A pedido de la Coalición Cívica se había convocado a una sesión especial para este martes, donde solo asistieron una treintena de diputados opositores que atacaron al oficialismo por no dar quórum. La sesión en minoría duró 30 minutos.
Un diputado nacional por minuto para una triste sesión que prometía ser un espacio importante de debate sobre un tema de derechos humanos como es la derogación de los indultos a los condenados por crímenes de lesa humanidad, pero de 257 legisladores solo asistieron 36.
La sesión especial pedida por la Coalición Cívica tuvo 4 oradores y duró sólo 36 minutos.
Ante semejante soledad, los diputados opositores apuntaron contra la decisión del kirchnerismo de no estar presente.
“Deberiamos estar avergonzados”, disparó la diputada de la CC Marcela Rodriguez. También se sumó el jefe de bloque del ARI Autónomo, Eduardo Macaluse, que se mostró preocupado por la falta de voluntad para debatir temas que realmente preocupan y nadie explica porque no vienen.
“Me preocupa porque el Congreso no está trabajando sobre problemas que afectan a la gente”.
El radicalismo, en la voz de Pedro Azcoiti, lamentó que el oficialismo no diera quórum, mientras que la legisladora cordobesa Norma Morandini comparó la situación actual del agro con la falta de diálogo del oficialismo.
Morandini concluyó: “Los derechos humanos no tienen bandera política, no le pertenece a nadie, son de todos”.
En esta sesión especial también participó el PRO pero nadie hizo uso de la palabra.
Asimismo, llamó la atención la ausencia de los aliados del kirchnerismo, Encuentro Popular y Social, que cuenta entre sus filas con la diputada Victoria Donda Pérez, hija de desaparecidos.
En conclusión, no se trató el expediente 654-D-08 de la diputada de la CC Marcela Rodríguez (ARI-Buenos Aires), que tiene como objeto “eliminar todo tipo de obstáculo para la investigación de los delitos de lesa humanidad, en cumplimiento con las obligaciones asumidas por nuestro Estado en numerosos tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”.
La iniciativa dispone que los delitos de lesa humanidad previstos en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable. Además, establece expresamente que esta nulidad alcanza a los actos de esta naturaleza dictados con fecha anterior a la promulgación de la ley. La nulidad debe ser declarada en sede judicial, de oficio o a petición de parte.
La propuesta se enmarca en la misma línea de la declaración de nulidad de las leyes de impunidad, oportunamente sancionada por el Congreso de la Nación.
