio privado para que su hijo tenga clases todos los días. Esto nos obliga hoy, entonces, no a concebir a la escuela privada como competidora de la pública, sino articulando sus esfuerzos con la pública. En esos estamos. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
Por eso, días atrás, me reuní con los representantes de la escuela y de la educación de gestión privada. A mí me gusta hablar así, porque, en definitiva, el 65 por ciento de esos institutos están subvencionados, en alguna medida, por el Estado. Tienen distintos grados de subvención; hay varias categorías: van del 100 por ciento hasta el 40 ó 30 por ciento. Por supuesto, hay una parte —donde van sectores de alto poder adquisitivo— que, obviamente, no está subsidiada.
Hemos llegado a un acuerdo importante. Primero, de transparencia. Me acuerdo que en la reunión que mantuve con los sectores gremiales de la educación, me comentaban que las escuelas privadas ponían como excusa para aumento de la cuota el aumento del salario de los docentes.
¿Qué vamos a hacer, entonces, y qué acordamos con el sector de educación de gestión privada?
Que todos aquellos que reciban subsidios del Estado van a publicar en Internet su declaración jurada de cuánto reciben del Estado, cuáles son todos sus gastos, cómo impacta lo que reciben del Estado y cuánto gastan en salarios… (aplausos en las bancas y en las galerías)… de modo
tal de que cada padre pueda acceder, en un ejercicio de transparencia, a los costos; porque allí actúan como usuarios y consumidores.
Y hablando de transparencia, voy a hacer una digresión. Siempre, cuando se habla de transparencia y se quiere saber cuánto ganan, por lo general, vienen al Parlamento, para saber cuánto gana un legislador o cuántos asesores tiene. Hay muchísimas organizaciones no gubernamentales que se han dedicado históricamente a eso o a saber qué pasa en el Poder Ejecutivo. Es muy bueno que todos demos cuenta a los ciudadanos de qué hacemos con sus recursos y qué hacemos los representantes, sus representantes, en este Parlamento y en el Poder Ejecutivo. Pero también es bueno, por la transparencia del mercado, que los usuarios y los consumidores sepan cómo se componen las distintas cadenas de valor, porque tienen el derecho como usuarios y consumidores… (aplausos en las bancas y en las galerías)… de conocer la racionalidad de precios y de lo que se está pagando, porque la transparencia es para todos: para el Estado y para el mercado, para lo público y para lo privado. Eso es lo que, por lo menos, una sociedad democrática debe exigir. Este método va a permitir hacerlo.
También queremos —me había olvidado de decirlo en el capítulo de la economía— trabajar junto a los empresarios y junto a los productores en las cadenas de valor en cómo se van conformando los precios. De esta manera, vamos a poder articular con racionalidad un proceso económico que nos está dando resultados y que todos tenemos que ayudar a sostener y a sustentar.
Una última acotación sobre el tema de las escuelas de gestión privada. Ustedes saben que el habitante de la Ciudad de Buenos Aires es el que tiene el más alto poder adquisitivo. Hay unos 1.047 establecimientos escolares de gestión privada, de los cuales aproximadamente 545 no reciben ningún tipo de subsidio. Digo esto porque ya veo que mañana, cuando vayan a ver qué colegios sí lo están, van a decir “el colegio mío no está subsidiado y me aumentó la cuota a no sé cuánto”. Sepan que son los que no reciben subsidio del Estado. Además, los que reciben subsidio del Estado han acordado que, en ningún caso, el aumento de la cuota podrá ser superior a la totalidad de una cuota a partir del mes de mayo. Cuidar también el servicio de la educación privada y la posibilidad de mayor y mejor educación para todos es una obligación, sea en gestión pública o en gestión privada. Por eso hemos iniciado este tipo de gestiones.
También debo decir que tengo grandes esperanzas en la negociación de la paritaria y en la inclusión del compromiso por parte del sector docente de los 180 días de clase —fíjense que, en 2007, el 50 por ciento de las 24 jurisdicciones no pudo cumplir con los 180 días de clase—, lo que nos permite abordar el verdadero tema pendiente de la educación, que es la calidad de la educación.
No sé si, tal vez, por una deformación de los últimos años, por las circunstancias políticas o por las cosas que nos han pasado a los argentinos, cada vez que hablamos de educación en la Argentina es únicamente para discutir el tema salarial docente. No estoy diciendo esto para criticar. Estoy instándolos a superar esa etapa para poder abordar la que viene, que es la de la discusión de la calidad educativa de una manera racional y democrática con todos los sectores.
También, demando a padres y alumnos, a la familia en general, la parte que les corresponde en cuanto al mejoramiento del nivel de la educación. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
Con relación a la ciencia y tecnología, ustedes saben que hemos tomado la decisión de crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En ese sentido, hace pocos días, el ministro Barañao hizo el anuncio del plan de inversiones, destinado a dotar a nuestros investigadores y científicos de los lugares físicos concretos para que puedan desarrollar sus tareas.
Durante la anterior gestión, se impulsó la repatriación de científicos, la mejora en la calidad de sus ingresos y un sistema nuevo y más profundo de becas con una fuerte orientación hacia todas aquellas actividades en las que tenemos cierto grado de criticidad. Como necesitamos seguir incorporando nuevos profesionales, continuaremos profundizando esas medidas. Todo esto se vincula absolutamente con el proceso económico.
Asimismo, este año deberemos sancionar una nueva Ley de Educación Superior; un viejo compromiso que tienen las instituciones argentinas. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
Hace pocos días tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Córdoba, en una de las universidades más prestigiosas del país, la Casa de Trejo, y de reunirme con su joven rectora. Por primera vez, una mujer fue electa rectora de la Universidad Nacional de Córdoba. Dijo algo que me pareció importante, no solamente porque coincidía con su idea sino, además, porque provenía
de un miembro de la propia universidad. Hizo alusión a la necesidad de reformular el concepto de la autonomía universitaria en la República Argentina. (Aplausos en las bancas y en las galerías.) La autonomía se obtuvo después de largas luchas gracias a la Reforma de 1918. Fue fruto, también, de la lucha contra el régimen y por la libertad de pensamiento, de cátedra y de enseñar, valores que deberemos seguir defendiendo a rajatabla por el nivel académico de nuestros estudiantes y, además, porque las universidades son las que generan el pensamiento crítico y el conocimiento.
Por lo tanto, tendremos que articular lo académico y lo económico, como hacen las grandes sociedades desarrolladas de todo el mundo. Si le incorporamos conocimiento al proceso productivo que estamos desarrollando —como de hecho lo estamos haciendo—, sin lugar a dudas lo vamos a multiplicar. No es casualidad que en toda la historia de la humanidad, sea la primera vez —a fines del siglo XX— que un hombre logra ser el más rico del mundo no porque se queda con algo del otro o porque tenga el petróleo, el oro o cualquier otra riqueza, sino porque tiene cabeza, ideas y conocimiento.
Este cambio estructural en la manera de acumular riqueza es clave en el mundo del siglo XXI. Tengo grandes esperanzas por la calificación de nuestros recursos humanos y por la calidad de nuestras universidades. Pero siempre, por alguna razón, desvinculamos en la República Argentina —una Argentina de premios Nobel, de hombres y mujeres brillantes— la cuestión académica del conocimiento con lo económico; casi como si fuera pecado relacionar el ejercicio intelectual con la economía, cuando, en realidad ,se trata de un círculo virtuoso.
Además, no solamente estamos en condiciones de lograr un mejor país, sino también de devolverles a quienes sostienen la universidad pública y gratuita —al pueblo, que sostiene nuestra educación—, a través del conocimiento, herramientas para la generación de riqueza. (Aplausos en las bancas y en las galerías) Quienes tuvimos la suerte de poder asistir a una universidad y de obtener un título sin haber pagado un solo peso por ello, debemos saber que estamos siendo sostenidos por muchos de los que, tal vez, ni siquiera terminan su escuela primaria. (Aplausos en las bancas y en las galerías) Es por ellos que todos los universitarios debemos hacer el gran esfuerzo de entender la necesidad de esta reformulación histórica que el país y la historia nos demandan a todos.
Quiero también abordar lo que considero el cuarto capítulo y que es el de la salud y el desarrollo social. Considero que necesitamos también aquí un acuerdo sanitario, un sistema nacional integrado de salud donde lo público no compita con lo privado sino que, por el contrario, se articule en materia de recursos humanos, de distribución regional y de capacitaciones regionales para hacer más efectivas las prestaciones de la salud. En este sentido, la señora ministra de Salud va a anunciar en los próximos días dos planes que constituyen una primera etapa de esta articulación. Uno de ellos está dado por un programa nacional de cardiopatías congénitas infantiles. En la Argentina nacen vivos setecientos mil chicos por año. De esos chicos, siete mil, el uno por ciento, padece cardiopatías congénitas, de las cuales el 66 por ciento, o sea, cuatro mil son operables, pero entre el subsector público y el subsector privado solamente pueden operar tres mil, con lo cual va quedando anualmente un rezago de mil chicos, mil pibes de menos de un año que están a la espera de poder ser operados y, a veces, esa espera llega a los dieciocho meses.
El plan va a abordar esta problemática de manera tal de que puedan ser operables por año, sin lograr la acumulación, y creemos que esto puede reducir en un 6,34 por ciento la mortalidad en ese rango etario, producto de este plan. (Aplausos.)
Tengo mucha confianza en que Graciela lo pueda hacer —este es tal vez un comentario poco institucional, pero me lo voy a permitir— no solamente porque sea mujer, sino porque, además, es una gran trabajadora y tiene un gran compromiso con todo lo que hace en su vida. (Aplausos.)
También en esta etapa se va a lanzar un plan de capacitación de recursos humanos, fundamentalmente en enfermería, que es un sector crítico, en forma conjunta entre el sector público y el sector privado. Y juntamente con el área de Desarrollo Social —que sigue adelante con los planes que viene desarrollando en familia, en plan alimentario, en plan de desarrollo local y economía y desarrollo económico— se va a abordar lo que considero es uno de los problemas clave. Porque llega un momento en que el crecimiento económico no impacta en determinados sectores a los que podemos denominar los “núcleos duros” de la pobreza.
Tenemos generaciones de chicos que nunca han visto trabajar a sus padres. Quiero que hagamos un ejercicio y pensemos en cuando nosotros éramos chicos. Todos tenemos más o menos la misma edad, y todos veíamos en algún momento del día entrar y salir a nuestro padre que iba o venía del trabajo; o a nuestra madre —en mi caso trabajaban los dos—. Nosotros teníamos que ir al colegio a cumplir horario. Veíamos una vida de orden, de horarios, de obligaciones, de cumplimiento. Existen aproximadamente dos generaciones de argentinos que no han visto trabajar a sus padres. Se producen procesos de desocialización y en algunos casos con mayor profundidad, sobre todo en las zonas rurales. En ese sentido, será presentado en forma conjunta por la ministra de Salud y por la ministra de Desarrollo Social, el Plan de Abordaje Integral, que en una primera etapa va a comprender a doscientas dieciséis localidades rurales y urbanas y va a involucrar a más de medio millón de personas de altísimo riesgo social. Riesgo social que no solamente lo han medido con el índice común de las NBI, sino cruzando otras variables. Por eso también los rurales, fundamentalmente en las poblaciones entre los 1.000 y 10.000 habitantes, donde muchas veces ni siquiera se tiene la posibilidad, que sí se tiene en la ciudad, de llegar a acceder a alguno de los servicios. Y juntamente con esto, volver a articular a la escuela con la salud. También se presentará, simultáneamente con ello, el Plan o Programa de Sanidad Escolar, el Prosane. (Aplausos en las bancas y en las galerías) ¿Por qué? Porque también se había perdido lo que durante mucho tiempo tuvimos, que era el control de la salud y de las revisaciones en el colegio. Articular salud y escuela va a permitirnos, también, abordar estos problemas, no tal vez en la solución inmediata, pero sí comenzar a abordarlos, y en esta primera etapa alcanzar a más de medio millón de personas.
Finalmente, después de hablar de tanto “Acuerdo del Bicentenario” en materia de economía, de infraestructura, de salud, de educación, de ciencia y tecnología, quiero hablar de algo que es exactamente contrario al acuerdo. Donde no hay acuerdo, donde no puede haber acuerdo, donde solamente puede haber cumplimiento de la ley y justicia, es sobre la impunidad, la seguridad y la justicia en la República Argentina. Aquí ya no podemos hablar de acuerdos, aquí tenemos que hablar, lisa y llanamente, de cumplimiento de la ley.
Yo creo que los argentinos tenemos el derecho de abordar esta nueva etapa demandando a la Justicia la finalización de lo que constituyeron los juzgamientos de quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Como les dije, este no es un tema de acuerdos.
También quiero hablar del tema de la inseguridad porque, aunque parezca desconectado lo uno con lo otro, existe una conexidad. Creo que el deterioro de las instituciones de seguridad que tuvo lugar durante la dictadura… Hoy, cuando una madre, un padre o alguien dice: “Había zona liberada para vender paco o droga, para hacer aquel asalto o para cometer aquel homicidio”; vemos que esa zona liberada no es distinta a otra zona liberada que había durante la dictadura para llevarse o secuestrar a alguien. (Aplausos en las bancas y en las galerías) No es distinto, hay una conexidad: unos para delitos de lesa humanidad y otros para delitos comunes, pero ambos contribuyendo a crear la inseguridad.
¿Cuál es, entonces, la salida? Sé que hubo algún proyecto para abordar, en especial, el tema del juzgamiento de los delitos de lesa humanidad pero, sinceramente, creo que estaríamos cayendo en una trampa mortal, porque la solución debe ser sistémica, no podemos tener leyes para delincuentes de lesa humanidad y leyes para delincuentes comunes. (Aplausos en las bancas
y en las galerías) ¡Las leyes para los delincuentes son para todos los delincuentes, para los de lesa humanidad y para los comunes también! (Aplausos en las bancas y en las galerías) Porque esta es la clave de la democracia: la ley igual para todos.
Y en estos días vamos a enviar al Parlamento argentino —en nuestro rol de colegisladores, como nos corresponde, como iniciadores de proyectos que podemos ser desde el Poder Ejecutivo para que los trate el Poder Legislativo— instrumentos de oralidad en los recursos, de manera tal que el recurso ya no sea más una traba en ningún juicio: ni en los de lesa humanidad, ni en los juicios para delicuentes comunes. Y también que la interposición de recursos en la instrucción, no nos entrampe y nos impida elevar las causas a juicio plenario.
Estas son, entre otras, dos de las iniciativas que vamos a enviar. Asimismo, vamos a ampliar la recompensa, que hasta ahora está para delitos de narcotráfico y secuestros, para los delitos de lesa humanidad (Aplausos.)
Porque de acuerdo con los números que tenemos, provistos por las organizaciones de derechos humanos y también por la CONADEP, de 992 personas directamente involucradas en violaciones a los derechos humanos, solamente están en proceso unas 342, de las cuales sólo una tercera parte —o un poco menos— está en cárceles comunes; otros está en institutos militares y otros cumplen arresto domiciliario. Más allá de que, como todos ustedes saben, el Estado a través de los organismos competentes, ha demandado permanentemente a la Justicia que sean internados en lugares comunes. Y no nos equivocábamos. El episodio que nos tocó vivir con respecto al prefecto Febres creo que es demostrativo de lo acertados que estábamos cuando demandamos que fueran precisamente sometidos al Servicio Penitenciario Nacional en cárceles comunes.
Con respecto al tema de la Justicia, hemos aumentado sus recursos desde 2003 hasta la fecha en un 173 por ciento, y su planta de recursos humanos en un 17 por ciento.
Creo que hoy esta Corte prestigiosa y prestigiada tiene instrumentos en sus manos, a través de leyes vigentes, para poder también brindar un mejor servicio de justicia.
En el caso de los delitos de lesa humanidad, se me ocurre que el antecedente de la AMIA, en el que la Corte ordenó que un solo tribunal se ocupara de la causa, constituye un antecedente a tener en cuenta.
La Ley 4055 todavía sigue conservando la Superintendencia de nuestra Corte Suprema, más allá de algunas restricciones que han operado en favor del Consejo de la Magistratura, después de la reforma constitucional fundamentalmente en lo que se refiere a sanciones disciplinarias y a la posibilidad de dictar reglamentos. Sin embargo, hay numerosas facultades que las leyes siguen conservando en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para controlar, precisamente, a todos sus juzgados inferiores y que deben ser ejercidas porque ella es el órgano supremo de ese poder.
Y así como tienen facultades para poder instruir al Poder Legislativo para que dicte alguna ley, o al Poder Ejecutivo para que cumpla con alguna cuestión, ¿cómo no van a tener facultades dentro de su propio poder?
Yo soy kelseniana y creo que el sistema no tiene lagunas, se basta a sí mismo. Tomemos las facultades, y que cada poder, con las facultades que le da la Constitución y las leyes vigentes, se haga cargo de la parte de responsabilidad que le compete. En la administración de justicia, a quienes son el órgano supremo de la Justicia; en materia legislativa a quienes, como ustedes,
conforman este poder; y en mi caso, a propender las políticas que mejoren la calidad de vida de los argentinos. (Aplausos.) Esos son los roles institucionales y constitucionales que cada uno de nosotros tiene que tener.
Hace unos días se entregaban numerosos instrumentos —como patrulleros y demás— que hacen a un mejor pertrecho por parte de quienes tienen que combatir el delito. Pero también señalaba —vinculado con la primera parte de mi intervención en cuanto a la conexidad de aquella inseguridad y de esta inseguridad— la necesaria reconstrucción de la confianza que tiene que volver a darse entre las instituciones de la seguridad y la sociedad civil, y que es vital para combatir el delito. (Aplausos.)
En esa reconstrucción de la confianza tiene que haber un fuerte compromiso también de las fuerzas de seguridad. Estas son las fuerzas de seguridad que tenemos, y debemos lograr que combatan mejor el delito. Y este es un compromiso en el cual todos tenemos algo que hacer y algo que aportar.
Pero creo sinceramente, y en honor a la verdad, que muchas veces, desde sectores que tienen un fuerte compromiso y una fuerte vocación, también se desalientan.
Pensaba, por ejemplo, en el policía que detuvo en el año 2000 a quien luego resultó ser el francotirador de Belgrano. Lo detuvo. Cumplió con su deber. Y un juez, a los cuatro meses, lo sobreseyó. O aquel otro que, tal vez, se enfrentó con terribles delincuentes que después resultaron ser liberados porque pasaron tres años sin que el recurso sea tratado y, entonces, quedaron en libertad.
Creo que existe la necesidad de volver a una sociedad de premios y castigos, donde los que delinquen y los que se equivocan sean castigados y no sean luego, a través del artilugio de leyes o de vaya a saber qué, liberados. Creo que es imprescindible, para reconstruir la confianza en el sistema, que todos tengamos una mirada de reflexión y, fundamentalmente, una acción sobre estas cuestiones que estoy enumerando.
Por eso, y sin querer aburrirlos en esta mañana lluviosa, quiero referirme a un tema que para nosotros es caro. Me refiero al reclamo permanente que tenemos sobre nuestras islas Malvinas. (Aplausos.) Pero este año quiero agregar, a lo que ha sido siempre un fuerte reclamo ante esa vergüenza que significa, en pleno siglo XXI, el enclave colonial en el Atlántico Sur, un acto humanitario: que Inglaterra permita a los deudos, a los familiares de los que murieron y están enterrados en Malvinas ir en avión. (Aplausos.) Es lo único que estamos pidiéndole todos los argentinos al Reino Unido: que permita el vuelo en avión para la inauguración del monumento que ellos mismos, con ayuda privada, han construido en recuerdo de sus deudos.
Finalmente, argentinos y argentinas, antiguos compañeros de bancada: quiero decirles que, como siempre, en estos casi tres meses de gestión, he puesto de mí lo mejor, y lo voy a seguir haciendo. Tengo plena confianza no solamente en el futuro, sino en el presente de la Argentina porque vislumbro que la sociedad está cambiando, aunque tal vez no lo notemos, pero está cambiando. He comenzado a avizorar que es posible construir un país mejor y que todos tenemos un grado de responsabilidad en esa construcción. Este Parlamento también tiene un gran compromiso en ese modelo y en ese acuerdo.
Quiero decirles que cada una de las iniciativas que vamos a enviar, así como las que ya hemos enviado, vamos a debatirlas y a discutirlas como lo hemos venido haciendo en materia de ferrocarriles, en materia de seguridad vial, el otro gran tema de la seguridad cuya sanción agradezco a este Parlamento. No se si ya lo aprobó la Cámara de Diputados. Creo que no. Sí lo aprobó el Senado, cuerpo al cual le pedí que eliminara aquellos artículos vinculados con la creación de cargas o contribuciones, que por equivocación habíamos introducido en el proyecto que tuviera origen en el Senado, cuando en rigor de verdad corresponde a la Cámara de Diputados ser la iniciadora de todo aquello que implique cargas o contribuciones, de forma de respetar la institucionalidad que significa que esa Cámara sea la que mantenga esa iniciativa. Y esto no es una concesión de esta presidenta, sino una prerrogativa que le otorga la Constitución.
Agradezco a todos y a todas el esfuerzo, y los convoco a este siglo XXI y a este gran acuerdo del Bicentenario. Los argentinos tenemos que reflexionar sobre estos 200 últimos años que hemos vivido, algunos a través de la historia, otros a través de las vivencias de una parte del siglo pasado, y en los que hemos sido protagonistas como —militantes o desde algún lugar— de cosas muy terribles que nos sucedieron a todos los argentinos.
Pero creo que todos hemos hecho un duro aprendizaje de los errores y una clara asimilación de los aciertos, que es la clave en la vida no solamente política o institucional de un país, sino también en la vida personal de todos y cada uno de nosotros.
Por eso, con este agradecimiento y esta convocatoria, dejo inaugurado este período de sesiones del Parlamento argentino. Tengan todos ustedes muy buenos días”.