La iniciativa apunta a las concesiones dispuestas durante las últimas dos décadas en esas zonas, algunas de las cuales están siendo renovadas.
El vicepresidente del bloque de la Coalición Cívica de la Legislatura porteña, Facundo Di Filippo, presentó un proyecto de ley que propicia recuperar la ribera del Río de la Plata y del Riachuelo como espacio público y de libre acceso y circulación.
La iniciativa, de cinco artículos y basada en el denominado “camino de sirga” establecido por los artículos 2.639 y 2.640 del Código Civil de la Nación, prevé la existencia de un paseo costero de 35 metros de ancho.
“El camino de sirga cumple una misión fundamental tanto para preservar los ecosistemas costeros como para garantizar la libre circulación y acceso a los recursos naturales de dominio público”, se destaca en los fundamentos del proyecto de ley.
Di Filippo también se basa en el artículo octavo de la Constitución de la Ciudad, el cual expresamente señala que “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”.
Otros artículos de la Constitución porteña que cita garantizan el derecho “a gozar de un ambiente sano” y “contar con la protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras”.
El proyecto de ley establece que el camino de sirga debe estar libre de “obras, construcciones u otras actividades permanentes o transitorias que impidan u obstaculicen la libre circulación”.
Exceptúa de la disposición anterior a “los asentamientos de personas con fines exclusivos de vivienda única”, para lo cual dispone que en esos casos “no se realizarán desalojos o desplazamientos forzosos, debiendo reubicarse en viviendas dignas a las personas y familias afectadas con acuerdo expreso de las mismas”.
Gran parte de la zona costera de la Ciudad de Buenos Aires fue concesionada en la década de los 80 para la instalación de locales gastronómicos y bailables, como también para solarios y centros recreativos privados y los respectivos contratos renovados por las sucesivas administraciones porteñas.
Uno de los casos más polémicos de concesión es el de Punta Carrasco, en la Costanera Norte, pues el gobierno de Mauricio Macri le renovó este año el contrato -por el decreto 993- con un canon mensual de sólo 35.000 pesos. El diputado Di Filippo recurrió el jueves pasado a la Justicia porteña con una acción de amparo para que anule por inconstitucional ese decreto y, por ende, disponga el cese de la concesión a la firma Punta Carrasco SA.
El legislador sostuvo en su presentación judicial que se violó lo establecido por el artículo 8º de la Constitución porteña, por los artículos 2.639 y 2.640 del Código Civil de la Nación y por las ordenanzas vigentes números 46.229/93, 46.660/93 y 47.666/94.
La acción de amparo –un escrito de 44 carillas- quedó radicada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 11 de la Ciudad, a cargo de Fernando Enrique Juan Lima, secretaría Nº 22, de Mariana Adela Politti.
