En un principio todos los bloques tendrían que apoyar, ya que es un reclamo de más de veinte años y existe un fallo de la Corte Suprema intimando al Congreso a sancionar una ley que reajuste los haberes provisionales a un porcentaje de movilidad.

Sin embargo, los tiempos políticos indican que las propuestas del Gobierno nacional no convencen ni a los propios legisladores y mucho menos a los opositores ni aliados del Ejecutivo.

En este proyecto que significa un aumento en los haberes de los jubilados, los bloques de la oposición de la Cámara de Diputados tampoco coinciden con la metodología para obtener el índice de movilidad jubilatoria, por lo que reclaman modificaciones a la fórmula.

Así las cosas, la Coalición Cívica, el Partido Socialista, la UCR, Proyecto Sur, el SI, Movimiento Popular Neuquino y peronistas disidentes “amagaron” con presentar un proyecto alternativo al del oficialismo sobre movilidad jubilatoria, pero coinciden en que este tema debe salir por una unimidad y pretenden que el oficialismo acepte los cambios que propone la oposición, que tiene una iniciativa en “borrador”.

Los principales puntos de consenso para llevar adelante en el proyecto alternativo son, en primer lugar, la aplicación para la movilidad jubilatoria del índice denominado RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). Esta remuneración promedio es la denunciada por los empleadores a los fines de la realización de los aportes previsionales y tiene en cuenta la recaudación de la ANSES.

En segundo lugar, los legisladores opositores sostienen que debe hacerse una recomposición del haber a partir de enero del 2002 a los fines de actualizar la base sobre la cual se aplicará la movilidad.

La diputada nacional María Elena Martin, autora de uno de los proyectos propuestos como alternativa al del Poder Ejecutivo, consideró que “aplicar la movilidad sin actualizar o reajustar estos montos implica tan sólo una solución parcial para los jubilados, que mantendría sus haberes muy por debajo de lo necesario para sobrevivir dignamente”.

La legisladora agregó que “una vez aplicados tanto la movilidad como el reajuste de haberes, la suma resultante no puede ser inferior al 82% del salario mínimo, vital y móvil, que hoy está en 1240 pesos”.

“Los recursos deben tener como finalidad asegurar los derechos y el bienestar de los miembros de la sociedad; cuando hablamos de jubilación, no estamos hablando de dádivas o conmiseración del Estado hacia un sector, sino de justa retribución por los ahorros de toda una vida de trabajo. En este caso en particular hablamos de personas que vienen padeciendo desde la convertibilidad situaciones casi de indigencia y marginación, que se han agravado a partir de la crisis del 2001 y que debemos atender con equidad”, finalizó.

Asimismo, la legisladora del SI María América González se mostró realmente molesta porque se pudo pagar al Club de Paris, “pero no se puede pagar una movilidad justo para los jubilados que aportaron toda su vida. Este es un gobierno mentiroso, que tiene doble discurso”.

Pretendemos que el oficialismo acepte estos cambios para que podamos acompañar, al menos en general, su proyecto”, dijo María América González. La diputada del SI propuso que en la fórmula se tome como índice la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) –que elabora la Secretaría de Seguridad Social– y no la encuesta que releva el Indec sobre el total de los trabajadores que, según sus cálculos, arrojaría un porcentaje menor a la hora de ajustar los haberes.

González también condicionó su apoyo a que el aumento de la recaudación tributaria destinada a la seguridad social (IVA y Ganancias) no esté atado a la cantidad de beneficiarios del sistema previsional.

“Nosotros acompañamos la decisión de este gobierno de posibilitar que se jubilaran quienes cumplían con el requisito de la edad pero que por distintas razones no habían completado sus aportes, que incrementó en un millón y medio la cantidad de beneficiarios. Pero esto no puede convertirse en un futuro en un condicionante para la propia movilidad de los haberes”, remarcó la diputada.

El socialismo, en cambio, puso el énfasis sobre otros aspectos del proyecto. “La recomposición de los haberes de jubilados y la intangibilidad de los fondos de la Anses son dos premisas básicas para poder arribar a un dictamen único con el oficialismo”, afirmó Silvia Augsburger, la jefa del bloque del PS. Para los socialistas no puede haber movilidad sin que previamente se aumenten las jubilaciones y pensiones, donde el 76 por ciento de los beneficiarios cobra el mínimo.

Sorprendió la ausencia del PRO, quien intenta introducir cambios al proyecto oficial porque entiende que es un tema que tiene que ser aprobado por amplio consenso.