La diputada nacional del Frente para la Victoria por la provincia de Buenos Aires Claudia Bernazza presentó el proyecto de ley que propone encarar el problema de la adquisición de tierras en nuestro país, impidiendo así la concentración de tierras en manos extranjeras, problemática que compromete gravemente la soberanía nacional.

“Se trata de evitar la indiscriminada compra de tierras por parte de extranjeros, proceso que, de modo directo o indirecto y de continuar sin regulación específica, puede afectar el interés nacional y la preservación y protección de los recursos naturales con que cuenta el país como consecuencia de la constitución anárquica de derechos reales sobre superficies de nuestro territorio” fundamenta la legisladora.

Este proyecto propone fortalecer el rol del Estado en materia de tutela de la soberanía nacional, de los recursos naturales y la producción nacional, en consonancia con el derecho existente en países desarrollados, los cuales imponen estrictas prohibiciones, restricciones y límites a la adquisición de tierras por los no nacionales.

En los fundamentos del proyecto se declara que actualmente, de los 170 millones de hectáreas agropecuarias de todo el país, 74,3 millones de hectáreas están en poder de tan sólo 4 mil dueños, con una creciente participación de capitales extranjeros. Solo en Argentina, el 1,3 por ciento de los propietarios posee el 43 por ciento de la superficie de nuestra tierra, mucha de ella utilizada simplemente con fines rentísticos sin responsabilidad productiva. En la región pampeana, donde están las tierras más cotizadas, hay 4.110.600 hectáreas en manos de sólo 116 dueños.

Asimismo el proyecto establece un régimen de restricciones y limitaciones para la compra de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras no residentes, lo que incluye también a los fondos de inversión conformados mayoritariamente por capitales extranjeros. La legisladora afirma que “no es la propiedad extranjera lo que está en cuestión, sino la necesidad de regular y limitar un proceso de extranjerización y concentración de vastas extensiones de tierra a partir de compras especulativas por parte de capitales extranjeros y fondos de inversión sin nacionalidad. De continuar estos procesos, se están comprometiendo objetivos estratégicos vinculados a la soberanía y el desarrollo, así como nuestra identidad y cultura”.

El caso Uruguay

Según informa el periódico El Telégrafo de Paysandú, en su edición del pasado 2 de septiembre, a instancias del Movimiento Nacional contra la Extranjerización de la Tierra en el Uruguay (Monadet) se realizó una reunión en la localidad de Tarariras, Departamento de Maldonado a partir de la cual se avanzó en la consideración de la iniciativa de incorporar una modificación constitucional a plebiscitarse conjuntamente con la celebración de la próxima elección nacional.

Luis Córdoba, integrante de Monadet declaró a un periódico uruguayo que “nos reunimos el sábado 30 de agosto a instancias del Monadet, el Movimiento por la Tierra y contra la pobreza, y otras organizaciones agrarias y sociales del país, para impulsar esta iniciativa”.

“El proyecto modificativo fue realizado por prestigiosos catedráticos constitucionalistas del Uruguay, reconocidos internacionalmente en la materia” sostuvo Córdoba quien asimismo afirmó que el proyecto modificativo establece que “quienes suscribimos, ciudadanos de la República Oriental del Uruguay, en ejercicio del derecho de iniciativa previsto en el apartado A del artículo N° 331 de la Constitución, presentamos el siguiente proyecto de reforma constitucional: 1°) Agrégase al artículo 32 de la Constitución como segundo y tercer inciso: La propiedad inmueble rural solamente podrá adquirirse por personas jurídicas estatales o por ciudadanos naturales o legales. La ley establecerá el máximo que podrá adquirir cada ciudadano”.

Córdoba destacó que a la vez en el artículo 2°) se indica que “sustitúyese el inciso final del artículo N°232 por el siguiente texto: Los propietarios de inmuebles que no alcancen el máximo referido en el artículo 32 recibirán siempre el total de indemnización previamente a la toma de posesión del inmueble. 3°) La reforma constitucional proyectada en la presente disposición será sometida a plebiscito en la fecha de la elección más inmediata y se aplicará a las adquisiciones posteriores a esa fecha”.