El diputado nacional José Ignacio García Hamilton advirtió que “si un sector económico nacional es eficiente, competitivo y obtiene buenos precios internacionales, como el campo, ello no es motivo para que el gobierno le aplique retenciones que le quiten su rentabilidad”.

“Es más justo que esas ganancias las conserven los productores, y no que las confisque un gobierno parasitario que no devuelve al pueblo sus impuestos en caminos, seguridad, salud o educación”, sostuvo el legislador tucumano.

Para el diputado radical, “esto se agrava por cuanto las retenciones van al gobierno nacional y no son coparticipables, mientras que la soja se produce solamente en las provincias. La Administración Nacional dice que los productores agrícolas quieren quedarse con el precio pleno de la soja y argumenta que ellos, los burócratas depredadores, deben fijarles los ‘niveles adecuados o tolerables de rentabilidad’”.

“Esto es erróneo e ilegal, puesto que los gobiernos no crean riqueza, sino que quienes la elaboran son los empresarios que invierten y producen, y por lo tanto es legítimo que disfruten de sus beneficios, y no que una administración elefantiásica destine esos recursos al clientelismo y para perpetuarse en el poder”, agregó el legislador.

“Un país es grande cuando sus empresarios ganan dinero y no cuando son marginales, no tienen incentivos o trabajan a pérdida”, agregó García Hamilton, quien remarcó que “los productores gastan su propio dinero con eficiencia y corrección (nadie se roba lo propio), mientras que los gobiernos suelen hacerlo con ineficiencia y corrupción, que encarecen las pocas obras públicas que se realizan”.

Por otra parte, el diputado García Hamilton remarcó que “si el Gobierno nacional sostiene que el país está mejor económicamente, no hay razón para que aumente las retenciones, salvo que se trate de un esquema mental depredatorio y autoritario”.

“Nuestra Corte Suprema sostuvo tradicionalmente que el impuesto que supera el 33 por ciento de las ganancias es confiscatorio y hoy, los productores de soja, ven que el Estado les lleva casi el 80 por ciento de sus ingresos brutos. Esto significa la estatización de la renta agraria, que en 1946, cuando el gobierno peronista creó el IAPI y congeló los arrendamientos rurales, bajó la producción agrícola a niveles inferiores a 1920 y el propio Perón debió rectificar el rumbo en 1949. El gobierno actual debe rectificar su atropello fiscal, restaurando el estado de derecho y el equilibrio productivo nacional”.