Greenpeace presentó en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña un proyecto de ley alternativo para el diseño de los contratos del Servicio de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta incorpora al servicio los lineamientos establecidos por la Ley 1854 de Basura Cero que fueron ignorados en el texto enviado por el Ejecutivo semanas atrás, criticado por diferentes sectores.

“El proyecto de ley que estamos presentando fue elaborado a partir de la letra de la Ley de Basura Cero que es la que establece cómo debe llevarse adelante una política de gestión de residuos en la Ciudad y que hoy el Gobierno porteño desconoce abiertamente”, señaló Juan Carlos Villalonga, director Político de Greenpeace. “Es ilógico que el contrato con las empresas recolectoras de basura, que es la principal herramienta que tiene el Ejecutivo para llevar adelante su gestión de residuos, vaya en contra de las leyes de la Ciudad”, agregó.

El proyecto presentado plantea la incorporación de la recolección diferenciada en toda la Ciudad a través del servicio de las empresas y de las cooperativas de cartoneros y la recuperación progresiva de los residuos secos y húmedos. Al mismo tiempo, plantea un criterio de facturación basado en el área limpia más un porcentaje de incentivo para las empresas que las impulse hacia la maximización en la separación y recuperación de materiales. Además, establece la obligatoriedad del Estado y las empresas de llevar adelante campañas de esclarecimiento, educación e información para guiar a los vecinos en la correcta separación en origen y disposición inicial.

El documento fue elaborado por Greenpeace junto a diversas organizaciones sociales: GAIA, Fundación Ambiente y Sociedad, Fundación Iniciativa Verde, Cooperativa Reciclando Sueños; los legisladores del Frente para la Victoria Juan Cabandié y Gabriela Cerrutti; del Partido Socialista, Julián D'Angelo y de la Coalición Cívica, Sergio Abrevaya y Víctor Santa María, secretario general del SUTERH.

“Cumplir con la Ley 1854 (de Basura Cero) implica que el Servicio de Higiene Urbana contemple la disposición inicial y la recolección diferenciada. Si no se implementa este sistema no hay ninguna chance para el cumplimiento de las metas de reducción de las toneladas enviadas a rellenos”, aseguró Villalonga. “Aprobar el proyecto del Ejecutivo convertirá a la Legislatura porteña en responsable de las enfermedades y del daño ambiental que se generará en la Ciudad y en el Conurbano bonaerense”, concluyó.

La semana pasada, el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo ratificó en la Legislatura el proyecto oficial pese a las numerosas críticas cosechadas. Para Greenpeace, el criterio de facturación avalado por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público implica colocar la lógica de ganancia de las empresas en contra de los objetivos de reducción en la generación y enterramiento de residuos sólidos urbanos establecidos en la Ley 1854; atentar contra cualquier intento de recuperación y reciclado; perpetuar por 10 años un sistema de recolección y entierro masivo de residuos en rellenos sanitarios y una contradicción entre un sistema de recuperación y reciclado y el servicio prestado por las empresas.