Los senadores kirchneristas y radicales intentarán consensuar este miércoles sus respectivos proyectos para formar una Comisión Especial Investigadora sobre las cerealeras. Con declaraciones fraguadas, las cerealeras habrían evadido impuestos por 1700 millones de dólares en un año.
Los senadores volverán al trabajo tras el receso invernal, mucho más rápido que los diputados y con un proyecto vinculado a las retenciones agropecuarias. Será este miércoles, en una sesión sobre tablas donde las principales exportadoras cerealeras serán puestas bajo sospecha por una supuesta evasión impositiva que treparía a 1700 millones de dólares en menos de un año.
Kirchneristas y radicales buscarán consensuar sus respectivos proyectos para conformar en el Senado una Comisión Especial Investigadora, que avanzará sobre las “maniobras fraudulentas” que las exportadoras habrían cometido con la presentación anticipada de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) sin haber efectuado la compra de granos y cereales.
Con esa maniobra habrían sorteado las subas en las alícuotas a las exportaciones, embolsando la escalofriante cifra que debería haber ingresado a las arcas estatales. Según las denuncias, Bunge Argentina, Cargill, Nidera, Aceitera General Deheza y Molinos Ríos de La Plata encabezan el ranking evasor.
El jefe de la bancada oficialista en el Senado, Miguel Angel Pichetto, se mostró dispuesto a consensuar con el radicalismo un proyecto común para crear una comisión investigadora. Como muestra de la “voluntad política” de avanzar en el tema, el senador rionegrino propuso tratarlo este miércoles, sobre tablas. Los radicales aceptaron la propuesta de elaborar una iniciativa unificada.
A través de los senadores Gerardo Morales, Ernesto Sanz, Juan Carlos Marino y Alfredo Martínez, la UCR ya había presentado un proyecto proponiendo la conformación de una comisión investigadora de seis senadores, con al menos un tercio de sus miembros provenientes del “principal bloque de la oposición”. Es decir, del radicalismo.
Entre sus fundamentos, los senadores radicales afirman que la “elusión de impuestos” podría superar los 1700 millones de dólares y que se estaría ante “un caso de tráfico de influencias y filtración de información sensible que habría servido de origen a la maniobra irregular”.
La denuncia del ex legislador Mario Cafiero sobre el “fraude fiscal” de las cerealeras se había hecho pública en medio del debate por las retenciones móviles en la Cámara de Diputados, pero el fragor de la disputa por la Resolución 125 terminó tapándola. Cafiero llevó su denuncia a la Justicia, ratificó la misma con un detallado trabajo sobre cada DJVE del último año y valoró la “evasión fiscal” en 1450 millones de dólares.
El nuevo presidente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), Ricardo Echegaray, hizo propia la denuncia y ordenó revisar las retenciones de 30 millones de toneladas de granos y subproductos (aceites) exportadas por 57 empresas, amparado en la ley Martínez Raymonda (que establece mayores controles sobre los registros exportadores) y el decreto presidencial 764 de mayo de 2008. Según sus primeras conclusiones, las compañías no podrían acreditar la existencia de 24 millones de toneladas al momento de la exportación, tal como declararon en las DJVE.
En su denuncia, Cafiero estableció un ranking de las 22 principales cerealeras que “participaron de la evasión fiscal” con cifras superiores al millón de dólares. Y, entre las cinco primeras –con centenares de millones de la misma moneda–, está la aceitera Deheza, propiedad del senador oficialista Roberto Urquía. El legislador cordobés fue uno de los más activos a la hora de modificar la ley Martínez Raymonda en el Senado. Modificaciones que, a juicio de la oposición, menguaron el poder de control de la norma.
La militancia de Urquía contra de las retenciones le costaron la presidencia de la Comisión de Presupuesto y el alejamiento de uno de sus hombres de confianza de la Oncca, Jorge Artundo. Lejos de abstenerse por su condición de “gran productor y exportador”, Urquía justificó su voto en contra de la Resolución 125 en el pedido de su gobernador, Juan Schiaretti, de “defender” a los productores de Córdoba. Ahora, también podría votar en contra de la creación de la comisión investigadora que pondrá bajo la lupa a su propia compañía.
