El senador nacional de Rio Negro por la Concertación Plural, Pablo Verani, presentó un proyecto en el Senado para modificar la legislación vigente y que se distribuya de una manera más justa entre Nación y las provincias lo recaudado por el impuesto a los débitos y créditos bancarios.

De aplicarse esta ley tal como se propone, significaría una inyección de recursos por más de 10.000 millones de pesos para las provincias durante el ejercicio fiscal 2009, tomando como base las estimaciones del Presupuesto 2009 presentado en el Congreso por el Ejecutivo Nacional.

Verani destacó en su presentación que el objetivo del proyecto de ley es el de contribuir a saldar el histórico desfasaje que se viene produciendo en la transferencia de recursos coparticipables desde Nación a las provincias.

En el caso del impuesto a los débitos y créditos bancarios, conocido popularmente como “impuesto al cheque”, actualmente se aplica un criterio de distribución que resulta perjudicial para las provincias. El fisco nacional concentra por diversos conceptos más del 80% de los recursos, ya que el 70% ingresa en forma directa al Tesoro. Del 30% restante, un 15% va a la Anses, mientras que el resto se distribuye un 42% para Nación y un 54% entre todas las provincias. Es decir, que los estados provinciales reciben una ínfima porción (15%) del total recaudado por ese impuesto.

Tomando como base el Presupuesto 2009, se estima allí una recaudación por
el impuesto a Débitos y Créditos Bancarios del orden de los 22.339,5 millones de pesos. Aplicando el actual sistema de distribución, a las provincias le cabrían recursos por un monto de 3.113 millones de pesos aproximadamente, mientras que al Estado nacional se destinaría un monto de 18.000 millones de pesos por todo concepto, y Anses 1.005 millones.

La propuesta presentada por Verani estipula que, deducidos el 15% para Anses, el 85% del total de los recursos recaudados se deberán coparticipar entre el Estado nacional y las provincias, en base al siguiente esquema:
A las provincias le corresponderán el 54,66% de ese 85% de fondos, mientras que a Nación le correspondería el 42,34%.

En base a este nuevo criterio, y tomando siempre como base el Presupuesto 2009, a las provincias le corresponderían recursos por un total de 10.379,15 millones de pesos, mientras que a Nación le corresponderían 8.039,76 millones de pesos.

Se le agrega a esta distribución un 1% para fondos de ATN y un 2% para el “Fondo de recuperación”.

Es decir, el conjunto de estados provinciales estarían recibiendo fondos por 10.000 millones de pesos, unos 7.000 millones de pesos más de los que actualmente les corresponden con la actual distribución.

Por otro lado, la modificación también significaría un incremento en los recursos para la Anses, que pasaría a recibir fondos por 3.350 millones de pesos contra los actuales 1.005 millones, mejorando de esta manera los fondos para la seguridad social en nuestro país.

Verani destacó en su fundamentación del proyecto que se busca “contribuir a equilibrar la relación fiscal entre la Nación y las provincias. El actual esquema de distribución de los recursos del impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios podía ser justificado en un caso de emergencia excepcional de las cuentas públicas nacionales, pero no tiene razón de ser luego de varios años de amplios superávit primarios”.

Detalló por otro lado, anticipándose a posibles cuestionamientos, que “es cierto que de seguirse este esquema el superávit primario de la Administración Nacional se reduciría, pero la reforma propuesta no compromete en absoluto el actual resultado positivo de la política fiscal, porque el superávit se reduce, pero en modo alguno desaparece”.

Resaltó además que “hay una diferencia cualitativa muy importante entre reducir el superávit de la Administración Nacional por un aumento del gasto, algo que empeoraría la posición fiscal de la Nación en su conjunto, y el hecho de reducir el superávit vía mayores transferencias a las provincias. En ese caso, la posición fiscal consolidada (es decir, considerando las finanzas públicas nacionales y provinciales conjuntamente) permanecería inalterada”.

Resaltó que “además, no hay ningún argumento de carácter técnico que sostenga la conveniencia de concentrar el producido por este tributo en la Administración Nacional”.

Señaló en el análisis de la aplicación del impuesto al cheque que “tras el colapso de la convertibilidad y el traumático año 2002, la situación fiscal y macroeconómica experimentó una franca mejoría. Así, desde 2003 la Administración Pública Nacional ha tenido importantes superávit primarios. Sin embargo, a pesar de esta nueva situación el Gobierno Nacional ha mantenido vigente un esquema de distribución de los recursos que discrimina manifiestamente a las provincias”.