Finalmente la Cámara alta convirtió en ley el proyecto sobre Seguridad Vial. El mismo día en el que una espectacular cadena de accidentes –que no es lo mismo que un accidente en cadena- tuvo lugar en la ruta 9, a la altura de San Pedro, por una mezcla de irresponsabilidad de los concesionarios del peaje y de los propios automovilistas involucrados, el Parlamento aprobó una norma que busca poner algún coto a esta situación.

El tema había sido debatido ya dos semanas atrás, cuando no pudo convertirse en ley al quedarse sin quórum el debate para la votación. Por eso el oficialismo se opuso, a través del senador Miguel Angel Pichetto, a reabrir la discusión antes de votar.

“Habíamos comenzado a hablar en particular y ahí se solicitó un cuarto intermedio. Se cortó el debate en particular”, expresó el radical santacruceño Alfredo Martínez para explicar que no querían discutir en general, sino fundamentar el voto negativo respecto a algunos artículos de la norma.

Finalmente se votó en general, aprobándose la ley con 58 votos a favor y dos en contra.

Posteriormente se dio inicio a la votación en particular, señalando el radicalismo su disidencia a los artículos que van entre el 1 y el 11, los cuales también fueron aprobados, pero por votaciones más estrechas (no demasiado).

Entre otras cosas, la ley determina la creación de un registro único para conducir. Crea una Agencia Nacional de Seguridad Vial, y a partir de la misma habrá una nueva licencia nacional de conducir con una cantidad uniforme de puntos a través de la implementación del sistema conocido como “scoring”, que se irán descontando según las faltas que cometa cada automovilista.

El proyecto debió ser aprobado en la última sesión, pero al quedarse el Cuerpo sin quórum, la sesión pasó a cuarto intermedio, por lo que este miércoles se completará el proceso.

En rigor, la iniciativa fue tratada por el Cuerpo el pasado 27 de febrero, pasando luego a Diputados, donde se le introdujeron modificaciones que ameritaban que el Senado volviera a tratar el tema para convertirlo en ley.

Entre las modificaciones que los diputados incorporaron figura, por ejemplo, la creación de un impuesto del 1% sobre las pólizas de seguros de los automotores para financiar el plan.

Modificaron también un punto incorporado por los senadores que establecía la “prohibición” de la venta de bebidas en el acceso a rutas del país y acordaron cambiarlo por la “limitación” del expendio, ya que eso perjudicaría a los vecinos de los pueblos que tienen un solo comercio a la vera de la ruta.

Durante el debate hubo algunos planteos de los senadores, específicamente sobre el artículo 12 inciso f, por el nuevo impuesto a aplicar. En tal sentido, la senadora María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica) sostuvo que “existen fondos necesarios producto del superávit y por ende considero que no es necesaria la inclusión de un nuevo impuesto”. El senador Alfredo Martínez (UCR-Santa Cruz) opinó en el mismo sentido.

No obstante desde la bancada oficialista manifestaron que para la aplicación plena de la ley era menester contar con dicho impuesto. Tal artículo –con este inciso en particular- fue sometido a votación y quedó aprobado por 58 votos afirmativos, con 4 negativos quedando redactado del siguiente modo “Contribución obligatoria del 1 % sobre las primas de seguro automotor correspondientes a las pólizas contratadas con entidades de seguros. Dicha contribución será liquidada por los aseguradores a la Superintendencia de Seguros de la Nación, conforme lo establezca la reglamentación. La afectación específica de estos recursos será por el término de 10 años”.

Por otra parte, el artículo 26, en su inciso 4, quedó aprobado tal como salió de Senadores, dejando de lado el agregado realizado por la Cámara de Diputados donde requería un estudio en particular sobre el síndrome de apnea. Por lo tanto el inciso queda redactado así “un examen psicofísico que comprenderá: una constancia de aptitud física, de aptitud visual, de aptitud auditiva y de aptitud psíquica”.

Finalmente, el proyecto fue aprobado en particular y la ley es remitida al Poder Ejecutivo para su reglamentación.