Los senadores bonaerenses aprobaron el texto que el Poder Ejecutivo logró consensuar con distintos actores para reforma el código de procedimiento penal.

Sólo podrán “morigerar” penas a los adultos mayores, enfermos y embarazadas según se consigna en el texto.

En el Senado sopesaron el proyecto y aceleran contactos informales con los jueces y abogados, pero por lo pronto los senadores hoy aprobaron el texto y lo giraron a la Cámara baja, luego de dilatar el tratamiento del mismo.

No obstante, la iniciativa trabajada por el ministro de Justicia, Ricardo Casal, no encuentra detractores públicos y constituye un dato concreto de lo que muchos vaticinaron cuando el gobernador Scioli llegó a la gobernación. No obstante, la oposición rechazó el proyecto que fue acompañado por los senadores oficialistas.

El eje central de la iniciativa sciolista aprobada hoy en el Senado provincial es limitar las excarcelaciones y todo tipo de morigeración de penas, restringiéndolas a condenados “mayores de 70 años”, a enfermos terminales y/o a mujeres embarazadas o con hijos menores de cinco años, todos ellos con fuertes requisitos de control para su ejecución. Además de otras pautas vinculadas a la duración de los procesos penales, particularmente en los que haya personas detenidas -obligando a los jueces cumplir los plazos procesales- y demás cambios que apuntan a “agilizar” las causas, como la apertura a dividir Tribunales en juzgados unipersonales.

Controvertido –aunque consensuado- la iniciativa repara en lo que denomina “falencias de gestión” de los Tribunales orales y para agilizar el accionar de la Justicia habilita la conformación de juzgados “unipersonales”; allí donde, hasta ahora, existen Tribunales, aunque en determinados hechos.

En definitiva, el proyecto girado por Scioli a la Legislatura modifica los artículos 6, 21, 22, 56, 56 bis, 58, 60, 64, 79, 92, 105, 107, 108, 121, 126, 139, 141, 142, 150, 159, 160, 163, 169, 283, 284 ter, 294, 308, 309, 338, 339, 368, 374, 395, 398, 402, 404, 405, 406, 414, 415, 417, 421, 428, 432, 433, 437, 443, 500 y 501 de la Ley N° 11.922 y sus modificatorias, e incorpora los artículos 147 bis y 334 bis; deroga el artículo 50 y modifica los artículos 48 y 49 de la Ley N° 12.061 e incorpora a la Ley N° 5827 como Capítulo V del Título VI, artículo 127 bis.

La provincia de Buenos Aires, a partir de directivas de sus ejecutivos viene desarrollando una política pendular que en el leguaje político chabacano se denomina “de mano dura a mano blanda” y que la mercadotécnica política ha tenido que azuzar su imaginación para expresar tangentes, pero que en definitiva no modifican el fondo de la cuestión.

Lo cierto es que la historia reciente, de fines del siglo XX y principios del XXI, el código fue y vino, y ahora vuelve a ir. Mientras la inseguridad sigue preocupando cada vez más a buena parte de la sociedad.

Mientras la sociedad reclama mayor seguridad los diputados y senadores le meten mano al código y logran mecanismo de coerción que termina superando la capacidad de gestión que tiene el Servicio Penitenciario Bonaerense que, dicho sea de paso, al mismo tiempo, está en estado de emergencia. A tal punto que organismos de derechos humanos nacionales e internacionales empiezan a plantear sus objeciones sobre los derechos de los detenidos y ante un pronunciamiento condenatorio en alguna instancia, los diputados y senadores, vuelven a echar mano al código de procedimiento. Nadie quiere que esta historia se repita, pero no perece que se planteen las variantes para que así sea.