El oficialismo en la Cámara baja intentará el próximo miércoles aprobar los fundamentales proyectos de ley que envió el Poder Ejecutivo y que ya tienen despacho de Comisión de Presupuesto.

Estos son las prórrogas de la ley de Emergencia Económica, el impuesto al Cheque, el impuesto al Cigarrillo y el impuesto al gasoil.

A pesar de ser importante para la economía del país y el futuro en el 2009, teniendo en cuenta la crisis financiera internacional, la oposición se abroqueló contra el gobierno.

La UCR, Coalición Cívica, PRO, Frente Justicia Unión y Libertad, Unión Celeste y Blanco, Partido Socialista, Consenso Federal y Unión Peronista en la Cámara baja presentaron su propio dictamen sobre la prórroga de impuestos.

Firmaron el proyecto los diputados radicales Miguel Giubergia, Silvia Lemos, Heriberto Martínez Oddone, Margarita Beveraggi y Genaro Collantes; además de los diputados Adrián Pérez, Francisco De Narváez; Luis Galvalisi, Esteban Bullrich, Claudio Poggi, Laura Sesma, María Fernanda Reyes, Irma García, Laura Montero y Jorge Montoya.

Proponen que lo recaudado por el Impuesto al Cheque se coparticipe en un 100% con las provincias en contraposición a lo que quiere seguir haciendo el Poder Ejecutivo que es mantener los actuales porcentajes. Actualmente sólo el 30% del impuesto pasa a conformar la masa coparticipable bruta. Esto significa que solamente el 14% del total recaudado mediante este impuesto se distribuye a las provincias (14 centavos por cada peso recaudado), manifiestan los diputados. “Si el 100% del impuesto al cheque pasa a conformar la masa coparticipable bruta, las provincias pasarían a recibir el 35% de lo producido por el impuesto, y el gobierno nacional el 65%” agregan.

“Las modificaciones que se proponen al Impuesto sobre los créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras Operatorias están basadas en que se estima que durante 2008 se recaudarán aproximadamente $20.400 millones mediante este impuesto. De ese monto, las provincias habrán recibido solamente $2.877 millones, mientras que el gobierno nacional se hace acreedor de $17.523 millones. Este impuesto se ha convertido en un tributo estratégico para el Gobierno Nacional, dado que es una de las fuentes de recursos que está sustentando el actual superávit primario de dicho sector de gobierno. Actualmente sólo el 30% del impuesto pasa a conformar la masa coparticipable bruta. Esto significa que solamente el 14% del total recaudado mediante este impuesto se distribuye a las provincias (14 centavos por cada peso recaudado)”, continuaron.

“Si se hace una proyección para 2009, esto implicaría un incremento de aproximadamente $9175 millones en las arcas provinciales, lo que configura un aumento del orden del 10% en el total de recursos transferidos a las provincias, generado por el sólo hecho de modificar la distribución del impuesto al cheque. La aprobación de la prórroga con modificaciones del impuesto posibilita establecer la justicia con respecto a la distribución interjurisdiccional, o sea, sobre cómo se reparten los recursos generados entre el gobierno nacional y las provincias”.

“Como en reiteradas oportunidades lo hemos sostenido tributos como el impuesto al cheque y otras operatorias no deberían existir de estar vigente un sistema impositivo proclive al desarrollo económico, respetuoso de los principios constitucionales de la tributación, en vez de reinar un conjunto de normas tributarias con criterio meramente recaudatorio en su aplicación y objetivo último. No obstante, ante su existencia, el producido proveniente del impuesto al cheque debe distribuirse de acuerdo a lo establecido por la Ley de Coparticipación de Impuestos vigente. En esta línea argumental no resulta legítimo que la Nación concentre en sus manos una elevada proporción del producido de este impuesto. Consideramos que estos recursos deben corresponder mayoritariamente a las Provincias”, sostienen los diputados.

“Con respecto a la prórroga del impuesto al precio final de venta de los cigarrillos –continuaron-, entendemos que este debe prorrogarse, pero fijándolo definitivamente en un 7 por ciento. Sostenemos que únicamente se faculte al Poder Ejecutivo a mantener este tributo en el 7 por ciento y no elevarlo al 21 por ciento, como dice la norma actual y quiere el Poder Ejecutivo. Debemos tener conciencia que en la República Argentina vive más de un millón de personas que trabajan en toda la cadena, es decir, desde los productores hasta el kiosquero. Todos ellos viven del tabaco. Nos preguntamos qué respuesta van a dar a la gente cuando se aumente este impuesto del 7 al 21 por ciento, entren los cigarrillos de contrabando, comience a caerse el Fondo Especial del Tabaco y se empiecen a perder los puestos de trabajo”, añadieron.