Los senadores oficialistas lograron su objetivo de aprobar el proyecto de ley de Movilidad Jubilatoria. El mismo fue aprobado por 45 votos a 22 en general, con cinco ausencias.

Estuvieron ausentes a la hora de la votación los senadores oficialistas Sonia Escudero -quien cuestionaba algunos artículos de la norma- y Guillermo Jenefes. Tampoco estuvo el radical cobista Pablo Verani, quien se ausentó para concurrir al homenaje a Alfonsín en la Casa de Gobierno, y los peronistas disidentes Hilda González de Duhalde y Carlos Menem, de licencia por razones de salud.

La votación en particular también fue favorable al proyecto oficial y en el caso del artículo 6to., que era el que mayores resistencias despertaba, arrojó como resultado 39 votos a favor y 28 en contra.

Cabe consignar que a la hora de votar en particular, los santafesinos Carlos Alberto Reutemann y Roxana Latorre, como así también la chaqueña Elena Corregido, votaron en contra.

La oposición radical había pedido un cuarto intermedio para poder concurrir al homenaje a Raúl Alfonsín en la Casa de Gobierno, pero el oficialismo no se lo concedió.

Tampoco se ausentó el vicepresidente Julio Cobos, quien había adelantado su deseo e intenciones por retornar a la Casa Rosada, pese a que no había sido invitado, para acompañar a Alfonsín en el homenaje. Sin embargo, el vicepresidente se quedó hasta el final de la sesión del Senado.

La sesión se inició con un minuto de silencio en homenaje a quien fuera presidente provisional del Senado y se suicidara el jueves pasado, el radical mendocino José Genoud.

Tras ello, los legisladores se ocuparon del feriado del 12 de octubre, trasladado al lunes siguiente, para meterse de lleno finalmente en el tema de la jornada, la Movilidad Previsional.

Con 25 senadores anotados en la lista de oradores, el oficialismo contaba con la convicción de tener 42 o 43 votos a favor para aprobar el tema tal cual llegó de Diputados. Precisamente en esa Cámara se aplicaron algunos cambios al proyecto oficial enviado por el Ejecutivo. Cambios que no alcanzaron para morigerar las críticas de la oposición, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el mecanismo para establecer los aumentos bianuales. La fórmula, esa a la que los legisladores no pudieron entender de boca del propio Amado Boudou, que debió concurrir dos veces al plenario de comisiones para explicarla.

Al hacer uso de la palabra, el senador tucumano y ex titular de la Comisión de Trabajo, Julio Miranda, sostuvo que el proyecto debe ser aprobado porque “implica un nuevo paso en la progresiva recuperación de un sistema de seguridad social”.

A su turno, la neuquina Nanci Parrilli destacó que “este gobierno privilegió y dignificó a nuestros mayores; voy a acompañar el proyecto”.

Con respecto a las razones de su voto favorable al proyecto sobre la movilidad jubilatoria, señaló que era “un paso más, pero no era ni el primero ni el último. Esta ley garantiza dos aumentos en el año (marzo y setiembre), que van a posibilitar la actualización de los ingresos de los jubilados y pensionados. Aclaró que la actualización no dependerá de ninguna decisión arbitraria sino de los aportes y contribuciones de los trabajadores y empleadores y de los recursos tributarios de carácter previsional.

La senadora Parrilli afirmó que “habrá una movilidad constante, permanente y sustentable en las jubilaciones y pensiones”. Esta ley “es lo posible” porque “sería un acto de irresponsabilidad fijar un aumento que no vaya a ser sustentable en el tiempo”.

“Este gobierno no hace falsas promesas –agregó-. Por eso hoy podemos hablar de todos los logros en materia previsional. Nuestro gobierno privilegió y dignificó a nuestros mayores. Y lo seguirá haciendo. Tenemos en claro que esta ley no es suficiente, que nuestros adultos mayores se merecen mucho más. Pero en un país que recién se recupera, esto es lo posible”.

En cambio, el radical Alfredo Martínez cuestionó la iniciativa oficial por entender que los haberes pasivos deben conformarse en base a “un porcentaje de lo que cobra una persona en actividad”.

“¿Por qué no hacer que el haber mínimo de un jubilado tenga que ver con un porcentual sobre el salario mínimo vital y móvil”, preguntó el senador santacruceño, advirtiendo que “los elementos que componen la fórmula”, debido a que “pueden ser tomados en base a diferentes criterios”.

Uno de los votos en la mira de parte del oficialismo es el de la senadora chaqueña Elena Corregido, quien de todos modos aclaró que votará en general la ley, aunque reclamó modificaciones a varios de sus artículos, que a su entender son “inconstitucionales” y “violan los fallos de la Corte”.

En su discurso, el jefe del bloque oficialista del Senado, Miguel Angel Pichetto, admitió que la ley deberá pasar lo que definió como “el test de la realidad”. Esto es, para el caso de que la actualización que vayan a recibir los jubilados y pensionados no resulte satisfactorio, advirtió que el resultado se traducirá en votos: “la gente nos va a liquidar en las urnas”, dijo.

El senador rionegrino dijo que “tenemos que pasar el test de la realidad, y si la realidad es la que dice ATE y el ajuste fuera del 4 por ciento, no pasaremos el test electoral de septiembre. La gente nos va a liquidar en las urnas”. Además, aclaró que en ese caso también la justicia se pronunciaría en contra, y que la Corte Suprema la descalificaría por “inconstitucional”.

Pichetto sostuvo que “más allá de las dudas sobre la fórmula, este gobierno merece un crédito por todo lo que hizo en materia previsional; ir siempre en búsqueda de mejorar la calidad de vida de los jubilados, la necesidad de ajustar por salario y la necesidad de recaudar”.

A partir de la ley aprobada, los jubilados tendrán dos aumentos anuales que se definirán en función de la evolución de los salarios, a través de la actualización periódica de los haberes por el incremento de los salarios medios de la economía, que comenzará a regir en marzo de 2009.

La suba surgirá de acuerdo con la fórmula que desató controversias entre oficialistas y opositores. Para calcularla, se tomará en cuenta lo que pasó en cada semestre calendario: de enero a junio para el ajuste de septiembre y de julio a diciembre para el ajuste de marzo del año siguiente.

Habrá dos índices alternativos: Uno (“a”) medirá la evolución de los salarios (por el INDEC o el RIPTE-Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables-, de ambos el más alto) y de la recaudación impositiva que va a la Seguridad Social, dividido por beneficio.

El otro (“b”), la evolución de los ingresos de la ANSeS, por beneficio.

El debate se extendió por ocho horas y en ese marco el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Fabián Ríos, indicó que “estamos dando un plazo para establecer un criterio de movilidad, un sistema sustentable y razonable”; y admitió que “vamos a continuar con la presión del 82 por ciento móvil, porque creo que los jubilados se lo merecen”.

Por su parte, Nicolás Fernández cuestionó a la oposición, a quienes llamó “poetas del odio”, señalando que “después de 18 años de absoluta inequidad con el sector pasivo, lo mínimo que vamos a pedir es silencio”.

A su turno, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el radical Gerardo Morales expresó que “la fórmula en el futuro tira para abajo el incremento de los jubilados”, y pidió que los haberes “aumenten en función del nivel general de salarios y en función de los recursos”.

El jefe del radicalismo cuestionó también al titular de la ANSeS, Amado Boudou, quien en las dos visitas que realizó al Senado -dijo- no brindó precisiones sobre de cuanto sería el próximo aumento.

Su correligionario santacruceño Alfredo Martínez cuestionó también la fórmula con que se calcularán los reajustes, al sostener que “el haber de los jubilados debe estar relacionado únicamente al salario de los trabajadores en actividad”. Además, afirmó que la ANSeS “tiene superávit porque no paga lo que debe”, y afirmó que debería usar esos recursos para actualizar las jubilaciones.

A su turno, Adolfo Rodríguez Saá declaró que “la fórmula es inentendible y arbitraria”, señalando que “calidad institucional es que una ley la pueda entender cualquier ciudadano”.

Por su parte, el socialista Rubén Giustiniani consideró a la ley “anticonstitucional porque no respeta la movilidad”, y hasta la calificó de “tramposa y es ciega, porque nadie puede dilucidar acá cuál será el aumento de marzo”.