La ministra de Defensa, Nilda Garré participó del seminario organizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales que encabeza el periodista Horacio Verbitsky. El evento tuvo lugar en el Senado, donde habló también la titular de la Comisión de Defensa del Cuerpo, María Cristina Perceval.

Al hacer uso de la palabra, Nilda Garré comentó que es inminente el tratamiento de la reforma del Código de Justicia Militar en la Cámara alta. Asimismo, la ministra señaló que “el desafío consiste en hacer de los derechos humanos y la institucionalidad democrática una meta de la cual deben apropiarse las propias instituciones militares”.

Respecto a la reforma integral del sistema de justicia militar, Nilda Garré habló de “un ambicioso desafío que propone discutir mecanismos para mejorar la capacidad de reclamo y reivindicación de derechos por parte del personal militar”.

Respecto al tratamiento del proyecto de reforma del Código de Justicia Militar, la propia ministra señaló que Perceval le informó que el Senado trataría a la brevedad el tema. Añadió también que dos proyectos sobre el ombudsman militar también tienen estado parlamentario.

A través de los mismos, se crea la figura del defensor de los integrantes de las Fuerzas Armadas, en tanto el proyecto del Ministerio de Defensa -al que la ministra de Defensa calificó como “más tímido”- extiende las atribuciones del Defensor del Pueblo al ámbito castrense.

Garré comentó que en los últimos tres meses la cartera de la cual es titular recibió 101 denuncias de miembros de las Fuerzas Armadas por abusos y discriminaciones.

“No existe democracia plena si algunas personas, en este caso los militares, no tienen garantizados todos los derechos”, pero también exigió la “sujeción militar a las autoridades civiles elegidas por el voto popular”, agregó la ministra de Defensa.

En el seminario participaron también el ombudsman de las Fuerzas Armadas alemanas, Reinhold Robbe; la ombudsman interina del Departamento de Defensa de Canadá, Mary McFadyen; el defensor del Pueblo de la Argentina, Eduardo Mondino y la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Luz Patricia Mejía.