En la historia de la democracia reciente sólo una vez se había rechazado en el Congreso un proyecto enviado por el Ejecutivo: la reforma sindical propuesta por el alfonsinismo. Aquí los detalles de una sesión histórica.
Por Pablo Winokur
Aquellos que gustan de la historia parlamentaria, saben que pocas veces se da la situación de que un proyecto de ley sea rechazado, especialmente si es enviado por el Poder Ejecutivo: en general, son conocidas las posiciones de cada uno de los bloques parlamentarios, lo cual permite proyectar cómo saldrá la votación. En caso de saber que los números le son desfavorables, los gobiernos prefieren dormir, modificar o cajonear el proyecto, antes que sufrir una derrota en el Congreso. Por eso, desde 1983 a la fecha sólo una vez había sido rechazado una iniciativa del Poder Ejecutivo. Una vez, hasta ahora, cuando el voto “no positivo” del vicepresidente Julio Cobos dio por tierra la propuesta de retenciones móviles de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La vez anterior fue con un proyecto de reforma sindical impulsado por el primer presidente post-dictadura, Raúl Alfonsín. El rechazo se dio en el marco de la primera confrontación importante entre el oficialismo y la oposición, se dio en el Congreso a poco de asumir. Uno de los principales argumentos de campaña del ex presidente fue la acusación del pacto militar-sindical. Por eso, el 21 de diciembre de 1983 -11 días después de la asunción- ingresó al Congreso un proyecto de ley de “reordenamiento sindical”, firmado por Alfonsín, Antonio Tróccoli (ministro del Interior) y Antonio Mucci (de Trabajo).
La propuesta promovía la convocatoria a elecciones de delegados sindicales y de autoridades en todas las asociaciones gremiales de trabajadores. Para ello buscaba modificaciones en las condiciones, garantías, padrones, listas, electores y jueces electorales.
“El Gobierno decidió abrir el debate en el Congreso, a sabiendas de que era una cuestión que despertaría la resistencia del peronismo, pero confiado en que un conflicto abierto con la oposición era el camino para lograr la mutación más importante del movimiento obrero”, explica la politóloga Liliana de Riz en su trabajo “Radicales y Peronistas: el Congreso Nacional entre 1983 y 1989”.
La propuesta -remitida al Congreso junto al mensaje presidencial 209/83- describía la situación gremial y señalaba que gran parte de los sindicatos no habían podido revalidar autoridades: muchos estaban intervenidos, otros eran gobernados por comisiones transitorias nombradas por el régimen militar o por dirigentes con prórrogas de sus mandatos, etc.
En la Cámara baja, el radicalismo impuso cómodamente su mayoría y el proyecto se giró al Senado. El 15 de febrero ingresó el proyecto a tres comisiones: Trabajo y Previsión Social e Interior y Justicia. Sin embargo, ese mismo día se aprobó -a instancias del senador Oraldo Britos- una moción para que el tema sólo quedara en la de Trabajo, que él presidía.
El radicalismo se mostraba confiado. Si bien no tenía mayoría propia, sabía que podría contar con los siete legisladores provinciales. En el propio PJ también pensaban que la batalla estaba perdida. Por eso en las reuniones de comisión proponían hacer algunos cambios, de modo de que la ley final no les fuera tan desfavorable.
Oraldo Britos explicó a Parlamentario: “Yo había hecho un acuerdo con Elías Sapag (senador del Movimiento Popular Neuquino) y lo único que Sapag me dijo fue: ‘No le contés de esto a nadie’ y no le conté ni a Saadi (Vicente, presidente del bloque del PJ en el Senado), ni a Martiarena. Lo supieron recién en el recinto cuando votaron”.
Britos, quien fue informante por la minoría durante la sesión, siguió explicando: “El peronismo venía de una derrota en octubre del 83 y el radicalismo propuso esta ley sindical. De inmediato fue sancionada en la Cámara baja, donde tenían mayoría. Cuando vino al Senado todos nos daban como que perdíamos, incluso Saadi me habló de que arregláramos ese ‘paquetito’ con los radicales porque íbamos a perder la votación. Yo le dije que no, que íbamos a analizar, que íbamos a evaluar… el día de la sesión los únicos que sabíamos de este arreglo éramos Saúl Ubaldini y yo”.
“Al mediodía hubo un almuerzo con los presidentes de los distintos bloques. Yo estaba invitado porque la idea era acordar dos puntos de la ley. Y aunque yo no estaba de acuerdo, les dije que sí, pero me fui a mi departamento, y me encerré. Le dije a mi mujer: ‘No le contestes a nadie’ y aparecí así a las 18 en el recinto. Algunos compañeros estaban disgustados por mi actitud, pero yo no quería dar el brazo a torcer porque sabía que tenía un voto más -el de Elías Sapag- que fue el que definió la elección en el recinto”.
El primer discurso de esa jornada fue pronunciado por Luis Brasesco, vicepresidente de la Comisión de Trabajo, miembro informante del radicalismo, que se encargó de defender la iniciativa oficial. Luego habló Oraldo Britos, quien adujo que más que reformar el sistema sindical, lo que se buscaba era darle el golpe de gracia al peronismo. Y tercero habló Elías Sapag, cuyo rol sería similar al de Emilio Rached, en el debate por las retenciones: era el voto secreto de la oposición en minoría. Vale recordar que el MPN, fundado por Sapag, era un partido neoperonista, surgido en la época en que el peronismo estaba proscripto como tal.
Dijo Sapag respecto al proyecto: “Es un incuestionable intervencionismo, que solapadamente supone para el manejo de los sindicatos a la pretensión de desplazar de la conducción a los actuales cuadros dirigentes o de obligarlos a compartir tales funciones conductivas (…) no se puede pretender desplazar sin más a toda la dirigencia que ha venido conduciendo a las asociaciones y que ha debido adecuarse a las difíciles circunstancias vividas en nuestro país”.
“Hizo un muy buen discurso -comenta Oraldo Britos-.Y en la parte final dijo que aprobaba el despacho en minoría, es decir nuestro despacho. Entonces cuando se votó, ganamos por un voto”.
El cierre del debate por el PJ estuvo a cargo de su jefe de bloque, Vicente Saadi, quien expresó como síntesis: “Tratándose de los problemas fundamentales de la República Argentina, el justicialismo respaldará a este Gobierno, pero no se nos pida el renunciamiento a los principios de nuestra doctrina”.
La primera batalla importante librada por el Gobierno radical de Raúl Alfonsín fue ganada por el PJ, que por sólo un voto -gracias al apoyo de los dos legisladores del Movimiento Popular Neuquino- logró derrotar al radicalismo.
Al hacer un análisis retrospectivo de la situación, la politóloga Liliana De Riz opina en el libro antes citado: “Este fue un debate legislativo de importancia política mayor durante los primeros cuatros años del Gobierno radical. Fue un experimento, afirmamos, ya que radicales y peronistas pudieron sacar conclusiones para el desarrollo de sus futuras estrategias de relación. El oficialismo todavía imbuido de la euforia despertada por el triunfo electoral, se enfrentó a un fracaso que no esperaba”.
“Al justicialismo, sumido como estaba en la puja interna por el liderazgo, la victoria en el Senado le mostró como un conflicto abierto con el oficialismo podría ser un instrumento precioso para la reunificación de sus fuerzas”, agrega.
La marcha atrás frente a este proyecto, también implicó que el radicalismo no podría llevar adelante una de sus principales promesas de campaña. En junio de ese mismo año, con firma del nuevo ministro de Trabajo, Juan Manuel Casella, ingresaba un proyecto alternativo de “Régimen de Elecciones para las Asociaciones Profesionales de Trabajadores”. El 7 de julio fue aprobado por el Senado.
Así concluía el primer gran conflicto en el Congreso luego del retorno de la democracia. A partir de allí, el Gobierno comenzó a ser más cauto con la presentación de proyectos y con su tratamiento: muchas iniciativas gubernamentales fueron dictadas por decreto y sin intervención del Congreso -como el Plan Austral- o quedaron en suspenso, concientes de la capacidad de bloqueo que tenía el justicialismo en la Cámara alta.
Lo cierto es que el aprendizaje fue para ambos, ya que desde entonces y hasta el pasado 17 de julio, nunca se volvió a rechazar en el Congreso un proyecto enviado por el Ejecutivo de turno. El apuro del radicalismo por llevar adelante su programa de Gobierno -y su inexperiencia en el Parlamento- hizo que la iniciativa se frustrara.
“Tuvo que aprender el radicalismo, porque ellos pensaban que la ley la sacaban bien con el voto de Sapag -dice Oraldo Britos- El radicalismo todavía no había arreglado bien con los partidos provinciales. No tenía los acuerdos, pero posteriormente nosotros perdimos muchas votaciones. Los partidos provinciales por una cosa u otra fueron arreglando con el Gobierno nacional. No nos fue tan fácil”.
La revancha se daría exactamente un año después, cuando el radicalismo lograría la aprobación del tratado de paz con Chile.
