Dos comisiones del Senado nacional comenzaron a tratar tres proyectos de ley que, en líneas generales, proponen la creación de un registro, a nivel nacional, de datos de condenados por delitos sexuales.

Se trata, en efecto, de una demanda creciente en la sociedad, acuciada por denuncias de hechos aberrantes. Los titulares de las comisiones de seguridad interior y justicia y asuntos penales, Sonia Escudero (PJ-Salta) y Rubén Marín (PJ-La Pampa), respectivamente, adelantaron que “hay voluntad para avanzar en este tema”.

En línea con los avances producidos en la materia en la provincia de Buenos Aires, el Senado Nacional analiza incorporar en el ámbito de la justicia una herramienta eficaz para avanzar en la investigación de las causas por delitos sexuales.

Los proyectos en estudio fueron presentados por las oficialistas Haidé Giri (Córdoba), Adriana Bortolozzi (Formosa) y Liliana Fellner (Jujuy).

Para el tratamiento de los mismos fueron convocados expertos del ámbito judicial, científico y representantes de la Asociación Madres del Dolor. En general, todos se pronunciaron en forma favorable a la creación de un registro de datos genéticos para aportar a las investigaciones en curso. Pero también sugirieron algunas modificaciones para no afectar garantías constitucionales, ni de las víctimas ni de los victimarios.

El acceso a los datos contenidos en el registro (quiénes y cuándo), el tipo de información a incluir y la permanencia en el mismo, son los puntos a definir por los senadores. En el caso del proyecto de Giri, plantea un registro amplio de datos de condenados, con acceso para autoridades nacionales, provinciales o municipales y toda persona u organización que acredite un interés legítimo. El de Bortolozzi plantea, incluso la publicación de cierta información en internet.

Pero además se agrega la obligación de mantener actualizado y con carácter público el domicilio del condenado que cumplió la pena. En ese sentido, varios de los presentes señalaron que, de aplicarse, no puede evitarse el elemento estigmatizante que ello implicaría, y la posibilidad de literales linchamientos que podría provocar.

Desde la ONG Madres del Dolor, señalaron que “es fundamental que la justicia cuente con esta herramienta”. Asistieron Isabel Yaconis, Vivian Perrone, Silvia Irrigaray y el representante legal Claudio Mazaida del organismo. Yaconis, madre de la niña asesinada a los dieciséis años en un intento de violación en Núñez, sugirió que también “se contemple la creación de un registro de autores desconocidos, con los datos almacenados en las fiscalías”.

Por su parte, el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual, Julio César Castro, resaltó la necesidad de definir la naturaleza jurídica del registro, destacando la conveniencia de diseñarla como una herramienta de tipo penal y no administrativa. Destacó, asimismo, la importancia de mantener “estricta reserva de los datos contenidos en los registros, por cuanto su conocimiento masivo traería aparejado problemas tanto para la víctima como para el victimario”. En definitiva, concluyó que se trata de una herramienta “útil y necesaria para avanzar en las investigaciones”.

En la misma línea, se manifestó el coordinador del Proyecto de Reforma a la Legislación Procesal Penal Carlos Beraldi, quien entendió que “con este tipo de banco de datos se podrá avanzar en la investigación de estos delitos atroces”. A su vez, indicó que había que diferenciar entre imputados y condenados por delitos sexuales a la hora de definir su inclusión y permanencia en el registro; y sugirió restringir el acceso a esta información, permitiendo el conocimiento exclusivamente a los jueces, para no correr el riesgo “de que la gente termine haciendo justicia por mano propia”.

Adriana Sala, integrante del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la UBA, por su parte, planteó su preocupación desde el punto de vista técnico, por cuanto “se debe garantizar la calidad tecnológica de los laboratorios en la Argentina, para lograr una correcta generación de datos genéticos”. Explicó que los bancos de ADN existen a nivel mundial desde 1994, siendo uno de los más avanzados el de los Estados Unidos, creado en 1998. Desde una mirada científica explicó que “los perfiles genéticos permiten la identificación inequívoca de un individuo”, despejando cualquier duda sobre la efectividad de este tipo de estudios.

Sobre qué hacer con aquellos violadores definidos como “irrecuperables”, el director del Centro Interdisciplinario de Investigación y Evaluación Forense y especialista en Psiquiatría y Psicología Médica, Mariano Castex, dijo que los países están avanzando con distintas medidas. En el caso de Inglaterra –explicó- “se está encerrando a personas que son peligrosas para sí mismas o para terceros, y no por la comisión de un delito”, comentó alarmado.

Indicó además que “las cárceles hoy no son ni limpias ni sanas”, lo que dificulta la recuperación y reinserción de los condenados. Por otra parte, se mostró contrario a las iniciativas que promueven la castración química, argumentando que “es mutilante y criminal como el hecho que se condena. Se trata, en definitiva, de un problema de educación, especialmente en la primera infancia”, concluyó.

Qué dicen los proyectos

Uno de los proyectos en estudio, de autoría de la senadora por Córdoba Haide Giri, propone crear, en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, el Registro Especial de huellas genéticas correspondientes a individuos que hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la integridad sexual.

El mencionado registro contendrá las huellas genéticas de la totalidad de los agentes policiales, penitenciarios y de policía judicial actualmente activos y los que se incorporen en el futuro; aquellas huellas obtenidas en el curso de una investigación policial o en un proceso penal; los datos genéticos de las víctimas de este tipo de delitos; y un registro de los domicilios de los individuos, que habiendo sido condenados por delitos contra la integridad sexual, hubieran recuperado la libertad.

La información será suministrada a requerimiento de los jueces y fiscales de todo el país; de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina y policías provinciales; por solicitud fundada a otras autoridades nacionales, provinciales o municipales; y a toda persona u organización no gubernamental que acredite ante un juez un interés legítimo.

La información tendrá carácter permanente, confidencial y secreto. Las autoridades del Registro Especial de Huellas Genéticas, “deberán notificar automática y permanentemente a las autoridades de seguridad y a los responsables de establecimientos educativos, de las jurisdicciones pertinentes, respecto de los cambios de domicilio que los condenados realicen”, según se desprende del proyecto.

La otra iniciativa en tratamiento fue presentada por la formoseña Adriana Bortolozzi. Propone la creación, en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, del Registro Especial de Condenados por Delitos Contra la Integridad Sexual, el que se integrará y actualizará con los datos personales, genéticos, fotográficos y causídicos.

Entre otros aspectos, establece que “con excepción de los antecedente genéticos, los datos personales, fotográficos o causídicos obrantes en el registro creado, constarán en un sitio especialmente creado en una pagina de Internet (…) y podrá ser consultado por organismos públicos, instituciones privadas o personas que justifiquen interés en conocer los antecedentes de las condenas registradas”.

Los datos genéticos, en tanto, serán de contenido reservado y solo podrán ser suministrados previa orden judicial a organismos jurisdiccionales o auxiliares de la justicia que participen o colaboren en la investigación de otros hechos delictivos.

El tercer proyecto en estudio, fue presentado por la jujeña Liliana Fellner y plantea la creación del Registro Nacional de Identificación Genética de Abusadores Sexuales, en el ámbito del Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación (RENIGAS).

Dicho Registro debería integrarse “con la correspondiente información genética de aquellos que hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual tipificados en el Código Penal”. Además, se dispone que la información genética almacenada “no podrá ser retirada del Registro bajo ningún concepto y sólo será dada de baja por fallecimiento del titular de la muestra”.