La legisladora chubutense Silvia Giusti fue breve pero contundente contra la oposición y las acusaciones que relacionan al kirchnerismo con el nazismo.
El discurso de la senadora nacional Silvia Giusti fue breve, pero duro. “Han dicho que somos nazis quienes apoyamos esta alternativa y que deberíamos dar explicaciones. Lo ha dicho una persona que habla de democracia, pero que no la ejerce”, manifestó en referencia a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que había comparado a la votación parlamentaria por la eliminación de las AFJP con el Holocausto.
Giusti prosiguió con una nueva embestida: “Gracias a Dios el pueblo tiene diversos anticuerpos para este tipo de contaminantes”. Segundos después, buscó su protección: “No hablo así porque tengo fueros, sino porque es lo que pienso”.
El discurso completo
En el presente contexto de crisis financiera mundial a la que estamos asistiendo nos toca tratar este proyecto para estatizar el sistema privado de jubilación cuyos efectos de largo plazo alcanzarán al conjunto de la economía y al futuro de todos los argentinos.
El proyecto en cuestión dispónese la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público que se denominará Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), financiado a través de un sistema solidario de reparto. Su finalidad es la creación de un nuevo régimen que deberá garantizar a todos los afiliados y beneficiarios del actual régimen de capitalización idéntica cobertura y tratamiento que la que brinda el régimen previsional público. Se dispone en consecuencia la eliminación del actual régimen de capitalización, que será absorbido y sustituido por el régimen de reparto, en las condiciones de la presente ley.
Hay que remarcar que la redacción del Artículo 2º garantiza a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozan a la fecha de la entrada en vigencia de la ley. Ello quiere decir que sea cual fuera el contexto el jubilado percibirá igual o más de lo que hubiera podido ofrecerle una AFJP. Es claro que en este sistema el ganador es el jubilado, no el Estado, ni las AFJP y ni siquiera los exitosos empresarios que se servían de sus jugosas comisiones.
Tampoco hay una perdida de empleo a los trabajadores no jerárquicos de las AFJP que opten por incorporarse al Estado. El artículo 14 les garantiza un empleo en cualquiera de las dependencias reconociendo la antigüedad en su anterior puesto.
Estoy segura que la ley que estamos votando asegura la intangibilidad de fondos. De modo que voy a adelantar mi voto positivo bajo esa convicción acerca de que estos fondos serán destinados a los jubilados y pensionados. Creo que hay dos artículos que lo garantizan: la creación de la Comisión Bicameral por un lado, en el artículo 11, y el Consejo de Control de los Fondos de Jubilaciones y Pensiones del artículo 12, el buen empleo de esos fondos para la finalidad que prevé la ley.
Confío que aquellos que aportaron durante muchos años a la AFJP van a cobrar una jubilación digna con este sistema, que no lo iban a percibir si continuaban las AFJP manejando el sistema. No debemos olvidar que en lo que cobra un jubilado por las AFJP hay siempre un subsidio del Estado. Tampoco hay que dejar de lado el verdadero descalabro que significan las comisiones que las AFJP cobraban, un promedio del 30% de los ingresos, para “administrar” dichos recursos. A dicho descalabro hay que sumarle que las AFJP perdieron un 19,11% en el último año, según el dato de rentabilidad promedio anual y que el valor de los fondos se desplomó en niveles de entre el 17 y el 19% sólo durante octubre.
Las preguntas son entonces, señor Presidente, ¿Qué otra medida mejor, para garantizar los aportes a los futuros jubilados, que hacer que el Estado se haga cargo de dicho sistema? ¿Quién puede discutir hoy que sin el Estado el futuro de las AFJP es dudoso? Entonces cabe preguntarse si conviene seguir manteniendo este sistema que tarde o temprano recaerá sobre la espalda del Estado. Y lo dijo el mismísimo Ministro de Trabajo Carlos Tomada “si hubiéramos dejado caer dos o tres AFJP, hubiéramos logrado un clamor para que saliéramos a salvar el sistema”.
El artículo 14 bis de nuestra Carta Magna consagra expresamente que es una obligación del Estado el otorgamiento de los beneficios de la seguridad social con carácter de integral e irrenunciable, así como el derecho a jubilaciones y pensiones móviles. En este orden, se respeta toda la estructura normativa del Estado.
