La Cámara alta aprobó la norma que generara una polémica con el Ministerio de Economía, que perdió las facultades que había alcanzado sobre el proyecto al obtener la primera media sanción.
Con la oposición del radicalismo, el ARI, la Coalición Cívica, el socialismo, partidos provinciales y peronistas disidentes… pero con la fuerza autosuficiente del oficialismo, fue aprobado el proyecto remitido por el PEN, que establece un régimen orientado al estímulo de inversiones.
El oficialismo logró aprobar la norma sancionándola por 38 votos a favor y 17 en contra.
La norma apunta a los bienes de capital nuevos que revistan la calidad de bienes muebles, excepto automóviles, amortizables en el Impuesto a las Ganancias, destinados a la actividad industrial así como para obras de infraestructura, menos las obras civiles.
La norma generó gran polémica al modificar la Cámara baja el texto aprobado inicialmente en el Senado, donde Martín Lousteau había logrado convertir a esa cartera en autoridad de aplicación.
Sin embargo, tras la modificación impulsada en Diputados, el Senado aprobó y convirtió en ley un texto que cambia el nombre “Ministerio de Economía” por el más amplio de “Poder Ejecutivo”. Fue precisamente el dato que despertó las críticas de la oposición, que tomó esas dos palabras con nombre propio: Julio De Vido.
Es que seguramente el Ministerio de Planificación Federal será el que se ocupe de administrar los fondos correspondientes a obras de infraestructura críticas, tal la definición dada por el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Roberto Urquía.
El legislador cordobés explicó que corresponde al Poder Ejecutivo decidir que dependencia oficial deberá ser autoridad de aplicación, y puso el ejemplo de las obras públicas, área que maneja De Vido desde su ministerio.
A su vez, el titular del bloque mayoritario, Miguel Angel Pichetto, defendió el proyecto señalando que se trató de “una decisión política de la presidenta” Cristina Kirchner, y dijo que “no hay que devaluar” su autoridad.
Pichetto, sostuvo que los legisladores oficialistas “no somos librepensadores” y que “los bloques del gobierno responden al Poder Ejecutivo”. Destacó que “hubo una decisión política de la Presidenta y los ministros son funcionarios dependientes del Ejecutivo. Nada pasa ni ocurre en el país sin que esté en juego la decisión de la autoridad presidencial en la Argentina”.
Durante el debate, el jefe del bloque radical, Ernesto Sanz, se preguntó “qué pasó” entre la aprobación del proyecto en el Senado y la sanción en Diputados, y remarcó que “el Ministerio de Planificación será la autoridad de aplicación” de la ley.
Agregó que desde el propio Gobierno se “ningunea” a Martín Losteau, quien “se tuvo que volver con la frente marchita”, ironizó.
Luego el mendocino habó de heridos políticos dentro del oficialismo, y a la lista en la que todos pusieron al ministro de Economía, el jefe del bloque ubicó al propio bloque del FpV del Senado: “desde la propia bancada del oficialismo en Diputados le pasan facturas cada vez que pueden”, dijo.
La senadora Chiche Duhalde señaló por su lado que la Cámara alta debe velar “por la transparencia de las instituciones, por más que el Gobierno esté confundido”. Agregó que “un defecto del Gobierno es creer que quienes pensamos distintos somos enemigos”.
Otro neo-opositor, Adolfo Rodríguez Saá, dijo que “el problema es que detrás de esto hay una gran sospecha” sobre el rol que desempeña el Ministerio de Planificación Federal en este gobierno, y por eso se negó a aprobar el cambio introducido en Diputados.
A su vez, el senador socialista Rubén Giustiniani expresó su voto contrario, pero en su caso aclaró que no sólo se oponía al cambio de la autoridad de aplicación, sino también al contenido de toda la ley.
Por su parte, la senadora de la CC María Eugenia Estenssoro admitió “la intención del bloque oficialista” que “quería promover un diálogo entre los poderes y por eso vino el ministro de Economía”, pero indicó que “es muy triste que tengamos funcionarios que dan su palabra y luego vuelven a su despacho y son desautorizados”.
El proyecto impulsa un régimen transitorio para el tratamiento fiscal de las inversiones entre octubre de 2007 y septiembre de 2010. Aclara que no se puede acceder a los dos beneficios en un mismo emprendimiento, excepto cuando se trata de un proyecto que exporta el cien por ciento de lo que produce.
Podrán acceder a ambos estímulos aquellas empresas cuyos proyectos, además de cumplir con los requisitos propios del proyecto de inversión, se encuentren enmarcados dentro de un plan de “producción limpia” o de “reconversión industrial sustentable”.
