La senadora nacional Blanca Osuna participó de la jornada de debate “La Universidad Pública: políticas de Estado para una transformación necesaria”, organizada conjuntamente por el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) con la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), realizadas en la Facultad de Ingeniería de la UBA.

La titular de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara alta, compartió el panel “Universidad, Investigación y Políticas de Estado”, con Abraham Gak, director del Plan Fénix y Carlos De Feo, secretario general de CONADU.

Entre otros conceptos, Osuna indicó en su disertación que “esta ley hay que enmarcarla en la decisión del gobierno nacional de reinstalar la educación como política de Estado y definirla como un derecho humano fundamental, como un bien social y público.” En este hizo referencia a la configuración de “una “arquitectura” legislativa en materia educativa con la sanción en los últimos años de diferentes leyes (como las de Educación Nacional, Financiamiento Educativo y de Educación Técnica Profesional, entre otras) que expresa una unidad de sentido para todo el Sistema Educativo y una proyección común de la Nación hacia el futuro.”

“Es necesario –aseguró- que se reafirme a la educación superior como un bien social y como parte del sistema educativo, y no como una mercancía. La futura norma deberá ser una herramienta para hacer efectivo el derecho a la educación superior.”

Respecto de la actual ley que data de 1995, Osuna afirmó que la nueva norma “será una fuerte referencia simbólica necesaria para clausurar y diferenciarse de esa etapa de la historia nacional, donde los valores que prevalecían no eran los de igualdad con justicia ni los de inclusión social y en la cual la concepción de Educación Superior estaba más cercana a lo postulado por la Organización Mundial del Comercio que a su concepción como derecho e instrumento necesario para el desarrollo de nuestro país”.

“La nueva ley deberá redefinir la función social de la Educación Superior en su conjunto e ir en la búsqueda de armonizar sus intereses con los del conjunto de la sociedad”, aseguró la legisladora entrerriana.

Hacia el interior de las instituciones universitarias, el derecho a la participación real en la vida universitaria “debe fortalecerse de modo simétrico, extendiéndose a todos quienes forman parte de la vida cotidiana de las instituciones universitarias: profesores, auxiliares, estudiantes y no docentes, reservándose para los graduados un lugar especifico, que no ha de confundirse con el de los auxiliares de docencia“.
“Es posible que deban también explorarse con el objeto de dotar al gobierno universitario de nuevas visiones y una mayor calidad democrática, la incorporación de un régimen de representación proporcional en los cuerpos colegiados, la adhesión a la ley nacional de cupo en la distribución de los cargos en los distintos cuerpos y la participación de actores externos en los órganos de conducción, entendiendo que la norma a aprobar no debe imponerlo, aunque si dejar las puertas abiertas para que sean las propias instituciones, en ejercicio de sus actos las que tomen decisiones definitivas”.

Por último, Osuna resaltó la realización de este encuentro al expresar que “los múltiples foros de intercambio y debate entre los diferentes actores sociales, generan visones y lecturas plurales de la compleja realidad del nivel superior. Deberemos tener la sabiduría para capitalizar estos aportes y la amplitud para incluirlos en un texto de ley integrador que los contenga”.