La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba rechazó el amparo de un productor rural que pedía frenar la aplicación de las retenciones impuestas por el Poder Ejecutivo Nacional y aseguró que a esta altura resulta “prudente” dejar al Congreso Nacional “resolver este asunto” que enfrenta al Gobierno y al campo.

Según difundió el Centro de Información Judicial que depende de la Corte Suprema de la Nación, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de Córdoba rechazó un planteo del productor que quería frenar la aplicación de las retenciones, más allá de los debates que existen en el Congreso.

El productor rural Miguel Andrés Echarnier reclamó un amparo judicial porque, dijo, se estaba “amenazando en forma inminente su derecho de propiedad, a trabajar, a comerciar, ejercer una industria lícita, a la libertad económica y al desarrollo humano”.

Pero los jueces Ignacio María Vélez Funes, Humberto Aliaga Yofre y Gustavo Becerra Ferrer rechazaron el pedido de Echarnier para disponer la inconstitucionalidad de la resolución 125/08 del Ministerio de Economía y sus modificatorias. El 3 de abril pasado, la jueza de primera instancia rechazó in limine el recurso, al señalar que “las normas atacadas tienen como destinatario directo al exportador, por lo que la demostración del supuesto perjuicio en cabeza del productor agropecuario debe ser objeto de prueba, aspecto que por su complejidad técnica requiere un debate que excede el marco de la vía excepcional del amparo”.

La Cámara Federal de Córdoba ratificó la medida al señalar que “la calidad de productor agropecuario no trae aparejada necesariamente de por sí la actividad de exportación que constituye el hecho imponible, por lo que pretender justificar por parte del amparista su legitimación en base a una supuesta traslación del tributo operada en el precio de venta del cereal en el mercado interno, consiste en un elemento de hecho que debe ser acreditado en debida forma”. Los jueces dijeron que no pueden responder los interrogantes del caso con un amparo y sin pruebas suficientes, “más cuando la cuestión suscitada puede significar invadir la esfera de actuación del Poder Ejecutivo Nacional o incluso del Poder Legislativo Nacional, afectando con ello la división de poderes que consagra el sistema republicano en la Constitución Nacional”.

“A la fecha de este pronunciamiento resulta del prudente arbitrio judicial dar lugar al Congreso Nacional para resolver este asunto (…), tendiente a saldar la discusión política relativa a la materia de retenciones”, se señaló