Los senadores nacionales resolvieron introducir cambios al proyecto de ley que prevé el otorgamiento de un resarcimiento a las víctimas y familiares de la voladura de la mutual israelita sucedida en julio de 1994.

El proyecto es analizado en el seno de la Comisión de Legislación General, donde aún no se emitió dictamen, pero ya está resuelto que habrá cambios en el proyecto, instrumentados en base al reclamo de algunos familiares de los fallecidos en el ataque

Esas modificaciones tienen que ver con la imposibilidad de ejercer acciones legales contra el Estado nacional si se acepta el beneficio propuesto, pero también por la inferioridad del monto que pagará la Argentina por el resarcimiento en comparación con lo que resultaría de una acción penal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El titular del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto, participó de una reunión de la comisión pese a no ser miembro de la misma, a fin de informarle a la directora de Asuntos Internacionales en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Andrea Gualde, la inquietud de muchos de los familiares y de las víctimas del ataque.

Según pudo saberse, los probables beneficiarios de la ley recordaron el “caso Bulacio” por el cual los familiares del joven asesinado por la Policía Federal durante un recital de rock, acudieron a la CIDH y recibieron una importante indemnización. En tal sentido, el legislador señaló que “el Congreso debe decidir si se opta por una indemnización integral, tal como está contemplada en el Código Civil, o por una tarifada, como es en esta ley”. A partir de ello, reclamó modificaciones, ya que de lo contrario se estaría aprobando una norma que no tendrá receptividad.

“Decidir cuál es el esquema reparatorio es potestad de este Congreso”, señaló Gualde por su parte, tras lo cual reconoció que el beneficio indemnizatorio que propone el gobierno es, como máximo, de 400 mil pesos en tanto que los familiares del joven Bulacio percibieron alrededor de 400 mil dólares.

“Si usted tiene la confesión del Estado de que es responsable del atentado por no haber actuado para evitarlo, entonces el camino de la demanda debe estar abierto y con un resultado previsible. Tendríamos que analizar de nuevo el tema indemnizatorio”, señaló Pichetto.

Otros legisladores, como Pichetto, el presidente de la comisión, Pedro Guastavino, y la justicialista Sonia Escudero, propusieron que en los casos en que las víctimas o sus familiares decidan continuar con la acción penal, las costas del juicio sean asumidas por el Estado nacional.