A comienzos del siglo XXI, la máxima -y excepcional- representación de las mujeres en los órganos legislativos mundiales, estaba circunscripta a los países nórdicos, de larga tradición en la materia, con un promedio del 40%.

En la Argentina, la ley 24.012 sancionada en 1991, estableció por primera vez en el mundo un cupo mínimo del 30% para las mujeres en las listas electorales, y en proporciones con posibilidad de resultar electas. A partir de esta normativa, doce países latinoamericanos, motivados por la experiencia desarrollada en nuestro país, introdujeron medidas para promover la participación política de las mujeres, con leyes de cuotas que van desde el veinte hasta el cuarenta por ciento.

Sin embargo, en México (1996), Perú (1997), Brasil (1997) y Panamá (1997), las respectivas legislaciones no especificaban la ubicación de las mujeres en las listas electorales, motivo por el cual el sistema de cupo no garantizaba una activa representación.

Es importante destacar que un estudio realizado en el 2002 por IPU (Unión Inter-Parliamentary Unión) revelaba que de los 179 parlamentos existentes en el mundo, de los cuales 65 son bicamerales, sólo el 9,9% de las mujeres ocupaban cargos de dirección o conducción.

Por lo tanto, aquí quedan planteados los tres ejes esenciales respecto de este tema: los porcentajes, las garantías reales para acceder a los cargos legislativos, y -lo que todavía tiene un crecimiento demasiado gradual- los lugares de conducción o de toma de decisiones, tanto en la Cámara, como en las comisiones y en los bloques.

En abril de 2006 presenté un proyecto de ley -que ya fue reproducido para extender durante dos años más su vigencia parlamentaria- que prevé la modificación del Artículo 60 del Código Nacional Electoral, con respecto a la participación equivalente de género; es decir, para lograr el 50% de las bancas, tanto para mujeres como para varones. No solamente nos asisten los derechos constitucionales y las legislaciones nacionales e internacionales -aspectos minuciosamente detallados en los fundamentos de mi proyecto- sino también la constatación fehaciente, tanto en los censos como en los padrones electorales, de que las mujeres representamos holgadamente el 50%.

Este paso fundamental no debería agotarse en los poderes del Estado, sino que sería auspicioso que se extendiera también a todas las instituciones, organismos, sindicatos y empresas, para que en un futuro no exista la necesidad de cupos por género para acceder a puestos o cargos de máxima responsabilidad, sino que ese acceso esté determinado naturalmente por la formación, la capacidad, la inteligencia, las ideas y la gestión.

A partir del notorio avance de las mujeres en la participación política nacional, se establecieron conceptos que intentaban definir esa situación. El más difundido fue el de “techo de cristal”, eufemismo que pretendía determinar los límites invisibles de esta progresiva expansión, cuando en realidad se aludía en forma concreta a los prejuicios existentes. Simbólicamente, el hecho de que las mujeres fuéramos advertidas dentro de una estructura de cristal, refleja hasta qué punto están arraigados determinados roles y estereotipos.

Lo cierto es que hasta hace poco más de medio siglo, las mujeres no podíamos votar ni ser elegidas, y que las conquistas logradas hasta ahora son producto del trabajo, el esfuerzo y las múltiples iniciativas en la materia, aunque todavía queda mucho camino por recorrer.

Cuando en 1951 se instrumentó la ley 13.010, no sólo se había logrado el acceso de las mujeres al voto, sino que se había potenciado un cambio cultural para toda la sociedad. La participación equivalente de género en el ámbito político implicará -no tengo dudas- el desarrollo de una herramienta que permita trasladar esa igualdad a otros planos, y construir definitivamente un país más equitativo, representativo y democrático, sin exclusiones ni restricciones.

* Nora César es diputada nacional FpV-Bs.As.. Preside la Comisión de Legislación Penal