La iniciativa tiene como objetivo evitar la presencia de innumerables denuncias infundadas, al tiempo que pretende agilizar la acción judicial dado que sólo se daría curso a acusaciones fehacientes.

La modificación que intentan implementar los senadores de la UCR Enrique Honores y Jesús Porrúa en el artículo 27 consiste en que una vez realizada una denuncia se procederá a la citación por parte del Presidente de los miembros que deban integrar el Jurado.

“Recibido el informe y las actualizaciones, el presidente del jurado procederá a convocarlo en un término no mayor de cinco días a fin de que se pronuncien por mayoría de votos sobre: su jurisdicción y la procedencia de la denuncia, la cual si fuera manifiestamente infundada, o se basare en hechos no previstos por esta Ley, se rechazará sin trámite por resolución motivada” se detalla en los fundamentos del proyecto.

“Las acusaciones por mal desempeño deben ser excepcionales. No se puede permitir que se denuncie a los jueces por cualquier motivo. Sólo se debe dar curso a denuncias fundadas” – sostuvieron los legisladores y agregaron – “un sistema transparente debe contemplar reglas claras para el enjuiciamiento de sus magistrados. De lo contario se crearía un estado deliberativo respecto de los jueces, que terminará por intensificar el descrédito del Poder Judicial y contribuirá a la indebida politización de la Justicia”.

Finalmente Honores y Porrúa argumentaron que “una denuncia para prosperar debe ser fundada, de lo contrario estaríamos cayendo en un razonamiento falaz”.