Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso nacional se tensan aún más, pero en esta oportunidad no tiene un trasfondo político entre distintos sectores privados o de la sociedad civil, sino que apunta a una división interna en el kirchnerismo sobre la política de salud pública y la relación con el sector privado.

La problemática centrada sobre la política de salud a nivel nacional que lleva adelante el Gobierno separa a los legisladores oficialistas del Ejecutivo, y también, divide aguas dentro del bloque FpV.

Aquí se vuelve a hablar de una disputa de poder en un claro enfrentamiento entre el Ejecutivo y las comisiones de Salud de ambas cámaras y el mismo Congreso que sanciona leyes que incluye en el Programa Médico Obligatorio (PMO) diversas enfermedades y luego deben ser abonadas por las obras sociales y empresas de medicina prepagas. Pero no solo estas coberturas de nuevos estudios y enfermedades involucran al sector privado y gremial sino que también se ve afectado el Estado que tiene que cargar con el sistema de salud que debe responder a todas estas cuestiones.

En el Congreso hay una veintena de proyectos de ley para incluir distintas patologías en el PMO, otros que ya han obtenido dictamen o media sanción.

El malhumor que venía incubando el Ejecutivo, explotó con la sanción de la Ley de Obesidad que implica hacerse cargo de los costos de la cirugía bariática en pacientes con obesidad mórbida.

En este sentido, mientras desde la Superintendencia de Salud, a cargo de Héctor Capaccioli, pensaban los vetos a la ley que fogoneó el programa de televisión Cuestión de Peso, la Cámara de Diputados aprobaba la ley marco que regula la actividad para las empresas prestatarias del servio de salud. Esto fue el golpe de gracia para que Capaccioli apuntará contra el Parlamento, que en su mayoría, responde al mismo sector político que el Gobierno.

Si bien el superintendente lanzó una advertencia de tipo económica con respecto al sostenimiento de la estructura de salud, no se puede descartar una disputa interna entre Capaccioli, quien responde al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, y otro sector del kirchnerismo encolumnado detrás de la ministra de Salud, Graciela Ocaña, y la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.
Estas mismas divisiones también repercuten en la Cámara baja, donde diputados, en un estricto off, confiesan estar en desacuerdo con incluir cada enfermedad en el Programa Médico Obligatorio. Esto mismo lo afirmaba meses antes de la aprobación de la Ley de Obesidad, el presidente de la comisión, el diputado Juan Sylvestre Begnis, quien luego apoyó la iniciativa.

Más obligaciones

En estado parlamentario existen alrededor de 27 proyectos de ley en las comisiones de Salud de ambas cámaras que obligan a las obras sociales y medicinas prepagas a dar cobertura a tratamientos costosos y otros que suelen parecer simples pero que provocan dolores de cabeza al sector privado y también al Estado. Por ejemplo, una iniciativa de ley establece que se brinde cobertura a los pacientes que necesiten la crema adhesiva para fijar las prótesis dentales móviles. Esto que el autor, el diputado Hugo Acuña, fundamenta como esencial para los beneficiarios de las obras sociales que no gozan de los recursos para obtener dicho producto, desde el Ejecutivo lo desestiman como una iniciativa que no tiene “respaldo económico porque no se lo puede financiar”.

Otros proyectos de vital importancia y necesidad para la sociedad puede ser, entre otros, la incorporación al PMO del estudio de colposcopía simultánea conjuntamente con la realización del papanicolau, presentado por la socialista Laura Sesma. Pero estos también sufren la falta del respaldo económico.

Asimismo, varios proyectos prevén la cobertura total de la rehabilitación de los discapacitados como así también de las cirugías mamarias para las mujeres que le han extirpado los pechos por padecer cáncer.

Sin dudas, el debate máximo que ya genera polémica en el Parlamento es el reconocimiento de la infertilidad como un tratamiento que debe costear el Estado y las obras sociales o el sector privado. O más aún la cobertura del tratamiento de rehabilitación para las personas drogadictas.

Son muy variados los temas y todos son de mayor o menor importancia, ya que trata sobre la salud de los argentinos pero la diferencia de actitud entre el Gobierno y los legisladores es evidente.

Por el momento, desde el Ejecutivo se impulsa la idea de dejar de incluir enfermedades al PMO y dictar obligaciones a las obras sociales y medicina prepagas. Sin embargo, los diputados continúan por otra senda, ya que en las últimas sesiones aprobó incluir como beneficiario en el plan familiar a los cónyuges homosexuales. Salud politizada.