Avanza en Diputados una mayor protección ante las quiebras.
Una iniciativa de la diputada correntina María Araceli Carmona logró el aval de la Comisión de Justicia con la intención de resguardar la igualdad de partes ante la presentación de un concurso preventivo y ante posibles maniobras evasoras del deudor.
También avala un proyecto que escude el movimiento de cargos judiciales.
El dictamen de la formación parlamentaria de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación fue expedido en su última reunión del martes y se espera que desde la comisión de Legislación General se consiga el mismo consenso.
“Se intenta llenar un vacío”, apuntó la legisladora correntina María Araceli Carmona, autora del proyecto con el que se adaptarían nuevas medidas de seguridad con respecto a los bienes del deudor, incluida la expropiación, y en resguardo de la parte denunciante. El otro proyecto en cuestión tiene que ver con el establecimiento de una permanencia mínima de tres años en un mismo cargo judicial para que el funcionario mantenga estabilidad en sus trabajos y no los descuide mientras busca una nueva propuesta.
La diputada Marita Carmona fundamenta que “la sentencia que abre un concurso preventivo no desapodera al concursado sino que lo sujeta a algunas medidas de contralor por el síndico” y que “como consecuencia de ello el deudor sigue administrando sus negocios, sean estos comerciales o no, con las restricciones que le imponen los artículos 16 y 17 de la ley 24.522”.
La actualización jurídica propuesta por Carmona es simple y lo traduce en la incorporación de un nuevo artículo –que llevaría el número 13- en la ley 24.522 que sería redactado de la siguiente manera: “Al recibir la presentación del deudor, el juez podrá proveer las medidas de seguridad que estime convenientes sobre los bienes del mismo, incluso el embargo de todos o parte de ellos y la inhibición general del deudor para disponer y gravar bienes registrables, y en su caso los de los socios ilimitadamente responsables, debiendo ser anotadas en los registros pertinentes. En este caso no será aplicable lo dispuesto en el artículo 14 inciso 7”.
Carmona sostiene que esta medida “no es obligatoria para el juez, sino que es una herramienta” y agregó que “de lo contrario si se tuviera que esperar que salga la resolución de apertura del concurso y que se decrete la inhibición de bienes, mientras tanto el deudor podría hacer cualquier tipo de cuestión sobre sus bienes, algo que es muy común que en el paso de la quiebra lo hagan”.
Por lo tanto, sostiene que “parece natural que si la ley antes de la apertura no pone límites al deudor en el manejo de los negocios todo acto lícito será válido. Este desapoderamiento atenuado es efecto de la sentencia de apertura “pero que pasa en el interregno que puede ser de largos meses entre la presentación del pedido de concurso y la sentencia”.
Los actos realizados por un deudor desde la fecha de presentación en el concurso y la sentencia de apertura que obren en detrimento de la garantía común de los acreedores deben ser alcanzados por la ley concursal actual, deficiencia que mantiene la nuestra pese a las numerosas reformas realizadas.
En consecuencia, Carmona concluye que “la actual ley no sintoniza con efectos notables que la ley adjudica a la mera presentación del pedido de concurso, ya que si el trámite de un pedido de concurso resulta frenado, parece equilibrado que también para el deudor su presentación produzca algunos efectos, situación esta que tratamos de subsanar con la presentación de este proyecto”.
Cargos judiciales
Otro proyecto que se aprobó en la misma reunión es el que intenta impedir a los jueces postularse a un nuevo concurso hasta que no hayan transcurrido tres años desde que asumió, aunque se sabe que la medida se podría extender a los fiscales, no se aplicaría sobre los magistrados subrogantes.
El proyecto –según explicaron desde Diario Judicial– pretende reformar la Ley 1.285 de la Organización de la Justicia Nacional al agregarle un párrafo al artículo siete de modo que exista un período de tiempo para concursarse desde que un juez entra en su cargo, disposición que no se aplicaría sobre los magistrados subrogantes.
“De lo que se trata es que quien ocupa un cargo, se estabilice en ese puesto por tres años y no este pensando en rendir para el concurso”, afirmó la diputada de Frente para la Victoria María Araceli Carmona.
