En forma unánime, por 51 votos a favor y ninguno en contra, la Cámaraa alta aprobó la reforma del Régimen Federal de Pesca.

Se trata de una ley que dispone el otorgamiento de las cuotas de captura o autorización a quienes “no son armadores ni propietarios de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso otorgado por autoridad competente”.

Quedan obligadas las empresas pesqueras a optar entre los permisos otorgados por la Argentina y aquellos expedidos por el gobierno kelper en Malvinas, dado que establece claras restricciones para capturar en aguas territoriales argentinas.

En el recinto, el senador chubutense Marcelo Guinle sostuvo que el proyecto “va en línea con la defensa de los intereses argentinos también en zona de disputa”, y mantiene un “espíritu necesario y congruente para la defensa del interés nacional para que quien lucra con los intereses nacionales sea sancionado con todo el rigor de la ley”.

Guinle sostuvo que una resolución de la Secretaría de Energía de abril de 2007 que va en el mismo sentido que la reforma a la Ley de Pesca “algún día deberá tener jerarquía de ley”. Hablaba de la norma que establece sanciones aplicables a empresas que fueran titulares, accionistas o contratistas o tengan relación de beneficios con empresas que desarrollen actividades de explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, sin permiso otorgado por autoridad competente.

La titular de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, precisamente otra representante de Chubut, Silvia Giusti, omitió la cuestión de Malvinas, aunque remarcó que “muchas de las especies ictícolas se encuentran en colapso porque se hacen sobre ellas una sobreexplotación” y que por ello “es necesario aumentar los controles y las multas que se apliquen a la pesca ilegal”.

Giusti declaró que, “la gran cantidad de recursos pesqueros con los que cuenta nuestro país, dada su amplia plataforma continental y un extenso litoral marítimo, fueron el fundamento principal a la hora de realizar este proyecto de ley”. Y agregó, “la importancia económica de la actividad pesquera radica en el aporte al desarrollo de centros pesqueros localizados a lo largo de toda la costa marítima, en cuanto al movimiento económico que genera y a la cantidad de empleos que produce en zonas donde tradicionalmente no abundan alternativas de ocupación laboral. Pero en la actualidad debemos reconocer que muchas de las especies se encuentran en riesgo de colapso, dado que se realiza sobre ellas una explotación de carácter pleno. Colapso que tiene una causa principal y casi excluyente: la pesca ilegal, que no conoce fronteras”.

La legisladora también afirmó que, “esta realidad representa una amenaza directa para el logro de la conservación y ordenación eficientes de muchas poblaciones ícticas y se la considera, cada vez más como uno de los mayores obstáculos para lograr una pesca mundial sustentable”.

“Asimismo, la pesca ilegal no respeta las fronteras nacionales ni los intentos internacionales de ordenamiento de los recursos de alta mar. Este tipo de pesca prospera donde predominan débiles acuerdos gubernamentales y es fomentada aún más por el fracaso de los países en cumplir con sus responsabilidades internacionales. Además, ejerce una presión insostenible sobre las poblaciones pesqueras, la vida silvestre marina y los hábitat, subvierte los estándares laborales y distorsiona los mercados”, concluyó Giusti.

A su vez, el senador el radical santacruceño Alfredo Martínez expresó su acuerdo con el proyecto, pues “es algo que venían reclamando todas las provincias”, ya que la pesca “es una actividad muy difícil de controlar”.

Ponderó también el incremento de las multas, al indicar que “por su bajo monto muchas empresas preferían pagarlas”, antes que regularizar su situación.