El oficialismo desestimó las impugnaciones de los organismos de derechos Humanos y avanza en la designación del nuevo Procurador Penitenciario Federal.
Luego de la reunión de la Comisión Bicameral de Defensorìa del Pueblo, que duró solo 20 minutos, el oficialismo decidió avanzar en la designación de la titular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General, Silvia Martínez, para el cargo de Procurador Penitenciario Federal.
De esta manera el bloque del Frente para la Victoria, desestimó “por cuestiones de formas”, las impugnaciones contra Martínez realizadas por el CELS con la firma de su presidente Horacio Verbitsky, el Comité Provincial de la Memoria con la firma de Adolfo Pérez Esquivel, la Asociación Casa Liberado de Córdoba, La ONG rompiendo Muros, Instituto de Investigaciones Gino Germani dependiente de la Facultad de Ciencias sociales de la UBA, el Grupo Universitario Devoto y la Agencia Rodolfo Walsh, entre otras organizaciones de Derechos Humanos.
“Nuestra candidata no viene de la política y a priori todo indicaría que tiene un perfil con total independencia del poder político” dijo al defender la postulación de Martínez, el titular del bloque del PJ e integrante de la Comisión, el senador Miguel Ángel Pichetto.
Pichetto dejó claro que la voluntad del oficialismo es “el diálogo institucional para lograr el consenso que se necesita para los dos tercios en el recinto”.
Ocurre que para el nombramiento de cualquiera de los tres candidatos a ocupar el cargo de defensor de los presos se necesita la probación del senado con los dos tercios de los miembros tal cual lo determina la ley 25.875, sancionada el 17 de diciembre de 2003, por medio de la cual sitúa a este Organismo en el ámbito del Poder Legislativo. Ello otorgó a la Procuración Penitenciaria una nueva jerarquía institucional, con total autonomía e independencia funcional respecto del Poder Ejecutivo.
De la reunión surgió que va a ver tres dictámenes. Uno por el oficialismo que apoya a la candidata del Poder Ejecutivo, Silvia Martínez, otro por la Unión Cívica Radical, que apoya la continuidad en el cargo de Francisco Mugnolo, y un tercero que presentaría la Colación Cívica, apoyando la Candidatura de Ernesto Moreau.
La elección se lleva a cabo en medio de un conflicto entre el actual Procurador y el Servicio Penitenciario Federal que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia.
